Organizaciones de Nuevo León nos adherimos contundentemente a la demanda de justicia ¡ni una mujer asesinada más!
El asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido en Chihuahua la semana pasada, evidencia una vez más el deficiente aparato de administración y procuración de justicia que existe en nuestro país. Además nos muestra claramente la impunidad en que se mueven los delincuentes, y la indefensión de las personas que se abocan a la defensa de los derechos humanos.
Marisela fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, por exigir justicia para su hija quien a su vez fue asesinada en 2008 por su entonces pareja, responsable confeso que fue dejado en libertad por tres jueces del estado de Chihuahua. La respuesta a su legítima demanda fue la muerte. No podemos permitir este estado de impunidad en que nos encontramos, no podemos permitir ni un asesinato más.
Lo que ocurre en Chihuahua nos toca fuertemente a Nuevo León, siendo que las condiciones de impunidad se encuentran extendidas en el país, y los mismos elementos de violencia sucedidos en otros estados cada vez son más recurrentes en Nuevo León. Violencia institucional y crímenes de Estado se encuentran representados en los hechos que acabaron con la vida de Marisela.
Las organizaciones firmantes y ciudadanía adherente, exigimos:
1) Se ejecute en lo inmediato la orden de aprehensión en contra de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de Rubí Marisol Fraire Escobedo, hija de Marisela Escobedo Ortiz.
2) Se realicen de forma pronta y expedita las investigaciones correspondientes para localizar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de la Sra. Marisela Escobedo Ortiz.
3) Se investigue y sancione a las autoridades que no atendieron de manera adecuada la demanda de justicia de Marisela Escobedo.
4) Se elimine la impunidad favorecida por los gobiernos que afectan el derecho a la justicia de las mujeres.
“¡Es por ella, es por todas!”
Alternativas Pacíficas, A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Colectivo Plural de Mujeres
Comunicación e Información de la Mujer de Nuevo León, A.C.
Revista Nostras por una Sociedad con Equidad, A.C.
Monterrey, Nuevo León, 21 de diciembre de 2010. Familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil se presentaron frente al Palacio de Gobierno del estado de Nuevo León para demandar al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz se realicen las investigaciones que los lleven a encontrar a sus familiares y a sancionar a los responsables.
Por la mañana de hoy en las escaleras del Palacio de Gobierno del estado de Nuevo León, familiares de personas desaparecidas, madres en su mayoría, realizaron un acto de protesta y, de manera simbólica hicieron entrega de los regalos que no pueden entregarle a sus hijos porque hasta el momento desconocen su paradero, al gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, para que sea él quien los entregue durante la celebración de la Navidad.
Una de las madres presentes, de quien dos de sus hijos y su esposo continúan desaparecidos, explica que trajeron los regalos a este lugar porque ahora son “3 navidades sin llevar regalos a la casa, sin navidad ni fiesta.” Maria Inés Bernal, madre de 2, y tía del tercero, de los niños desaparecidos de CAIFAC, tiene dificultades para articular, el llanto y las palabras se le enredan en la garganta, Liz Sánchez, de Alternativas Pacíficas, interviene “el dolor que siente Inés, los sienten todos los familiares de los desaparecidos”, finalmente María Inés, puede decir “queremos que nos de respuesta (Rodrigo Medina, acerca de) como están los niños”.
A la pregunta por el paradero de los hijos, se suma la demanda de justicia.
“Queremos hacer una pregunta: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante tanta injusticia e impunidad?” expresó Consuelo Morales, puesto que hasta el momento los familiares de desaparecidos no han encontrado respuesta por parte las autoridades, “resulta vergonzoso ver la pasividad con la que se conducen” agrega.
Consuelo Morales, directora de Cadhac, señaló además que el daño no es solo para los familiares sino para la sociedad en general. Respecto de las desapariciones involuntarias de personas “(estamos) concientes que esto va a seguir; no es el miedo lo que nos está paralizando, sino la impunidad”.
