Las muertes en Apodaca son resultado de la deshumanización de los penales y de la corrupción de las autoridades

Boletín de Prensa. 1202/03BP

Las muertes en el centro penitenciario de Apodaca son resultado del proceso de deshumanización de los penales y de la enorme corrupción de las autoridades

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su más profunda preocupación por la  situación penitenciaria en el Estado de Nuevo León, que el día de hoy, en hechos no aclarados, cobró la vida de al menos 44 personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca  (CERESO APODACA).

Esta tragedia no es un hecho aislado, sino que ocurre en un continuo y perverso proceso de deshumanización de los centros penitenciarios. El 20 de mayo del año pasado en un hecho no aclarado, hubo 17 personas calcinadas, y no se han tomado medidas para asegurar la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad, así como del personal que labora en dichos centros.

En 2011 se reportaron cerca de 60 muertes de presos en el Estado, CADHAC tiene elementos para suponer que fueron muchas más las personas que perdieron la vida, incluidos celadores; en todas las ocasiones las autoridades penitenciarias alegaron riñas, motines o suicidios y en ningún caso se han realizado investigaciones profesionales e imparciales que aclaren los hechos y castiguen a los responsables. Además de las muertes existen reportes confiables de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de violencia y corrupción generalizada en todos los centros penitenciarios de la entidad.

CADHAC recuerda a las autoridades que tienen la obligación de garantizar todos los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La situación legal por la que las personas llegan a los centros penitenciarios, limita su libertad ambulatoria pero en ningún momento destruye su dignidad como seres humanos. Las autoridades deben garantizar que las sentencias se cumplan de forma adecuada en un ambiente humano que permita una auténtica reinserción social bajo el mandato claramente establecido en la Constitución, y respetando los derechos humanos a los que México se ha comprometido con la suscripción de tratados internacionales respectivos.

CADHAC exige:

• La entrega inmediata de los nombres de las víctimas, a sus familiares y a la opinión pública, así como la entrega de cuerpos sin complicados trámites burocráticos. También la información sobre la integridad física del resto de las personas privadas de su libertad en dicha Institución, a cada uno de sus respectivos familiares.
• Una investigación pronta, imparcial, profesional y transparente de los hechos, que señalen los nombres de los funcionarios estatales que facilitaron, tanto la entrada de armas al interior del CERESO, como el flujo de personas de un ambulatorio a otro.
• Se tomen urgentemente las medidas indispensables para asegurar la no repetición de este tipo de hechos, tomando en cuenta la nula intervención del estado en la prevención del siniestro de junio 2011.
• Se presente a las autoridades responsables de estos  hechos –incluso a quienes hayan actuado por omisión– ante los tribunales, para que sean juzgados conforme a derecho, así como asegurar la reparación del daño a las familias de los asesinados en este trágico evento.

En el contexto local existe, como en muchas partes de las Américas, la idea de que los presos no tienen derechos o de que sus vidas no tienen igual valor al del resto de la población. Es imprescindible que las autoridades recuerden que tienen claras obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

Como parte de esta sociedad, no podemos seguir permitiendo la violación de los derechos  humanos de personas especialmente vulnerables, pues todos sus derechos están directamente supeditados al Ejecutivo del Estado.

El Estado tiene la obligación de respetar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y garantizar la reparación del daño por estos terribles sucesos. CADHAC mantendrá un esfuerzo constante por seguir de cerca la evolución de esta trágica situación y tomará todas las medidas legales que sean pertinentes para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en la entidad. Asimismo informa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, (OEA) para que actúen desde su competencia.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.

19 de febrero de 2012