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10 de enero de 2013.

Boletín de Prensa No. 1301/BP001

PUBLICADA LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) se congratula con la publicación, el día de ayer, de la Ley General de Víctimas aprobada unánimemente por el H. Congreso de la Unión, y cuya publicación se había ilegítimamente demorado.

La Ley de Víctimas es un paso para la construcción de la paz en medio del caos que ha provocado la estrategia nacional de lucha contra la delincuencia, aunada a los altos índices de corrupción y a la impunidad.

Esta ley fue una petición de un amplio sector de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de la academia, y de forma especialmente relevante, de las víctimas y sus familiares. La propuesta fue sometida al proceso legislativo y fue votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, el entonces presidente Calderón la vetó para modificarla sustancialmente.

La nueva legislación no resolverá, por sí misma, el drama humano que enfrenta el país, pero es un instrumento útil en la generación de una política de Estado a favor de las víctimas de la delincuencia y  a favor de un sistema que no entienda que lo único que hay que hacer es aplicar la sanciones sin buscar reparar los daños que se han causado a las personas y, a través de ellas, al tejido social.

CADHAC estima necesario que las autoridades de todos los órdenes y niveles de gobierno hagan un esfuerzo sincero y transparente para que esta ley sea auténticamente efectiva y tenga un impacto positivo en la vida de las víctimas.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

CADHAC Felicita a Don Raúl Vera por sus 25 años como obispo y se congratula por su trabajo incansable en favor de los  indígenas,  las mujeres,  los trabajadores explotados, las viudas y los huérfanos,  los migrantes,  homosexuales, a defensores y defensoras de los marginados y explotados y los no creyentes.

Reproducimos aquí el texto del Centro de Estudios Ecuménicos / Observatorio Eclesial

Raúl Vera, obispo en resistencia
Reflexiones a los 25 años del caminar episcopal de fray Raúl Vera López, OP

 

Hace 25 años, el papa Juan Pablo II hizo obispo al fraile dominico José Raúl Vera López con una intención tan clara como turbia: que fuera el inquisidor de una iglesia autóctona construida a la intemperie por los pueblos originarios chiapanecos al amparo del Tatik Samuel Ruiz. Quería ser la estocada final de una intensiva estrategia contra el “alarmante” efecto de la teología de la liberación en aquella porción de la iglesia mexicana, y que ya había funcionado en otros lugares como la Sierra Tarahumara, Oaxaca y Cuernavaca, donde la intromisión de obispos conservadores ciegamente fieles a las órdenes vaticanas había, cuando no destruido, al menos detenido el avance de este “cáncer marxista” extendido ya en muchas partes de la iglesia católica latinoamericana y caribeña.

Pero algo salió mal. Por un grave error de cálculo eclesiástico, o una certera acción divina, según se prefiera, este elocuente religioso decidió seguir otras órdenes que las del obispo de Roma a quien juró plena obediencia. Primero obedeció a los indígenas, mujeres y hombres de profunda fe y compromiso donde no encontró herejía alguna ni nada contrario a una auténtica tradición cristiana; luego escuchó a las mujeres, las más de las veces sin voz en las iglesias y en la sociedad; después a los trabajadores explotados, luego a las viudas y los huérfanos, de paso a los migrantes, ahora las comunidades en resistencia, también a homosexuales que le abordaron en el camino, y en todo el trayecto, a defensores y defensoras de los  marginados y explotados, haciéndose uno más con ellas y ellos; por último, lo buscaron los no-creyentes y lo hicieron apóstol de los gentiles también. En todo el camino, por inusitado que parezca, nunca dejó de ser pastor: obispo de puertas abiertas en una institución religiosa de puertas cerradas, con corazón humano en medio de un episcopado de corazón de piedra, presente en el mundo y en la historia al margen de una iglesia ausente de ellos, profeta de la justicia en una jerarquía cómplice de la injusticia. Obispo en resistencia dentro de una iglesia reticente.

Su labor incomoda tanto a las altas jerarquías católicas de México y el Vaticano, como a las altas esferas del poder político; y mientras las primeras no han encontrado en dos décadas y media razón ética, teológica o canónica suficiente para destituirlo, a las segundas no les hace falta para un día de estos borrarlo del mapa, lo cual pone su vida en todo momento al borde del peligro. ¿Qué mantiene con vida a este profeta del desierto? No ciertamente su condición de obispo ni el de hecho inexistente apoyo institucional de la iglesia que representa: sus hermanos obispos no lo apoyan y los sacerdotes de su diócesis no pueden (o no quieren) seguirle el paso, mientras fray Raúl intenta seguirle el paso a la historia.

