8 de febrero de 2010
Visita de Fernando Gómez Mont a Juárez
Comunicado de Prensa
El día de hoy las organizaciones Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Mesa de Mujeres, A.C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cossydhac), y familiares de Nitza, Rocío, José Ángel y Manuel entregaron una carta al Secretario de Gobernación en la que le informan que “en el Estado de Chihuahua existen actuaciones ilegales y graves que han realizado las autoridades que –en teoría- deberían garantizar el estado de derecho”. En la carta, refieren que un plan social es adecuado pero “no será suficiente para devolvernos la tranquilidad y la paz si no se garantiza la procuración de justicia y la aplicación de la ley, aún cuando ésta pueda afectar intereses militares”.
Las organizaciones de la sociedad civil le informan que en el estado de Chihuahua existen abusos militares aunque es posible que él no los sepa y le recuerdan el caso de “Nitza Paola Alvarado Espinoza de 18 años, Rocío Irene Alvarado Reyes de 31 años y José Angel Alvarado Herrera de 20 años quienes fueron detenidos el 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 8 de la noche, en la Comunidad de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua, por diez militares que portaban uniformes y armas oficiales, quienes se los llevaron con violencia y sin presentar ninguna orden judicial frente a varios de sus familiares y testigos”
En la carta refieren que si bien la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) negó que los militares tuvieran a estas tres personas, funcionarios de la Procuraduría del Estado refirieron que ellos tenían información de que habían estado en el 35 batallón de infantería, además lo invitan a corroborar –tal como lo hicieron las organizaciones y familiares- que la camioneta donde viajaban Rocío y José Ángel está en manos de las autoridades y se encuentra actualmente en “el corralón” de la Procuraduría en Nuevo Casas Grandes. ¿Si la SEDENA no está involucrada en el caso, por qué los militares la incautaron y la pusieron a disposición de la Procuraduría y la camioneta se encuentra en manos de las autoridades pero las personas permanecen desaparecidas?
Refieren además que el 6 de febrero, militares en activo, con armas y en un vehículo hummer – con número de identificación en la puerta 0920044 -acudieron a la casa de la madre de José Ángel para intimidarlos y cuestionarlos sobre su vida personal e hicieron referencia explícita a los tres muchachos desaparecidos.
Asimismo las organizaciones le comunican a Gómez Mont sobre el caso de “Manuel Ubaldo Hernández Ortiz, de 20 años, quien fue detenido el 17 de octubre de 2009 en Ciudad Juárez, alrededor de las 11:30 de la noche. Al salir de un salón de baile, Manuel junto con dos amigas y un amigo fueron detenidos por militares quienes realizaban un operativo. No encontraron nada, sin embargo a Manuel se lo llevaron frente a sus amigos y los testigos sin dar explicaciones y nuevamente sin ninguna orden judicial ni la existencia de algún delito. Manuel fue incomunicado durante 12 horas y sus familiares no supieron de él hasta el día siguiente a mediodía, cuando lo presentaron en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Juárez con evidentes contusiones y golpes en el cuerpo. Lo acusaron de posesión de mariguana y cocaína. El informe de los militares no coincide con lo que relatan todos los testigos pues los militares afirman que Manuel fue detenido en otra calle y a otra hora e incluso, como se asienta en el expediente, los militares han caído en contradicciones”
La carta menciona que el día de hoy 8 de febrero de 2010, habrá un careo entre militares y los testigos en los juzgados federales. Los familiares harán una protesta fuera de los juzgados para pedir que se aplique la ley y la justicia, pues el acusar y condenar a jóvenes que son inocentes no va a devolver la confianza a los juarenses, al contrario, es un claro mensaje para quienes delinquen y violan la ley de que ellos son intocables. La impunidad de la que gozan los verdaderos delincuentes permite que la violencia continúe.
Las organizaciones firmantes le solicitamos al Secretario de Gobernación que las autoridades municipales, estatales y federales en el Estado de Chihuahua deben aplicar la ley para proteger a los más débiles y sancionar a quienes con armas abusan de su poder, de lo contrario, estaremos condenados a que no haya justicia, a que la impunidad continúe y a que la violencia no termine.
Finalmente, le solicitamos que no sólo se reúna periódicamente con las organizaciones que apoyan incondicionalmente la estrategia de guerra del gobierno llevada cabo durante los últimos años, le solicitamos que se reúna con quienes pensamos diferente, con quienes hemos documentado los daños colaterales de esta guerra en la que la estrategia ha fallado. Asimismo, le pedimos que no nos olvide aunque usted se vaya a la Ciudad de México, a 2000 kilómetros de distancia, porque nosotras y nosotros nos quedamos, y somos quienes diariamente y sin protección del estado mayor presidencial caminamos por las calles de este estado.
No puede haber un plan integral desde Bucareli a miles de kilómetros de aquí, sin procuración de justicia y menos aún si se empeñan en marginar al gobierno estatal, municipal y a las organizaciones de la sociedad civil.
