Te esperamos este jueves 8 de marzo en la Plaza de la Purísima. Aquí la invitación:
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Comunicado no. 1202/05
Traslados y violencia institucional, no solucionan la crisis del sistema penitenciario de Nuevo León
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) se encuentra extremadanamente preocupada y en estado de máxima alerta por los nuevos hechos violentos en el centro penitenciario en Apodaca, Estado de Nuevo León.
Los hechos de esta noche son una muestra más de la fragilidad del sistema penitenciario en el Estado que no puede garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. El sistema se encuentra en una profunda crisis que ha llevado a las recientes explosiones de violencia, pero que si recordamos, son recurrentes en la entidad. Cada año hay más motines, más asesinatos, más quejas y menos intervención preventiva o correctiva del Estado. Así, la actual situación hace imperante, en un marco de derechos humanos los siguientes puntos.
1. Las autoridades ahora no pueden pretender solucionar esta delicadísima situación con fuerza bruta, por ello exigimos se realice una intervención inteligente, transparente y acompañada en todo momento del sistema ombudsman (Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos, en uso de sus facultades constitucionales, así como de organizaciones civiles de derechos humanos que participen como observadoras del proceso. Es fundamental que las medidas de las autoridades no produzcan más violencia. Medidas como traslados irracionales y poco fundamentados de personas privadas de libertad, a otros centros penitenciarios no hacen más que alterar los ánimos de los internos que ya han sido testigos de múltiples brutalidades y muertes y no saben a qué destino los envían. No es necesario un mensaje de fuerza bruta del estado sino un mensaje contundente de su autoridad moral. En estos momentos es imprescindible que se restablezca la legalidad -lo que implica que las autoridades no cometan más abusos- y que se garantice la integridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad, sus familias y seres queridos, así como de todas las funcionarias y funcionarios públicos que laboran en el sistema penitenciario.
2. La crisis debe ser superada de forma pacífica, y posterior a ello, dar paso a un proceso auténtico de investigación en el que se trabaje de forma pronta, imparcial y profesional, apegándose a los más altos estándares internacionales en materia de sistemas penitenciarios y de derechos humanos. La investigación debe garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño para todas las personas involucradas y no limitarse a aspectos penales o administrativos sino dar con las causas profundas de las arbitrariedades y de la pavorosa corrupción que permea todo el sistema penitenciario.
Todas las personas involucradas en faltas y delitos deben ser llevadas a tribunales imparciales y ser juzgadas con el más estricto respeto a todos sus derechos procesales, incluida la presunción de inocencia, el respeto a su integridad, y la no aplicación del arraigo.
3. Finalmente, se deben abordar las graves fallas estructurales que han permitido que la situación llegue a este punto. El Estado debe replantearse sus estrategias para hacer frente a la corrupción y para manejar espacios tan delicados como los centros de privación de la libertad. También deben abordarse las políticas que han multiplicado el número de personas detenidas, muchos por delitos menores, o que aún no tienen una condena. Todas las medidas que se tomen para mejorar la situación penitenciaria deben inscribirse en un proceso de construcción de paz y de comunidad, y deben alejarse de los estándares de venganza social y de la violencia estereotipada y discriminatoria en contra de la población sujeta de sanciones penales. Toda acción debe estar puntualmente acompañada por la sociedad civil y enmarcarse en un auténtico esfuerzo de democratización de las políticas públicas de seguridad y de justicia.
CADHAC exige a las autoridades que cumplan con su función de garantizar la seguridad ciudadana a través de un respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. Resulta inadmisible que las autoridades hayan desoído las múltiples alertas sobre la inminencia de un estallido violento en las cárceles del Estado de Nuevo León. Es tiempo de que nuestros gobernantes cumplan con lo ordenado por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes; garantizando la integridad física y emocional de todas las personas privadas de su libertad recluidas en los penales estatales del Estado de Nuevo León.
