Reunión CADHAC – Relator Tortura ONU 2014 from Colaborador on Vimeo.
el 10 de junio de 2013,
•La acción de la alcaldesa es una afrenta al principio histórico de separación de las iglesias y el Estado, y es una violación directa a la Constitución.
•El H. Congreso del Estado de Nuevo León debe, además de vigilar la no repetición de estos actos, demandar a la alcaldesa se ciña al ordenamiento constitucional.
Zihuame Mochilla, A.C. y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifestamos nuestra alarma y profunda indignación por las acciones de la licenciada Margarita Alicia Arellanes Cervantes, alcaldesa de la ciudad de Monterrey, que en un acto público en que confundió su feligresía personal y su investidura como presidenta municipal de la ciudad, hizo entrega simbólica de la Ciudad a Jesucristo.
Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento somos profundamente respetuosas tanto de la libertad religiosa como de la separación de las iglesias y el Estado, que es un principio fundamental sobre el que están construidas las libertades de los individuos y de los grupos.
La acción de la alcaldesa consistió en acudir a un acto a “entregar la ciudad a Jesucristo”, lo que es un hecho profundamente antidemocrático y antirrepublicano, que olvida que la ciudad es de todas y todos, de aquellas personas que comparten su fe, de aquellas que tienen otras creencias y de aquellas que son ateas. Con su actuar, además de insultar los ideales en los que se fundó la República, desconoce la enorme diversidad de ideas y creencias que enriquece a nuestra comunidad.
En el evento, la alcaldesa citó el acta de la fundación de la ciudad, que data de 1596, al hacerlo, la política regiomontana olvidó que han pasado más de cuatrocientos años en los que hubo luchas muy duras y sangrientas que culminaron con el entendimiento de que es la tolerancia de todas las creencias -o de la ausencia de ellas- lo que permite una convivencia pacífica, productiva y creativa, y que eso solamente es posible en el marco de un Estado absolutamente laico.
Las acciones de la alcaldesa no son solamente impropias, sino que son inconstitucionales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proclama en su artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal. Por su parte, el artículo 130 constitucional garantiza la separación entre las iglesias y el Estado.
Por lo tanto, rechazamos firmemente esta injerencia de las creencias religiosas en la vida política de la comunidad y solicitamos al H. Congreso del Estado de Nuevo León a que, en aplicación de la Constitución federal y de la Constitución de nuestra entidad, demande a la alcaldesa se ciña al ordenamiento constitucional que ella tan vehementemente ha perturbado.
05 de junio de 2013
Las OSC exigen a autoridades investigar, sancionar a las personas responsables y reparar la integridad de las víctimas
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) condenan enérgicamente la detención arbitraria y malos tratos a los que fueron sujetos niños y jóvenes mientras jugaban futbol cerca de sus hogares.Las acciones por parte de agentes del Estado constituyen serias violaciones a la libertad, al juego y el esparcimiento, a la integridad física y psicológica, honra y dignidad; derechos humanos que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar al haber firmado la Convención sobre los Derechos del Niño.
La semana pasada elementos de la corporación Fuerza Civil que viajaban a bordo de la patrulla 793, realizaron detenciones arbitrarias y actos vejatorios en contra de un grupo de niños y jóvenes de entre 8 y 20 años, por jugar fútbol en la vía pública en el centro de la ciudad de Monterrey [1]. Los maltratos de que fueron víctimas niños y jóvenes incluyeron amenazas, burlas y humillaciones, golpes, pisotones en las manos y revisiones arbitrarias e ilegales, además, fueron obligados a realizar lagartijas e ilegalmente retenidos en el lugar hasta que sus familiares exigieron a las autoridades que los liberaran.
Estos actos resultan irracionales e inaceptables. La sociedad requiere de cuerpos de policía que auténticamente se dediquen a protegerla, no a lastimar y humillar a niños que jueguen en la calle. Es inadmisible que los cuerpos armados, en vez de dedicarse a solucionar los gravísimos problemas de seguridad de la ciudad, se dediquen a cometer delitos y abusar de las personas.
Lo ocurrido además da cuenta del desdén de las autoridades por la dignidad de uno de los grupos etarios situados en mayor grado de vulnerabilidad en nuestro país. Por lo anterior, exigimos a las autoridades del Estado de Nuevo León:
Atentamente
Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México
Hna. Consuelo Morales E.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
[1] Reporte Índigo, 4 de junio de 2013, Fuerza Civil. “Utilizan fuerza vil y lastiman a menores que juegan futbol”
31 de mayo de 2013
BP. No. 1305/14
Los días 29, 30 y 31 de mayo se llevó a cabo una mesa de trabajo para la elaboración del Protocolo de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, en la que participaron un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, una persona de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un Consultor independiente en materia de Derechos Humanos de Colombia y miembros del equipo Jurídico de CADHAC.
