Comité Contra la Tortura de la ONU condena práctica de tortura en México

Comité Contra la Tortura de la ONU condena práctica de tortura en México

· Expresa su rechazo por el uso de la tortura en todo el país para obtener confesiones

· El arraigo: “una violación flagrante de derechos humanos” que carece de control judicial

· Condena impunidad y falta de investigación de actos de tortura

 

31 de octubre, Ginebra. Hoy el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura, abrió su evaluación al Estado mexicano, donde estuvo presente una delegación de mas de 30 funcionarios públicos del gobierno federal y de diversos estados.

 

El Comité expresó su profunda preocupación por la práctica de tortura en el país, en particular ante el contexto del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el “fenómeno de impunidad agravada” en el que permanece los actos de tortura. Tras escuchar la exposición inicial del Estado, los miembros del Comité -expertos independientes electos por su pericia en temas de tortura- formularon preguntas y observaciones a la delegación gubernamental acerca de algunas de las problemáticas más preocupantes en esta materia en México.

 

Los expertos señalaron que sigue vigente en todo el territorio mexicano el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las víctimas en los procesos penales. Señalaron que la reforma penal que pretende cambiar esta práctica mediante la transición a un sistema oral y acusatorio no está siendo eficaz ya que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público siguen utilizando las declaraciones coaccionadas como prueba de cargo en los procesos penales. Ejemplo de ello, señalado por diversos expertos del Comité fue el caso de Israel Arzate, joven juarense víctima de detención arbitraria y tortura para obligarlo a autoinculparse falsamente por la masacre de Villas de Salvárcar. El Comité consideró “muy importante” este caso que se encuentra actualmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el precedente que puede sentar en el sentido de prohibir la admisión de pruebas obtenidas mediante la tortura en el nuevo sistema penal.

 

Por otra parte se señaló que no es admisible que la PGR “monopolice” la aplicación del Protocolo de Estambul y se expresó profunda preocupación porque los peritos que aplican dicho instrumento para detectar casos de tortura, carecen de independencia al depender de la misma PGR, institución muchas veces señalada por incurrir en violaciones a derechos humanos. Los expertos también cuestionaron al Estado sobre la falta casi absoluta de sentencias firmes por tortura frente al número elevado de quejas por este delito registradas por la CNDH.

 

Un tema de particular preocupación fue la figura del arraigo, la cual permite la práctica de la tortura en una situación de ausencia de garantías judiciales. La Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos Ruth Villanueva, defendió ante el Comité su aplicación y la denominó como una medida constitucional, excepcional y temporal; además justificó que en algunos casos las detenciones no se realicen en el Centro Nacional de Arraigos.

Al respecto, los expertos haciendo referencia a la información presentada por ONGs, expresaron su preocupación por la aplicación del arraigo en instalaciones militares y el uso de confesiones obtenidas bajo arraigo las cuales pueden ser obtenidas mediante tratos inhumanos o tortura. Igualmente sobre la falta de protección judicial en casos de arraigo, el Relator del Comité para México, Fernando Mariño, manifestó, “las estadísticas son abrumadoras” al evidenciar que de 6102 juicios de amparo interpuestos contra órdenes de arraigo, en sólo 188 fue concedida la protección de la justicia federal. En palabras de la experta Essadia Belmir, “es una violación flagrante de derechos humanos… ¿Qué pasa con una persona que va a estar en manos de las autoridades, quienes pueden conseguir una confesión por las buenas o por las malas?”

 

El Comité planteó asimismo su preocupación por la tortura, incluyendo la violencia sexual, cometida contra mujeres tanto por agentes estatales (planteando el caso de las mujeres sobrevivientes de San Salvador Atenco) como por actores privados. En este sentido el Comité constató que había “demasiadas lagunas de información” en el informe presentado por el Estado y pidió información sobre los resultados concretos de los programas y acciones dirigidas a combatir las desapariciones de mujeres, los feminicidios y la tortura cometida por razones discriminatorias en contra de las mujeres. Igualmente expresó su preocupación por la situación de “gran vulnerabilidad” por la que atraviesan las personas migrantes en su tránsito por México, así como por los ataques y actos de represalia en contra de las personas defensoras de derechos humanos.

 

Los expertos también hicieron hincapié en la obligación del Estado de tipificar el delito de tortura en el Estado de Guerrero, donde actualmente no se encuentra contemplado en el Código Penal sino sólo en una ley secundaria, lo cual constituye un obstáculo para que tal delito sea investigado; y expresó preocupación porque la utilización del Protocolo de Estambul se desconoce en Guerrero, permitiendo que se sigan cometiendo actos de torturas con impunidad. Por otro lado, expresaron que es urgente informar sobre los avances de la investigación sobre los hechos ocurridos en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, en diciembre de 2011.

Las organizaciones mexicanas e internacionales firmantes recordamos que el Estado debe dar cabal cumplimiento a las recomendaciones finales del Comité, mismas que serán publicadas en las próximas semanas, con el fin de empezar a prevenir y erradicar la tortura en el país.

 

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) – Francia

Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)

Católicas por el Derecho a Decidir

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República:

Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los

Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo

a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la

Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.);

Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir,

A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y

Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador,

A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las

Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos

Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de

Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos

“Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos

Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray

Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de

la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos

de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” ,

A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd.

Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.);

Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro

de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos

Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante

(DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD)

(Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF)

(Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral

(CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los

Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro

Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal

de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental

(Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de

Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro

Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.);

Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía

Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.);

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL);

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San

Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad

(Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos

Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión

de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua,

Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C.

(CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz

y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos

“Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos

Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa

Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa

de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos

Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo

de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos

“Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos

Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de

Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité

de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de

Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos

Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.);

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC

(Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico

Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación,

A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría

del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la

Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos

Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos

Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el

Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa

Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de

Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal),

Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla,

Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.);

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal);

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación

(Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de

Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.);

Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios

de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de

Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Carta de HRW al Congreso del Estado de Nuevo León

Washington, D.C., 26 de octubre de 2012

 

 

 

Diputado Luis David Ortíz Salinas, Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León

Diputado Juan Carlos Ruiz García, Coordinador Diputados PAN

Diputado Edgar Romo García, Coordinador Diputados PRI

Diputado Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, Presidente, Comisión de Justicia y Seguridad Pública

Diputado José Juan Guajardo Martínez, Presidente, Comisión Desarrollo Social y Derechos Humanos

Diputada Celina Del Carmen Hernández Garza, Vice Presidenta, Comisión Desarrollo Social y Derechos Humanos

 

Diputados Ortíz Salinas, Ruiz García, Romo García, Cienfuegos Martínez, Guajardo Martínez, y Hernández Garza:

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de Human Rights Watch para acercarles una serie de recomendaciones vinculadas con la posible reforma del Código Penal de Nuevo León, que incorporaría el delito de desaparición forzada. Entendemos que el Congreso de Nuevo León, cuya composición se renovó recientemente, prevé concretar esta reforma antes de fin de año, y deseamos manifestar que apoyamos los esfuerzos para abordar este grave problema.

 

La legislatura emprende esta iniciativa en un momento sumamente oportuno, en vista de la situación actual de seguridad y derechos humanos en Nuevo León. Human Rights Watch ha documentado decenas de casos de desapariciones en Nuevo León —varios de ellos presentados en nuestro informe publicado en noviembre de 2011, Ni Seguridad, Ni Derechos— en los cuales las pruebas indican de manera vehemente que miembros de las fuerzas de seguridad tuvieron participación en los hechos, incluidos policías del estado y municipales. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, organizaciones de derechos humanos locales y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas han documentado un aumento en la cantidad de desapariciones forzadas registradas en el estado desde 2008.

 

La incorporación efectiva y adecuada del delito de desaparición forzada al derecho penal interno es un paso clave para llevar a juicio a los responsables, determinar el destino de las víctimas y ayudar a prevenir futuras desapariciones.

 

Una condición fundamental para la efectividad del proyecto legislativo es que todas sus disposiciones sean coherentes con las normas internacionales de derechos humanos. Como saben, México fue uno de los primeros países en ratificar la Convención Internacional de la ONU para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y es parte en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Estos tratados brindan un modelo exhaustivo para la adopción de leyes sobre desaparición forzada —desde la definición del tipo penal hasta la reparación de las víctimas— y deberían estar cabalmente reflejados en cualquier reforma que se implemente.

