El taller es la primera de un programa de actividades que la organización ciudadana realizará a lo largo de 2013 por su vigésimo aniversario de trabajo en favor de los derechos humanos en el estado de Nuevo León, México.
El taller “Hacia una estrategia de ‘advocacy’ en derechos humanos” fue impartido por Bárbara Frey, Directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota el pasado 5 y 6 de marzo de 2013 en el Museo Metropolitano de Monterrey.
El pasado jueves 14 de marzo, en el marco del 147º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., representantes de organizaciones de la sociedad civil mexicana, incluida Ana Luna del Área Jurídica de CADHAC, participaron en dos audiencias: la primera, solicitada por el Estado Mexicano, “Prioridades en materia de derechos humanos y armonización legislativa en México”; y la segunda, solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil, “Retos en materia de derechos humanos en México”. En ambas audiencias, la delegación del Estado Mexicano estuvo encabezada por la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón.
El principal logro de ambas audiencias fue dejar un precedente para continuar impulsando una visita “in loco” de la CIDH con el objetivo de llevar a cabo la actualización del informe sobre México. Como valor agregado, se pudo obtener mayor información sobre la agenda de trabajo que la SEGOB y la PGR estarán impulsando en próximos meses.
En seguimiento a las audiencias, el viernes 5 de marzo, Stephanie Brewer (ProDH), Cristina Hardaga (Tlachinollan), Daniel Joloy (CMDPDH) y Ana Luna (CADHAC), presentaron en un evento público convocado por la organización Washington Office of Latin America (WOLA), los principales retos en materia de Derechos Humanos en México, así como las acciones urgentes que el Estado mexicano debe emprender para enfrentarlos.
Posteriormente, el sábado 16 de marzo, en unión con organizaciones de familiares y de la sociedad civil de Colombia, Guatemala, México y Perú, participamos en la audiencia “Desapariciones forzadas en las Américas”, dejando al descubierto la persistente práctica e impunidad de estos crímenes, que sumando las cifras oficiales de los cuatro países, rebasa las 107,000 personas desaparecidas. En esta audiencia, los peticionarios solicitamos a la CIDH la creación de una relatoría, unidad o grupo de trabajo especial sobre el tema y que en consulta con los Estados y las organizaciones de familiares y de derechos humanos presente un informe público en el 2014.
4 de marzo, 2013.
Boletín de Prensa No.1303/05.
CADHAC cumple 20 años de trabajo
Este 2013 Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos cumple veinte años de trabajo en favor de los derechos humanos en el estado de Nuevo León y, en ese marco, presentó un Programa de actividades que se realizarán a lo largo del año.
“CADHAC nace frente a un contexto de graves violaciones a derechos humanos. Cabe señalar, sin embargo, que en el último lustro los derechos humanos se han visto gravemente resquebrajados. Nos encontramos en un momento donde podemos decir que el respeto a los derechos humanos ha ido en franco retroceso”, señaló la organización que actualmente se aboca de manera fuerte a la atención de casos de personas desaparecidas.
“Cumplir 20 años es el resultado de un trabajo constante y profesional, sin embargo trae aparejado un sentimiento contradictorio, pues también significa que pese a dos décadas de camino, las violaciones a derechos humanos siguen afectando gravemente a la sociedad”, señalaron.
CADHAC presentó el Programa que llevará a cabo en el transcurso de 2013, el cual contempla, entre otras actividades, un Encuentro Nacional de Expertos en estrés postraumático en el mes de abril; una Muestra de documentales y presentación de libro de cuentos de derechos humanos en mayo; una Verbena popular en junio; una Mesa redonda por el Derecho a la Libertad de Expresión en julio; un Foro sobre Discriminación en agosto; una Exposición fotográfica en el mes de septiembre.
En la rueda de prensa estuvo la Dra. Bárbara Frey, quien es la directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota. Ella ofrecerá la capacitación “Hacia una estrategia de Advocacy en Derechos Humanos” los días 5 y 6 de marzo, la cual será la primera actividad de este Programa de actividades. Bárbara, aportará elementos para una táctica y estrategia desde la paz, en la defensa de los derechos humanos, ya no hay espacio para más inscripciones a este taller.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Día Internacional de la Mujeres: Jornada informativa y cultural.