De igual forma se tuvo una reunión con integrantes de la Procuraduría del Estado para ir planteando las ideas estructurales del Protocolo, misma que fue muy enriquecedora para el grupo de trabajo que está en vías de desarrollar el documento.
Este protocolo tiene como objetivo:
• establecer pautas de actuación,
• estandarizar procedimientos,
• diseñar herramientas
A fin de garantizar una eficaz coordinación interinstitucional de los funcionarios públicos responsables de la búsqueda e investigación de la desaparición de una persona, con el propósito de dar con su paradero, esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables, y garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas y ofendidos
Este trabajo ha sido posible gracias a la persistente demanda de los familiares que desde 2011 juntos buscan a sus seres amados. Así como la apertura de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, ya que estamos ante un esfuerzo de articulación entre autoridades y sociedad civil para que la actuación de las autoridades involucradas, en la investigación sea cada vez mas eficiente. Con este instrumento se pretende institucionalizar y estandarizar la actuación aprovechando la experiencia que se ha generado en este tiempo.
No se ha finalizado el Protocolo que contempla un Formulario estatal de búsqueda urgente, que sin duda alguna enriquecerá el actuar de los fiscales encargados de este tipo de casos.
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Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
31 de mayo de 2013
BP. No. 1305/13
LA REFORMA CONTRA EL CYBERBULLING ES UN ATAQUE GRAVE
CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., (CADHAC) condena enérgicamente la adición del artículo 345 BIS al Código Penal de nuestra entidad, aprobada el pasado 29 de mayo, por el que supuestamente se estaría combatiendo el “cyberbulling” pero que en realidad no es más que un desproporcionado ataque a la libertad de expresión.
Los más altos estándares de derechos humanos, indican que los delitos contra el honor, como es precisamente el delito de difamación, deben desaparecer y dar pie solamente -cuando así corresponda- a responsabilidad civil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó en el caso Tristán Donoso que una medida penal a propósito de la libertad de expresión sólo cabe en casos gravísimos, tomando en cuenta “la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales”.
Por su parte, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró, en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México “Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre ellos, los contenidos en (…) los Códigos Penales Estatales”. En el mismo informe la Relatora dio cuenta de los estados que aún penalizan la difamación, incluyendo Nuevo León, y reiteró su llamado para que todos los estados sigan el ejemplo de despenalizar los delitos contra el honor, especialmente respecto a asuntos de interés público.
Lejos de adoptar estos requisitos de los derechos humanos, el Congreso de Nuevo León ha aumentando la definición legal de este delito, supuestamente para evitar el cyberbulling pero con efectos devastadores para la libertad de expresión. El nuevo artículo dispone:
Artículo 345 BIS. También se considera difamación quien difunda, revele, ceda o transmita por cualquier medio una o más imágenes o grabaciones audiovisuales para causarle a una o varias personas la deshonra, descrédito, perjuicio o exponerla al desprecio de alguien, se le impondrán de uno a dos años de prisión y multa de doscientas a mil cuotas.
Ante esto, hacemos un enérgico llamado el gobernador de Nuevo León para que en ejercicio de sus facultades constitucionales ejerza sus facultades para impedir que esta norma legislativa entre en vigor. Asimismo, exhortamos al Congreso del Estado a examinar su postura y a convocar a un debate amplio sobre este tema. Consideramos que el Estado debería sancionar penalmente sólo las más graves conductas y abstenerse de utilizar el derecho penal como una salida fácil para solucionar otro tipo de situaciones.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización apartidista y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde el Estado de Nuevo León.
Participación en la Preaudiencia: desapariciones forzadas
y ejecuciones extrajudiciales en México del TPP
boletín de prensa: 1306/013
Ciudad de México, D.F. Mar. 29 de Mayo de 2013. Los días 28 y 29 de mayo de 2013, se llevó a cabo la “Preaudiencia sobre Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales en México; una política permanente de estado” del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Este Tribunal Ético Internacional, cuya sede se encuentra en Roma Italia, está documentando casos de Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales, dentro de su Eje Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, que es uno de los siete ejes definidos para el Capítulo de nuestro país, donde se denunciarán y visibilizarán las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado.
La Preaudiencia se realizó en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, exponiéndose casos de diversos puntos del país. En particular el 29 de mayo fue presentado el caso de Israel Arenas Durán, Adrián Nava Cid, Reynaldo García Álvarez y Javier García Álvarez, jóvenes desaparecidos el 17 de junio de 2011 por elementos de Policía y Tránsito del Municipio de Juárez, Nuevo León.