 

Quisiéramos referirnos específicamente a varios principios que son cruciales para la efectividad de la reforma y se encuentran consagrados en el derecho internacional:

 

  1. El delito de desaparición forzada tiene naturaleza permanente mientras se desconozca el destino de la víctima. Por consiguiente, cualquier plazo de prescripción que se imponga al juzgamiento de casos de desaparición solamente podrá computarse desde el momento en que cese la desaparición forzada (es decir, cuando se sepa cuál fue el destino de la persona desaparecida), y deberá tener una duración proporcional a la gravedad extrema del delito.

 

  1. La definición de desaparición forzada debería ser tomada directamente de los tratados internacionales de derechos humanos. La responsabilidad de quienes participen en un delito de desaparición forzada debería alcanzar no sólo a agentes del Estado que sean los autores materiales de la privación de la libertad, sino además a quienes autorizan o facilitan las desapariciones mediante su complicidad o aquiescencia.

 

  1. Las víctimas de desaparición forzada tienen derecho a una reparación integral que compense tanto el daño material como moral.

 

  1. Se deberán contemplar medidas, incluidas penas, para prevenir y sancionar la negativa a brindar información sobre una persona que fue privada de su libertad o la aportación de datos falsos. La ley podría también considerar como un factor atenuante la decisión de una persona implicada en una desaparición forzada de brindar información que ayude a esclarecer el caso.

 

 

Por último, es importante que el actual Congreso de Nuevo León, al igual que el anterior, consulte a organizaciones de la sociedad civil y expertos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México al redactar la norma, ya que esto no sólo contribuirá a mejorar la calidad de la reforma sino que ayudará a conseguir apoyo local e internacional para su sanción. De excepcional relevancia es el informe “Mejores prácticas de la legislación penal nacional en materia de desapariciones forzadas,” preparado por el Grupo de Trabajo de la ONU.

 

Esperamos que las recomendaciones anteriores sean tenidas en cuenta en el marco de esta oportuna iniciativa para penalizar las desapariciones forzadas.

 

Atentamente,

 

 

José Miguel Vivanco

Human Rights Watch

 

 

CC: Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador del Estado de Nuevo León

CC: Adrián Emilio de la Garza Santos, Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León

 

HRW-Carta a Diputados de Nuevo Leon sobre reforma del Código Penal-10-26-2012

Se comprometen diputados a reconocer el delito de Desaparición Forzada

24 de octubre, 2012.

 Boletín No. 1210/021.

 

Comunicado de Prensa

  • Se comprometen diputados a reconocer el delito de Desaparición Forzada en el Código Penal del Estado, antes del 20 de diciembre de este año.
  • Familiares de personas desaparecidas externan su desgaste con la legislatura anterior, pero reconocen la apertura que la actual legislatura está mostrando.

Familiares de personas desaparecidas e integrantes de CADHAC, acudieron a las sesiones del Congreso esta semana, con el fin de plantear el reconocimiento del delito de Desaparición Forzada en el Código Penal del Estado de Nuevo León.

Con fotografías de sus seres queridos, las familias presenciaron las sesiones. Ambos días las familiares fueron recibidas por diputados de esta LXXIII legislatura.

En particular el día de ayer el Diputado Francisco Cienfuegos Martínez en su calidad de Coordinador de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso del Estado, se comprometió expresamente a que el delito de Desaparición Forzada quedará aprobado en el actual periodo ordinario de sesiones. “Me comprometo a que antes del 20 de diciembre del presente año, el delito de Desaparición Forzada quedará aprobado” dijo ante medios de comunicación, familiares de personas desaparecidas e integrantes de CADHAC.

Como se recordará, en mayo de 2011, CADHAC presentó al Congreso del estado una propuesta para la tipificación del delito de Desaparición Forzada, la cual fue conjuntada con otra propuesta y enriquecida en mesas de trabajo con la presencia de integrantes de la Procuraduría del Estado, la Secretaría y Jurídico de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, así como con la presencia de diputados y diputadas, sociedad civil y expertos en el tema de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. De ello resultó una propuesta de dictamen técnicamente bien elaborada y estructurada que, sin embargo, no fue aprobada.

CADHAC se congratula del compromiso asumido por los partidos políticos representados en el Congreso, y acompañará este proceso vigilante de que la tipificación del Delito de Desaparición Forzada que se apruebe  sea respetuosa de los más altos estándares internacionales en la materia.

En Nuevo León se han documentado más de 900 casos de personas desaparecidas y muchos de ellos con la participación de autoridades, sea municipales, estatales, federales, o militares. La Desaparición Forzada será el instrumento jurídico para castigar tales conductas delictivas.

En el aniversario del sufragio femenino en México, Organizaciones de Nuevo León demandan

17 de octubre de 1953

Conquista de la ciudadanía plena de las mujeres

En el aniversario del sufragio femenino en México, Organizaciones de Nuevo León demandan:

El colectivo La Trenza*, integrado por diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos de las nuevoleonesas, nos pronunciamos, en el marco del 59 aniversario de que las mexicanas conquistamos la ciudadanía plena, logrando dicho reconocimiento en forma expresa, en el artículo 34 de la Constitución Política que nos rige.

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia de la Mujer, celebrada en Beijing, 1995, se establece eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país y garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, del derecho a votar y ser elegibles para todos los cargos posibles.

Reafirmamos que las mujeres tienen el derecho de participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

Expresamos que, desde 1953 a la fecha, en Nuevo León, son pocas las mujeres que han tenido acceso a puestos de elección: incluyendo a las mujeres que recientemente resultaron electas, sólo 46 mujeres han llegado a ocupar el puesto de presidentas municipales en los 51 municipios del estado; y en este tiempo apenas contabilizamos 73 diputadas locales, 30 diputadas federales y 6 senadoras. Actualmente contamos con 7 diputadas locales (4 menos que en legislatura pasada), 5 diputadas federales (no por elección), 3 senadoras y 4 alcaldesas. En 59 años reconocemos los avances pero consideramos que los resultados son insuficientes.

Encontramos que las mujeres suelen estar escasamente representadas, a causa de la desigualdad imperante, a las prácticas discriminatorias y al desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, pese a los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados.

Estimamos que las mujeres que ocupan cargos públicos contribuyen a redefinir las prioridades políticas al incluir en los programas de gobierno temas que responden a las preocupaciones de género;

Consideramos que los estereotipos negativos respecto de las funciones que realizan las mujeres, fomentados por los medios de difusión, refuerzan la tendencia de que las decisiones políticas sigan siendo predominantemente una función que realizan los hombres.

Atribuimos a la escasa representación de las mujeres en puestos directivos en el campo de las artes, la cultura, los deportes, la educación, los medios de comunicación y el derecho, el impedimento para que las mujeres puedan ejercer influencia en muchas de las instituciones clave.


Consideramos que el reparto equitativo de las responsabilidades en los hogares proporciona una mejor calidad de vida para las mujeres y sus hijas, y les da oportunidad de configurar y elaborar políticas, prácticas y gastos públicos, de forma que sus intereses puedan ser reconocidos y tenidos en cuenta.

Creemos que los gobiernos, empresas, medios de comunicación, instituciones bancarias, académicas y científicas, no aprovechan plenamente las aptitudes que tienen las mujeres para la administración de alto nivel, la formulación de políticas y la negociación.

Por lo que, instamos a los diferentes poderes y niveles de gobierno a:

Asegurar, en la práctica, el principio de igualdad entre hombres y mujeres establecido en la Ley recientemente aprobada en Nuevo León.