En medio del riesgo cotidiano, lo mantiene con vida más bien su reconocimiento internacional como defensor de derechos humanos, pero sobre todo la cercanía física y emocional de a quienes él ha entregado sus años de trabajo pastoral, que le han creado una invisible catedral protectora más allá de los límites de su diócesis en Saltillo, Coah., y de la iglesia católica mexicana; en reciprocidad a su presencia solidaria con todas las luchas justas de este país y de otras latitudes, quienes luchan y resisten están siempre acompañándolo y nunca está solo.

Consciente de que del poder jerárquico que caracteriza a la iglesia y al Estado sólo puede venir la opresión y exclusión, Raúl Vera ha decidido resistir contracorriente desde otro lugar y desde otra actitud. Con pasión y ternura camina al lado de los pueblos, de los débiles que construyen otro mundo posible y otra iglesia posible desde la paz, la justicia y la equidad, derribando las fronteras que nos dividen para construir una casa común, para todas y todos, y para la naturaleza.

Ahora, en su jubileo episcopal, los pueblos caminan con él, le acompañan por breves días (4 al 6 de enero) en un Saltillo envuelto en la niebla, el frío intenso y un ambiente de violenta inseguridad al comienzo de un año también de brumoso destino para nuestro país; le acompañan de muchas latitudes, creencias e increencias para mostrarle su afecto, y para decir que aún en medio de la intemperie y el desasosiego la esperanza vive y la dignidad es posible y necesaria para todas y todos, especialmente los más pobres.

En la primera mañana de esta entrañable celebración, que contó con la presencia y palabra de los conocidos teólogos Jon Sobrino y Jesús Espeja, en su momento, la sacerdote anglicana Emilie T. Smith, quien comparte con don Raúl la presidencia del SICSAL y el riesgo cotidiano de las amenazas de muerte, habló para agradecer al obispo que sea terremoto para las estructuras de la iglesia católica; lo es también para las estructuras del poder opresor; ¿lo será para la conciencia de muchas y muchos que viven en el miedo, el silencio o la indiferencia? Ojalá así sea y que el ejemplo de fe y resistencia de este bienhumorado fraile, junto al de muchas y muchos, provoque la confluencia urgente en torno a la revolución necesaria en este país sumido en la desigualdad y la violencia.

José Guadalupe Sánchez Suárez

Centro de Estudios Ecuménicos / Observatorio Eclesial

Saltillo, Coah. a 4 de enero de 2013

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CADHAC se congratula por la publicación de las modificaciones a la legislación que contempla el delito de Desaparición Forzada de Persona.

La publicación es posible descargarla en este vínculo

http://sg.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/AC_0001_0007_00093957_000001.pdf

Washington DC, 11 de diciembre de 2012

Excmo. Presidente Enrique Peña Nieto

Presidente de México

Los Pinos

Distrito Federal

MÉXICO

De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a S.E. en nombre de Human Rights Watch, con el fin de extenderle nuestras felicitaciones con ocasión de la investidura presidencial. S.E. asume el liderazgo de un país donde el actual estado de los derechos humanos es de la mayor gravedad. Abordar los abusos cometidos durante el mandato de su predecesor e impedir que se reiteren en el futuro, requerirá de atención inmediata en los niveles más altos de su administración. El propósito de esta carta es instar a S.E. a que defina lo antes posible un plan concreto y de acción para hacer frente a estos graves problemas.

Durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, Human Rights Watch logró demostrar mediante pruebas muy sólidas, que en cinco estados, militares y policías recurrieron en forma sistemática a la tortura para obtener confesiones e información de personas detenidas, y tuvieron participación en numerosos casos de desaparición forzada y ejecuciones. Prácticamente ninguno de estos delitos ha sido investigado ni juzgado adecuadamente, a pesar de las múltiples evidencias que señalan que estarían implicados servidores públicos. Estos patrones de abusos que se observan en los relatos de víctimas y testigos, además de los datos oficiales y las entrevistas con funcionarios judiciales, de seguridad pública y de derechos humanos, demuestran que no se trata de casos aislados. Por el contrario, constituyen ejemplos de prácticas abusivas que tienen una presencia endémica en las actuaciones de las fuerzas de seguridad contra la delincuencia organizada en México.