CADHAC y Luz María Durán, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, expusieron los hechos y el momento en el que se encuentra el caso. Por parte del jurado, Pilar Calveiro refirió la importancia de enmarcar el caso en el delito de Desaparición Forzada, recientemente integrado al Código Penal del estado Nuevo León, gracias al esfuerzo de organizaciones sociales, y familiares de personas desaparecidas. Esto implica tener claro que la actuación de los policías que desaparecieron a los jóvenes se encontraba bajo un mando mayor que debe ser indagado y sancionado.
Además de Calveiro, la mesa de jueces estuvo integrada por David Bermúdez, Beatriz Torres, Francisco Cerezo, José Rosario Marroquín, siendo también parte Santiago Corcuera y Carlos Fazio, entre otras personalidades.
Junto al caso de Juárez, N.L., fueron presentados otros casos como el de Sucumbíos, donde 25 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. La audiencia final se realizará en 2014, donde se presentarán casos frente a los cuales el Tribunal emitirá juicios por violaciones a derechos humanos.
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Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización apartidista y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde el Estado de Nuevo León.
boletín de prensa: 1305/013
Monterrey, N.L. Sab. 25 de mayo de 2013. Miembros de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C (Cadhac), el grupo de Familiares de Víctimas de Desapariciones en Nuevo León, Laguneros por la Paz y Zacatecanos por la Paz; mostrando su interés en generar redes de coordinación y solidaridad, se reunieron el 25 de mayo del presente año con el fin de discutir puntos de interés común como lo son La Ley General de Víctimas, su implementación en los estados y lo que se plantea respecto a el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Respecto a la Ley General de Víctimas discutimos los puntos claves sobre la organización del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que será presidido por el Ejecutivo Federal, y contará con una Comisión Ejecutiva que estará integrada por tres miembros de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y cuatro Académicos con experiencia sobre víctimas.
En cuanto a la homologación de la Ley General en las Entidades Federativas, hablamos sobre lo que pasa en cada estado, mientras los Congresos Locales de Coahuila y Zacatecas no han mostrado una iniciativa para ello; Nuevo León en diciembre de 2012, un grupo parlamentario exteriorizó una iniciativa de Ley Estatal de Víctimas. CADHAC considera relevante en análisis e incidencia del grupo de familiares de personas desaparecidas y Organizaciones Civiles a fin de al menos homologar a la Ley Federal.
Laguneros por la Paz ha empezado un grupo de trabajo con Víctimas; durante la reunión se compartieron las experiencias en atención psicológica y trabajo con víctimas; se planteó seguir en coordinación para los retos que se presenten en el área a futuro.
Se valora importante crear lazos entre organizaciones que trabajen en la protección integral de los derechos humanos, ya que al final todos caminamos hacia una misma dirección.
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Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización apartidista y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde el Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de mayo de 2013
Lic. Carmen Lira Saade
Directora General
Periódico La Jornada
Estimada Directora
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que somos un grupo de personas unidos por la tragedia de tener un familiar desaparecido; y que a lo largo de casi dos años seguimos unidos luchando por encontrar a nuestros seres queridos, demandado a las autoridades justicia y resultados, cabe mencionar que en nuestra lucha no estamos solos, pues nos abraza con amor y solidaridad la institución de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), así como la hermana Consuelo Morales o la “Monja Consuelo Morales” como la llamaron con desprecio en su publicación del día domingo 19-diecinueve de mayo del presente año, derivada de una nota periodística a todas luces mal intencionada y difamatoria, que escribe la Sra. Sanjuana Martínez, dadas las circunstancias que envuelven dicha nota, respetuosamente nos dirigimos a Usted con el fin de pronunciarnos al respecto en los términos siguientes:
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), es una Institución creada en apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las personas, cuya misión principal en el caso que nos atañe ha sido y es el apoyo, asesoría y atención a gente como las suscritas y así como a la según veintena de afectados que menciona la reportera SANJUANA MARTINEZ en la mencionada publicación, para los casos de familiares desaparecidos durante los últimos años y como Usted sabe que como en toda familia hay reglamentos, y como principio numero 1-uno es el Respeto, que en ciertos casos algunos compañeros, no quisieron cumplir y decidieron por voluntad propia retirarse de nuestro grupo, argumentando una serie de situaciones que salen a la luz a raíz de su publicación y que resultan en afirmaciones por demás calumniantes, difamantes y carentes de cualquier elemento que funde y sustente su dicho. Así mismo, es preciso decir que nuestra hermana Consuelo Morales no excluye a nadie del grupo, como tampoco nos prohíbe hablar mal o pronunciarnos en ningún sentido tanto del gobernador de nuestro Estado, o alguna otra autoridad estatal o federal, ni mucho menos nos lastima ni maltrata, ni tenemos que “pedirle permiso para todo”, como injustamente se dijo en su mencionada publicación. Eso comentarios solo desinforman a los lectores de sus periódicos y ponen en entredicho la reputación y buen nombre de Asociaciones como CADHAC y de personas como el de nuestra dirigente y hermana Consuelo Morales, que desinteresadamente apoyan causas como la de las suscritas, por lo que ante tales afirmaciones nos vemos en la necesidad de hacer valer nuestro derecho de réplica.