Establecer el equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura;

Adoptar medidas afirmativas concretas para aumentar el número de mujeres en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública;

Desarrollar programas de adelanto profesional para mujeres de todas las edades mediante la preparación para funciones determinadas, la orientación profesional, el asesoramiento, la capacitación y el readiestramiento;

Capacitar y fomentar la autoestima a las mujeres y a las niñas, especialmente a las que tienen necesidades especiales, discapacidades  y a las que pertenecen a minorías raciales y étnicas, para alentarlas a ocupar puestos de adopción de decisiones;

Reestructurar los programas de contratación y desarrollo profesional, velar porque las mujeres, especialmente las jóvenes, tengan igualdad de acceso a la capacitación en asuntos de gestión, administración, conocimientos empresariales, técnicos y de jefatura;

Aplicar criterios transparentes para los puestos de adopción de decisiones y garantizar que los órganos de selección tengan una composición equilibrada entre mujeres y hombres;

Desarrollar estrategias de comunicación para fomentar el debate público sobre los nuevos papeles de las mujeres y los hombres en la sociedad;

Alentar una mayor participación de las mujeres indígenas en la adopción de decisiones a todos los niveles;

Reconocer que las responsabilidades compartidas entre las mujeres y los hombres en el ámbito laboral y en la familia fomentan una mayor participación de las mujeres en la vida pública;

Adoptar medidas encaminadas a hacer compatibles la vida familiar y la profesional;

 

 

Monterrey, N.L., 17 de octubre de 2012

 

*Organizaciones integrantes del colectivo La Trenza: Alternativas Pacíficas AC,  Arthemisas por la Equidad AC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC, Colectivo Plural de Mujeres, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León AC, Pro Salud Sexual y Reproductiva AC, Zihuame Mochilla AC.

ORGANISMOS CIVILES LLAMAN A LA SCJN A CONSOLIDAR LA RESTRICCIÓN DEL FUERO MILITAR Y DEMANDAN A LA LESGISLATURA ENTRANTE PRIORIZAR LA REFORMA PENDIENTE

ORGANISMOS CIVILES LLAMAN A LA SCJN A CONSOLIDAR LA RESTRICCIÓN DEL FUERO MILITAR Y DEMANDAN A LA LESGISLATURA ENTRANTE PRIORIZAR LA REFORMA PENDIENTE

 

COMUNICADO DE PRENSA

 

México D.F. a 19 de septiembre de 2012.- Una vez concluida la discusión sobre la restricción del fuero militar por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), organismos civiles llamaron al Máximo Tribunal a consolidar los criterios sostenidos en los recientes debates mediante la adopción de tesis jurisprudenciales. De igual manera, insistieron en que corresponde al Poder Legislativo priorizar la reforma del Código de Justicia Militar a efecto de acatar, de una vez por todas, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Como es sabido, el pasado 13 de septiembre, el Pleno de la SCJN anunció la conclusión del debate en esa instancia y determinó que el resto de los casos relacionados con el fuero militar -15, según la lista inicial- serían analizados por la Primera Sala del Máximo Tribunal. De esta manera, el pleno de la SCJN concluyó la discusión sobre los límites del fuero militar que durante 17 sesiones -prácticamente un mes y medio-, llevó a cabo en 13 de los expedientes.

 

Una vez terminada la discusión, es fundamental destacar que el análisis de los expedientes abordados en estas sesiones permitió al Máximo Tribunal determinar que el fuero militar debe restringirse en sus alcances, conforme a las sentencias de la Corte Interamericana.

 

En casos emblemáticos de los abusos castrenses, como el relativo a la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, el Alto Tribunal reconoció además el derecho de las víctimas y sus familiares a acceder a una justicia independiente e imparcial. Durante las sesiones se evidenció en la más alta instancia judicial la magnitud de las violaciones a derechos humanos e irregularidades que han sido cometidas en la actualidad por los elementos de las Fuerzas Armadas; por ejemplo, se ventilaron casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, inhumaciones clandestinas, tortura e incluso delitos contra la salud. En este sentido, la discusión marcó un hito en torno a la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas ante instancias civiles.

 

No obstante, si bien no queda duda de que el Pleno estableció como condición para restringir la competencia del fuero militar que en los asuntos correspondientes se encuentren involucrados civiles, es de gran relevancia señalar que no se ha consolidado jurisprudencia nacional vinculante sobre la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar. En este sentido, aun cuando el carácter obligatorio de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería hacer innecesario la emisión de tesis jurisprudenciales nacionales, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al funcionamiento real del sistema jurídico mexicano, es deseable que a la brevedad se establezcan tesis obligatorias. La Primera Sala deberá proseguir con esa labor.

 

En este sentido, resulta urgente y necesario reformar el Código de Justicia Militar. Como lo señalaron las ministras y los ministros en las últimas discusiones, la intervención del Poder Judicial de la Federación en esta materia tuvo una naturaleza remedial, ya que el Poder Legislativo Federal, como primera autoridad obligada no ha hecho las modificaciones pertinentes a la legislación para eliminar la incompatibilidad del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución, interpretado de manera conforme con los artículos 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, la reforma sigue siendo indispensable y el Poder Legislativo debe priorizar el cumplimiento inmediato de sus obligaciones internacionales.

 

Finalmente, una vez que ha culminado la discusión sobre el fuero militar en el Pleno de la Suprema Corte, sin dejar de hacer notar los aspectos aún pendientes, destacamos la trascendencia de la decisión de restringir el fuero militar, en un contexto donde los abusos castrenses han crecido exponencialmente. Sin duda, las determinaciones del Pleno del Más Alto Tribunal contribuyen a reforzar los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, en el contexto actual de nuestro país en donde se hace cada vez más urgente y necesario.

 

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”(Guerrero); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.(CADHAC-Nuevo León); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSUDHAC-Chihuahua); Propuesta Cívica, A.C.(Distrito Federal); Fundar Centro de Análisis e Investigación (Distrito Federal) y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) conformada actualmente por 71 organizaciones en 21 estados de la República: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Familiares de exigen justicia frente al Palacio de Gobierno y el Congreso

30 de agosto, 2012.

Boletín No. 1208/018.

 

Comunicado de Prensa

  • En el marco del Día Internacional de las personas Desaparecidas familiares de exigen Justicia frente al Palacio de Gobierno y el Congreso.
  • A un día de que termine la actual legislatura cuestionan la fallida actuación de las y los diputados.

En el Día internacional de las personas desaparecidas, decenas de familiares que buscan a sus seres queridos, quienes les fueron arrebatados ya sea por autoridades o delincuencia organizada, se pronunciaron esta mañana frente al Palacio de Gobierno, y a las afueras del Congreso del estado, exigiendo justicia.

Con pancartas, fotografías de las personas desparecidas y el grito de “¿Dónde están?”, cuestionaron la ineficacia de las autoridades, señalando que la actuación del Congreso es una clara simulación, una mentira, un teatro. “No están cumpliendo con su obligación, no nos están representando”, dijeron.

Esta semana concluyen las labores de la actual legislatura, quien desde mayo del año pasado recibió una propuesta desde la ciudadanía para la tipificación de la Desaparición Forzada e incluso favoreció Mesas de Trabajo para su afinación. La propuesta de Dictamen se tiene lista desde octubre de 2011 habiendo sido revisada por expertos de Naciones Unidas y acordada por todas las instancias gubernamentales del estado, sin embargo súbitamente fue bloqueada en el Congreso, las organizaciones presumen que las autoridades civiles se sometieron a otro tipo de intereses o acuerdos para evitar sacar avante la tipificación.

Por su parte la Organización de Naciones Unidas en un comunicado señaló que “todas las familias de las personas desaparecidas (…) deben gozar del derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación”, esto de acuerdo a la Convención Internacional en la materia, donde también se asienta que los Congresos de los estados deben emitir legislación al respecto.

Las personas que se manifestaron dijeron no descansarán hasta saber el paradero de sus seres queridos.

El gobierno mexicano es cuestionado por el Comité CEDAW de la ONU

BOLETIN DE PRENSA

– El gobierno mexicano es cuestionado por el Comité CEDAW de la ONU en relación a la creciente desaparición de mujeres y feminicidios en el país.

– Organizaciones de Nuevo León entablan diálogo con expertas planteando problemáticas graves en la entidad: feminicidios, desapariciones, derechos laborales y situación de refugios.

