Desde CADHAC expresamos nuestra profunda preocupación por la situación que enfrentan tres niñas pequeñas (4 y 2 años, y una bebé lactante de 2 meses de nacida) por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en un caso de presunta violencia familiar. El padre y la madre de las niñas han denunciado en redes sociales los abusos cometidos por funcionarios del DIF Nuevo León y la retención de sus tres hijas en el DIF Capullos, además del acoso jurídico que enfrentan como forma de presión por la denuncia que efectuaron.
La eliminación de la violencia contra la niñez no puede lograrse mediante la separación familiar, acciones jurídicas desproporcionadas y la criminalización de las familias pobres; en su lugar, el gobierno de Nuevo León tiene que ofrecer respuestas proporcionales y buscar alternativas que promuevan el bienestar de las niñas. La prioridad debe ser garantizar su derecho a vivir en un entorno familiar seguro y protegido, promoviendo medidas que fortalezcan la unidad familiar y brinden el apoyo necesario para su desarrollo integral.
La decisión de separar a las niñas de su familia y enviarlas a un albergue del DIF estatal es inaceptable, considerando las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) debido a casos de maltrato y por el homicidio del niño Ángel Moreno en la institución. Las denuncias de la familia revelan situaciones de violencia que ponen en peligro la integridad física y emocional de las niñas en dicho albergue. Además, la interrupción de la lactancia materna de la bebé de dos meses, que es un derecho fundamental para su sano desarrollo, ha ocasionado graves consecuencias para su salud y su vínculo afectivo con su madre, llegando incluso a su hospitalización por un cuadro de Bronquiolitis.
Es necesario respetar las medidas cautelares emitidas por la CEDHNL, asegurando la lactancia diaria de la bebé y facilitando las visitas familiares, aunque fuera en línea con el principio de mantener a las niñas en su red familiar hasta cuarto grado, a menos que existan circunstancias excepcionales que justifiquen su separación y recordando que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León establece que “la institucionalización procederá como el último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar”.1
Instamos al DIF Nuevo León y a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para rectificar esta situación, realizando la reintegración inmediata de las niñas con su familia, ya sea nuclear o extensa.
Construyamos una sociedad respetuosa de los derechos de niñas y niños
1 Artículo 137, fracción I.
