Autor: Cadhac

30 de junio de 2016

Boletín de Prensa No. 1606/31

Para Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) sigue latente la preocupación en relación con la seguridad de las personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios locales, especialmente en el centro penitenciario Topo Chico.

Lo anterior se actualiza en el marco de las diversas declaraciones que en los últimos dos días han hecho el Secretario de Gobierno, Manuel González y Jaime Rodríguez, Gobernador de nuestro Estado. Las declaraciones que nos inquietan, dejan un sensación de opacidad sobre lo que realmente está ocurriendo al interior del centro penitenciario Topo Chico, pues ambos funcionarios han señalado que es una necesidad urgente la construcción de un nuevo centro penitenciario, ya que las condiciones al interior del centro son irremediables debido a su gravedad. Esto, a consecuencia del Informe Especial sobre el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, que dio a conocer el pasado 28 de junio la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en el que evidencia la situación en la que se encuentran las personas recluidas en dicho centro. Este informe hace diversas propuestas al Gobierno del Estado, siendo una de ellas la construcción de otro centro penitenciario o la completa remodelación del mismo, y así poder trasladar a todas las personas recluidas ahí.

Esto podría no parecer algo nuevo para la ciudadanía, sobre todo ante los graves hechos ocurridos el 11 de febrero y 1 de junio de este año, sin embargo, debemos recordar que días después de ambos motines, tanto el Secretario de Gobierno como el Gobernador, afirmaron ante los medios de comunicación que la situación al interior del multicitado centro, estaba bajo control. Y es aquí donde pareciera haber una contradicción.

Además, nos preocupa la reciente declaración del 29 de junio, en donde el Secretario de Gobierno comentó que estaba latente la idea de buscar financiamiento privado para darle solución a este problema.

CADHAC se ha pronunciado y expuesto los motivos por los que considera que la privatización del sistema penitenciario no es la solución al problema del descontrol al interior y, además, ha solicitado al Estado el incremento del personal de custodia así como su capacitación. Condición, esta última, que podría traer una mejora inmediata a la situación, en lugar de esperar a que se construya un nuevo centro al que puedan ser trasladados todos los internos.

Recordamos una vez más que la seguridad de las personas privadas de su libertad es responsabilidad de las autoridades estatales. El Estado tiene la obligación permanente de garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas internas, y no puede aceptarse que el Estado tome medidas sólo a largo plazo para dar solución al problema, sino que debe actuar de inmediato, máxime que las más altas autoridades han reconocido ya, que la situación al interior del centro penitenciario Topo Chico, es gravísima.

Exhortamos a nuestras autoridades a implementar medidas de inmediato.

21 de junio de 2016

17 de junio de 2016

• La aprobación del Dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal es un triunfo en favor de los derechos de las personas privadas de la libertad y del Estado de Derecho.
• Con este paso se crean herramientas jurídicas para terminar con la violencia estructural y con las violaciones a los derechos humanos ampliamente documentadas por organismos nacionales, internacionales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas en las prisiones.

Ciudad de México, a 16 de junio de 2016. El pasado 27 de abril, el Senado aprobó de manera unánime el Dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello tras un largo proceso de deliberación en reuniones, foros, mesas de discusión y debates con servidores públicos, especialistas, académicos y representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil.

El 14 de junio pasado la Ley se aprobó en la Cámara de Diputados con 449 votos a favor; ello representa un paso importante hacia un país con centros penitenciarios de calidad, donde se respeten los derechos de todas las personas privadas de la libertad, al tiempo que se asegure la gobernabilidad de los mismos.

La Ley Nacional de Ejecución Penal se enmarca en el contexto de las reformas constitucionales de 2008 y 2011 en materia de justicia penal, seguridad pública, y derechos humanos, respectivamente. Su objetivo es garantizar un sistema penitenciario basado en el respeto a los derechos humanos de acuerdo con el artículo 18 constitucional.