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
21 de febrero de 2012.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., en una organización apartidista y sin fines de lucro que desde su creación en 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, México.
Comunicado: 1202/004.
MÁS MUERTES EN LAS CÁRCELES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más profunda indignación y preocupación por nuevas muertes sucedidas en el sistema penitenciario del Estado de Nuevo León. El día de hoy fallecieron tres personas privadas de la libertad en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, en la Ciudad de Monterrey.
Según la información recibida, las tres personas asesinadas acababan de llegar el día de ayer, 20 de febrero, a la prisión. Estas personas estaban recluidas en espacios “protegidos” para su observación, esperando su ubicación, a pesar de ello, fueron asesinadas a puñaladas con objetos punzo cortantes, además de no haber recibido asistencia de las autoridades penitenciarias. Nos resulta preocupante que la autoridad pueda creer la versión que ha difundido, de que fueron 2 internos del fuero común quienes les asesinaron, sin valorar el entorno de corrupción e impunidad que impera en todos los centros penitenciarios, el cual vuelve mucho más vulnerable a toda la población penitenciaria, que bien puede estar siendo “obligada” a cometer hechos delictivos.
Las muertes en el sistema penitenciario del Estado son una constante afrenta a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El Estado de Nuevo León ha fallado en garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal, y no ha enfrentado esta situación de crisis con las medidas correctivas y preventivas que resultan urgentes.
Es importante recordar que las autoridades estatales tienen una responsabilidad legal de garantizar todos los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La resolución judicial que limita la libertad ambulatoria de los internos no elimina su dignidad humana ni limita otros derechos, por lo que el Estado debe garantizarlos.
Exigimos una investigación pronta e imparcial que lleve a los responsables, incluyendo a funcionarios que tenían la responsabilidad inmediata de proteger a las personas asesinadas, así como a altos funcionarios que no están cumpliendo con las obligaciones mínimas de seguirdad que marca el Sistema Penitenciario Mexicano y el Sistema Internacional de Protección a personas privadas de su libertad. Asimismo, exigimos la reparación del daño a las familias de las personas fallecidas y que el Gobierno del Estado de Nuevo León asuma sus obligaciones legales e intervenga inmediatamente en esta situación, asegurando siempre el más irrestricto respeto a los derechos humanos.
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
21 de febrero de 2012.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., en una organización apartidista y sin fines de lucro que desde su creación en 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, México.
Boletín de Prensa. 1202/03BP
Las muertes en el centro penitenciario de Apodaca son resultado del proceso de deshumanización de los penales y de la enorme corrupción de las autoridades
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su más profunda preocupación por la situación penitenciaria en el Estado de Nuevo León, que el día de hoy, en hechos no aclarados, cobró la vida de al menos 44 personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca (CERESO APODACA).
Esta tragedia no es un hecho aislado, sino que ocurre en un continuo y perverso proceso de deshumanización de los centros penitenciarios. El 20 de mayo del año pasado en un hecho no aclarado, hubo 17 personas calcinadas, y no se han tomado medidas para asegurar la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad, así como del personal que labora en dichos centros.
En 2011 se reportaron cerca de 60 muertes de presos en el Estado, CADHAC tiene elementos para suponer que fueron muchas más las personas que perdieron la vida, incluidos celadores; en todas las ocasiones las autoridades penitenciarias alegaron riñas, motines o suicidios y en ningún caso se han realizado investigaciones profesionales e imparciales que aclaren los hechos y castiguen a los responsables. Además de las muertes existen reportes confiables de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de violencia y corrupción generalizada en todos los centros penitenciarios de la entidad.
CADHAC recuerda a las autoridades que tienen la obligación de garantizar todos los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La situación legal por la que las personas llegan a los centros penitenciarios, limita su libertad ambulatoria pero en ningún momento destruye su dignidad como seres humanos. Las autoridades deben garantizar que las sentencias se cumplan de forma adecuada en un ambiente humano que permita una auténtica reinserción social bajo el mandato claramente establecido en la Constitución, y respetando los derechos humanos a los que México se ha comprometido con la suscripción de tratados internacionales respectivos.