En un momento del acto, fue recordada Marisela Escobedo, activista por los Derechos Humanos, quien fuera asesinada frente a las oficinas del gobierno del estado de Chihuahua el pasado 16 de diciembre, mientras realizaba un plantón para demandar la aprehensión del asesino confeso de su hija, Rubí Marisol. La gravedad de su muerte, señalaron, es una señal terrible “para todos los que buscan justicia o defienden algún derecho”.
La frase pronunciada por uno de los oradores hizo eco en los asistentes, “¿Que tenemos que hacer? ¿Que será necesario? ¿Que nos maten? no queremos que suceda lo que sucedió en Juárez, exigimos respuesta.”
Finalmente, los organizadores hicieron un llamado a las personas que se encuentran en una situación similar, con un familiar desaparecido, para que se acerquen a los organismos de defensa de los Derechos Humanos, pues, según dijo Consuelo Morales, “aunque la ausencia se sienta, la fuerza de más ciudadanos los acompaña, pues no están solos.”
Amnistía Internacional condena el asesinato de la activista
que buscaba justicia para su hija
Amnistía Internacional condenó hoy el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz ocurrido anoche
en la Ciudad de Chihuahua, México. Marisela Escobedo era una luchadora incansable por
justicia para su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada en agosto de 2008 cuando tenía
16 años.
Marisela Escobedo estaba ante el Palacio de Gobierno con otros familiares exigiendo
nuevamente justicia por su hija cuando se le acercó un hombre quien le disparó con arma de
fuego y se fugó. La mujer fue llevada de urgencia al hospital pero murió a causa de la herida.
Desde el asesinato de Rubí Frayre, cometido por su pareja en 2008, Marisela Escobedo luchó
incasablemente por una investigación eficaz y para asegurar que el responsable fuera llevado
ante la justicia. Marisela Escobedo enfrentó una serie de obstáculos y tuvo que realizar sus
propias indagaciones debido a la resistencia de las autoridades a asumir sus responsabilidades
para encontrar al responsable y hacer justicia.
Las deficiencias del sistema de justicia en los casos de mujeres y niñas asesinadas o
desaparecidas en el estado de Chihuahua quedan otra vez demostradas con el asesinato de
una mujer valiente que no dejó de presionar a las autoridades para que hagan justicia por su
hija.
Una vez más la negligencia de las autoridades federales y estatales para prevenir y sancionar
la violencia contra la mujer en Chihuahua ha llevado a que sean los familiares y las
organizaciones de derechos humanos los que sufren las represalias por luchar por la justicia y
la verdad.
Antecedentes
Rubí Frayre despareció de su casa en Ciudad Juárez en agosto de 2008. Allí vivía con su
pareja, Sergio Barraza Bocanegra, quien luego se marchó de la ciudad. Debido a la presión
continua de Marisela Escobedo y sus propias indagaciones, Sergio Barraza fue encontrado y
detenido en Zacatacas en junio de 2009 y los restos de Rubí Frayre se hallaron. Sin embargo,
el acusado fue exonerado en primera instancia judicial en abril de 2010 y liberado.
Posteriormente, cuando ya estaba prófugo, un tribunal de segunda instancia revocó la
sentencia y condenó a Sergio Barraza por el homicidio de Rubí Frayre. En julio de 2010,
Marisela Escobedo localizó a Sergio Barraza de nuevo en Zacatecas y acompañó un operativo
de la policía para detenerlo, pero se escapó.