 

El 17de julio, se llevó a cabo la 52ava Sesión donde el comité de expertas de la CEDAW examinó a México, en términos de la situación de los derechos de las mujeres.

Un día antes las expertas se habían reunido con organizaciones de la sociedad civil del país, quienes presentaron informes elaborados por 113 organizaciones, donde plantearon diversas preocupaciones en torno a los derechos de las mujeres. Representantes de organizaciones de Nuevo León colocaron en la mesa la preocupación en torno a graves problemas en la entidad: feminicidios, desapariciones de mujeres, derechos laborales y situación de refugios.

La mayoría de estos temas fueron abordados por las expertas frente al gobierno mexicano ayer lunes. Patricia Schulz, experta de Suiza, abrió el diálogo cuestionando sobre quién garantiza en el territorio nacional los derechos de las mujeres, y cómo se previenen las desapariciones forzadas, la trata de mujeres, el feminicidio, además de preguntar sobre la legislación al respecto. La delegación del gobierno mexicano por su parte, ofrecía datos e información vaga, por lo que la relatora Dubravka Simonovic, de Croacia, insistió en conocer el dato de mujeres que han sido desaparecidas, solicitando se informara puntualmente si el número se ha incrementado o ha decrecido. Al respecto el gobierno mexicano aludió a la existencia de una base de datos, la cual sabemos no existe como tal.

En el tema de feminicidios, la experta Pramilia Patten de Mauritania, señaló el incremento del que tienen conocimiento en esta materia. Asimismo se le cuestionó al gobierno cuál es el sentido de tener una Alerta de Género que ha sido negada en tres ocasiones. La delegación gubernamental afirmó que este mecanismo ha sido presa de conflictos partidistas y que se ha politizado, por lo que están revisando su funcionalidad, e incluso se atrevieron a recomendar al Comité les hiciera observaciones al respecto a fin de poder actuar.

Por su parte, el relator Niklas Bruun, experto de Finlandia, cuestionó la situación de los derechos laborales de las mujeres, preguntando en específico qué se está haciendo para mejorar los derechos de las trabajadoras domésticas y mujeres indígenas que se desempeñan en el mercado laboral. La delegación mexicana no hizo sino afirmar que estas mujeres trabajadoras viven discriminación y que el gobierno genera becas para que la población indígena pueda estudiar.

Las organizaciones presentes en la sesión coincidieron en la penosa intervención del gobierno mexicano quien afirmaba proteger los derechos de las mujeres, cuando evidentemente el Comité de la CEDAW tenía elementos que contravenían tal pretensión. Asimismo destacaron el papel comprometido de quienes integran el comité. En menos de un mes el comité emitirá las recomendaciones al país en términos de la CEDAW.

Valió la pena -señalan las organizaciones de Nuevo León que estuvieron presentes-, quienes lograron dialogar con las expertas respecto de la grave situación de derechos de las mujeres en la entidad, recordando que los feminicidios y desapariciones siguen a la alza, mientras que no se encuentran los delitos en el Código Penal por ineficiencia del Congreso Local. Asimismo la situación de las trabajadoras domésticas es deplorable, sin marco legal que les proteja y en un entorno altamente discriminatorio.

Información adicional:

– Enlace con la relatoría de la ONU, sobre la sesión de Comité CEDAW con Gobierno Mexicano: http://www.un.org/News/Press/docs//2012/wom1917.doc.htm

– Organizaciones que elaboraron el Informe “Situación de las mujeres en Nuevo León” Alternativas Pacíficas A. C., Arthemisas por la Equidad A. C., Centro de Estudios de Género Simone de Beauvoir A. C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C., Colectivo Plural de Mujeres, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León A. C., Pro Salud Sexual y Reproductiva A. C., Zihuame Mochilla A. C.

El Estado Mexicano ha fallado en su obligación de respetar los Derechos Humanos

To: U.S. Department of State

Hillary Rodham Clinton, Secretary of State
William Burns, Deputy Secretary of State
Maria Otero, Undersecretary of State for Democracy and Global Affairs
Roberta Jacobson, Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs
Michael Posner, Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor
William Brownfield, Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs Anthony Wayne, Ambassador, U.S. Embassy in Mexico

CC: U.S. Congress
Sen. Patrick Leahy, Chair, Subcommittee on State, Foreign Operations, and Related Programs, U.S. Senate Committee on Appropriations
Sen. Lindsey Graham, Ranking Member, Subcommittee on State, Foreign Operations, and Related Programs, U.S. Senate Committee on Appropriations
Rep. Kay Granger, Chair, Subcommittee on State, Foreign Operations and Related Programs, U.S. House of Representatives Committee on Appropriations
Rep. Nita Lowey, Ranking Member, Subcommittee on State, Foreign Operations and Related Programs, U.S. House of Representatives Committee on Appropriations

From: US and Mexican NGOs
Amnesty International USA, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Fundar, Human Rights Watch, Latin America Working Group, Miguel Agustín Pro Juárez Human Rights Center, Robert F. Kennedy Center for Human Rights, Tlachinollan Human Rights Center, Washington Office on Latin America

June 25, 2012

In providing security assistance to Mexico under the Merida Initiative, the U.S. Congress recognized the Mexican government’s need to make substantive progress in its respect for human rights within the framework of security operations. As this memo will demonstrate, our research shows that the Mexican government has failed to make meaningful progress in the identified priority areas.

The Mexican government has taken some steps to comply with the human rights requirements, such as the transfer of a handful of individual cases of abuse out of military jurisdiction and the passage of protocols regulating the use of force. However, the extremely limited number of cases of abuse in which there has been adequate investigations while there continues to be ongoing human rights violations committed by security forces demonstrate that these are isolated efforts that have not changed overall patterns of abuse and impunity.

The U.S. State Department’s report offers a vital opportunity to provide a thorough, accurate assessment of these important human rights benchmarks, and to press for measurable progress on the part of the Mexican government, particularly before President Felipe Calderón leaves office. Indeed, the best way for the U.S. to reinforce the importance of human rights, accountability, and transparency in its bilateral relations with Mexico, and advance the interests of both countries, is to enforce the conditions it has set out. Our assessment of the conditions is as follows:

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I. Improve the transparency and accountability of federal police forces and work with state and municipal authorities to improve the transparency and accountability of state and municipal police forces through mechanisms including establishing police complaints commissions with authority and independence to receive complaints and carry out effective investigations;

We continue to be concerned about the lack of progress in improving the transparency and accountability of Mexico’s police forces. While steps have been taken to vet the federal and state police forces and citizen participation councils exist, human rights violations by Mexican police forces continue to be widespread. We are not aware of any case in which a federal police agent has been found guilty by a civilian judge for a human rights violation. In addition to a lack of effective prosecutions, existing internal accountability mechanisms remain ineffective.

Human rights violations by the federal police

As the Federal Police have grown1 and their role in counter drug operations has expanded, complaints against officers for human rights violations have increased substantially. In 2011, the National Human Rights Commission (CNDH) received 767 complaints of human rights violations by the federal police, up from 595 complaints in 2010 and 141 complaints in 2009.

Despite efforts at reform, recent cases suggest that the Federal Police continue to commit serious abuses, includingtorture,arbitrarydetentionandextrajudicialexecutions.2 Forexample,CNDHspecial investigations into the Federal Police’s actions during the protest of students from the Ayotzinapa Rural School in Chilpancingo, Guerrero on December 12, 2011 found that the 70 federal police officers, as well as some 90 state-level investigative and preventative police, had used unlawful and excessive force against the unarmed protesters, and that they killed two students, arbitrarily detained 42 individuals, including children, beat 24 of them, and tortured one student.3To date, no member of the Federal Police involved in the incident has been charged.

In a previous incident on October 29, 2010, Federal Police agents were attempting to detain students from the Autonomous University in Ciudad Juarez during a march when two agents shot at the students, seriously wounding one of them.4

Accountability mechanisms

A central component of the Mexican government’s efforts to vet the country’s police forces is the evaluation and confidence centers (centros de control de confianza). As leverage to promote accountability at the municipal level, local governments can only qualify to receive federal funds in the Municipal Public

1 From 2006- 2009, the budget for the Federal Police almost quadrupled, from 4 billion pesos in 2006 to 15 billion in 2009. The Federal Police is currently composed of approximately 36,000 officers.