Destacan los siguientes avances: 

1. Se reconoce a las personas privadas de la libertad como sujetos de derechos y obligaciones, y no como objetos de tratamiento[1].
2. Se especifican derechos especiales para las mujeres privadas de la libertad, referentes a servicios de salud y derecho a la maternidad, lactancia, y a conservar la guardia y custodia de sus hijas e hijos menores de tres años —quienes también tienen derechos reconocidos en temas de salud, alimentación y educación.
3. Para las personas indígenas se prevé que la educación sea bilingüe y que durante su internamiento se respeten sus usos y costumbres, en medida de lo posible, de tal suerte que no haya discriminación, segregación y menoscabo a su cultura.
4. También se reconocen derechos para los defensores y visitantes con motivo de su ingreso a los centros.
5. Las juezas y los jueces de ejecución tendrán competencia para garantizar que la privación de la libertad de personas procesadas y sentenciadas se aplique en los términos de las resoluciones que las imponen, contando con las medidas de apremio necesarias para hacerlas cumplir.
6. Se establece el Sistema Nacional de Información Penitenciaria para contar con más y mejor información sobre las condiciones de los centros penitenciarios y de internamiento.
7. Se eliminan los estudios de personalidad como condición para acceder a la libertad anticipada. Dichos estudios fueron catalogados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2016 como inconstitucionales por invadir la intimidad de las personas e ir en contra del paradigma del derecho penal de acto.
8. Se incorpora el derecho de las organizaciones de la sociedad civil de ingresar a los centros y hacer valer ante los tribunales de ejecución irregularidades en perjuicio de las personas internas y del personal penitenciario.
9. Se regula un mecanismo transparente, bajo control judicial, para reducir las penas con base en requisitos objetivos, lo que evitará la discrecionalidad y la corrupción en este aspecto y brindará seguridad jurídica.
10. Se prevé el cumplimiento de la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos al domicilio de las personas, y se distingue entre los traslados voluntarios e involuntarios.

Tras la aprobación de la Ley y su inminente  promulgación  confiamos en que los poderes judiciales crearán tribunales de ejecución especializados para garantizar que la prisión preventiva y la pena de prisión se cumplan sin abusos y sin privilegios, en prisiones donde la tortura y el maltrato cesen de ser prácticas institucionales. Confiamos también en que se fortalezca la defensa pública federal y local para hacer realidad el acceso a la justicia durante la ejecución penal.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC)
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)
Documenta, Análisis y acción para la justicia social A.C.
Madres y hermanas de la Plaza Luis Pasteur
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
México Evalúa
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (OCSJ)
Silvano Cantú Martínez, Defensor de derechos humanos.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

16 de  junio de 2016

La 46 Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se llevó a cabo en Republica Dominicana y que tuvo como tema: “Fortalecimiento Institucional para el Fortalecimiento Sostenible en las Americas”, terminó ayer por la noche. Sin embargo, a lo largo de este evento se presentaron algunos incidentes.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) estuvo presente, al igual que otras 500 organizaciones de la sociedad civil de todo el continente. El objetivo de las organizaciones de la sociedad civil al asistir a una asamblea de esta índole, es compartir sus preocupaciones en el tema de derechos humanos con los Estados que integran la OEA.

Una primera preocupación fue que desde el inicio de las sesiones, antes del arranque del evento principal, el trabajo se vio entorpecido por grupos anti-derechos (porque atentan a la progresividad de los derechos humanos), provenientes de diferentes países, que dificultaron el trabajo de las organizaciones en las meses de trabajo por sus constantes interrupciones que pretendían colocar solamente los temas de su agenda: la defensa de la “familia tradicional” y la prohibición de la interrupción legal del embarazo.

Un segundo momento de preocupación llegó cuando el lunes 13 de junio, la OEA avisó a los integrantes de la sociedad civil que no podrían entrar el martes a la Asamblea General, cosa que siempre se permite. Esta decisión, que los integrantes de las OSC tacharon de arbitraria, provocó protestas y presión ese martes. Ante esto, los organizadores permitieron el acceso a la sociedad civil el mismo martes por la tarde.

El miércoles algunas organizaciones, entre ellas CADHAC, se reunieron en corto con las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humano. En esta reunión, tanto la Corte como la CIDH ofrecieron disculpas por a las organizaciones por no haber estado más atentos de lo que sucedió un día antes.

Durante sus intervenciones en la Asamblea General, los representantes de la CIDH y de la Corte respaldaron a las organizaciones de la sociedad civil, entregaron su informe e hicieron un llamado a los Estados integrantes de la OEA para pedir su apoyo ante la crisis financiera que ambas instituciones (la CIDH y la Corte) enfrentan en estos momentos.