CADHAC exige:
En el contexto local existe, como en muchas partes de las Américas, la idea de que los presos no tienen derechos o de que sus vidas no tienen igual valor al del resto de la población. Es imprescindible que las autoridades recuerden que tienen claras obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos.
Como parte de esta sociedad, no podemos seguir permitiendo la violación de los derechos humanos de personas especialmente vulnerables, pues todos sus derechos están directamente supeditados al Ejecutivo del Estado.
El Estado tiene la obligación de respetar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y garantizar la reparación del daño por estos terribles sucesos. CADHAC mantendrá un esfuerzo constante por seguir de cerca la evolución de esta trágica situación y tomará todas las medidas legales que sean pertinentes para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en la entidad. Asimismo informa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, (OEA) para que actúen desde su competencia.
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
19 de febrero de 2012
El día de hoy en varios puentes de la ciudad amanecieron mantas con la leyenda: “Desaparecidos, ¿dónde están? Justicia”. Las familias que tienen personas desaparecidas siguen haciendo presente la ausencia de sus seres queridos, y la ausencia de justicia real.
Hoy es la sexta reunión entre familiares de personas desaparecidas -quienes integran la LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia)-, CADHAC y el Movimiento por la Paz, con la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León. La demanda de justicia se hace presente, tanto hacia la Procuraduría, como hacia el Congreso que sigue sin tipificar la Desaparición Forzada como delito, dejando en mayor indefensión a las víctimas.
¿Dónde están? Es la insistente pregunta, y justicia el reclamo que no termina, mientras no se conozca el paradero de las víctimas y se sancione a quienes son responsables.
Conoce este adelanto de la campaña
México D.F., 27 de enero de 2012 (Redacción).- El Grito Más Fuerte ya comienza a ser escuchado. Este colectivo de artistas surgió como parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y es muestra de que la empatía con las víctimas de la guerra resulta un paso necesario para que la sociedad mexicana pueda detener esta violencia. Ahora, tras un proceso de organización paralela a la del Movimiento, este lunes a las 20 hrs realizarán el lanzamiento de la campaña En Los Zapatos del Otro.
Consulta y difunde los detalles del evento
La apuesta desde un primer momento fue comprender que es lo que se sentía estar en la situación de quién ha perdido a un ser querido a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, y de ahí surgió la idea central de la campaña, tomar el punto de vista de Marisela Escocbedo, de Don Nepo, de Juan Francisco…de tanto otros mexicanos y mexicanas.
En diciembre de 2011, cuando se preparaba la campaña y Héctor Bonilla ya había grabado un primer video, el defensor de derechos humanos e integrante del Movimiento, Nepomuceno Moreno, fue asesinado por exigir justicia en el caso de su hijo, Jorge Mario.
Ahora, les dejamos un video como muestra de toda la campaña que será presentada el lunes 30 de enero de 2012 a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Lo recaudado servirá para financiar la lucha que hoy hace 10 meses encendió a miles de gritos de Paz con Justicia y Dignidad.
Mira la invitación al evento por la actriz Vanessa Bauche
MPJD
29 de enero de 2012.
Comunicado: 1201/01
• Demandan a Diputados urgente tipificación del delito de Desaparición Forzada.
• Entregan CADHAC y Familiares de personas desaparecidas oficio al Congreso del estado para que realice la tarea correspondiente.
El día de hoy integrantes de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC, y familiares de personas desaparecidas que conforman la LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia), entregaron dos documentos en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado donde demandan la inmediata actuación de la LXXII Legislatura, para la tipificación del delito de Desaparición Forzada.
Los escritos fueron dirigidos al Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, así como al Diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León.