2 See for example CNDH recommendation 45/2011 and the cases of Adrián Pérez Ríos and Arnulfo Antunez. Sandoval in Human Rights Watch, Neither Rights Nor Security, November 9, 2011, http://www.hrw.org/reports/2011/11/09/neither-rights-nor-security- 0.

3 CNDH recommendation No. 1 VG/2012 http://www.cndh.org.mx/node/694

4 CNDH recommendation 48/2011. Detailed case information on the Ayotzinapa case is available from the Tlachinollan Human Rights Center: http://www.tlachinollan.org/Ayotzi.html

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Security Subsidy (SUBSEMUN) program if they submit their officers to undergo evaluations in these centers.

However, the pace of implementation has been slow. In the three years since these evaluation centers began operation, only 15.5 percent of Mexico’s more than 450,000 all federal and state law enforcement personnel have been evaluated. As of September 2011, approximately 50 percent of those evaluated passed their exam and one-third of these officers failed the exam. The results of thousands more police are still pending.5 In addition to the slow pace of implementation, we are deeply concerned about the Mexican government’s almost exclusive focus on these exams as a tool to vet forces, and the exams’ over- reliance on polygraph machines in the evaluation process.

Even when these limited exams work, they still focus exclusively on weeding out “bad apples” within the law enforcement bodies, rather than strengthening internal control mechanisms to address the institutional weaknesses that have allowed corruption and abuse to flourish. Furthermore, the exams fail to detect or prevent human rights violations. The State Department’s report submitted to Congress in September 2010 on the four human rights requirements in the Merida Initiative affirms that “while the vetting is focused on corruption, this system could be further refined to detect human rights abuses.” To date, no modification to detect human rights abuses has taken place.

Moreover, in several states, efforts to weed out corruption in local police forces—often known as depuraciones or purification—have themselves led to grave abuses committed against officials, including arbitrary arrests and torture. For example, in October 2011, hundreds of local police officers in Nuevo León were detained by federal and state security forces for alleged ties to organized crime. According to the officers and their families, they were taken to arraigo centers where dozens were subjected to torture and cruel, inhuman, and degrading treatment, including beatings with bats, electric shocks, asphyxiation with plastic bags and sexual assault.6 It is critical that efforts to reform and modernize Mexico’s state and local police not reproduce the very abusive practices they aim to eradicate.

National and state human rights commissions

At the federal and at the state level, human rights commissions have shown themselves to be relatively ineffective as external control mechanisms over police forces. For example, an analysis of compliance with the eight recommendations issued by the CNDH involving human rights violations committed by the Federal Police in 2009 and 2010 showed that none of the cases had resulted in either administrative or criminal sanctions for the police officers involved.7 The CNDH closes the vast majority of the complaints

5 Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Estatus de Resultados de Evaluaciones de Control de Confianza y Metas para Mayo 2012.”

6 “Las detenciones de cientos de policías son una muestra más de arbitrariedad que no ayudará a pacificar nuestro Estado,”Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, press release 1110/033, October 7, 2011, http://cadhac.org/derechos_humanos/las-detenciones-de-cientos-de-policias-son-una-muestra-mas-de-arbitrariedad/.

7 CNDH, “2010 Informe de Actividades,” January 2011, http://www.cndh.org.mx/node/120. See CNDH Recommendations 1/2010; 13/2010; 23/2010; 32/2010; 49/2010; 65/2010; 43/2009; 72/2009.The 2011 report includes information on compliance of previous recommendations issued by the Commission. Of the eight cases, the Internal Control Unit (Órgano Interno de Control) within the Federal Police is either still investigating the cases for possible administrative sanctions or the cases are closed. The PGR has not reported to the CNDH of a criminal sanction for any of the police implicated in five of these cases where the CNDH indicated that a preliminary investigation should be done.

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through procedures such as providing guidance to the complainant, declaring lack of material to continue, or through settlement, and does so because the complainant withdrew the complaint or did not follow it up (which may indicate that he/she was threatened) or the Commission lacks jurisdiction, among other reasons. Of the reasons mentioned above, the most frequent pathway used by the Commission to close a complaint is to provide “guidance” to the victim. In 2010, over 50% of complaints concluded against all federal agencies (not just security forces) were closed through guidance to the victim. It is worth noting that the closure of a complaint through guidance is not sufficient to conclude that there were no abuses. To lodge, track and obtain a recommendation in a complaint to the CNDH is not a simple process and many victims lack the knowledge to do it. If in the original file the victim fails to categorize the events properly, it is likely that the CNDH will conclude the complaint through guidance. At the same time, as of 2011, the CNDH has new investigative powers, but these will not necessarily translate to fulfillment of the recommendations resulting from them.8

Citizen participation councils

Citizen participation is an indispensable element to improve the transparency and accountability of government bodies, particularly through incorporating a citizen perspective in the design, implementation and evaluation of public policies. Effective citizen participation should also go well beyond presenting complaints and collaborating with the police to prevent crime. In this regard, in 2010 and 2011, several Mexican organizations and public security experts participated in a series of dialogues on public security with a human rights focus with members of Mexico’s Chamber of Deputies. One concrete proposal from these discussions was to include five members of civil society as counselors for the National Public Security Council (Consejo Nacional de Seguridad Pública). These counselors would design, monitor and vote on whether or not an accountability and transparency program for the federal Ministry of Security (SSP) was in fact in place. The proposal for citizen counselors did not move forward in the last legislative session. This is one example of the challenges for civil society in reaching even minimal agreements with Mexican authorities on how to improve transparency in the evaluation of the SSP. Similarly, it illustrates the resistance by federal authorities to enact even symbolic reforms that increase citizen participation in the realm of security policies.

Lack of accountability and transparency for state and municipal police

Police forces at the state and municipal level continue to be primary violators of human rights. Documentation by civil society groups in the region of La Montaña in the state of Guerrero provides valuable insight into the persistent failure of accountability and transparency mechanisms at the state and local level. From November 2007 to May 2011 the organizations documented 353 cases of human rights violations by the 26 police institutions and armed forces operating in the La Montaña region. The main violations documented were: arbitrary detention, extortion, delays in being brought before a judge, wrongful and/or excessive fines, cruel, inhuman, and degrading treatment and unauthorized home searches. These findings also identify the relatively small Ministerial Investigative Police (Policía Investigadora Ministerial, PIM), with just 30 agents, as responsible for 44 percent of the abuses. The monitoring organizations attributed the PIM’s record to its weak internal and external control mechanisms

8 For instance, in the Ayotzinapa police abuse case, the Commission conducted a special investigation on gross human rights violations. However, it is not fully monitoring institutional responses and follow-up to the recommendations presented in this report.

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and a lack of accountability. The PIM’s discretionary powers, the ineffectiveness of the supervision and sanction mechanisms that currently exist, and the design of the judicial system, which emphasizes the role of the ministerial police in investigations, have all contributed to the failure to supervise and sanction police actions.

II. Conduct regular consultations with Mexican human rights organizations and other relevant Mexican civil society organizations on recommendations for the implementation of the Merida Initiative.9

In our previous memos, we reported that civil society consultations under the Merida framework had been ineffective because they were held almost exclusively in Mexico City, without advanced notice, avenues to provide input in shaping the agenda, and follow-up. The eighth and most recent consultation, held on February 16, 2012, took place seven months after the previous session and with no follow-up in between, and did not provide a space for civil society to provide input in shaping the agenda or feedback regarding recommendations.10 Given the absence of a meaningful consultation mechanism, many human rights groups in Mexico have stopped participating in these sessions.

