5 de julio de 2016
- El Estado mexicano simula el cumplimiento de recomendaciones del Comité CED.
- Persiste estigmatización y criminalización de las víctimas para justificar la falta de búsqueda e investigación.
- El escrutinio internacional podría fortalecer las capacidades del Estado; instan a implementar recomendaciones del GIEI, la CIDH y el CED.
Ciudad de México, a 5 de julio de 2016.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió sus observaciones finales a México en febrero de 2015 y estableció tres recomendaciones prioritarias sobre las que el Estado debía informar en un plazo de un año, que abordan la necesidad de que el Estado establezca un Registro Único de Personas Desaparecidas, un Mecanismo Transnacional de Búsqueda y Acceso a la Justicia y medidas para fortalecer la búsqueda inmediata y, en caso de fallecimiento, la restitución digna de los restos. El Estado presentó su respuesta sobre el cumplimiento sobre éstas en febrero de 2016.
Frente a esto, organizaciones de la sociedad civil[1] que acompañan y representan a familiares de personas desaparecidas presentaron un informe alternativo al CED en el que manifiestan su preocupación por el hecho de que las desapariciones de personas continúan en aumento y la mayoría permanece en una situación de impunidad.
- Registro Único de Personas Desaparecidas.
El actual Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no cumple con los estándares del CED. Omite información fundamental, como el número de personas encontradas con vida y sin vida. Tampoco arroja información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada. En lugar de establecer un solo registro como recomienda el CED, el Estado elabora nuevos registros para paliar las deficiencias del RNPED, lo cual abona a la confusión. Además, el RNDEP invisibiliza a las personas migrantes y a niños, niñas y adolescentes.
- Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y la Comisión Forense.
Las organizaciones saludan la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y la apertura de su Titular, pero señalan su preocupación por la falta de recursos y personal y la resistencia a remitir casos que vinculan a la delincuencia organizada argumentando que debe investigarlos la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO). Por otra parte, no se puede afirmar que exista una efectiva ejecución del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación debido a la falta de reglas operativas y de personal y la ausencia de colaboración eficaz por parte de áreas claves de la PGR. El informe de la sociedad civil reconoce a la Comisión Forense como una buena práctica, pero manifiesta su preocupación por la realización de actas circunstanciadas en casos de desaparición en vez de iniciar una investigación formal, además de que la PGR niega información relevante para la identificación de personas migrantes a la Comisión.
- Sobre la búsqueda inmediata de personas desaparecidas e identificación forense.
Los avances en materia de búsqueda presentados por el Estado mexicano son cambios cosméticos y sin estructuras operativas que permitan su implementación. A pesar del cambio de Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas a Fiscalía, esta instancia carece de recursos y personal suficiente y especializado. En el caso del Protocolo Homologado de Búsqueda e Investigación del Delito de Desaparición Forzada, en la práctica no existen las instancias de coordinación ni personal ministerial suficiente tanto a nivel federal como estatal. A esto se suma la colusión de autoridades y el hecho de que las autoridades competentes desconocen el protocolo. Persisten prácticas de estigmatizar y criminalizar a las víctimas o pedir sumas de dinero para desincentivar la denuncia y evadir su responsabilidad de iniciar la búsqueda. Por otro lado, las organizaciones reconocen la creación del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata en Nuevo León y el Mecanismo de Búsqueda Inmediata en el Estado de México.
La dilación en la implementación de la base de datos Ante Mortem/Post Mortem y la falta de una política de exhumación e identificación de restos humanos en fosas clandestinas han obligado a las organizaciones de familiares a iniciar búsquedas por sus propios medios en al menos siete estados a pesar de los riesgos. Una muestra es el reciente asesinato del señor José Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, asesinado en Poza Rica, Veracruz, el pasado 22 de junio. Su esposa Francisca Vázquez Mendoza fue gravemente herida.
Otros puntos de preocupación son la falta de implementación de medidas cautelares; que la iniciativa de ley del Ejecutivo federal en la materia es deficiente para garantizar la búsqueda e investigación; la excesiva burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la falta de actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Finalmente, las organizaciones recuperan las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado para el caso Ayotzinapa como parte de los requisitos para el efectivo cumplimiento de las recomendaciones prioritarias del Comité CED.
Las organizaciones de la sociedad civil confían en que el escrutinio internacional es una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la grave situación de desapariciones, por lo que instan al Estado a mostrar su voluntad política, implementando las recomendaciones del GIEI, la CIDH y el propio CED.
[1] Informe que presentan el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
