Autor: Cadhac

18 de febrero de 2016

Boletín de Prensa No. 1602/12

Mañana, el presidente Enrique Peña Nieto estará en Nuevo León para inaugurar el cuartel de la Policía Militar. Ante esto, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) expresa, una vez más, su posicionamiento entorno al tema de la militarización de la seguridad pública.

Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Policía Militar es un cuerpo especial del ejército, cuyas funciones se relacionan con vigilar el cumplimiento de la disciplina militar dentro de las instalaciones del ejército y fuerza aérea. En Nuevo León, la autoridad ha informado que: “Esta Policía Militar viene a apoyar a la zona noreste, tiene una preparación especial de coordinación y trato amable con la ciudadanía, pero están listos para acciones antimotines, contener disturbios y apoyar en labores de rescate y apoyo a la sociedad”. Esto implica que la Policía Militar realizará funciones en Nuevo León que no están establecidas en su ley orgánica.

El tema de la Policía Militar nos ha preocupado desde que el gobierno anterior lo anunció en octubre del 2014. Un mes después, en noviembre de 2014, [1]CADHAC solicitó información a través de un oficio firmado por diversas organizaciones, ciudadanos y activistas con respecto a la fundamentación legal de la Policía Militar, sin que a la fecha se haya tenido respuesta.

La Policía Militar podría coadyuvar con la seguridad civil, pero no tenemos ninguna información de cómo se va a hacer. ¿A quién van a estar subordinados? ¿Se van a uniformar como policía civil como se hizo antes?

Nos parece sumamente inquietante observar cómo estos proyectos son parte de la creciente militarización de Nuevo León en donde se han designado a militares en puestos de seguridad pública estatal y municipal.

No debemos olvidar que la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública aumenta las violaciones a los derechos humanos. Algunos ejemplos son: los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México en donde militares ejecutaron extrajudicialmente a 22 civiles durante un  enfrentamiento; el caso de Jorge Otilio Cantú, ejecutado extrajudicialmente en 2011 por elementos del ejército mientras se trasladaba en su coche hacia su trabajo; y el caso de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey quienes fueron asesinados por militares en 2010, cuando quedaron atrapados en un enfrentamiento a las afueras de esta universidad. Situaciones que además, entre muchas otras, corroboran que la milicia no está entrenada para tratar con la ciudadanía, lo cual significa que los militares también quedan en gran vulnerabilidad en esta situación.

Recordemos que esta tendencia contraviene la recomendación de adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública hecha por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al-Hussein, durante su visita a México en octubre de 2015, misma que se suma a otras recomendaciones y lineamientos de organismos internacionales de protección de derechos humanos.

Las funciones de seguridad ciudadana persiguen la armonía en la sociedad, por lo que no deben tener ninguna lógica militar. Es importante que se construya un modelo de seguridad ciudadana y esto solamente podrá realizarse con la participación de civiles que lideren y fortalezcan estas tareas.

[1] [1] Preguntas para el Gobierno de Nuevo León sobre Policía Militar. Noviembre 2014. Disponible en: http://cadhac.org/comunicado/3295/

18 de febrero de 2016

Boletín de Prensa No. 1602/11

El mensaje que el Papa Francisco dio ayer durante la misa que celebró en Ciudad Juárez, Chihuahua y que integrantes de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) tuvieron oportunidad de escuchar, las llenó de fuerza y esperanza: no están solas.

Las familias de personas desaparecidas que acudieron a Ciudad Juárez encontraron que el mensaje del líder espiritual era para los migrantes y las víctimas de violencia. Dentro de su mensaje el Papa Francisco dijo que los migrantes salen de sus comunidades expulsados por la pobreza y la violencia, y en su camino encuentran grandes dificultades.

Habló también de los hermanos que están en las cárceles y la necesidad de saber si hay algo qué hacer. Invitó a dar atención a la juventud, que por falta de oportunidades son presa fácil del narcotráfico. Y dedicó unos minutos también para hablar de las mujeres asesinadas.