Por el cumplimiento de las recomendaciones del
Comité de la CEDAW.
Las organizaciones abajo firmantes, conscientes de la vital importancia del cumplimiento de las recomendaciones que el Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres (Cedaw por sus siglas en inglés) ha hecho al Estado Mexicano, declaramos:
Que el Estado mexicano está obligado a garantizar todos los derechos a todas las mujeres mexicanas, establecidos en la Cedaw, y con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Que a nivel federal y estatal contamos con instrumentos legales que tutelan, además de igualdad y no discriminación, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Que el Estado libre y soberano de Nuevo León, está obligado a reconocer, garantizar y hacer valer las leyes, reglamentos y normas que emanen de la Constitución, así como de las recomendaciones del Comité de la Cedaw de 27 de julio de 2012, en las que expresa su profunda preocupación ante el aumento de feminicidios y de desapariciones forzadas en varios estados del país, señalando a Nuevo León en los Puntos 11, 17 y 18 del citado documento.
Que este documento de la Cedaw resalta la importancia del reconocimiento de los derechos laborales y recomienda la suscripción de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, C.156 sobre la igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares y el C.189 respecto a los derechos de las trabajadoras domésticas, vinculado con el Punto 29 respecto de la situación de las mujeres indígenas migrantes en Nuevo León; de igual manera en el Punto 19 insta a la Tipificación del Delito de Feminicidio.
Reconocemos que el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León acató la recomendación hecha por el Comité de la Cedaw, así como la demanda ciudadana, tipificando la Desaparición Forzada en fecha 13 de noviembre de 2012, publicándose el 13 de diciembre del mismo año en el Periódico Oficial del Estado.
Demandamos sean cumplidas en su totalidad las recomendaciones del Comité de la Cedaw y se instauren de manera urgente medidas conducentes a garantizar todos los derechos de las mujeres nuevoleonesas.
Hacemos un enérgico llamado a los tres poderes del Estado, para que asuman todas las recomendaciones emitidas por el Comité de la Cedaw, para garantizar a todas las mujeres, sin excepción, todos los derechos que se encuentran en los instrumentos jurídicos vigentes;
Exigimos al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que diseñen e implementen de manera urgente leyes, códigos de procedimientos y políticas públicas que conlleven a establecer y garantizar los derechos humanos de las mujeres que han sido violentados en nuestra entidad.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, nos pronunciamos:
¡Por el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de la Cedaw sin demora y con estricto apego a la LEY, demandamos igualdad, no discriminación y nuestro derecho a vivir libres de violencia!
Monterrey, Nuevo León, 3 de marzo de 2013.
Alternativas Pacíficas A. C.
Arthemisas por la Equidad A. C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C.
Colectivo Plural de Mujeres
Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León A. C.
Pro Salud Sexual y Reproductiva A. C.
RDfine Mexico
Zihuame Mochilla A. C.
26 de febrero de 2013
Comunicado No. 1302/04
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más grave y profunda preocupación por la situación de las personas desaparecidas en México y hace un llamado enérgico a las autoridades a realizar todas las medidas que sean necesarias, con el más absoluto respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, para dar una solución con justicia a esta tragedia. Es obligación de las autoridades investigar de forma diligente cada una de las desapariciones, encontrar el paradero de las víctimas y sancionar penalmente a los responsables.
En su reciente informe Los Desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada, la reconocida organización Human Rights Watch (HRW) documenta 149 casos de desapariciones forzadas de personas, es decir, de desapariciones en las que estuvieron involucradas autoridades. Esta cifra, como bien expresó la propia organización, es una muestra entre un número considerable de casos de desapariciones. Además de corroborar la existencia y gravedad del fenómeno de las desapariciones forzadas, HRW documenta una sistemática falla en las investigaciones y, consecuentemente, una enorme impunidad.
El informe de HRW expresa que el trabajo que se está realizando en el Estado de Nuevo León es alentador en tanto ha permitido un acercamiento entre las familias de las personas desaparecidas y las autoridades encargadas de la procuración de justicia. CADHAC ha sido parte de estos esfuerzos y reconoce la relevancia de los cambios ocurridos, entre ellos una mayor apertura de las autoridades, el seguimiento de líneas de investigación que antes no se estaban explorando, la participación directa de las familias de las víctimas y la tipificación de las desapariciones forzadas como delito autónomo en el código penal neolonés.