III. Ensure that civilian prosecutors and judicial authorities are investigating and prosecuting, in accordance with Mexican and international law, members of the Federal police and military forces who have been credibly alleged to have violated internationally recognized human rights, and the Federal police and military forces are fully cooperating with the investigations;

Human rights violations by the military

From December 1, 2006 through June 8, 2012, the CNDH has received 6,768 complaints concerning human rights violations perpetrated by personnel of the Mexican military (SEDENA). According to the CNDH’s annual reports, complaints of abuses committed by SEDENA personnel increased from 367 in 2007 (the firstyearoftheCalderónadministration)to1,695in2011.11 Inmorethan100ofthesecases,theCNDH conducted an in-depth investigation of the complaints and issued reports known as “recommendations,” concluding that members of the military had committed human rights violations, including extrajudicial killings, enforced disappearances, and torture. The CNDH arrived at settlements in more than 200 other cases. In just five cases, after investigating, the CNDH issued documents certifying “non-responsibility”12

9 Unfortunately, this requirement has been removed from FY2012 State and Foreign Operations Appropriations legislation.

10 “El gobierno de México celebra la séptima sesión del mecanismo de diálogo con al sociedad civil sobre la instrumentación de la Iniciativa Mérida,” communiqué of Secretaría de Relaciones Exteriores, July 27, 2011, http://www.sre.gob.mx/csocial_viejo/contenido/comunicados/2011/jul/cp_265.html.

11 CNDH, “2007 Informe de Actividades,” January 2008, http://www.cndh.org.mx/node/120, p. 47; CNDH “2010 Informe de Actividades;” and“2011 Informe de Actividades,” January 2011, p. 11, http://www.cndh.org.mx/node/120

12 Rules of Procedure of the CNDH, 2003, http://www.cndh.org.mx/node/26, Art. 141. 6

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or lack of proof of human rights violations.13 At the same time, the Navy, a separate military branch, was the subject of 495 complaints to the CNDH in 2011, up from 31 in 2007, a sixteen-fold increase.14

The Inter-American Court of Human Rights has issued decisions in four cases since 2009 mandating that the military justice system should not be used to investigate or prosecute human rights violations alleged to have been committed by the military and that Article 57 of the Military Code of Justice must be reformed accordingly. In July 2011, in a ruling derived from the Inter-American Court’s judgment in the enforced disappearance case of Radilla Pacheco vs. Mexico, the México’s Supreme Court determined that Mexico’s courts are obligated to comply with the decisions of the Inter-American Court regarding military jurisdiction. In the Radilla case, the Inter-American Court had said that, “[r]egarding situations that violate the human rights of civilians, military jurisdiction cannot operate under any circumstance.”15

However, the July 2011 determination of the Supreme Court did not set a legally binding precedent for future cases involving alleged military abuses, as it was not a case judgment that followed the Mexican legal system’s rules for creating jurisprudence. To set legal precedent for future cases, the Supreme Court either needs to reach a similar ruling in five consecutive cases or issue an interpretation of a law that has beeninterpreteddifferentlybylowerlevelcourts(whatisknownasathesisofjurisprudence).16 InJune 2012, the Court stated that it is reviewing 28 cases which raise a question of the use of military jurisdiction, and has ordered all lower courts not to issue final resolutions that involve the transfer of cases of human rights violations from military to civilian jurisdiction until it has resolved the legal question presented by these cases.17

In a speech on December 9, 2011, President Calderón stated that he had instructed Mexico’s Interior Minister to provide the Senate with recommendations for “drafting the legislation [to reform the Military Code of Justice]…and adapting it to the criteria of the [July 2011 determination of the] Supreme Court.” He also said he had instructed his Attorney General to work with the Armed Forces to facilitate the transfer to civilian jurisdiction of cases in which soldiers were alleged to have committed human rights abuses.18

13 The CNDH resolves the vast majority of complaints received through procedures other than investigating and issuing recommendations or documents certifying non-responsibility; that is, the lack of a recommendation is not meant to demonstrate the lack of an abuse. See Secretaría General de Defensa, “SITUACIÓN DE QUEJAS Y RECOMENDACIONES,”http://www.sedena.gob.mx/images/stories/D.H/JUN2012/QUEJASRECOMENDACIONES8.pdf

14 CNDH, “2007 Informe de Actividades,” p. 741 and CNDH “2010 Informe de Actividades,” p. 11), http://www.cndh.org.mx/node/120.

15 Inter-American Court, Case de Radilla Pacheco v. Mexico, Judgment of November 23, 2009, Inter-Am.Ct.H.R., Series C No. 209. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco v. México, Sentencia del 23 de noviembre de 2009, Corte I.D.H., Serie C N.° 209, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf, http://www.rtdh.eu/pdf/seriec_209_ing.pdf

16HumanRightsWatch, UniformImpunity:Mexico’sMisuseofMilitaryJusticetoProsecuteAbusesinCounternarcoticsandPublic Security Operations, April 2009, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0409web_0.pdf.

17 Supreme Court, “ACUERDO GENERAL NÚMERO 6/2012,”. May 7, 2012, http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/XIV%20Acudos%20Gnrls%20Plenarios%20Juris%20Temp%20Vigentes/AGP-6-12_v2.pdf.

18 “President Calderón at the Awarding of the 2011 National Human Rights Prize” (El Presidente Calderón en la Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2011), speech, December 9, 2011, http://www.presidencia.gob.mx/2011/12/el-presidente- calderon-en-la-entrega-del-premio-nacional-de-derechos-humanos-2011/

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In April 2012, the Mexican Senate’s Justice Commission approved draft legislation to reform the Military Code of Justice. This proposed legislation required all cases of alleged human rights violations to be transferred to the civilian justice system. However, party leaders in the Mexican Senate blocked the bill from coming to a vote prior to the end of the legislative period. The president of the Mexican Senate’s justice committee explained that high-ranking military officials had expressed their disagreement with the draft legislation’s inclusion of the term “human rights violations.”19 Future discussions on reforming the Military Code of Justice will not take place until after the new members of the Mexican Congress take office in September 2012.20

The Calderón government and the Mexican military have publicly claimed that many cases of military abuses are being transferred to civilian jurisdiction, demonstrating a shifting “tendency” in how these cases are handled. However, in spite of the Supreme Court ruling and the public commitments made by Calderón, cases of alleged military abuses against civilians continue to be sent almost exclusively to military jurisdiction. Mexican government officials provided a list of only eight cases that have been transferred from military to civilian jurisdiction during the Calderón administration, four of which were mandated by the rulings of the Inter-American Court. According to the State Department’s own annual human rights report released in May 2012, “[i]n practice civilian courts generally ceded jurisdiction to the military in cases where military personnel stood accused of human rights violations committed against civilians” and only two human rights cases involving the military were transferred to civilian jurisdiction during 2011.21 In contrast to these cases, the military prosecutor’s office opened nearly 3,700 investigations into military personnel for possible human rights abuses against civilians from 2007 to mid-2011.22

As further evidence of the military’s reluctance to comply with the Supreme Court decision, the military has challenged cases in which civilians petition for investigations to be transferred to civilian courts. This is clearly illustrated in the case of Bonfilio Rubio Villegas, a young indigenous man who was indiscriminately shot and killed by members of the armed forces when the bus in which he was traveling drove away after he was stopped and examine at a military checkpoint in 2009. Although a federal judge had determined that the case should be tried in civilian jurisdiction, the army appealed the court ruling, arguing that neither the Supreme Court nor the Inter-American Court rulings on this issue were binding upon the military, that the Supreme Court’s decision was “illegal” and “lacked validity,” and that Rubio’s killing did not constitute a human rights violation. This case is currently before the Supreme Court, where it is one of the at least 28 cases involving questions of military jurisdiction pending a resolution. In a similar vein, Mexico’s Military

19 Andrea Becerril and Victor Ballinas, “Congelado, el código de justicia castrense,” La Jornada, April 26, 2012. http://www.jornada.unam.mx/2012/04/26/politica/009n2pol.

20 Although this draft bill was approved in committee, it was not signed by senators. In effect, this means that the entering members of Congress will need to go back to square one when discussing this legislation. Andrea Becerril and Victor Ballinas, “Beltrones y González Morfín abortaron reforma a ley militar,” La Jornada, May 1, 2012. http://www.jornada.unam.mx/2012/05/01/politica/018n1pol

21 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices for 2011, “Mexico,” May 24, 2012, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186528, p. 11.