AMNISTÍA INTERNACIONALDeclaración Pública17 de diciembre de 2010Amnistía Internacional condena el asesinato de la activistaque buscaba justicia para su hijaAmnistía Internacional condenó hoy el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz ocurrido anocheen la Ciudad de Chihuahua, México. Marisela Escobedo era una luchadora incansable porjusticia para su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada en agosto de 2008 cuando tenía16 años.Marisela Escobedo estaba ante el Palacio de Gobierno con otros familiares exigiendonuevamente justicia por su hija cuando se le acercó un hombre quien le disparó con arma defuego y se fugó. La mujer fue llevada de urgencia al hospital pero murió a causa de la herida.Desde el asesinato de Rubí Frayre, cometido por su pareja en 2008, Marisela Escobedo luchóincasablemente por una investigación eficaz y para asegurar que el responsable fuera llevadoante la justicia. Marisela Escobedo enfrentó una serie de obstáculos y tuvo que realizar suspropias indagaciones debido a la resistencia de las autoridades a asumir sus responsabilidadespara encontrar al responsable y hacer justicia.Las deficiencias del sistema de justicia en los casos de mujeres y niñas asesinadas odesaparecidas en el estado de Chihuahua quedan otra vez demostradas con el asesinato deuna mujer valiente que no dejó de presionar a las autoridades para que hagan justicia por suhija.Una vez más la negligencia de las autoridades federales y estatales para prevenir y sancionarla violencia contra la mujer en Chihuahua ha llevado a que sean los familiares y lasorganizaciones de derechos humanos los que sufren las represalias por luchar por la justicia yla verdad.AntecedentesRubí Frayre despareció de su casa en Ciudad Juárez en agosto de 2008. Allí vivía con supareja, Sergio Barraza Bocanegra, quien luego se marchó de la ciudad. Debido a la presióncontinua de Marisela Escobedo y sus propias indagaciones, Sergio Barraza fue encontrado ydetenido en Zacatacas en junio de 2009 y los restos de Rubí Frayre se hallaron. Sin embargo,el acusado fue exonerado en primera instancia judicial en abril de 2010 y liberado.Posteriormente, cuando ya estaba prófugo, un tribunal de segunda instancia revocó lasentencia y condenó a Sergio Barraza por el homicidio de Rubí Frayre. En julio de 2010,Marisela Escobedo localizó a Sergio Barraza de nuevo en Zacatecas y acompañó un operativode la policía para detenerlo, pero se escapó.
Las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos saludamos la aprobación que la Cámara de Senadores efectuó el día 13 de diciembre de 2010, a la minuta que reforma diversos aspectos del juicio de amparo.
Por una parte, celebramos que se reforme el artículo 103 constitucional a fin de que la violación de derechos humanos reconocida en tratados internacionales pueda ser materia del principal juicio protector de derechos fundamentales con el que cuentan las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado Mexicano. Con esta reforma se subsanan las lagunas que en el ámbito doméstico existen en relación a la protección efectiva de los derechos reconocidos en instrumentos internacionales.
Igualmente, consideramos que la reforma al artículo 107 constitucional, permitirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deje sin efecto normas generales violatorias a los derechos humanos a través de declaratorias generales de inconstitucionalidad y empoderará a personas antes no facultadas para interponer el juicio de garantías, a través de la introducción del interés legítimo. Con estas modificaciones el Estado estaría corrigiendo diversos anacronismos del juicio de amparo que obraban en contra de los derechos humanos de los mexicanos.
Las organizaciones abajo firmantes aplaudimos la determinación de los legisladores del Congreso de la Unión para trabajar a favor de la protección de los derechos humanos. En este sentido, exhortamos a las legislaturas estatales a que aprueben lo más rápido posible estas reformas constitucionales que mejorarían significativamente la protección judicial que el Estado otorga a las personas bajo su jurisdicción.
Asimismo, elevamos un atento llamado a la Cámara de Senadores para que aprueben la reforma constitucional en materia de derechos humanos, misma que hoy fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados.
El proyecto de reforma constitucional que tienen en sus manos retoma muchas de las propuestas que desde tiempo atrás un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil, junto con especialistas en el tema y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos venido impulsando. Entre otras, además de la incorporación a la Constitución de los derechos contenidos en los tratados internacionales en la materia, resultan dignas de destacar: la incorporación del criterio de interpretación conforme; la regulación del estado de emergencia, el control de la constitucionalidad de los decretos expedidos por el Ejecutivo en ese estado y la protección explícita de los derechos que por ninguna circunstancia pueden ser suspendidos; el reconocimiento del derecho de audiencia en el procedimiento de expulsión de extranjeros; la centralidad de los derechos humanos en la educación, el sistema penitenciario y la política exterior; el derecho de toda persona a solicitar y recibir asilo en caso de persecución; y el reforzamiento de las facultades de los organismos públicos no – jurisdiccionales de protección de los derechos humanos, entre otras.