Sin embargo, sabemos que estamos lejos de vivir una auténtica vigencia de los derechos humanos, en que se respeten todos los derechos de las víctimas, se logren aplicar los mejores estándares de investigación en todos los casos y haya una política pública adecuada para evitar que casos similares sigan ocurriendo. CADHAC está trabajando para lograr estos fines, y estima que la construcción de esa realidad debe partir de lo ya alcanzado.
Dar solución a esta tragedia requiere la unión de múltiples esfuerzos y perspectivas, sustentadas en un respeto auténtico de los derechos humanos y la centralidad de las víctimas. El modelo de defensa que ha seguido esta organización es un elemento más en esta búsqueda de la verdad y la justicia para todas las personas que han sufrido a causa de la desaparición forzada.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización apartidista y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde el Estado de Nuevo León.
Señor Director:
En días recientes se han publicado algunos artículos cuestionando el número de casos incluidos en nuestro informe titulado “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”. Nuestro informe se basa en el análisis riguroso de 249 casos de desapariciones que se produjeron durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón. Tal como el informe lo señala, estos casos no representan la totalidad de las desapariciones registradas en el país, sino sólo una muestra de un fenómeno de gran envergadura. Todos los 249 casos se identifican en la última sección del informe, publicación que se puede consultar en Internet en: http://www.hrw.org/sites/
En 149 de estos 249 casos encontramos “evidencias [que] sugieren que se trató de desapariciones forzadas, es decir, participaron en ellas actores estatales en forma directa, o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia” (página 1). Sin perjuicio que todos los casos están debidamente identificados en el informe, incluyendo fecha de la desaparición, ciudad y estado donde habría ocurrido la desaparición, y fuerza de seguridad presuntamente involucrada en los hechos ilícitos (ver páginas 160-181), no todos los casos cuentan con el mismo grado de descripción en el informe. Lo anterior, no porque esos casos no existan, o por falta de evidencias suficientes para inducir la participación de agentes del Estado.
Al contrario, para llegar a esta determinación, tal como señalamos en el informe, no solo entrevistamos a las familias de las víctimas y autoridades, sino también “consultamos una gran variedad de documentos oficiales” (informes y registros de detención, expedientes judiciales, etc.) así como evidencias no oficiales (grabaciones captadas por cámaras de vigilancia, fotografías de detenciones, etc.).
Las razones por las cuales algunos casos no cuentan con información adicional en este informe, son las siguientes:
En primer lugar, varios de estos casos fueron incluidos en el análisis del informe del 2011, “Ni Seguridad, Ni Derechos” y, en marzo de 2012, estos casos fueron sometidos con amplia documentación al conocimiento de una comisión creada por el gobierno anterior, a raíz de nuestro informe, y presidida por el Secretario de Gobernación de la época.
En segundo término, la decisión de no incluir mayores detalles en algunos casos, se debió a que decidimos evitar reiteraciones, dado que las evidencias expuestas en los casos analizados en el informe eran más que suficientes para sustentar nuestras conclusiones. Sin embargo, podríamos haber aportado información adicional sobre estos casos, ya que en ellos las pruebas son igualmente sólidas. De hecho, entre estos casos se encuentran varias desapariciones en Apodaca, Nuevo León, cuyas evidencias han servido para consignar a seis policías, el 24 de diciembre del 2012.
