octubre 2022 – CADHAC

Carta abierta para DANS EEUU-México

12 octubre, 2022 by comunicacion

12 de octubre de 2022

Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken

Secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard

Estimados Secretarios Blinken y Ebrard:

En nuestra calidad de organizaciones no gubernamentales estadounidenses y mexicanas comprometidas con los derechos humanos y el estado de derecho, les escribimos de cara al Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre EE.UU. y México programado para el 13 de octubre de 2022, para compartir observaciones y recomendaciones para mejorar la seguridad y la protección de los derechos humanos en consonancia con algunos de los ejes más prometedores del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras.

En el contexto actual, urgen acciones basadas en evidencia para superar los retos críticos que enfrentan las comunidades de Estados Unidos y México en materia de seguridad y salud pública. México sigue viviendo niveles récord de violencia letal, con más de 35.000 homicidios registrados en cada uno de los últimos cuatro años y una crisis de más de 105.000 personas desaparecidas y no localizadas, de las que la mitad fueron vistas por última vez en los últimos seis años. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que unas 108.000 personas fallecieron por sobredosis de drogas en 2021.

A través del Entendimiento Bicentenario, adoptado en octubre de 2021, los gobiernos de Estados Unidos y México se comprometen a abordar el uso problemático de las drogas desde un enfoque de salud pública y priorizar la reducción de las formas de violencia que más lastiman a las poblaciones de uno o ambos países, tales como los homicidios, las desapariciones y la violencia basada en género.

Sin embargo, a un año de la adopción del Entendimiento, nos preocupa profundamente que el gobierno mexicano haya redoblado su apuesta por el despliegue militar en tareas policiales como eje principal de su modelo de seguridad pública. En septiembre de 2022, el Congreso mexicano aprobó la propuesta presidencial de incorporar a la Guardia Nacional —fuerza de seguridad federal en México que en teoría es de naturaleza policial— a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este cambio deja al país sin policía federal civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones militares. Dicha reforma contradice los estándares internacionales de derechos humanos y desconoce más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia. Las fuerzas armadas mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en años recientes, generalmente sin rendir cuentas. Mientras el gobierno mexicano asigna cada vez más papeles y recursos a las instituciones militares, México no está priorizando debidamente la consolidación de instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y confiables, aun cuando éstas representan el único camino sustentable hacia un mayor acceso a la seguridad y la justicia.

En Estados Unidos, reconocemos la adopción de ciertas medidas encaminadas a reducir el tráfico de armas. Al mismo tiempo, resaltamos la necesidad de mayores acciones de parte de Estados Unidos para reducir el flujo ilícito de armas a México. Por otra parte, nos alienta la inclusión inédita de un enfoque de reducción de daños en la estrategia nacional de control de las drogas del gobierno del presidente Joe Biden, presentada en abril de 2022. Sin embargo, notamos con preocupación que las acciones transnacionales contempladas en la estrategia todavía se enfocan en gran parte en esfuerzos por reducir la producción y el tráfico de drogas desde el extranjero “para impedir que las drogas ilegales jamás lleguen a nuestras fronteras”. Lo anterior, a pesar de los límites documentados de tales estrategias a lo largo de décadas de implementación, así como los daños registrados en términos de violaciones de derechos humanos y aumentos de la violencia y la corrupción en la región.

Asimismo, recordamos la importancia de que los gobiernos estadounidense y mexicano brinden información sobre las actividades y avances en la cooperación bilateral de seguridad, facilitando el diálogo y la participación de la sociedad civil. Los resultados preliminares del Entendimiento, dados a conocer en abril de 2022 por autoridades de ambos gobiernos, se centraron en una lista de detenciones de alto perfil, laboratorios de droga desmantelados, droga incautada y esfuerzos por combatir el tráfico de personas, regular precursores químicos y ampliar el rastreo de armas de fuego. La principal acción anunciada en materia de salud pública en ese momento fue la firma de un memorando de entendimiento sobre el tratamiento de las adicciones. Esperamos que el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad se acompañe de información actualizada y más completa sobre cómo la cooperación está avanzando en otras áreas referidas en el Entendimiento Bicentenario, tales como mejorar las investigaciones penales de los homicidios y fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia. Si bien dichas áreas pueden requerir mayor tiempo para mostrar resultados medibles en terreno, hacemos hincapié en la necesidad de mantener tales metas transformadoras al centro de las discusiones y acciones bilaterales.