Si bien estos delitos se cometieron durante la gestión del Presidente Calderón, la responsabilidad de asegurar que sean investigados adecuadamente no se extinguió al concluir su mandato. Como sabe S.E., conforme lo establecen los tratados internacionales vinculantes suscriptos y ratificados por México, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce el paradero de la persona desaparecida.

Por ejemplo, los familiares de Jehú Abraham Sepúlveda, que desapareció en diciembre de 2010 en Nuevo León, y de Francis Alejandro García Orozco, Vladimir Pita Barrera, Sergio Menes Landa, Olimpo Hernández Villa, Andrés Antonio Orduña Vázquez y Zozimo Chacón Jiménez, quienes desaparecieron simultáneamente en Guerrero en marzo de ese mismo año, continúan buscando a sus seres queridos. Human Rights Watch obtuvo pruebas que demuestran que militares y policías habrían detenido arbitrariamente a estos hombres poco antes de su desaparición —incluidas grabaciones de cámaras de vigilancia, declaraciones de testigos e informes policiales y militares— y aportó estas pruebas a los fiscales. Sin embargo, las autoridades continúan negando su participación en estas desapariciones, y ningún servidor público ha sido procesado penalmente por su responsabilidad en estos delitos. Mientras tanto, día tras día, los familiares deben vivir con la incertidumbre acerca de qué sucedió a sus hijos, esposos, hermanos y padres.

Estas familias y sus seres queridos que han desaparecido son solamente algunas de las numerosas víctimas de desaparición forzada documentadas por Human Rights Watch.

A su vez, esta gran cantidad de víctimas es tan sólo una fracción ínfima de las cerca de 25.000 personas que, conforme se indica en un listado elaborado por la Procuraduría General de la República, han desaparecido desde diciembre de 2006, según lo informó el periódico Washington Post el 29 de noviembre de 2012. De hecho, si las cifras anteriores se corroboran, esto situaría a la ola de desapariciones ocurrida en México durante el sexenio del Presidente Calderón entre las peores en la historia de América Latina.

A medida que aumentaba el número de personas desaparecidas, Human Rights Watch ha instado en reiteradas oportunidades al gobierno a que conforme una base de datos nacional sobre desaparecidos. Elaborar un registro exhaustivo y preciso de las personas desaparecidas, que contenga información útil como el ADN de sus familiares, ofrecerá una herramienta indispensable para la búsqueda de estas personas a nivel nacional. Por ejemplo, podrían compararse los datos con los registros de hospitales, morgues, cárceles y cruces fronterizos. Esta base de datos resultaría particularmente útil si se crea además un registro nacional complementario de cuerpos no identificados: según señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre enero de 2007 y diciembre de 2011, se encontraron más de 6.000 restos no identificados, muchos de ellos en fosas comunes. No obstante, si bien el gobierno del Presidente Calderón demostró que era capaz de conformar bases de datos nacionales de vehículos robados y de policías con antecedentes penales, no creó registros similares sobre personas desaparecidas o cuerpos no identificados. A causa de esto, miles de familias continúan privadas de la posibilidad de conocer cuál fue el destino de sus seres queridos, que podría esclarecerse con tan sólo cotejar los datos.

Además del carácter de delitos permanentes que tienen las desapariciones, otro motivo por el cual es indispensable que se investiguen y juzguen los casos ocurridos durante el gobierno anterior es que algunas personas que fueron obligadas a confesar mediante torturas aún se encuentran encarceladas por delitos que no cometieron. El nuevo Procurador General de la República, Dr. Jesús Murillo Karam, reconoció acertadamente la responsabilidad del gobierno de abordar este tipo de casos cuando declaró su “firmeza absoluta e implacable para poder constituir las averiguaciones a quienes sean culpables, y tratar de evitar una fórmula que me parece perversa: no debe haber inocentes en las cárceles”.