Por último, tal como lo señalamos en el informe, “en varios casos, los nombres y otros datos identificatorios de las víctimas no se han divulgado para preservar su seguridad y la de sus familiares” (página 161). Este punto se reitera en el informe cuando se afirma que:
“En algunas de las entrevistas realizadas por Human Rights Watch, familiares de víctimas, amigos y testigos pidieron que no se divulgaran sus nombres ni los de las personas desaparecidas. A menudo, este pedido era motivado por el temor a la posibilidad de que hablar en público sobre el caso pudiera causar algún perjuicio a la persona desaparecida o incluso provocar nuevas desapariciones como represalia por denunciar los delitos cometidos por organizaciones delictivas o autoridades.” (página 18)
Ante estas familias tenemos la máxima responsabilidad profesional y nos comprometimos a mantener la confidencialidad de sus casos y solo compartir esta información –previa autorización– con las autoridades pertinentes que garanticen una investigación seria, sin riesgos para los denunciantes.Precisamente, en las reuniones que sostuvimos la semana pasada con el Dr. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y el Dr. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, discutimos nuestros planes de entrega de las evidencias obtenidas en la totalidad de los 249 casos de desaparecidos, medida que pensamos implementar próximamente.
Finalmente, quisiera dejar constancia de la receptividad del actual gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto frente a este informe, y de la decisión de dar a conocer la base de datos que registra 26.121 personas desaparecidas, así como la creación de la Comisión Especial Federal para la búsqueda de personas desaparecidas. Sobre este particular, quisiéramos reiterar lo expresado a las autoridades del gobierno de México en el sentido que si bien la búsqueda de los desaparecidos es absolutamente central, también lo es, efectuar investigaciones judiciales exhaustivas para asegurar que se juzgue a los responsables de estas atrocidades.
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
01 de febrero de 2013
Boletín de Prensa No. 1302-04
Se lleva a cabo la XII REUNIÓN ENTRE CADHAC, FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL Estado de Nuevo León
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) informa que el día de hoy se llevó a cabo la décimo segunda reunión entre miembros de esta organización, familiares de personas desaparecidas y la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León. En esta ocasión se contó, asimismo, con la presencia de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Esta organización celebra que se siga dando continuidad a estas reuniones, que han probado ser un mecanismo flexible y eficaz para vigilar y promover que las autoridades estén cumpliendo con su obligación de investigar adecuada y diligentemente las desapariciones de personas. Mediante este mecanismo ciudadano de participación los familiares de las víctimas pueden conocer cómo se están llevando los casos. Al día de hoy, se han identificado los restos de siete personas, se tiene información de lo que pudo suceder a otras 32 personas. Asimismo, 40 personas han sido consignadas por diversos delitos cometidos en el marco de las desapariciones.
Durante esta reunión se trabajó sobre 33 casos, para conocer cómo se están llevando las investigaciones. La presencia de los investigadores y del Procurador, de los familiares, de abogados de derechos humanos y, en esta ocasión, de altos funcionarios federales, ayuda a que en las mesas de trabajo se puedan discutir los pormenores de las investigaciones y se puedan tomar decisiones para seguir avanzando en la búsqueda de la verdad.
Como es usual, un contingente de familiares, activistas y otras personas solidarias nos acompañó desde las oficinas de CADHAC hasta la sede de la Procuraduría, lugar en que manifestaron pacíficamente la urgencia de encontrar a todas las personas desaparecidas.
Esta organización considera necesario que se aplique la nueva tipificación local que reconoce como delito la desaparición forzada de personas y no descansará hasta que las investigaciones den frutos satisfactorios y se dé con el paradero de todas las personas desaparecidas.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Nada que celebrar en México
Por José Miguel Vivanco
A primera vista, parecía que se trataba de una broma de mal gusto. En el día internacional de los derechos humanos, el Embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, publicó un artículo “celebrando” los avances de México en derechos humanos. “Estados Unidos reconoce al gobierno de México”, señaló en el diario El Universal, “por los esfuerzos que ha hecho para promover la protección de los derechos humanos”.
Resulta difícil imaginar un momento menos oportuno para tan inmerecido elogio.
El Embajador Wayne expresó este reconocimiento a menos de dos semanas de las estremecedoras revelaciones del Washington Post, que indicaron que según la Procuraduría General de la República, cerca de 25.000 mexicanos desaparecieron durante los pasados seis años, a causa de la violencia vinculada con el narcotráfico. La cifra fue filtrada por un analista gubernamental que temió que ni el gobierno saliente de Felipe Calderón ni el entrante de Enrique Peña Nieto, estuvieran dispuestos a admitir que tantas personas pudieran simplemente desaparecer, ni mucho menos a investigar lo sucedido.