Para garantizar que la cooperación construya soluciones duraderas, incluidas especialmente instituciones capaces de prevenir y responder a la violencia, las adicciones y los demás retos que subyacen el Entendimiento Bicentenario, instamos a ambos gobiernos a priorizar la implementación de compromisos prometedores del Entendimiento tales como los siguientes, y a publicar información sobre el progreso que se registre:

“prevenir y reducir el consumo abusivo de sustancias, en paralelo a limitar los daños asociados con la adicción”
“explorar alternativas al encarcelamiento para casos de abuso en el consumo de sustancias”
“prom[over] los derechos humanos respondiendo a las necesidades de las víctimas y las comunidades”
“realizar investigaciones de homicidios de manera efectiva y consistente”
“profesionalizar los sistemas de impartición de justicia penal y aplicación de la ley”
“expandir el conocimiento para implementar las mejores prácticas para combatir la violencia de género”
“la creación de capacidades compartidas y mejorar el sistema de rendición de cuentas”
“garantizar que los tribunales apoyen a las víctimas y preserven sus derechos humanos y civiles”

Nuestras organizaciones estamos atentas a la oportunidad de seguir dialogando con los gobiernos de Estados Unidos y México para promover avances en el acceso a la seguridad y la justicia en nuestros países y a continuar compartiendo información basada en nuestra documentación de casos, patrones, áreas de preocupación y recomendaciones en los temas mencionados aquí. Muchas gracias por su atención al presente.

Atentamente,

Amnistía Internacional México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Due Process of Law Foundation (DPLF) / Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Human Rights Watch

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

Robert F. Kennedy Human Rights

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)

Washington Office on Latin America (WOLA) / Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

La militarización no es la solución

12 octubre, 2022 by comunicacion

192,831 agentes militares en todo el país

El pasado 4 de octubre, el Senado aprobó por mayoría dividida ampliar hasta el 2028 la presencia de fuerzas armadas en las calles argumentando que era necesario proporcionar seguridad a la ciudadanía pues hasta ahora la Guardia Nacional no había hecho lo suficiente. Hoy la Cámara de Diputados discutirá y someterá a votación el dictamen del Senado para votar mañana en el Pleno.

La participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es particularmente preocupante debido a la opacidad con las que éstas pueden operar en comparación con las corporaciones policiacas. Asimismo, la lógica de operación militar es reactiva y de combate frontal al enemigo, mientras que la seguridad de la ciudadanía demanda un enfoque basado en la prevención del delito y la atención a las víctimas. Estas circunstancias han puesto en riesgo el respeto y la protección de los derechos de las y los ciudadanos, lo que se ha reflejado desde 2007 en un aumento de las quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Por ello, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en su informe de mayo de 2022 que el enfoque de seguridad pública caracterizado por la militarización para combatir la delincuencia, ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos.

La estrategia de militarización de la seguridad pública no ha tenido un impacto significativo en garantizar la paz y la justicia de la ciudadanía. Al contrario, recurrir a las fuerzas armadas para sustituir las funciones de las corporaciones policiales agravó la violencia en distintas zonas del norte del país y propició la violación de derechos humanos como en los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Neutralizar la amenaza que representan las actividades del crimen organizado requiere un enfoque que trascienda las tácticas de combate frontal al enemigo, pues éstas generan condiciones que posibilitan la violación de derechos humanos. Una estrategia de seguridad adecuada y efectiva requiere la creación de corporaciones policiales comandadas por civiles, con elementos bien capacitados, en contacto cercano con la ciudadanía y que cuenten con el equipo necesario. Además, el despliegue efectivo de estos elementos debe realizarse a partir de una exhaustiva labor de inteligencia e investigación. También es fundamental generar mecanismos que impidan la corrupción y la impunidad en las fuerzas destinadas a tareas de seguridad.

Como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la sentencia: Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 182:

La participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública debe ser excepcional, extraordinaria, justificada, subordinada, complementaria y fiscalizada por órganos civiles competentes e independientes.