Human Rights Watch ha obtenido evidencias de que actualmente se encuentran en prisión personas inocentes que fueron condenadas sobre la base de pruebas falsas obtenidas mediante coerción. Entre éstas se incluyen cuatro personas de Baja California —Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya y Ramiro López Vázquez— que fueron detenidos arbitrariamente en junio de 2009 y llevados a un cuartel del Ejército, donde miembros de esta fuerza aplicaron descargas eléctricas en sus genitales, los sometieron a tácticas de asfixia, extrajeron las uñas de sus pies y los golpearon frente a sus compañeros durante cuatro días enteros. Las torturas cesaron recién cuando los hombres, con los ojos vendados, firmaron confesiones que habían sido redactadas por sus torturadores. Los cuatro hombres se encuentran en la prisión de Tepíc, en Nayarit, donde luego de tres años y medio de la fecha en que fueron detenidos y torturados aún esperan que se dicte sentencia por los delitos imputados. Mientras tanto, a pesar de las numerosas denuncias formales presentadas por sus familiares, las pruebas recabadas por Human Rights Watch y entregadas a las autoridades sobre las lesiones que presentaban las víctimas y la base del SEDENA donde se produjeron los abusos, y de que en junio de 2012 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas admitió el caso, ningún militar ha sido acusado en relación con estos hechos de tortura. A fin de cumplir con lo declarado por el Procurador General Murillo Karam, es fundamental que el gobierno asigne máxima prioridad al examen de este tipo de casos.

Consideramos sumamente positivo el anuncio efectuado al asumir la presidencia, en el cual S.E. expresó su compromiso de “hacer realidad los derechos humanos que reconoce [la] Constitución” y adoptar una “estrategia” para mejorar la situación de los derechos humanos, “con una real y eficaz coordinación entre los órdenes de Gobierno, a fin de combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y la paz”. Asimismo, reconocemos los esfuerzos realizados por sentar las bases de esta estrategia en el “Pacto para México”, que incluye importantes compromisos como transformar los derechos humanos en “política de Estado” y fortalecer el marco jurídico para prevenir y juzgar la tortura y las desapariciones forzadas, lo cual S.E. destacó el 10 de diciembre durante su discurso de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos.

Como S.E. sabe, el Presidente Calderón anunció que abordaría muchos de estos problemas, e incluso utilizó algunas de las mismas expresiones, como cuando se refirió a la garantía de derechos humanos como una “política de Estado”. Sin embargo, nunca propuso un plan para transformar su retórica en realidad, mucho menos asegurar que dicho plan fuera implementado, demostrando con ello que nunca tomó en serio su responsabilidad de corregir estos abusos y evitarlos. De hecho, sus declaraciones públicas de último minuto y la falta de seguimiento por su parte sugieren que estaba más preocupado por proteger su legado y rebatir las acusaciones sobre su responsabilidad personal, que con abordar algunas de las peores violaciones a los derechos humanos en la historia de México. Y este incumplimiento es uno de los principales motivos por los cuales México se encuentra actualmente inmerso en una profunda crisis de derechos humanos.

Por lo tanto, lo exhortamos a formular un plan exhaustivo que proponga soluciones concretas en materia de políticas públicas para hacer frente a estos graves problemas. A continuación se enumeran algunas de los temas fundamentales que debería abordar este plan:

• ¿Qué medidas adoptará su gobierno a partir de la lista de la Procuraduría General de la República sobre aproximadamente 25.000 personas que desaparecieron durante el gobierno de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce? Asimismo, ¿cómo prevé usar esta información para generar una base de datos exhaustiva y precisa de las personas desaparecidas que contenga información que permita identificar a tales personas, como el ADN de sus familiares?

• ¿Cómo piensa desarrollar su gobierno protocolos estándar para funcionarios judiciales y de seguridad pública con el fin de investigar las desapariciones y comenzar la búsqueda de las personas desaparecidas desde el momento en que el caso se denuncia?

• ¿Qué plan tiene su gobierno para conformar un registro federal de cuerpos no identificados y cómo prevé asegurar que los datos de este registro puedan ser cotejados con la información de la base de datos sobre personas desaparecidas?

• ¿Qué medidas adoptará para asegurar que la inadmisibilidad de evidencias obtenidas mediante tortura —que continúa siendo vulnerada a pesar de estar garantizada en el artículo 20 de la Constitución Política de México— se cumpla en la práctica? ¿Y de qué forma su gobierno, en colaboración con la Procuraduría General de la República, examinará de manera sistemática los casos en los cuales las pruebas indiquen de manera clara que en la actualidad hay personas encarceladas sobre la base de estas pruebas ilícitas?