Las desapariciones son sólo una cara del nefasto legado que ha dejado la “guerra contra el narcotráfico” del Presidente Calderón. Durante su mandato, soldados y policías recurrieron en forma sistemática a la tortura para obtener confesiones en el marco de la lucha contra los carteles y cometieron numerosas ejecuciones. Prácticamente ninguno de los responsables ha sido sancionado. De las casi 5.000 investigaciones iniciadas por la justicia penal militar, entre diciembre de 2006 y abril de 2012, solo 38 soldados fueron condenados.
Durante gran parte de su gestión, Calderón sostuvo que no conocía ningún caso de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Cuando me reuní con él a fines de 2011, admitió finalmente que muchos de estos abusos habían ocurrido. Lamentablemente, las escasas medidas que luego adoptó fueron insuficientes y tardías.
Si bien Peña Nieto al menos ha reconocido el fracaso de la política de Calderón, Washington pareciera no haberse hecho eco de esta situación. Lo cierto es que los elogios del embajador actual en México están en sintonía con la postura del gobierno de Obama, que ha celebrado frecuentemente los esfuerzos de Calderón en su ofensiva contra los carteles, como cuando aplaudió la “valentía” de Calderón en conferencias de prensa en marzo de 2011 y abril de 2012. Obama en ningún momento ha manifestado públicamente preocupación por los terribles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de ese país.
Las acciones del gobierno de Obama han sido consistentes con su discurso. Desde 2007, Estados Unidos ha aportado ayuda por aproximadamente US$ 2 mil millones para combatir la delincuencia organizada en México. Parte de estos fondos se han destinado a programas valiosos, como la capacitación del Ministerio Público. Un porcentaje de la ayuda destinada a las fuerzas de seguridad supuestamente está supeditada al cumplimiento de requisitos en derechos humanos. A pesar de que tales requisitos nunca han sido cumplidos, Washington ha aprobado los fondos con regularidad.
El análisis más honesto que ha presentado el gobierno de Obama sobre la situación en México, provino del predecesor de Wayne –Embajador Carlos Pascual– quien envió varios cables a Washington advirtiendo sobre la corrupción, la incompetencia y los abusos de las fuerzas de seguridad. Cuando los memorandos fueron filtrados por WikiLeaks, Calderón exigió el retiro del Embajador Pascual. En vez de apoyar al embajador o abordar sus denuncias, Obama aceptó su renuncia y nombró a Anthony Wayne en su reemplazo.
El Presidente Peña Nieto ha expresado su intención de abandonar la frustrada “guerra contra el narcotráfico” y enfocarse en cambio en la reducción de la violencia. Pero no ha dicho cómo lo hará, ni cómo enfrentará los abusos cometidos. De hecho, su principal estrategia parece estar encaminada a desviar la atención del tema de seguridad y enfocarla en la economía. Hasta ahora, el gobierno de Obama se muestra más que satisfecho con seguir esta línea.
Esto sería un error. El Presidente Obama debería manifestarse en forma pública y contundente sobre la necesidad de abordar las prácticas abusivas de las fuerzas de seguridad mexicanas, no sólo porque corresponde, sino además porque contribuye a generar confianza pública en las fuerzas de seguridad, condición indispensable para enfrentar con eficacia a la delincuencia organizada. Obama debería exigir que se cumplan los requisitos de derechos humanos impuestos por el Congreso para la ayuda a México. Y debería instar al Presidente Peña Nieto a que impulse un plan concreto para juzgar abusos del pasado y evitar su repetición.
Continuar celebrando políticas que han fracasado no contribuirá en absoluto a que México pueda salir de este espiral de caos y violencia que ya ha cobrado demasiadas vidas.
José Miguel Vivanco es Director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Este artículo fue publicado originalmente en inglés por The Washington Post.
25 de enero de 2013
Boletín No. 1301-03
POSICIONAMIENTO DE CADHAC RESPECTO AL FALLO DE LA SCJN EN EL CASO CASSEZ
CADHAC ha seguido con extremo interés el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) en el caso de la señora Florence Cassez, ya que cualquier decisión de nuestro tribunal constitucional relativa a los estándares del debido proceso y del acceso a la justicia tiene el enorme potencial de repercutir en la vida de miles de personas. CADHAC se congratula de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya decidido hacer prevalecer los derechos humanos y, a la vez, se lamenta que el mal manejo de la investigación haya arruinado la posibilidad de las víctimas de acceder a la verdad y la justicia al provocar la imposibilidad de establecer si la persona ahora liberada era o no penalmente responsable del delito del que se le acusó.