En estos mensajes, dirigidos a los sectores más vulnerables y lastimados por la violencia, invitó a la sociedad a la misericordia y el amor al prójimo. Las madres de víctimas, a quienes la violencia les ha arrebatado a sus hijos, se vieron identificadas.

“A pesar de todo lo que está ocurriendo en el país, hay luces de esperanza. Desde CADHAC reconocemos que las madres que buscan a sus hijos y las que luchan por ellos, representan esa luz”, expresó la Hermana Consuelo Morales, quien estuvo junto a las integrantes del Grupo Amores que estuvieron ayer en la misa.

Las madres de Nuevo León que acudieron estuvieron muy emocionadas de ver al Papa y escuchar su mensaje de paz y misericordia. Además tuvieron la oportunidad de conocer y convivir con otros familiares juarenses y de otros estados de México, que al igual que ellas, buscan a sus seres amados. Esta experiencia resultó motivadora para AMORES.

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

GINEBRA / CIUDAD DE MÉXICO (15 de febrero de 2016) – El experto en derechos humanos de las Naciones Unidas Juan E. Méndez urgió hoy al Gobierno de México a efectuar una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos acontecidos en el Penal de Topo Chico, a fin de establecer las responsabilidades legales tanto de los reclusos que participaron en los hechos como de las autoridades penitenciarias.

Según se ha informado, 49 personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas durante un altercado entre reclusos en el Penal de Topo Chico, Nuevo León, entre la noche del 10 de febrero y la madrugada del 11.

“Exhorto a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos,” señaló el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“La investigación debe conducir también a la reparación de las víctimas y sus familiares, lo que incluye las garantías de no repetición de los hechos acontecidos que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención del Penal de Topo Chico”, dijo el experto, quien respaldó a su vez la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México para atraer el caso e investigar los hechos.

El Sr. Méndez inspeccionó el Penal de Topo Chico durante su visita oficial a México, en abril de 2014. “Allí pude constatar que la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población detenida conducía al autogobierno y situaciones de violencia en el penal”, dijo. “También pude verificar supuestas medidas de protección a detenidos que derivaban en situaciones de hacinamiento extremas”.

En su informe Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el experto hizo clara referencia a una infraestructura deteriorada, a condiciones sanitarias penosas, a la mala calidad de la comida, a sanciones de aislamiento en condiciones deplorables y a tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas con discapacidad, entre otras violaciones manifiestas a los derechos humanos.

“Esta información también la compartí con las autoridades de Topo Chico el mismo el 27 de abril de 2014, al concluir mi visita al centro de privación de la libertad”, dijo el Relator Especial.

El experto de la ONU recordó que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante de los derechos de las personas privadas de libertad.

“El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México, establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo cual incluye el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a la integridad personal”, dijo.

El Relator Especial de la ONU recalcó que el Estado está obligado a salvaguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad. “Sin embargo”, concluyó, “esta obligación no se limita al deber que tienen los servidores públicos de abstenerse de violar los derechos de las personas privadas de la libertad, también abarca el deber positivo de protegerles de ataques contra la vida y la integridad provenientes de otras personas detenidas”

13 de febrero de 2016

Boletín de Prensa No. 1602/09

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la confusión y angustia que están causando las informaciones dadas a conocer por autoridades estatales, con respecto a la identidad de personas recluidas y no registradas así como de las cuatro personas asesinadas en los hechos ocurridos el 11 de febrero del año en curso en el Centro de Prevención y Readapataicón Social Topo Chico.

El día de ayer, viernes 12 de febrero de 2015, en rueda de prensa, el Procurador General de Justicia del estado de Nuevo León, Roberto Flores, a pregunta expresa sobre si cuentan con registro de huellas digitales u otras formas de identificar a las nueve personas que aún no son identificadas, señaló: “desafortunadamente están tan maltratados, por ejemplo los cinco que están calcinados, que lo único que tenemos de ellos es ADN, y de las otras cuatro personas que tenemos como no identificados no cuentan con registro dentro del penal, y esta es una situación bastante irregular que hay una carpeta de investigación por parte de la Procuraduría respecto de este hecho”.