• ¿Para cuándo su gobierno tiene previsto proponer una reforma del Código de Justicia Militar que se adecue a los cuatro pronunciamientos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para asegurar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles sean investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria?

A fin de contribuir al desarrollo de un plan exhaustivo que aborde estas y otras cuestiones críticas, quisiera recomendar a su gobierno que examine nuestro informe Ni Seguridad, Ni Derechos, donde se ofrece un análisis minucioso de abusos cometidos por funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad, así como recomendaciones específicas sobre cómo responder a tales abusos. Las conclusiones de este informe fueron presentadas al Presidente Calderón y a funcionarios clave de su gobierno el 9 de noviembre de 2011. En respuesta, el presidente se comprometió a investigar no sólo todos los casos individuales documentados en el informe, sino además los patrones de abuso que estos casos reflejaban, y propuso crear una comisión conjunta con Human Rights Watch que se encargaría de llevar a la práctica este compromiso.

Human Rights Watch se reunió en varias oportunidades con la comisión —a cargo del Secretario de Gobernación Alejandro Poiré— durante 2011 y 2012, y aportó amplia documentación sobre cada uno de los más de 230 casos analizados en nuestro informe. No obstante, aun habiendo recibido esta gran cantidad de pruebas, el gobierno del Presidente Calderón no demostró durante el año siguiente haber conseguido avances significativos en la investigación y el juzgamiento de estos casos. Y salvo algunas pocas excepciones como la aprobación de protocolos sobre el uso de la fuerza para SEDENA, SEMAR y la Policía Federal, el gobierno incumplió en gran medida su compromiso de implementar reformas más profundas que habrían ayudado a prevenir nuevos casos de desaparición, tortura y ejecuciones.

Human Rights Watch reconoce que México se encuentra gravemente afectado por grupos delictivos sumamente poderosos que han cometido delitos aberrantes contra miembros de otras bandas rivales, fuerzas de seguridad y civiles inocentes. También entendemos que el gobierno tiene la obligación de adoptar medidas para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y de brindar recursos efectivos a los mexicanos que sean víctimas de este tipo de delincuencia. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, cuando algunos miembros de las fuerzas de seguridad cometen violaciones de derechos humanos en forma generalizada esto no contribuye en absoluto a desarticular las redes delictivas y reducir la violencia, y se socavan los esfuerzos por generar la confianza pública en las instituciones que resulta indispensable para implementar iniciativas de orden público efectivas.

México necesita un plan claro e inteligente para abordar los profundos problemas de derechos humanos que heredó su gobierno. Un plan que permita convertir en realidad las importantes declaraciones que ha efectuado S.E. relativas al respeto de los derechos humanos. Esperamos que en el futuro inmediato S.E. proponga un plan con estas características en forma pública, y que disponga para su ejecución exitosa los recursos y el apoyo político necesarios. De lo contrario, el clima de abuso e impunidad extendida que ha prevalecido en los últimos seis años solamente conseguirá agravarse.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco

Human Rights Watch

CC:

Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación

José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores

Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República

Arturo Sarukhan, Embajador de México en los Estados Unido

s

2 de noviembre de 2012.

 Boletín No 022.

Comunicado de Prensa

• Colocar mandos militares en estructuras civiles contraviene a nuestro marco jurídico y a las recomendaciones de la ONU.
• La militarización en el municipio de Monterrey podría generar mayor violencia por consecuencia violaciones a derechos humanos.

La reciente designación del Contraalmirante Augusto Cruz Morales de la Marina Armada de México como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Monterrey, así como de los 18 marinos que se integrarán al frente de la nueva administración, y al menos 100 marinos involucrados en tareas de seguridad pública, implica una clara militarización estructural, que contraviene claramente a disposiciones constitucionalesasí como a recomendaciones que la Organización de Naciones Unidas hizo el año pasado en la materia.

Además, nuestra alcaldesa señaló que dicho funcionario, “tendrá bajo su responsabilidad labores de inteligencia y la depuración en los departamentos de seguridad, tránsito y alcoholes, para dejarlos “exentos del crimen organizado”.