Sin más por el momento y reiterándole nuestro respeto a Usted y al periódico que representa, le solicitamos la publicación de este escrito,
A t e n t am e n t e,
Adela García Flores, Alicia Solís, Alma Zarazúa, Antonio Alemán González, Beatriz Hernández Aguilar, Bertha Tapia Alfaro, Blanca Estela Flores González, Carmen de la Garza, Carmen Reyes, David Ovalle, Diseña Lizzeth Leija, Dora María Téllez, Edgar García Arreola, Elba Aguirre Dávila, Evangelina Arreola, Francisca Tovar, Herlinda Vázquez Aguilar, Javier Gutiérrez Quistán, José Juan Mejía Vázquez, Laura Granados, Laura Martínez, Luz María Durán, Ma. Elena Gutiérrez Mancha, Ma. Lorena Martínez Gamboa, Manuela Lumbreras, Marcela Muñiz, María de la luz Mancha, María Guadalupe Sánchez Estela, María Guadalupe Vázquez, María Núñez Moreno, María Teresa Cervantes, Martha Herrera, Norma Luna Martínez,Ramón Vázquez, Rosa I. Marchand, Rosalinda Moreno, Rossy González, Sandra Elisa Fernández, Verónica Ortega, Virginia Buenrostro Romero.
Respuesta a La Jornada con respecto al artículo
“Clara inoperancia del estado en solución de ejecuciones extrajudiciales, señala ONG”
20 de mayo de 2013
C. Carmen Lira Saade
Directora General
Periódico La Jornada
Muy estimada licenciada Lira,
El Consejo Directivo de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., (CADHAC) organización de la sociedad civil que desde hace 20 años se dedica a la promoción y a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León se dirige a usted a fin de solicitar el derecho de réplica correspondiente ante la nota publicada ayer domingo 19 de mayo en La Jornada bajo el título “Clara inoperancia del estado en solución de ejecuciones extrajudiciales, señala ONG” debido a una serie de graves imprecisiones y de un manejo claramente tendencioso en la nota referida. Al respecto externamos lo siguiente:
1) Es necesario recordar que nuestra organización no manejó la agenda del señor Christof Heyns, Relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, durante su reciente visita a México, los relatores especiales son expertos independientes que establecen sus propias formas de trabajo y que visitan países en su calidad de altísimos funcionarios internacionales. Por lo tanto, debemos aclarar que no es cierto, como afirma la nota, que “El visitador fue informado de los casos por una sola agrupación” (sic). Lo que sucedió fue que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó a CADHAC el espacio físico a fin de que el Relator Especial pudiera realizar reuniones con cuatro organizaciones del norte del país que estuvieron presentes: FUNDEC y la Casa del Migrante de Coahuila, Centro de derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamps. y CADHAC de Nuevo León.
2) La reunión de CADHAC con el relator —que fue breve porque como indicamos antes el funcionario sostuvo reuniones con cuatro colectivos— incluyó la entrega de un dossier informativo sobre la situación en el tema de ejecuciones extrajudiciales en Nuevo León, en dicho documento se asentaron 10 casos, incluidos los casos que la nota erróneamente afirma que fueron excluidos, además en el dossier se denunciaron las más de 124 muertes que han ocurrido en los últimos años en los centros penitenciarios de Nuevo León. Aunado a ello se invitó a dos familias para que dieran personalmente su testimonio, esto se hizo de buena fe y sin la intención de excluir, sino para que el relator pudiera escuchar directamente a víctimas y se pudiera evidenciar, a partir de estos casos, la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que suceden en nuestro estado.
3) Cabe aclarar que a la reunión con el Relator llevada a cabo en las oficinas de CADHAC, no asistió el gobernador y ningún otro funcionario del Estado de Nuevo León.