La información es por demás imprecisa. Sería pertinente aclarar cómo es que a los cinco cuerpos que por el estado de calcinación con el que cuentan con muestras genéticas, no les es posible saber a quienes corresponden de las personas registrados en el penal, mientras que las otras cuatro personas no se encuentran en el registro. La imprecisión genera mayor confusión. Asimismo cabe recordar que al inicio de la nueva administración se dedicaron una serie de diligencias a revisar los penales del estado, llevando a cabo hasta “pase de lista”, y ahora se menciona que no todas las personas están registradas.

Resulta incomprensible e inaceptable, el que se manifieste ante medios de comunicación que no se cuenta con un registro real, actualizado y completo de las personas internas en los penales. La inquietud en las familia, sobre la identidad de los restos de cuatro personas tiene que ser esclarecida, y de las personas que el Sr. Procurador menciona como que no se encuentran registradas, hace urgente que esclarescan esta información de inmediato. Ya posteriormente se deberá revisar y aclarar cuáles son las condiciones de registro del resto de los centros de reclusión.

Reiteramos nuestra exigencia a las autoridades, para que aclaren la situación en lo inmediato; así como que se atienda de manera adecuada a todas y cada una de las familias que tienen o tenían a familiares recluidos en dicho penal antes de los hechos del 11 de febrero. Urgente se brinde información verídica, completa y oportuna sobre las condiciones de sus familiares, y atender debidamente personas internas de quienes sabemos, no se les ha brindado las condiciones básicas de vida en las últimas horas.

 

11 de febrero de 2016

Boletín de Prensa No. 1602/08

 

Nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las personas que murieron como consecuencia de estos hechos y nuestra solidaridad total hacia ellas.

 Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) hacemos un llamado urgente a las autoridades de Nuevo León para que actúen con diligencia e inmediatez ante la magnitud de la tragedia sucedida la madrugada de hoy en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, en donde hasta el momento han reportado que murieron 49 internos y 12 más resultaron heridos.

Desde la 01:30 horas de hoy, las autoridades aseguraron tener el control de la situación y casi 10 horas después las familias no han recibido información clara y precisa de sus familiares.

Resulta sumamente preocupante la falta de claridad sobre los hechos ocurridos, así como de la situación de las personas lesionadas en estos hechos ya que aumenta la angustia de las familias y representa una falta a los derechos a la verdad.

Es muy importante que el discurso de las autoridades vaya acompañado con hechos que puedan verificarse, donde la legalidad y el respeto a los derechos humanos, sea el eje de todas estas acciones.

Vale la pena recordar que la seguridad de las personas privadas de su libertad es responsabilidad total de las autoridades estatales y por lo tanto corresponde a ellos una investigación y reparación del daño por todas estas vidas perdidas y lesiones infringidas.

 

English Version

Our sincere condolences to the families of the people that died as a consequence of the events occurred today at Topo Chico Penitentiary and our total solidarity towards them.

Citizens in Support of Human Rights (CADHAC) urges the authorities of Nuevo León to act with diligence and immediacy given the magnitude of the tragedy occurred today in the early morning at Topo Chico Penitentiary, where authorities said 49 prisoners have been killed and at least 12 more are injured.

Since 1:30 a.m. of today, the authorities ensure that they have control of the situation and 10 hours later the families have not received clear and precise information.

It is extremely worrying the lack of clarity regarding the incident and the situation of the injured people, because it increases the anguish of the families and it represents an offense to the right to the truth.

It is very important that the discourse of the authorities its accompanied with acts that can be verified, and the legality and respect of human rights are the center of all these actions.

It is important to remember that the state authorities are responsible of the security of the prisoners, therefore it is their duty to conduct and effective investigation and reparation are given to the families of the prisoners who died and where injured today in jail.