Dicha reforma es trascendental para la actualización de la Constitución en la materia y representa el paso más importante que México ha dado en muchas décadas, para que todas las personas cuenten en nuestro país con la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, por lo que exhortamos al Senado a que priorice en la agenda parlamentaria la aprobación de esta reforma fundamental.
Atentamente,
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, A.C. (ACUDDEH)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC México)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM – FEDEFAM)
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (CDD)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. (CDH Tlachinollan)
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)
Centro Jurídico para los Derechos Humanos, A.C. (CJDH)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Fundación Diego Lucero, A.C.
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT)
José Luis Caballero Ochoa – Director de la Maestría en Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana
En el marco del 62 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la próxima entrada en vigor del Convenio Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, CADHAC muestra su preocupación ante el aumento de la impunidad y la falta de atención del Estado hacia las víctimas de desaparición y sus familiares.
En los últimos años, los habitantes de los estados de la región Norte del país, hemos sido testigos de un incremento en las Desapariciones Forzadas de Personas, en las ejecuciones extrajudiciales, en los desplazamientos forzados de población, así como de continuas violaciones a los Derechos Humanos en el ámbito de la seguridad ciudadana.
La mal llamada “guerra contra la delincuencia organizada y el combate al narcotráfico” se presentan como el contexto mediante el cual la violencia, el miedo y la impunidad se han instalado en poblaciones y grandes ciudades de la región Norte. Los costos de este proceso han sido trasladados hacia la ciudadanía quienes estamos pagando con la pérdida del tejido social, que ha venido modificando las actividades cotidianas.
La crisis institucional, particularmente en los sistemas de procuración y administración de justicia, que las organizaciones de Derechos Humanos de la región Norte venimos señalando desde hace muchos años, se ha visto agravada por los productos de esta guerra y combates. Sin embargo, los indicios de ingobernabilidad que resultan de estas acciones son aún más peligrosos porque bajo la forma de daños colaterales, fuegos cruzados, muertos por confusión y la criminalización de las víctimas en general, se han vuelto una socorrida justificación para que las Violaciones a los Derechos Humanos cometidas en este contexto permanezcan invisibles, sin investigación ni castigo.
La Desaparición Forzada de Personas, violación que involucra la violación a múltiples Derechos Humanos, se ha convertido en el sótano de la impunidad. Esta violación a los Derechos Humanos no se investiga ni sanciona, además de someter a las víctimas a un proceso de re-victimización. Por otra parte hay personas que no denuncian por el miedo que ocasionan las reacciones de los poderes oficiales o fácticos.
En los estados de la región Norte del país, las organizaciones de Derechos Humanos participantes en esta Campaña Nacional, tenemos conocimiento directo de 500 casos de Desaparición Forzada de Personas; y en la región Noreste, solo en 2010 en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, fuentes militares reconocen la existencia de 1700 casos. Estas cifras, considerando los bajos niveles de denuncia y la criminalización de los denunciantes, nos permiten vislumbrar la gravedad del fenómeno.
Ante la ausencia de una respuesta efectiva de las autoridades, organizaciones civiles de Derechos Humanos de los estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, hacemos un llamado a sumarse a este esfuerzo por la legalidad, la justicia y contra la Desaparición Forzada de las personas… ¡NO PARAREMOS HASTA ENCONTRARLES!