22 Human Rights Watch, Neither Rights Nor Security, p. 10. Much of the forthcoming information is drawn from the report’s chapter on torture.

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Attorney General has publicly argued that unless the Military Code of Justice is reformed, the practice of investigating and prosecuting such cases in military jurisdiction will not change.23

To date, none of the cases transferred to civilian jurisdiction, including the cases in which the Inter- American Court issued rulings, have led to the sanction of the military personnel responsible. According to a May 2012 report issued by the Mexican military, 38 soldiers have been sentenced by military courts for human right abuses. This report reflects that eleven of these convictions apply to cases which occurred prior to the Calderón administration and that at least 19 of the convictions for cases that occurred during the Calderón administration are subject to appeals.24

IV. Enforce the prohibition, in accordance with Mexican and international law, on the use of testimony obtained through torture or other ill-treatment.

The persistent use of torture to obtain testimony

Recent reports by Mexican and international human rights organizations and UN bodies demonstrate that the use of torture to obtain confessions continues to be a widespread practice in Mexico. Mexico’s security forces’ reliance on torture to extract information and confessions has persisted, and indeed increased, in part because of public security policies that put a greater stress on the number of detentions and the ability to obtain confessions than the quality of investigations into crimes. This is reflected in the growing number of complaints of torture and ill-treatment received by the CNDH, increasing from 4 complaints of torture in 2007 to 42 complaints in 2011 and from 388 complaints of ill-treatment in 2007 to 1627 in 2011.25 Of the 110 complaints of torture received by the CNDH from 2007 to 2011, 31 have resulted in CNDH recommendations that conclude that federal authorities have committed torture, while 57 remain under consideration. Of the total 4,731 complaints of ill-treatment received during the same time period, only 83 have resulted in recommendations.26.

Impunity prevails in cases of torture. Human Rights Watch documented more than 170 cases of torture in two years of research from 2009 to 2011 in five states, including numerous cases in which torture was used tocoerceconfessions.27 HumanRightsWatchstates,“Inallfivestatessurveyed–BajaCalifornia, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, and Tabasco – Human Rights Watch found that security forces systematically use torture to obtain forced confessions from detainees.” The organization found that, “according to information requested from state prosecutor’s offices in the five states surveyed, there were hundreds of complaints of torture and cruel, inhuman, or degrading treatment to state human rights commissions. But not a single official in these states has been convicted on charges of torture.”

23 Detailed case information is available from the Tlachinollan Human Rights Center: http://www.tlachinollan.org/bonfilio.html 24 http://www.sedena.gob.mx/images/stories/D.H/JUN2012/PROCESADOS_Y_SENTENCIADOS11.pdf

25 However, it is important to note that the CNDH records are not a comprehensive record of allegations of torture and ill treatment by all public officials as most cases of abuse by state level officials would not be sent to the CNDH, but instead remain with the state level human rights commissions.

26Information provided to Amnesty International by the CNDH on January 30, 2012. Also, see CNDH reports of activities: www.cndh.org.mx/node/120

27 Human Rights Watch, Neither Rights Nor Security, p. 28.

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In the cases documented by Human Rights Watch, clear patterns were identified, including that “many victims were detained arbitrarily under the pretext of being caught in the act of committing a crime, and then held unlawfully and unacknowledged for hours or days before being handed over to prosecutors. During this period of ‘enforced disappearance‘ – in which victims were often held incommunicado on military bases, police stations, or other illegal detention facilities – detainees were tortured to obtain information about organized crime and to confess to belonging to criminal groups. Their confessions often served to justify security forces’ illegal arrests and as the main evidence in criminal charges against them filed by prosecutors.”28

Complicity of Justice Officials and Medical Examiners

Although the Mexican government has committed to utilize the Istanbul Protocol to document and investigate torture, the protocol is rarely applied. Reforms, including measures in the constitutional reform adopted in 2008, have failed to effectively prevent and punish torture because they have either not entered into force, or are undermined by conflicting state-level codes29 or practices. In this context, a wide array of justice system officials have been implicated as complicit or directly involved in torture. They include judges who admit evidence that was likely to have been obtained through torture, prosecutors who obtain “confessions” from defendants who are being held incommunicado on military bases, and medical experts who omit or play down signs of physical injuries when they examine detainees.”30

Medical examinations that accurately record the physical condition of detainees are a key safeguard for preventingtortureandensuringthatactsoftorturearedocumentedandpunished.31 However,areportby the UN Subcommittee on the Prevention of Torture issued in May 2009 found that doctors working for public prosecutors’ offices falsify medical certificates to cover up injuries from torture received during the timeofarrestandtransferbyeitherdownplayingorfailingtodocumentclearsignsoftorture.32 This finding was also reflected in the State Department’s Mexico Country Report on Human Rights Practices for 2011, which states that in multiple cases “the CNDH verified the falsification of medical certificates to cover up torture.”33

28 Ibid.

29For example, art. 298 of Chihuahua’s state code of criminal procedure, in a provision that undermines the June 2008 constitutional amendments and is termed a “counter” reform by Mexican specialists, allows pre-trial confessions to be admitted as prosecution evidence if they are video-taped, ignoring that in an environment of incommunicado detention and torture, the victim will have no choice but to say whatever the torturers demand into a video camera. State Code of Criminal Procedure of Chihuahua, 2006, Art 298.

30 HumanRightsWatch,NeitherRightsNorSecurity,p.28.

31 Committee Against Torture, “Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,” General Comment No 2, Implementation of article 2 by States Parties, CAT/C/GC/2/CRP. 1/Rev.4, http://www1.umn.edu/humanrts/cat/general_comments/cat-gencom2.html (accessed September 15, 2011).

32 UN Subcommittee on Prevention of Torture, Report on the Visit of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to Mexico, (Visit took place from August 27 to September 12, 2008) CAT/OP/MEX/1, May 31, 2010. These findings were affirmed by the State Department in its 2011 country human rights report on Mexico. United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices for 2011: “Mexico,” May 24, 2012.

33 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices for 2011: “Mexico,” May 24, 2012, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186528#wrapper

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For example, according to a recommendation issued by the CNDH in 2011, two civilians in Hidalgo del Parral, Chihuahua, were tortured by army personnel in August 2009 on a military base. However, despite clear evidence that the victims had suffered physical abuse, an exam of one of the victims carried out by military medical experts found that he was healthy and showed no signs of abuse. In addition, despite the fact that one of the victims made a formal complaint stating that he had suffered torture, the military prosecutor’s office never opened an investigation into the complaint, which, according to the CNDH, constituted a violation of the victim’s right to justice.34

In its 2011 report, Human Rights Watch further documented that many medical examiners regularly must conduct their exams in the presence of law enforcement officers, sometimes the same officers responsible for having inflicted injuries against detainees. In cases where medical examiners did document serious injuries, they failed to offer any conclusions as to what may have caused the injuries or request that more comprehensive exams be conducted in possible instances of torture.35

Thus, confessions obtained through torture continue to be admitted as evidence by judges, who inappropriately place the burden of proof on the victim denouncing torture to prove his or her version of events.