3 de febrero de 2016

Boletín de Prensa No. 1602/07

Después de que Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. denunciara un caso de explotación laboral en donde la empresa regiomontana Actividades de Limpieza Acuario del Norte, S.A. de C.V. se negó a pagar su salario a 10 trabajadores originarios de San Luis Potosí a quienes trajo a Monterrey con engaños, personal de esta empresa cubrió el pago de la semana correspondiente, y regresó los documentos oficiales que se había negado a devolver.

El sábado 30 de enero se presentó en las oficinas de CADHAC un hombre quien se identificó como parte de la empresa referida habló con personal de CADHAC comunicando que querían “arreglar la situación” para que no se procediera penalmente contra ellos. Por parte de CADHAC sólo se le comentó que debían pagar a los trabajadores y regresarles sus documentos oficiales.

Luego, el martes 2 de febrero en una audiencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje un abogado de la empresa realizó el pago de la semana trabajada a favor de las personas que acompañamos desde CADHAC y les regresó sus documentos oficiales.

Si bien CADHAC ve con buenos ojos estos actos, no pasa desapercibido que las conductas delictuosas que denunciamos ante la prensa ya habían sido configuradas, por lo que la real reparación implicaría la investigación de estos actos por parte de las autoridades y la sanción a los responsables, además de vigilar este tipo de explotación laboral que parece ser una constante en nuestra ciudad. El progreso de nuestra ciudad y el empuje de las empresas no puede ser, de ninguna manera, a costa de la explotación laboral.

• Organizaciones de la Sociedad Civil señalan contenidos esenciales para la Ley General contra la Tortura
• Es necesario que esta Ley refleje el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la tortura, así como eliminar la impunidad endémica sobre la práctica en México.
• También es necesario que la Ley Nacional de Ejecución Penal incluya contenidos mínimos para la prevención de la tortura

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.- La tortura ha sido utilizada por el Estado mexicano por un largo periodo para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas que habitan o transitan por México. Numerosos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos de Naciones Unidas, han calificado la práctica de la tortura en México como sistemática o generalizada.

En octubre de 2015, el Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), realizó una serie de consultas en un proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, así como personas de la academia y actores sociales, en las que se llegó a acuerdos sobre los estándares que deberá contener la Ley General contra la Tortura para su eficaz aplicación, así como, el uso de un lenguaje mucho más específico e incluyente. A pesar de que no se incorporaron en su totalidad las propuestas de la sociedad civil y el sector académico, se consideró que el texto final buscaba la prevención, sanción y erradicación de la tortura en México.

No obstante, el 10 de diciembre de 2015, el Presidente de la República, sin aviso a las organizaciones que pusimos la confianza en la construcción de una propuesta, envió al Senado su iniciativa de Ley, la cual además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta Ley debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz. La propuesta presentada por el Presidente de la República no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica, por ello las organizaciones firmantes consideramos que los aspectos torales que debe contener la Ley son:

• Excluir la prueba ilícita, es decir, la prueba obtenida bajo tortura y tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes. Resulta inaceptable que, pese a que existe una prohibición expresa de utilizar estas pruebas e inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido parámetros jurisprudenciales para eliminarlas de todo proceso penal, la iniciativa del Ejecutivo permita la admisibilidad de estas pruebas.
• Los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes deben tener las mismas consecuencias procesales y de protección a las víctimas que la tortura.
• Establecer al Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes) como un estándar de prueba no exclusivo para identificar si se tienen signos de tortura como dolores, sufrimientos físicos o psíquicos, así como garantizar su realización por peritos independientes. En la iniciativa del Ejecutivo se sigue promoviendo el uso de una herramienta que no incorpora adecuadamente el Protocolo de Estambul, y que es realizado por peritos oficiales, además de imponer requerimientos excesivos para la incorporación y valoración de los peritajes independientes, a pesar de que estos últimos son los que usualmente se elaboran con mayor rigor y calidad, así como los más apegados a los estándares internacionales.
• Incluir una formulación conforme a los estándares internacionales en la materia sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos, y no limitarse, como lo establece la iniciativa, a los superiores inmediatos. Igualmente, deberá excluir las amnistías, inmunidades, perdón y cualquier otra forma de eximente de responsabilidades, no sólo para las personas sentenciadas, sino también, para las imputadas y procesadas.