En ellos dan cuenta del curso que ha tenido la propuesta de tipificación del señalado delito, presentada por CADHAC en mayo de 2011 al Congreso, la cual fue enriquecida en una serie de Mesas de Trabajo organizadas por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, donde se contó con la presencia de diversos representantes de gobierno, así como de un oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, experto en el tema.
Tras estas reuniones se obtuvo un documento que, en palabras del Coordinador de la Comisión señalada, el Diputado César Garza, sería el definitivo, tanto por su calidad, como por el consenso logrado en la redacción. Sin embargo es fecha que –señalan los grupos que acudieron al Congreso- no es subida al Pleno para su discusión.
En los escritos se solicita en concreto que se de lectura al oficio en la sesión que se celebrará el próximo viernes 13 por la Diputación Permanente, y, se solicite a la Comisión correspondientes que realice los trabajos necesarios para que el Dictamen sea presentado al Pleno en el periodo inmediato de sesiones, como lo marca la Ley, es decir, en el Período Extraordinario que está pronto a iniciar.
El día de hoy integrantes de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC, y familiares de personas desaparecidas que conforman la LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia), entregaron dos documentos en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado donde demandan la inmediata actuación de la LXXII Legislatura, para la tipificación del delito de Desaparición Forzada.
Los escritos fueron dirigidos al Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, así como al Diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León.
En ellos dan cuenta del curso que ha tenido la propuesta de tipificación del señalado delito, presentada por CADHAC en mayo de 2011 al Congreso, la cual fue enriquecida en una serie de Mesas de Trabajo organizadas por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, donde se contó con la presencia de diversos representantes de gobierno, así como de un oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, experto en el tema.
Tras estas reuniones se obtuvo un documento que, en palabras del Coordinador de la Comisión señalada, el Diputado César Garza, sería el definitivo, tanto por su calidad, como por el consenso logrado en la redacción. Sin embargo es fecha que –señalan los grupos que acudieron al Congreso- no es subida al Pleno para su discusión.
En los escritos se solicita en concreto que se de lectura al oficio en la sesión que se celebrará el próximo viernes 13 por la Diputación Permanente, y, se solicite a la Comisión correspondientes que realice los trabajos necesarios para que el Dictamen sea presentado al Pleno en el periodo inmediato de sesiones, como lo marca la Ley, es decir, en el Período Extraordinario que está pronto a iniciar.
Ayer por la mañana asistimos como 15 personas (familiares de víctimas desaparecidas y gente de Cadhac), para hacer presencia en la Permanente, y escuchar si se estaba considerando el asunto de tipificar como delito la desaparición forzada. Vimos con claridad que no.
En esta ocasión, no tuvimos oposición por parte de los cuerpos de Seguridad para ingresar al Congreso, la sesión se llevó acabo en el espacio recepción antes de la sala de sesiones, por lo que pudimos tomar asiento frente a ellos. Algunas de las familias llevaban pancartas con las fotos de sus familiares que buscan, otras llevaban puestas la camiseta de “Dónde están”.
Sesionaron 7 diputados, casi todos líderes de los diferentes grupos parlamentarios, excepto 2, uno del PRI, y otra del PAN.
Casi al finalizar la sesión, el Dip. Héctor Gutiérrrez tomó la palabra y respetuosamente mencionó, que frente a ellos, estaba un grupo de ciudadanos que seguramente venían a expresar algo a ellos, y que lo menos que podían hacer, era responder de la misma manera -respetuosamente- y escuchar nuestro mensaje.