Padre Mier 617 Pte. 64000 Monterrey, N. L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org
CADHAC se congratula por la inminente entrada en vigor de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y llama al Estado mexicano a reconocer, sin restricciones, las facultades del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
Texto principal:
CADHAC se congratula profundamente por el hecho de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas entrará en vigor el próximo 23 de diciembre de 2010, cuando se cumplan treinta días de la vigésima firma de tan importante instrumento a favor de la dignidad humana. En efecto, el pasado 23 de noviembre la República de Iraq depositó el instrumento de accesión respectivo, con lo que se inició la cuenta regresiva para que el tratado se vuelva ley internacional aplicable.
La desaparición forzada de personas es la reprobable práctica de funcionarios públicos o de personas actuando bajo su autoridad, tolerancia o aquiescencia, de detener, secuestrar o de cualquier otra forma privar de la libertad a alguien, para después negar dicha detención y retención, privar a la familia del conocimiento sobre el destino de la persona desaparecida y sustraer a la víctima de la protección de la ley. La Convención es un esfuerzo internacional por codificar la prohibición universal de esta violación a los derechos humanos y por establecer una serie de garantías y medidas tendentes a que los Estados persigan la desaparición con miras a disminuir su incidencia.
México depositó su instrumento de ratificación de este tratado el 18 de marzo de 2008, y el próximo 23 de diciembre nacerán para nuestro país las obligaciones internacionales contenidas en dicho tratado. Adicionalmente, debido a que dicho instrumento fue aprobado por el Senado de la República, forma parte de la Ley Suprema de la Unión y es aplicable en todo el país, de conformidad con el artículo 133 Constitucional.
Un aspecto esencial del tratado es que crea un órgano internacional denominado Comité contra la Desaparición Forzada que tendrá la obligación de vigilar el debido cumplimiento del tratado. El Comité podrá conocer de casos individuales de desapariciones forzadas cometidos en los países firmantes de la Convención. Sin embargo, para que pueda ejercer esta facultad, el artículo 31 del tratado dispone que el país respectivo debe hacer una declaración aceptando la competencia del Comité. Desgraciadamente México no ha realizada tal declaración.
En México las desapariciones forzadas de personas son una realidad casi cotidiana que es terriblemente negada por las autoridades, y que es desconocida por la mayoría de la comunidad. En estos casos las autoridades son renuentes a investigar los hechos y las familias enfrentan un
largo camino en busca de la verdad y de la justicia. Ante esta realidad es necesario que México reconozca en toda su amplitud las facultades y competencias del Comité contra la Desaparición Forzada. Hasta ahora el Estado mexicano no ha logrado —ni intentado— eliminar esta práctica, una efectiva vigilancia internacional serviría para visibilizar la problemática y facilitaría la exigencia de soluciones reales a la misma.
Esta organización hace votos porque las instituciones del Estado mexicano acepten la competencia del Comité para conocer comunicaciones individuales en casos de desapariciones forzadas y para que asuman un compromiso auténtico para erradicar en nuestro país esta gravísima violación de los derechos humanos.
La madrugada de este 26 de noviembre falleció don Pépe Álvarez Icaza, Acompañado del amor de su esposa Luzma y todos sus seres queridos. Ahora camina anchamente por otros senderos y veredas, junto a las y los grandes que le precedieron o acompañaron en su travesía por este mundo; las utopías que alimentaron su vida al servicio de una sociedad y una iglesia más justas y solidarias, ahora las vive sin límites, acompañado del amor entrañable que se ha llevado de todas y todos.
Fundador del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y comprometido luchador social, precursor de la defensa de los derechos humanos en México. Hombre de fe, maestro y amigo siempre cercano a las causas de los pobres, nos ha legado un testimonio de vida en plenitud y rectitud.
Él y Luz fueron presidentes latinoamericanos del Movimiento Familiar Cristiano, en tiempos de la realización del Concilio Vaticano II, al cual asistieron como auditores laicos, siendo decisivo su aporte a la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo (Gaudium et Spes) y al Decreto sobre los Medios de Comunicación Social (Inter Mirifica), de cuyas orientaciones nace la motivación para crear, en 1964, el primer centro de comunicación social al servicio de la Iglesia católica: el Cencos. En el 68 la organización se separó de la jerarquía católica ante su silencio por la represión y para apoyar al movimiento social. Así desde la independencia Pepe, Luzma y Cencos establecieron las pautas que luego adoptaría el movimiento de derechos humanos, explica Sergio Aguayo. Desde entonces, inició su lucha por la defensa y protección de los derechos humanos en México y América Latina.