Finalmente, y por mencionar sólo algunos contenidos mínimos para la Ley, nos preocupa el hecho de que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) siga operando desde el sistema ombudsman, aún con que desde su creación en 2007 no ha logrado revertir condiciones deplorables de detención y prácticas de tortura. En este ley se deben establecer los lineamientos para un efectivo monitoreo de las condiciones de detención con el fin de erradicar la tortura.

Hay que recordar que ya existen estándares claros, provenientes de tratados internacionales ratificados por México, así como jurisprudencia de organismos de derechos humanos, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que éstos debieran ser el piso mínimo de la Ley.

Las organizaciones alertamos asimismo sobre la necesidad de que la Ley Nacional de Ejecución Penal (actualmente en discusión en el Senado) dote de amplias facultades a las y los jueces de ejecución para garantizar condiciones adecuadas de reclusión, a la vez que favorezca el acceso a recursos legales eficaces para toda persona detenida, sus visitantes y defensores, así como el ingreso de organismos independientes y de periodistas a las prisiones. De lo contrario, dicha Ley socavará cualquier disposición de la Ley General contra la Tortura sobre prevención, investigación y sanción  de la tortura y malos tratos en lugares de detención.

Ante el inminente inicio de labores legislativas en este período de sesiones, las organizaciones firmantes exigimos al Poder Legislativo que, en sus diferentes etapas, tome en cuenta las observaciones e insumos elaborados por las organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos y expertos en estos temas y aprueben una legislación que esté a la altura de los más altos estándares internacionales en materia de prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que nos permita revertir la práctica generalizada de tortura e impunidad que prevalece en el país.

 

Atentamente,

 

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT)

 

 

29 de enero 2016

Boletín de Prensa No. 1601/06

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. denunciamos el caso de explotación laboral que 5 trabajadores originarios de San Luis Potosí sufrieron por parte de la empresa de limpieza Acuario del Norte S.A. de C. V. ubicada en Monterrey.

El 13 de enero del presente año, un grupo de 10 personas fueron reclutadas en el estado de San Luis Potosí por un hombre de nombre Jacinto Santiago Vega, quien les ofreció un trabajo inexistente en Soriana. Esta oferta laboral incluía: traslado, hospedaje y alimentos en Monterrey. El 14 de enero, estas 10 personas fueron trasladadas a Monterrey por un hombre llamado César (de quién desconocen sus apellidos, sólo saben que es hijo del patrón, a quien conocen como “Don Luis”).

El sábado 16 de enero las personas empezaron a trabajar en la empresa Acuario del Norte S.A. de C. V. y no en Soriana donde se les había dicho originalmente. Ahí ofrecieron pagarles la cantidad de 1700 pesos semanales (menos 500 pesos por la estancia semanal), sin saber que implicaba un trabajo de doble turno, de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. con un día de descanso.

Así mismo, les ofrecieron el hospedaje en una casa ubicada en Diego de Montemayor en la Colonia 1 de Mayo (con un pago de 500 pesos semanales que no era parte del acuerdo). La empresa les retuvo documentos originales como credencial de elector, acta de nacimiento, CURP y documentos de estudios y les hizo firmar un contrato sin que ellos pudieras leer su contenido.

Los trabajadores fueron separados y enviados a diferentes partes de las ciudades del área metropolitana, así mismo no les proporcionaron trasporte, ni alimentación, pasaban frío y hambre.  No les dieron los apoyos que les habían prometido. Los trabajadores laboraron del sábado 16 de enero al sábado 22 de enero, sin pago alguno. Luis les ofreció que al día siguiente irían a recogerlos a las 6:00 de la mañana, pero éste no llegó.