Al terminar, los diputados se acercaron a nosotr@s. Nosotr@s a su vez, nos acercamos un poco, y nos escucharon. Las ideas importantes que mencionamos fueron:
a) Se ha realizado un trabajo serio de análisis en donde han participado por iniciativa de la Comisión de Justicia presidida por el Dip. César Garza, todas las fracciones parlamentarias, miembros del Jurídico del Ejecutivo, Gente de la Procuraduría de Justicia, Miembros del Tribunal superior de Justicia, así como el experto en estos temas por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en México, Alan García, y miembros de CAdhac.
b) Después de varias sesiones de trabajo, se llegó a elaborar un documento final, ya con todas las opiniones de los diferentes actores participantes, y estaba lista para ser presentada. ¿Porqué no se ha presentado al Pleno?…
c) Contar con el delito de desaparición forzada, favorecerá de manera importante a fortalecer el Estado de Derecho, inhibirá las desapariciones forzadas donde actúan agentes estatales, y también disminuirá la impunidad.
e)El tiempo para su presentación al pleno, debe hacerse en el período extraordinario, es decir a mediados de enero.
Como respuesta tuvimos:
a) había conocimiento del trabajo que se había realizado en la Comisión y no se sabía qué era lo que estaba deteniendo
b) hablaría Héctor Gutiérrez con César Garza par revisar esto, y se nos mantendría informad@s.
También tomó la palabra una de las mamás que busca a su hijo, y les dijo que ella buscaba, buscaba y no había respuestas, y que no pararía hasta encontrarlo.
Hoy sábado, tendremos reunión con los familiares, para planear la siguiente semana de seguimiento a fin de que se tipifique a la brevedad la desaparición forzada.
Les agradecemos a todos por su interés, y especialmente a quienes nos han estado pidiendo información sobre esto.
P.D. También les comparto, que hoy se metieron dos amparos, pues hemos venido recibiendo informes que dos internos del Penal de Cadereyta, estaban muy golpeados, uno de ellos inclusive con posible fractura de mano, “enganchados”, sin darles alimentos, desde el 31 de diciembre… y por consecuencia incomunicados… muy delicado y valoramos que estaba en riesgo sus vidas… veamos si logramos mejorarles la situación.
14 de diciembre de 2011
Comunicado No. 1112/039
Policía Estatal restringe la libertad de expresión
al reprimir manifestación pacífica.
CADHAC manifiesta su indignación ante el hecho ocurrido el dìa de hoy, en el que la Policía Estatal detuvo a 4 ciudadanos ejerciendo su derecho a manifestarse pacíficamente por el desproporcionado aumento a las tarifas del transporte público, autorizadas por el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad. Es muy grave que se pretenda nulificar estas acciones, ya que representan el control democrático por parte de la sociedad, fomentan la transaprecia de las actividades estatales y promueven la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública; razón por la que, de ser estrictamente necesario, el margen de restricción debe ser muy reducido, especialmente tratandose de cuestiones de interés público.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión tiene tres funciones primordiales dentro de cualquier Estado: La primera garantiza la libertad de compartir información y pensamientos propios y ajenos. La segunda, como herramienta de la democracia, y la tercera, como herramienta de los demás derechos. Por lo anteriormente mencionado es fundamental la protección de la libertad de expresión y manifestación, y debe tomar en cuenta, que violentando alguna de sus funciones se vulneran las demás.
Es decir, la libertad de expresión es sustento y efecto de toda sociedad democrática, instrumento para su ejercicio y garantía de su desempeño. Es innegable la relación entre el despliegue de la expresión y el goce de la libertad. El orden público democrático reclama, pues, la defensa de la libertad de expresión.
Por lo anterior, CADHAC considera inaceptable los hechos ocurridos el día de hoy en el Estado de Nuevo León, por lo tanto condena:
a) la represión de 4 personas que esta mañana ejercían pacíficamente su derecho de manifestarse contra el aumento desmedido a las tarifas al transporte público,
b) la detención ilegal y arbitraria a la que fueron sometidos estos 4 ciudadanos.
c) el abuso de la fuerza pública al golpear a una de estas personas.
Por lo anterior exigimos: 1) su inmediata liberación, 2) la devolución de la multa, en caso que la hubieran pagado, y 3) el respeto irrestricto a cualquier manifestación ciudadana en ejercicio de la libertad de expresión.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