Don Pépe murió a los 89 años de edad, con una reconocidísima trayectoria y frutos abundantes de justicia, compasión y vida. en 1996 reicibió el Premio Sergio Mendez Arceo (1996) y el Premio Compartir (2001) en el que le reconocían su liderazgo social.
Los días hoy y mañana, se le celebra y acompaña en las instalaciones del Cencos, su casa, ubicada en Medellín 33, Col. Roma, entre Puebla y Sinaloa.
Líder social, cristiano comprometido, abuelo, padre, esposo, compañero en la utopía del Reino, nos deja con la profunda esperanza de seguir sus huellas
Adiós y gracias, laico mexicano,
tatarabuelo en estos afanes y utopías
por otro mundo más justo, más humano,
y por una Iglesia más digna y coherente
con su identidad
de ser seguidora de Jesús
al servicio de la justicia, la compasión y la vida.
CADHAC deplora muerte violenta de interno en Topo Chico
Esta organización manifiesta su preocupación por la muerte de Juan Antonio López Maldonado, interno del Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, reportada el día de hoy por la prensa local.
Los informes de prensa indican que el pasado 21 de noviembre, el señor López Maldonado fue hallado sin vida y con señas de violencia en un baño del centro penitenciario. Según las mismas fuentes, el señor López Maldonado murió a causa de severos golpes en el abdomen.
Cadhac recuerda a las autoridades penitenciarias que el Estado es el garante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Esta responsabilidad lleva además la obligación de garantizar dichos derechos, incluidos el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Esta obligación no se cumple sino hasta que el Estado es capaz de asegurar la integridad de toda la población interna, amén de sus demás derechos. Los casos de muertes en los centros penitenciarios de la entidad demuestran que el Estado falla en su labor de controlar los centros de detención y de garantizar los derechos de los internos.
Esta organización demanda una investigación pronta, profesional e imparcial sobre la muerte del señor López Maldonado, con el fin de esclarecer los hechos y llevar a los que resulten responsables ante los tribunales competentes. Lograr justicia en estos casos individuales reviste la más alta relevancia porque sólo mediante la disminución de la impunidad se podrá mejorar la situación general de las personas privadas de la libertad en el Estado de Nuevo León.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
ENTREGAN A COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PROPUESTA CIUDADANA DE POLÍTICA DE SEGURIDAD INTEGRAL, DEMOCRÁTICA Y CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
Coalición amplia y plural de líderes de la sociedad civil y de la academia consensan una agenda legislativa para una política de Estado de seguridad pública que sea integral, democrática y con enfoque de derechos humanos.
Estas propuestas fueron presentadas hoy ante integrantes de dicha comisión legislativa y será impulsada por las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de que sirva como punto de convergencia para la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.
El documento de propuesta ha sido firmado hasta la fecha por 168 organizaciones y 407 personas.
Este documento es el resultado de un ejercicio de construcción de acuerdos que ha conjuntado la capacidad técnica de un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil. En este sentido el documento da cuenta de la diversidad y riqueza de capacidades instaladas y del valor de sus contenidos.
Dentro de las organizaciones cuyos representantes acudieron a dicho recinto parlamentario, destacan México SOS, Fundar – Centro de Análisis e Investigación, la Red de Especialistas en Seguridad Pública, México Unido Contra la Delincuencia, integrantes de la Red Nacional de Todos los Derechos para Todos y Todas, Alto al Secuestro, Cause Ciudadano y otras de varios estados del país, así como académicos del CIDE, UNAM, ITAM e UIA, entre otras.