En el diálogo con las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron su inconformidad pues en ningún momento la OEA se pronunció en contra de las organizaciones anti-derechos, quienes a lo largo del evento estuvieron fomentando discursos homofóbicos y de odio, sobre todo contra las personas trans. Incluso, hubo varios episodios de violencia y agresiones verbales de las organizaciones anti-derechos contra integrantes de colectivos LGBTI que asistieron al evento.

Las organizaciones civiles que asistieron a la 46 Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideraron muy alarmante que estas organizaciones anti-derechos estén irrumpiendo en estos espacios para imponer su agenda que atenta contra la progresividad de los derechos humanos y que limita el espacio para discutir temas importantes como la progresividad de los derechos humanos, la impunidad, la violencia y la seguridad en todo el continente americano.

14 de junio de 2016

Compartimos un comunicado de todas las organizaciones de las sociedad civil que la OEA dejó fuera de la Asamblea General. 

Santo Domingo, 13 de junio de 2016.- Esta noche, a través de un email, se ha informado que, “por motivos de espacio en la Sede de la Asamblea General, las organizaciones de la sociedad civil no podrán ingresar a la sede de la Asamblea General de la OEA”. El email invita a los asistentes registrados a seguir las reuniones plenarias de los representantes de los Estados, a través de las pantallas de televisión colocadas en uno de los hoteles de la capital dominicana.

Esta exclusión de la sociedad civil muestra una falta de respeto sin precedentes. En la práctica, dejará frente a la pantalla de un televisor a más de un centenar de personas, que se han trasladado hasta Santo Domingo para presenciar y participar de las reuniones plenarias.

Uno de los pilares de la Organización de Estados Americanos es la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. En este período, se planea aprobar nuevamente una resolución que fortalezca la participación activa de la sociedad civil en las actividades de la OEA. Sin embargo, esta decisión de limitar el acceso a las reuniones plenarias, es sumamente preocupante y contrario a los principios de transparencia y democracia que rigen a la organización.

Desde la sociedad civil mostramos una profunda preocupación ante tal agravio y exigimos que la OEA permita nuestra participación y acceso. Éstas fueron las condiciones en las que nos trasladamos hasta el país, con el propósito de ser parte activa del evento, como lo hemos sido durante las últimas décadas. Pedimos al Gobierno dominicano que honre su compromiso como anfitrión y al resto de los gobiernos de la región que realicen las gestiones pertinentes para que la Asamblea General siga siendo un espacio abierto y transparente.

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This evening, via email, the Organization of American States informed that “due to space limitations at the venue of the General Assembly, civil society organizations will not be able to access the premises of the OAS General Assembly.” This email invites registered participants to follow the plenary sessions of state representative on television screens located in a hotel in the Dominican capital.

This exclusion of civil society shows an unprecedented lack of respect. In practice, it leaves over a hundred people who traveled to Santo Domingo to witness and participate in the plenary sessions in front of screens.

One of the OAS pillars is civil society participation in decision-making. In this period of sessions, another resolution to strengthen active civil society participation in OAS activities will likely be passed. In light of these factors, this decision to limit access to the plenary meetings is deeply worrying and contrary to the principles of transparency and democracy that guide the organization.

As members of civil society, we express deep concern at this affront, and demand that the OAS permit full civil society access and participation. These were the conditions under which we traveled to the country, fully expecting to be active participants in this important event, as we have been in the previous decades. We demand that the Dominican government honors its commitment as the host country, and that along with the rest of the governments of the region it makes the necessary arrangements to guarantee that the General Assembly continues to be a an open and transparent event.

13 de junio de 2016

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) se encuentra participando en la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se lleva a cabo en República Dominicana. Este evento inició hoy y termina el 15 de junio.

Ana Claudia Martínez Coutigno, directora ejecutiva de CADHAC, participa como parte de las organizaciones de la sociedad civil que acudieron representando a México.

En este encuentro participan organizaciones y autoridades procedentes de todo el continente y los temas más importantes a tratar son: la crisis financiera de la CIDH y la impunidad en los países de América.