No pasa desapercibido que un enorme sector de la población se ha manifestado en contra de este fallo. Esta organización no tiene una postura sobre la posible inocencia o culpabilidad de la señora Cassez, pero expresa su más clara convicción de que cualquier persona, para ser privada de su libertad, tiene que ser sometida a un juicio en que se respeten los derechos humanos de todas las personas involucradas, incluyendo las víctimas u ofendidos, que sea transparente, y que lleve al descubrimiento de la verdad histórica de lo acontecido. En caso de duda lo único procedente es liberar a la persona, ya que es inadmisible tener en la cárcel a gente inocente.
Ese tipo de procedimientos son muy difíciles de lograr bajo el actual sistema de procuración e impartición de justicia. Ante esto, hacemos un enérgico llamado para que se redoblen los esfuerzos encaminados a la correcta y pronta implementación de la reforma constitucional en materia penal que se publicó desde 2008. A su vez, es necesario que las legisladoras y los legisladores federales den una muestra clara de su compromiso por legislar con perspectiva y compromiso por los derechos humanos y, en consecuencia, rechacen la contrareforma al artículo primero constitucional recientemente propuesta.
Sólo en un país de derechos para todas y todos es posible la convivencia pacífica y el desarrollo de la potencialidad humana. El doloroso caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos debe servir de señalamiento claro de que la construcción de un auténtico Estado Democrático y Social de Derecho requiere asumir la inviolabilidad de los derechos humanos de todas las personas, sin distingo alguno.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización apartidista y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde el Estado de Nuevo León.
15 de enero, 2013.
Boletín de Prensa No. 1301/BP002
La seguridad de la ciudadanía, derecho violentado
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) externamos nuestra preocupación frente a la serie de ejecuciones perpetradas en los días que han transcurrido en el presente año en el estado de Nuevo León. Particularmente demandamos la inmediata aplicación de la ley y reparación del daño en el caso de Adrián Javier González Villarreal, estudiante de la UANL, ejecutado extrajudicialmente por agentes policiacos del municipio de Santa Catarina, N.L. el pasado 13 de enero del año en curso.
Aunado a las ejecuciones perpetradas por la delincuencia organizada en el marco de un contexto resquebrajado por la violencia, se generan situaciones evidentemente violatorias a derechos humanos, donde quienes tienen el encargo de brindar seguridad a la ciudadanía son quienes cometen el delito, abusando de la autoridad que les ha sido conferida, como el caso de Adrián Javier.
Es urgente replantear las estrategias de seguridad que se están aplicando en todos los niveles de gobierno. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, bajo un marco normativo que garantiza la integridad de todas las personas. El uso desmedido de la fuerza pública y la violencia, no se justifican y deben ser sancionadas sobre todo cuando la vida de la ciudadanía se está poniendo en riesgo.
La muerte de Adrián Javier González Villarreal, de 20 años, a manos de policías del municipio de Santa Catarina, forma parte de las 59 personas que han sido ejecutadas en el presente año dentro del contexto de la lucha contra el narcotráfico donde se incluye también la muerte de Julio Abraham, niño de 11 años, asesinado con arma de fuego mientras jugaba futbol en el municipio de Juárez N.L. La actual estrategia de seguridad sigue generando víctimas y las autoridades dan pocas señales de entender que su actuar debe estar sujeto al marco jurídico vigente en materia de derechos humanos. Incluso autoridades municipales han militarizado sus cuerpos policiacos.
En este contexto CADHAC se pronuncia en contra de la violencia perpetrada en el estado y demanda la inmediata aplicación de la ley, con los agravantes a los policías responsables de la muerte de Adrián Javier González Villarreal, así como la reparación del daño. De igual manera urgimos a la revisión de la estrategia de seguridad a seguirse en la entidad, la cual sea reconstruida desde la perspectiva de derechos humanos, como lo marca la legislación internacional en la materia.