Al respecto, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública expresaron su compromiso de generar un espacio de diálogo entre sociedad civil y legisladores de distintas fuerzas políticas para analizar y enriquecer las propuestas entregadas.
Entre las propuestas consensadas por las organizaciones mencionadas destacan las siguientes:
Que es obligación del Estado garantizar y respetar los derechos humanos de la población.
Diversos mecanismos de participación y control ciudadano sobre el sistema policial y la política de seguridad pública.
11 de Noviembre de 2010
1 La urgencia de avanzar en la implementación de la reforma de justicia, otorgando el presupuesto necesario para ello.
La creación de un órgano inteligencia de Estado que permita contar con información estratégica para combatir a la delincuencia organizada, sin sesgo político.
La instauración de un Fondo para la Mitigación de los Efectos Sociales de la Violencia y políticas en materia de prevención del delito.
Un llamado a revisar la estrategia contra el narcotráfico para obtener los resultados necesarios en términos de reducción de violencia, control de drogas y delincuencia organizada.
Medidas para mejorar las condiciones de vida en los penales y evitar que las cárceles sean una “escuela del crimen”.
Todo ello en el marco de un concepto de seguridad amplio, democrático y orientado a promover el desarrollo pleno de las personas, donde se asegure el derecho a una vida sin violencia.
El Diálogo sobre Seguridad Pública con Enfoque de Derechos Humanos es una iniciativa convocada por las siguientes organizaciones expertas en la materia: el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Fundar – Centro de Análisis e Investigación, México S.O.S., el Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Seguridad Social, y la Red de Especialistas en Seguridad Pública, así como por el Centro de Colaboración Cívica (CCC), organización especializada en promover procesos de diálogo incluyentes, efectivos y transparentes, que ha fungido como mediador y facilitador imparcial del diálogo. Este proceso es financiado por la Unión Europea y el Open Society Institute.
Se anexó el documento de propuestas con los nombres de los firmantes
Para entrevistas y más información contactar a: Lizbeth Pérez, Coordinadora de Prensa del Programa de Diálogo de Seguridad Pública con Enfoque de Derechos Humanos. Teléfono celular: 5543403598, Correo electrónico: lizbeth.perez@yahoo.com.mx y Página web: www.seguridad.colaboracioncivica.org
En la marcha con antorchas, el obispo Raúl Vera estuvo acompañado por Siri Gloppen, presidenta del Comité Ratfo
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, recibió la noche del domingo, en Noruega, el premio de derechos humanos de la Fundación Rafto; el obispo mexicano de 65 años, dijo que las palabras muerte, miedo e impunidad, son, por desgracia, el vocabulario que impera hoy en México tras una guerra que estimó, ya supera los 30 mil muertos.
Bergen, Noruega.- El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, recibió la noche del domingo el premio de derechos humanos de la Fundación noruega Rafto, en una afable ceremonia marcada por elogios y admiración a un hombre de integridad moral que defiende a los migrantes que atraviesan nuestro país en su peregrinaje por llegar a Estados Unidos.
La tragedia que desde el 2007 miles de trabajadores centroamericanos están sufriendo al ingresar a México en busca de “el sueño americano”, al ser víctimas de secuestros, extorsiones, abusos sexuales, tráfico de venta de órganos y reclutamiento forzado por los distintos cárteles de la droga, con la complicidad de oficiales del Estado, es el detonante que ha llevado a este prestigiosa fundación de derechos humanos a poner la mirada en el trabajo y la lucha del obispo de la diócesis de Saltillo.
“Sin importarle el riesgo que corre su vida, don Raúl, es un faro de esperanza e inspiración para los pobres y excluidos, y trabaja por cambiar esta tragedia. Denuncia, pues sabe que guardar silencio es tomar partida por el opresor”, dijo, al entregarle el premio, Siri Gloppen, presidenta del Comité Rafto, en una ceremonia realizada en el Teatro Nacional de Bergen.