12 de junio de 2016

Boletín de Prensa No. 1606/30

La experiencia de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (AMORES) en la búsqueda de personas desaparecidas en Nuevo León y México será compartida los días 13 y 14 de junio en Roma.

En el marco del foro: “Desaparición forzada en Egipto: Mesa redonda sobre documentación y experiencias con organizaciones de la sociedad civil”, la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC, ha sido invitada a Roma para este evento organizado por Amnistía Internacional que tiene como objetivo compartir experiencias en la búsqueda de personas y analizar cuáles buenas prácticas podrían retomarse en Egipto.

Desde el conflicto que trajo consigo la salida del régimen de Hosni Mubarak en la “Primavera Árabe” del 2011, Egipto se ha enfrentado al problema de la desaparición forzada de personas.

En este evento, el objetivo es retomar experiencias de otros países para crear modelos y protocolos que les puedan ayudar a contrarrestar esta tragedia.

“CADHAC y AMORES, en conjunto con las autoridades de Nuevo León, hemos construido un camino desde 2011, para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, que poco a poco ha ido dando resultados. Vamos a compartir nuestro método de trabajo y ver qué podemos aprender de los otros expertos para traerlo aquí”, explicó la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC.

En este encuentro también participan organizaciones como el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, además de activistas y organizaciones provenientes de Egipto, Marruecos, entre otros.

En CADHAC, desde 2009, tenemos registradas a 1355 personas desaparecidas. Se han localizado a 156 personas (87 por ADN y 69 vivas) y seguimos buscando.

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

10 de Junio de 2016

Boletín de Prensa No. 1606/29

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) realizaremos hoy en conjunto con la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) la Reunión No. 26 de revisión de expedientes de personas desaparecidas en el estado.

En el marco del Día del Padre, que se festeja este mes, centraremos la atención en todos los padres de familia que se encuentran desaparecidos y de todos esos padres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos.

En esta lucha, guiada por el amor, muchos padres buscan incansablemente a sus hijos y que el día de hoy son ellos los que encabezarán esta reunión.

Dentro de AMORES también hay hijas e hijos que buscan a sus padres. Estas familias viven una situación particularmente complicada pues además de la angustia de no saber de ellos, se tienen que enfrentar a graves dificultades económicas.

Por ellos, hoy alzamos la voz y los hacemos visibles.

En esta ocasión revisaremos 31 expedientes (casos) correspondientes a 74 víctimas de desaparición (18 mujeres y 56 hombres).

Hacemos un llamado a las autoridades de Nuevo León a que asuman con seriedad el compromiso de trabajar para llegar a la verdad y urgimos a que Servicios Periciales cuente con los recursos materiales y humanos suficientes para que cumplan a cabalidad su misión, que sin duda nos acercará a la verdad. ¿Dónde están?

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

Comunicado de AMORES

Reunión de trabajo No. 26 entre AMORES y CADHAC con la PGJNL

La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES, con CADHAC, estamos aquí reunidas, en el marco de la Reunión No. 26 con la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, para la revisión de expedientes de la investigación que se sigue por la desaparición de nuestros seres amados.

En esta ocasión que la reunión corresponde al mes de junio, que en México se celebra el Día del Padre, hacemos visible que en nuestra lucha también hay padres. Ellos sufren la desaparición de sus hijos e hijas, aunque no lo demuestren, lloran junto a nosotras, sus sentimientos son contrariados y de desolación igual que nosotras, aunque no lo hacen público. Las mujeres de AMORES somos testigas pues conocemos sus preocupaciones; pero culturalmente los hombres fueron educados para no expresar sus emociones por lo que reprimen sus sentimientos y viven de manera aislada ese dolor que a veces provoca enfermedades. Los padres fueron y están siendo privados de la posibilidad de convivir con sus hijos e hijas, de platicar, de reír, de ser padres.

Reclamamos también que el futuro de los hombres jóvenes desaparecidos fue truncado, pues les quitaron el derecho a terminar sus estudios, a casarse, a ser padres, a ver crecer a sus hijos, a vivir su vida con libertad y ser felices. Además, los varones que desaparecen son estigmatizados, señalados porque se presume que “en algo andaban”, se les juzga, cuando hay que concentrarnos en buscarles.