Días después, el martes 26 de enero, estos 5 trabajadores buscaron al patrón, a quien conocen como “Don Luis” para exigirle el pago de su semana trabajada y que les devolviera sus documentos, quien se negó a darles su pago y a entregarles sus documentos originales.

Ese mismo martes 26 de enero los trabajadores acudieron a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador (local) para iniciar un proceso laboral en contra del empleador. El jueves 28 de enero el patrón estaba citado, pero no se presentó y hoy viernes se presentó un abogado, quien no sabía a qué iba, por lo que la cita se movió para el martes 2 de febrero.

Desde CADHAC observamos varias violaciones a los derechos de estos trabajadores, a quienes estamos acompañando en asesoría legal:

1. Se configura el delito de “explotación laboral”, que está inscrita en capítulo correspondiente a Trata de Personas.
2. Abuso de confianza, por retenerles ilegal e indebidamente sus documentos originales de identidad.
3. Riesgo al que están expuestos al no contar con sus documentos de identidad

“No podemos permitir que el progreso económico de Nuevo León esté fundado en injusticias de las personas más vulnerables”, expresó al respecto la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC.

 

Exhortamos a las empresas establecidas en Nuevo León, a actuar de acuerdo con estándares constitucionales que permitan el verdadero desarrollo de nuestro estado.

 

 

 

 

28 de enero del 2016

Compartimos con ustedes el discurso que la Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power dio ayer en el Consejo de Seguridad en el marco del evento titulado: “El reto global de rendir cuentas por personas desaparecidas en conflictos, violaciones a derechos humanos, desastres, crimen organizado, migración y otras razones involuntarias”, en donde también participó la Hna. Consuelo Morales.

(Disponible en su versión original en inglés aquí: http://usun.state.gov/remarks/7111)

Muchas gracias. Embajador Rycroft, muchas gracias por presentar al Consejo este importante tema con el peso emocional, el cual es muy difícil de capturar en intervenciones de cinco minutos. Pero el trabajo diario que hace cada una de las personas de este panel es increíblemente exigente, entre otras cosas, porque es muy raro otorgarle buenas noticias a los familiares que están buscando a sus personas que son más queridas. Pero estamos sorprendidos, en verdad, de que el trabajo que todos ustedes hacen es vital.

En meses recientes, yo he tenido la oportunidad de visitar dos países afectados por grandes números de desaparecidos: Sri Lanka y México. La historia y las causas de cada problema, en cada contexto son completamente distintas- y estos dos países en ninguna medida representan el espectro completo del problema alrededor del mundo- yo estuve sorprendida en estas dos visitas por cómo los mismos temas emergieron con los familiares de las víctimas, con las ONGs y con los oficiales de gobierno. Así que me gustaría resaltar tres de estos temas brevemente.

El primero es el obvio: el duradero y enorme dolor y dificultad vivido por las familias que tienen un ser querido desaparecido. Familiares de las víctimas tanto en México como Sri Lanka hablaron de cómo las desapariciones terminaron virtualmente todo aspecto de sus vidas. Y podemos imaginarnos que si esto nos pasara a nosotros no podríamos funcionar en la forma que alguna vez lo hicimos. Muchas con los que hablé se alejaron de sus comunidades por depresión o miedo; jefes de familia rdejaron de ir a trabajar, en lugar dedicaron sus vidas a buscar a sus seres queridos; niños no pudieron dormir en la noche o enfocarse en la escuela. Una madre en Monterrey, México-donde tuve el privilegio de conocer algunas de las familias con las que trabaja la Hermana Consuelo en su extraordinaria organización, CADHAC- describía la angustia como “algo que se apodera de todo tu cuerpo”. Otra madre en Monterrey me dijo que cada vez que alguien toca la puerta o escucha el teléfono sonar, espera que sea su hijo que había sido secuestrado años antes. La falta de respuestas sobre lo que ocurrió con su ser amado les impide tener algún tipo de cierre para comenzar a sanar.