Esta afirmación evidentemente, además de ir en contra de disposiciones internacionales, contraviene nuestro marco jurídico. Las funciones que pretende encomendarle la alcaldesa al contralmirante no están contempladas en la ley. Nuestras leyes orgánicas determinan otras atribuciones para la SEMAR (Secretaría de Marina), muy distintas. Ni el artículo dos de la Ley Orgánica de la Armada de México, ni en el artículo treinta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federalcontienen las atribuciones que la alcaldesa pretende otorgarles. Incluso, el único supuesto contemplado dentro de las atribuciones, en donde se tiene contacto con la sociedad y autoridades civiles es la de fomentar y participar con las autoridades civiles en actividades socio-culturales y cívicas en aspectos relacionados con el medio marítimo.

Asimismo, en ambas leyes se contempla el supuesto de que por órdenes del Mando Supremo (Presidente de la República), elementos de la SEMAR, podrá coadyuvar con dependencias del gobierno federal o municipales para actuar cuando así lo requiera la situación, y jurídicamente mediando decreto del ejecutivo federal. Se reitera que nunca se habla de ejercer funciones de vigilancia de tránsito,depuración o alcoholes.

Además de acuerdo con la información recibida por el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU (en adelante GTDFI)se dice que:

…las Fuerzas Armadas no se limitan a actuar como apoyo a las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a dichas autoridades civiles. Estas operaciones militarizadas consisten en el despliegue de miles de efectivos militares en las calles de las zonas urbanas, rurales o en puntos estratégicos en las carreteras donde registran casas, individuos y automóviles, en muchos casos sin contar con una orden judicial dictada por una autoridad civil competente…

Cabe señalar que, la estrategia federal y estatal de militarizar las calles no ha resuelto el problema de violencia en torno al desenvolvimiento de las redes de delincuencia organizada, sustentadas en la corrupción e impunidad de las propias instituciones. Prueba de ello es el grave aumento en homicidios en el país en los últimos años, que incluso puede reflejarse en datos proporcionados por el mismo gobierno federal a través de INEGI, quien señaló que en 2011 hubo 27,199 personas ejecutadas, cifra triplicada en relación a la del 2005. A su vez, datos proporcionados por organizaciones socialesestiman más de 60,000 personas ejecutadas en el último sexenio. La estrategia de militarización ha complejizado el problema, favoreciendo la comisión de un número mayor de abusos de autoridad contra la ciudadanía.

El GTDFI señaló en un documento emitido en 2011, después de su visita a nuestro país que “El personal militar está entrenado para enfrentar fuerzas extranjeras enemigas y no para realizar actividades propias de la policía o interactuar con civiles”. En su visita, el grupo de trabajo externó su preocupación por la presencia militar en operativos de diversas ciudades del país, así como por la integración de militares en las estructuras estatales y municipales. Sustento de ello son las 5 mil 176 recomendaciones emitidas en seis años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tratos crueles y degradantes a entidades como el Ejército, la Secretaría de Marina.

Lo que vemos ahora, en el municipio de Monterrey, es un nombramiento oficial de un almirante de la Secretaría de Marina en funciones quien ejercerá funciones que no le competen.

La Marina Armada de México, tiene como tarea fundamental “cuidar la soberanía en aguas territoriales, costas, vías navegables, islas y la zona económica exclusiva. Opera el servicio de aeronáutica naval militar, construye y conserva las obras portuarias, ejecuta los trabajos topo hidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, además de archivar las cartas marítimas, las estadísticas y toda la información oceanográfica nacional”. De donde claramente podemos desprender una vez más que NO está dentro de sus atribuciones desempeñar funciones de la policía municipal, estatal, ni depuración. 

Incluso podemos decir, que este nombramiento hace caso omiso a dos de las recomendaciones preliminarespor parte del GTDFI el 31 de marzo de 2011 después de su visita a México:

• Considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.

• Establecer protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y legalidad, como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.

En conclusión, con preocupación nos pronunciamos enérgicamente en contra de este nombramiento y de la militarización que se favorece desde las estructuras gubernamentales en todos sus niveles. La delincuencia organizada terminará si se acaba con la corrupción e impunidad en el interior de las dependencias, mas no colocando a un marino al frente de las tareas de seguridad pública, corriéndose el riesgo, de acuerdo a casos documentados en contra de la marina, de que sea la ciudadanía la más afectada en la vulneración de sus derechos con la definición de estrategias militares en un espacio civil que, de por sí, se encuentra en un estado de grave vulnerabilidad.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.