4) En referencia a lo que supuestamente dijo el señor Jorge Otilio Cantú, es necesario aclarar que, desde el 18 de abril, él fue informado de la reunión e invitado a estar presente en la misma. Sin embargo, el señor Cantú nos informó posteriormente, vía telefónica, que no asistiría pues expondría su caso directamente en la Ciudad de México.
5) La nota sugiere que CADHAC sacó el expediente de la señora Compeán de la Procuraduría General de Justicia del Estado. CADHAC no tiene facultad legal, y por ende no decide el destino de los casos ante ninguna instancia de gobierno. Por otra parte, si lo que se pretendía afirmar con ese párrafo es que dicho caso no se toca en las reuniones de trabajo que sostienen familiares de personas desaparecidas, personal de CADHAC y la Procuraduría, es preciso recordar que en tales reuniones sólo se abordan casos de Desaparición, no de Ejecución Extrajudicial, por lo que el caso señalado no se abordó en ningún momento en dichas reuniones.
6) También precisamos que CADHAC, no tiene facultad alguna para decidir sobre el cierre de expedientes o averiguaciones en la Procuraduría. Por el contrario, la exigencia de esta organización siempre ha sido que se investiguen todos los casos, incluyendo aquellos casos que no son acompañados por CADHAC, aunque tampoco se puede esperar que esta organización intervenga en procesos legales en los que no representa a las víctimas, hacerlo sería una falta ética e incluso legal.
7) A partir de los casos de Desaparición de personas, hemos establecido desde 2011 Mesas de Trabajo con la Procuraduría, donde mantenemos una posición de demanda de justicia. Hasta el momento no sostenemos reuniones con el Gobernador.
8) El Consejo Directivo de CADHAC rechaza terminantemente las afirmaciones de que la directora de la organización ha maltratado a víctimas o familiares. La Hna. Consuelo Morales tiene una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos y ha demostrado una especial sensibilidad y compasión para con todas las víctimas. Asimismo, esta es la primera ocasión en que se afirma que la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL) fue creada como reacción a alguna actitud personal de CADHAC, la frase “una veintena de familiares de víctimas afectadas por Cadhac han decidido crear Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León” es simplemente infamante. FUNDENL es una organización de familiares que se han unido en la búsqueda de sus seres queridos que se encuentran desaparecidos, CADHAC se solidariza con este movimiento que es hermano de FUNDEC, presente en la reunión con el Relator Especial.
Sin más por el momento agradecemos la publicación de esta misiva.
Atentamente,
Arturo Garza
Clara Jusidman
Elena Azaola
Enrique Escobar
Jesús Cantú
Jordi Rosquillas
Luis Angel Garza
Lylia Palacios
Maricela Escamilla
Severine Durine
16 de mayo de 2013
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su más grave consternación por la cotidianidad de las muertes en los penales de la entidad. El incidente más reciente es la muerte del señor José Manuel Miranda, en el penal del Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico, acaecida la madrugada de 14 de mayo, presuntamente debida a una caída.
Más del 50% de los casos que CADHAC ha recibido en lo que va del año 2013 están relacionados con la situación de las personas privadas de la libertad. Entre los aspectos más preocupantes resaltan los siguientes:
Este contexto que viven las personas privadas de la libertad en Nuevo León violenta sus derechos humanos de forma alarmante, especialmente los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados, entre otros, en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, el Estado de Nuevo León no ha garantizado a las víctimas de estos hechos sus derechos de Acceso a la Justicia, a la No Repetición, y a la Verdad, contenidos en los artículos 7 fracción VII, 10, 18, 19 fracción I y 74 de la Ley General de Víctimas.
Es importante recordar que la población penitenciaria se encuentra a resguardo de las autoridades penitenciarias, y éstas son responsables de garantizar su vida, su la integridad y todos sus otros derechos. Las personas privadas de la libertad sólo tienen restricción en su derecho a la libertad ambulatoria y algunas otras restricciones que se hayan establecido en su sentencia, pero en ningún momento están privadas de sus derechos humanos y ni se ha disminuido en nada su dignidad humana.
Exigimos a las autoridades competentes que tomen todas las medidas que sean necesarias y estén a su alcance para que se garantice la vida e integridad física y psicológica de todas y cada una de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del Estado de Nuevo León. Asimismo, urgimos a las autoridades competentes para que efectúen una investigación pronta, imparcial, profesional y apegada a los más altos estándares internacionales a fin de que se conozca la verdad de los hechos, y para que las personas responsables de los mismos sean llevadas ante la justicia para que, en su caso y a través de procedimientos que cumplan todos los requisitos legales, sean sancionadas como en derecho corresponda.