Segundo, en muchos casos, el sentimiento de impotencia de la familia se exacerba con el rutinario fracaso de las autoridades para buscar a los desaparecidos o llevar a la justicia a aquellos responsables. La falta de investigaciones apropiadas no sólo daña a la familia- también manda un mensaje a los responsables de que pueden continuar desapareciendo gente con impunidad. Tanto en México y Sri Lanka, yo he escuchado de familias que reportan casos a las autoridades, sólo para verlos sentados ante pistas de investigación clave o perder evidencia crucial. Otros fueron desanimados o incluso amenazados por los mismos oficiales cuyo trabajo era ayudarlos. En Jaffna, Sri Lanka, hace sólo unos meses una madre me dijo que en marzo de 2009 ella vio cómo hombres en uniformes militares secuestraron a su hija de 16 años, y ella misma fue golpeada mientras intentaba intervenir. A pesar de reportar el crimen rápidamente a las autoridades, la madre me dijo, que nunca escuchó ninguna respuesta. Ella ha pasado cada día desde hace seis años buscando a su hija, cuya ubicación sigue desconocida.

Sin embargo, también vi esfuerzos como lo han sido descritos hoy, en México y en Sri Lanka que muestran la posibilidad de progreso. Esto me lleva a mi tercer y último punto, el cual es que debemos hacer un mejor trabajo replicando las mejores prácticas en los lugares más afectados por las desapariciones- como hoy en día en Sri Lanka, donde miles de personas han desaparecido durante el brutal conflicto-incluyendo defensores de derechos humanos como Razan Zeitunah; en Irak, donde, como la sobreviviente Nadia Murad le contó al Consejo el mes pasado, al menos, 3,000 mujeres Yazidi y niñas han sido secuestradas por el Estado Islámico (ISIS).

Permítanme compartir sólo algunos aspectos positivos. En Monterrey- por lo que escuché de la Hermana Consuelo- un esfuerzo por reunir a los familiares de las víctimas, defensores de derechos humanos, procuradores locales para buscar a los desaparecidos ha ayudado a reconstruir la confianza, reforzar las investigaciones, y hacer un hueco en una cultura de impunidad. En Sri Lanka, el gobierno Sirisena pasó una histórica legislación en Septiembre de 2015 para emitir certificados de “desaparición” a los familiares de las víctimas- una reforma que busca terminar la hiriente práctica de forzar a los familiares firmar actas de defunción para poder acceder a servicios básicos, un dilema el cual los panelistas han eludido. En los Balcanes, como recién hemos escuchado, la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas ayudó a instaurar una base de datos creíble y comprensible en restos no identificados y ADN de familiares de las víctimas, la cual ha determinado el destino de cientos de miles víctimas- incluyendo 90 por ciento de las 8,000 personas que fueron masacradas en Srebrenica en 1995.

Estos esfuerzos son indispensables en países como México y Sri Lanka, en los que faltan bases de datos creíbles, y comprensibles, y dónde construirlas puede ayudar a miles de familias a obtener respuestas que han buscado por tanto tiempo.

Permítanme concluir. Al final de mi junta con las familias de los desaparecidos en Monterrey, ellos cantaron una canción que cantan al final de cada reunión semanal. Compuesta hace décadas por un músico argentino, la cual habla de las Madres de la Plaza de Mayo- un grupo de mujeres que, desde la Guerra Sucia, han realizado demonstraciones en el país enfrente de la mansión presidencial para demandar respuestas sobre la desaparición de sus hijos e hijas. Aunque la canción fue escrita sobre las madres de Argentina- muchas de las cuales aún buscan a sus hijos después de cuatro décadas- suena verdadero para muchas familias en el mundo. Así que permítanme concluir leyéndoles un verso de esta canción:

“Todavía cantamos, todavía pedimos,

todavía soñamos, todavía esperamos;

por un día distinto

sin apremios ni ayuno

sin temor y sin llanto,

porque vuelvan al nido

nuestros seres queridos.”

Muchas gracias.

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.