“El obispo Vera, comparte la preocupación del gobierno por el poder y la violencia de los carteles de la droga, pero critica los métodos de utilizar fuerzas militares para tareas policiales, aumentando la violencia, en una lucha que desde que inició el presidente Calderón se ha cobrado más de 28 mil vidas, deteriorando los derechos humanos en México”, añadió Gloppen, ante el asombro de un público que vive una realidad completamente distinta.
Si en nuestro país se estima que se concluirá el 2010 con más de 11 mil asesinatos, Noruega no supera los 30 muertos al año por violencia.
Al subir al escenario para recibir el diploma del Premio Rafto, el obispo mexicano de 65 años, destacó que las palabras muerte, miedo e impunidad, son por desgracia, el vocabulario que impera hoy en México tras una guerra que estimó, ya supera los 30 mil muertos.
Criticó la lucha a muerte contra los narcos, porque dijo: “Al ser asesinados los miembros de las bandas criminales, trátese de grandes capos o de mandos medios, se llevan a la tumba testimonios contra funcionarios o empresarios, que son sus cómplices.
Reconoció que el galardón le provoca sentimientos de alegría y dolor:
“Sé que esta distinción no hubiera sido posible si México no estuviera lacerado por la violencia, la impunidad con la que actúa la delincuencia, una procuración de justicia ausente, y la complicidad de los distintos niveles de gobierno que, por obra u omisión, han facilitado esta situación generalizada que mantiene a mis compatriotas sumidos no sólo en miseria, sino ahora también en la incertidumbre de no saber si habrá un mañana”, dijo el sacerdote dominico.
Recordó la impunidad que impera en la administración de justicia en México, para lo que puso como ejemplo un periodo de seis meses entre 2008 y 2009 donde sucedieron 9,758 secuestros de migrantes, que quedaron impunes.
Ante la tragedia humanitaria, que dijo está viviendo nuestro país: “La Fundación Rafto se pudo haber equivocado en elegir a la persona adecuada para su Premio 2010, pero no se equivocó en elegir a México para denunciar ante la comunidad internacional la terrible situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.
La ceremonia celebrada en un majestuoso edificio de finales del siglo XIX, contó un repertorio musical compuesto por seis de las mejores bandas noruegas pasando de la música popular, a la clásica, el jazz y el pop.
Al finalizar la ceremonia, el público, compuesto por universitarios, directores de instituciones o empresas nórdicas que apoyan a esta organización no gubernamental, un puñado de mexicanos residentes en Noruega, el equipo de la Fundación Rafto, y el obispo Vera, salieron a la plaza que está frente al teatro, en el corazón de Bergen, para realizar una marcha con antorchas encendidas, que se ha hecho una costumbre tras la entrega del premio; y que según sus organizadores, es un símbolo de que la luz y el fuego se han encendido para encontrar juntos soluciones a la violación de los derechos humanos.
Bergen, considerada una de las ciudades más hermosas de Noruega, fue también una iluminación de elogios para la labor del obispo, a quienes muchos despidieron diciéndole:
–Lo veremos en Oslo el próximo año–, como le dijo un sacerdote luterano de Bergen.
La Fundación Rafto, que ha premiado a defensores de los derechos humanos anualmente desde 1987, y que es asesora de la Fundación que otorga el Premio Nobel de la Paz, ya ha concedido su premio a cuatro personalidades que después han recibido el Nobel de Paz que se otorga en Oslo: la birmana Aung San Suu Kyi, el timorense José Ramos-Horta, el surcoreano Kim Dae-jung y la iraní Shirin Ebadi.
Por la mañana del domingo, Raúl Vera, había celebrado una misa en la única iglesia católica que hay en Bergen; la mayoría de la población noruega sigue el movimiento protestante del luteranismo.
A pesar de que la ciudad despertó con la primera nevada del año, el templo de San Pablo, estaba lleno de fieles que con sus niños que habían ido a celebrar y escuchar que “los católicos están llamados a proteger la vida humana, promover la dignidad y defender a los que son pobres”, como dijo el obispo mexicano en su sermón.