Por su parte a los hijos/as de personas desaparecidas se les niega el derecho a crecer con su padre, de conocerlos, de convivir y contar con ese referente de vida, dejando un vacío en su corazón. Y aunque existen figuras que cubren ese rol de figura paterna, como es el caso de los abuelos o los tíos, a veces esos hijos/as nos preguntan porque no están sus padres y, ¿qué decirles? Bebés, niños, niñas y jóvenes se encuentran sin sus papás, por lo que nos preguntamos ¿Qué será de esa generación de hijos/as? ¿Cómo se va a restituir ese derecho? ¿Dónde están sus padres?

Desde AMORES seguimos aquí, luchando por conocer el paradero de quienes han sido desaparecidos/as, y no descansaremos hasta encontrarles, hasta saber ¿Dónde están?

¿Dónde están nuestros desaparecidos y desaparecidas?

¡Exigimos verdad y justicia!

¡Los padres de familia, aún siguen llorando,

la ausencia de su hijo, no pueden superarlo.

Por ese tal motivo, luchamos y buscamos

la marcha continúa, hasta encontrarlos!

30 de mayo del 2016

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) exigimos la protección a la defensora de derechos humanos Mariclaire Acosta. Para ella, nuestro apoyo y solidaridad.

Reproducimos el comunicado de prensa que la ONU difundió hoy sobre la situación de esta defensora.

La Sra. Acosta has sido repetidamente el blanco, en los medios de comunicación mexicanos, de declaraciones difamatorias que alientan implícitamente la violencia contra ella.

La Sra. Acosta tiene una larga trayectoria como defensora de los derechos humanos en México y actualmente es miembro de un órgano consultivo de derechos humanos de la ONU, nombrado por el Secretario General Ban Ki-Moon, para proporcionar asesoramiento sobre el fortalecimiento de la asistencia  a los Estados para la efectiva promoción y protección de los derechos humanos en el terreno. Fue nombrada en 2013 como uno de los cinco expertos eminentes mundiales de derechos humanos de un órgano, la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos y del Fondo Voluntario para la Asistencia Financiera y Técnica para el seguimiento del Examen Periódico Universal. El servicio que prestan estos expertos mundiales pro-bono  en este órgano de la ONU, ha sido altamente reconocido por la comunidad internacional.

“La Sra. Acosta es una prominente defensora con una reputación mundial debido a su integridad, profesionalidad y compromiso. Si ella puede ser sometida a este tipo de ataques y amenazas indignantes, entonces los defensores de los derechos humanos con un perfil menos visible deben vivir en constante temor por sus vidas “, dijo la Presidenta de la Junta, Sra Lin Lim en nombre de los cinco miembros de este órgano. “El Gobierno de México debe garantizar la protección y el apoyo a la Sra Acosta y para todos los defensores de los derechos humanos, y darles el espacio y las condiciones para trabajar en seguridad, de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado.”

“El Gobierno debe garantizar, en particular, que los defensores y las defensoras de los derechos humanos que se enfrentan a amenazas de violencia física, a ataques a su integridad y otros intentos intimidatorios, tienen una protección adecuada. Esto incluye a estudiantes, agricultores, pueblos indígenas y defensores de los derechos de los trabajadores, entre otros. La Junta de Síndicos espera que el Gobierno de México ejerza su gran voluntad soberana para salvaguardar la reputación de este gran país y la integridad de su vibrante sociedad civil”.

La Sra. Lin Lim dijo que los ataques contra la Sra Acosta se han producido en el contexto de una campaña más amplia contra los defensores de derechos humanos en México desde la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014.

La Junta tomó nota de las declaraciones públicas del Gobierno de México sobre sus esfuerzos para mejorar la situación. La Junta hizo hincapié en que el Gobierno debe asumir seriamente la responsabilidad de resolver los desafíos de derechos humanos y relativos al estado de derecho en el país y de manera urgente tomar medidas para mejorar la situación.

FIN

La Sra. Acosta, con una gran trayectoria como defensora y activista de los derechos humanos en México, es actualmente la Jefa de la Organización Freedom House en México. Fue Embajadora Especial para los Derechos Humanos y Democracia (2000) y la Subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México (2001-2003). Durante diez años presidió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y fue fundadora y directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.