Impunity Prevails in Cases of Torture

Few public prosecutors, investigative police, soldiers and other state agents are ever prosecuted for torture. According to information provided by Mexico’s Federal Attorney General’s Office (Procuraduría General de la República, PGR), only two people were convicted for torture at the federal level36 between January 1994 and June 2010. The PGR also reported that between December 1, 2006 and June 30, 2010 it opened 41 investigations for torture but only one person was formally charged for committing this human rights violation, although this does not mean that the person was then convicted of the crime.37 In Mexico City, none of the 75 torture investigations opened by the state prosecutor’s office from 2007 to 2011 resulted in charges being presented against any of the alleged perpetrators.38

Continuing admission of tortured confessions in new, adversarial criminal justice system

Especially alarming is the continuing admission of confessions coerced through torture in the ”new” adversarial criminal justice system, such as in the case of Marcelo LaGuarda, who was arbitrarily detained, threatened, and beaten by judicial police in Monterrey, Nuevo León in April 2010, on the grounds that he was responsible for killing a fellow student. He was detained again in September 2010 and subjected to a range of torture tactics by police, including electric shocks, waterboarding, sleep deprivation, and asphyxiation, in order to coerce him to confess to the crime. He said state prosecutors and a public defender were present when he was forced to sign a false statement. Despite clear physical injuries

34 Human Rights Watch, Neither Rights Nor Security, p. 43.

35 Procuraduría General de la República, Doc. No. SJAI/DGAJ/05383/2010, Folio 0001700097810, Sept. 8, 2010, p. 2.

36 Procuraduría General de la República, Doc. No. SJAI/DGAJ/04795/2010, Folio 0001700097610, August 13, 2010, p. 2.

37See Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, “Informe Estadístico”, Nov. 2011, http://www.pgjdf.gob.mx/images/difusion/fuentes/InformeAveriguacionesPreviasPorTortura.pdf?idw3_contenidos=0

38 Human Rights Watch, Neither Rights Nor Security, p. 91-96.

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sustained during his detention, state medical officials repeatedly failed to document LaGuarda’s injuries. Later, when he was on remand, his family contracted a certified independent medical examiner to conduct a medical exam, who recorded serious injuries which would have been sustained by torture of the kind the victim had described. He repeatedly told state prosecutors, judges, and the Nuevo León State Human Rights Commission that he was subjected to torture, yet he was not given an examination in accordance with the Istanbul Protocol (as is required of state authorities), nor was his initial confession struck from the record.

Relying primarily on his confession, a judge sentenced LaGuarda to 42 years in prison in September 2011. To disqualify LaGuarda’s claims that his first confession—which he later retracted—was false and had been obtained through torture, the judge cited the so-called “principle of procedural immediacy” (principio de inmediatez procesal), which argues that initial confessions are the most reliable because they are closer to the actual crime. This principle should have been rendered obsolete by Mexico’s 2008 constitutional reform. His family is currently appealing his case.

The State Department has recognized the continuing use of torture to obtain confessions used at trial in other cases, such as that of Israel Arzate Meléndez in Ciudad Juárez, Chihuahua, discussed in the 2011 Country Report on Human Rights. Arzate was detained by Mexican soldiers on February 3, 2010, and taken to the military barracks where he was beaten, shocked, and asphyxiated repeatedly (the Istanbul Protocol later applied to Israel by the CNDH revealed widespread electrical burns on his body). Through two days of torture, he was forced to confess to having supposedly participated in the homicides of 15 people. When he informed the judge during his arraignment that he had been tortured into giving a false confession, she refused to view the visible marks on his body and failed to open an investigation. She ordered that his trial proceed, relying on the coerced confession and ignoring the testimonies of multiple defense witnesses. When Arzate filed an amparo seeking to invalidate the confession, a federal judge refused to admit as evidence the Istanbul Protocol that proves that Israel was tortured. On August 31, 2011, the CNDH issued Recommendation 49/2011, in which it confirms that the victim was tortured.39

The undersigned organizations emphasize that unless and until the Mexican government provides a list of multiple, concrete cases demonstrating a tendency to exclude testimony from trial where it has been documented that torture was used to obtain the testimony, it is impossible to affirm that Mexico is enforcing the prohibition on admitting such evidence in criminal trials.

We recognize the serious challenges to public security in Mexico, and the United States’ shared responsibility in addressing this crisis. However, an effective US-Mexico partnership requires, among other things, an objective analysis of the strengths and weaknesses of the Mexican government’s efforts. A determination that Mexico is complying with the human rights requirements in the Merida Initiative—in the face of clear evidence to the contrary—will not only undermine the credibility of U.S. foreign policy

39Through Recommendation 49/2011, the CNDH accredited torture, retention in a military facility and the illegal act of taking Israel back out of prison for further torture when he had already been placed in the custody of the judicial branch: “[T]his National Human Rights Commission finds sufficient evidence to show that [Israel Arzate] was the victim of torture, […] he was forced to confess alleged participation in the massacre that happened in the neighborhood of Villas de Salvárcar […].” Importantly, the CNDH notes, “[T]he absence of a serious, scientific investigation and the use of torture instead, may well lead to lack of punishment of guilty parties, which can lead to the revictimization of the victims and impunity, a violation of due process in the administration of justice.” Available at CNDH, www.cndh.org.mx. Detailed case information is available from the Miguel Agustín Pro Juárez Human Rights Center, internacional@centroprodh.org.mx

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commitments and the effectiveness of human rights safeguards in U.S. foreign assistance, but will also undermine efforts to address the serious problem of abusive security forces and near-total impunity in Mexico. Given the imminent political transition this year to a new presidential administration, there is no more important time to send a clear message that the U.S. takes compliance with these human rights commitments seriously.

For additional information, please contact:

Amnesty International (Rupert Knox, rknox@amnesty.org)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Consuelo Morales Elizondo, direccion@cadhac.org) Fundar, Center for Analysis and Research (Mariana Mora, mmora@fundar.org.mx)
Human Rights Watch (Nik Steinberg, steinbn@hrw.org)
Latin America Working Group (Jennifer Johnson, jjohnson@lawg.org)
Miguel Agustín Pro Juárez Human Rights Center (Stephanie Brewer, internacional@centroprodh.org.mx)
Robert F. Kennedy Center for Human Rights (Salvador G. Sarmiento, sarmiento@rfkcenter.org) Tlachinollan Human Rights Center (Cristina Hardaga, tlachi.internacional@gmail.com)
Washington Office on Latin America (Maureen Meyer, mmeyer@wola.org)

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Congelado Dictamen de Desaparición Forzada

8 de Junio, 2012.

Boletín No. 1206/013.

 

Comunicado de Prensa

  • Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso continúa desconociendo propuesta de dictamen sobre Desaparición Forzada.
  • Diputados señalan a la Procuraduría local como obstáculo: el Procurador se deslinda.

Familiares de personas desaparecidas e integrante de CADHAC, acudieron este viernes a las instalaciones del Congreso del Estado a fin de exigir nuevamente la tipificación del delito de Desaparición Forzada. En el lugar les informaron que la Diputación Permanente sesionará el próximo viernes 15 de junio, por lo que se dispusieron a hablar directamente con el diputado Heriberto Cano Marchan, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, y recién  nombrado vocal de la Diputación Permanente.

En la plática, el Diputado Cano confirmó nuevamente que la Comisión que preside –sustituyendo al  Presidente anterior, César Garza-, no tiene consigo la propuesta de Dictamen que se elaboró y consensó durante el segundo semestre de 2011 en reuniones de trabajo favorecidas por su Comisión, donde participaron  expertos jurídicos de la Procuraduría de Justicia, del Gobierno del estado, del Tribunal Superiror de Justicia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CADHAC y el experto en el tema de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en México.

Aunado a ello el diputado Heriberto Cano dijo haber sostenido una reunión con quienes integran la Comisión de Justicia y Seguridad Pública a fin de que conozcan la problemática a abordar, sin embargo las familias de personas desaparecidas se mostraron sumamente preocupadas por que las y los diputados aparentan avanzar sin tener el documento que ya ha sido minuciosa y técnicamente revisado.

Asimismo -y en seguimiento a la aseveración realizada la semana anterior por el diputado Omar Pérez, quien dijo que el proyecto estaba siendo detenido por la Procuraduría-, las familias de personas desaparecidas dieron cuenta que el pasado viernes 1 de junio cuestionaron al Procurador de Justicia del estado de Nuevo León, Adrián de la Garza, respecto a este punto, quien afirmó que dicha Procuraduría no está de ninguna manera deteniendo el dictamen.

“Es necesario -señalaron las familias- emitir el dictamen que fue consensado en octubre de 2011 a la brevedad, para, posteriormente, ponerlo a discusión en Sesión Extraordinaria”. Cabe señalar que los diputados Omar Pérez y Heriberto Cano se comprometieron hace una semana a impulsar la colocación del Dictamen en el inmediato Período Extraordinario de Sesiones.

Las familias interpelaron firmemente al Diputado, frente a esta dolorosa realidad,  reclamándole una real representación ciudadana.Logo CADHAC Nuevo

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