Para quienes vivimos en los estados del norte de México como son Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, el hecho de que el Ejército continúe en las calles garantiza graves violaciones a derechos humanos, pues en los últimos años, las organizaciones aquí representadas, hemos documentado casos donde militares se encuentran involucrados directa e indirectamente, sobre todo posterior a la implementación de estrategias donde miembros del Ejército participaron en instituciones de seguridad pública como los llamados “Modelo Coahuila” en el 2008, “Nuevo León Seguro” en el 2007 y “Operativo Conjunto Chihuahua” en el 2008.

Coahuila

En Coahuila se puede recordar un hecho de abuso por parte del Ejército en el 2006. En un bar de Castaños, Coahuila, 14 bailarinas sufrieron abuso sexual por varios militares; fue después de un tiempo en que finalmente la misma institución castrense los llevó a ser juzgados en lo civil.

Posteriormente la violencia aumentó en el estado y coincidió con la implementación de la estrategia llamada “Modelo Coahuila”, donde militares retirados estuvieron al frente de instituciones de seguridad pública. En ese entonces se crearon diversos grupos especiales que fueron entrenados por estos militares para combatir a los grupos delincuenciales. Pero parece que el gobierno no pensó en una estrategia a favor de la sociedad civil, pues se incrementaron graves violaciones a derechos humanos, especialmente desapariciones, extorsiones y homicidios. Es decir, el modelo fracasó y los militares al frente de dichas instituciones se retiraron del estado.

Hoy se vive otra situación gravísima: Las violaciones a derechos contras personas en movilidad. En el mes de julio de 2019 se realizó un operativo afuera de la Casa del Migrante Saltillo integrado por la Policía Militar, la Policía Municipal, la Guardia Nacional y elementos de la SEDENA, bajo el argumento de búsqueda de personas que se dedican al narcomenudeo. También en su trayecto hacia la frontera norte, las personas migrantes son interceptadas tanto por elementos de la policía estatal como de la Guardia Nacional, siendo despojados de sus pertenencias y de los documentos que en muchos casos les permite un libre tránsito por el país. En el informe Bajo la Bota realizado por varias organizaciones a nivel nacional describen: “La política migratoria militarizada ha profundizado los contextos de riesgos de las personas migrantes”.

Coahuila se ha convertido en uno de los principales estados donde hay presencia militar: ocupa el sexto lugar con 4,453 integrantes de las fuerzas armadas después de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.[i] Se tienen tres mega cuarteles, tres bases militares; tres bases aéreas, un cuartel Puerta Amarilla; seis centros de operación militar y hasta el pasado 22 de septiembre llegaron 300 militares a través del Mando Especial Laguna, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, sólo en Coahuila se cuenta con un Bachillerato Tecnológico Militarizado desde el 2017.

Nuevo León

La presencia de miles de efectivos de las fuerzas armadas en Nuevo León comenzó a partir de la entrada en vigor del convenio “Nuevo León Seguro” en 2007. A partir de ese año, los gobernadores subsiguientes renovaron y ampliaron dicho acuerdo. Durante la administración actual, el operativo Monterrey Seguro ha promovido la participación de militares en labores de patrullaje e instalación de puestos de control. Desde febrero de 2022, varios centenares de elementos del Ejército han llegado a la capital para incorporarse paulatinamente a tareas de seguridad pública en la zona metropolitana. Esta tendencia representa un riesgo para los derechos civiles de los ciudadanos de la entidad, ya que anteriormente algunos miembros de las fuerzas armadas han participado en ejecuciones y desapariciones.

Entre los casos de ejecuciones extrajudiciales destacan los de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Chavarría, ejecutados por militares en marzo de 2010 en el municipio de Anáhuac cuando salían de su trabajo; Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, asesinados por elementos del ejército en marzo de 2010 dentro del campus de la institución educativa; Jorge Otilio Cantú, asesinado por militares en abril de 2011; y Gustavo Acosta, ejecutado en su domicilio por elementos de la Marina en septiembre de ese año. En cuanto a la desaparición forzada, un militar fue sentenciado en mayo de 2012; en marzo de 2016, cinco elementos de la Marina fueron vinculados a proceso judicial por la desaparición forzada de Humberto del Bosque registrada en agosto de 2013.

Chihuahua

En el caso concreto del estado de Chihuahua, sufrimos las consecuencias de la violencia y de la respuesta militarizada a la misma, esta se vio exacerbada desde la salida a las calles del ejército en el contexto del “Operativo Conjunto Chihuahua” en 2008, durante la fallida guerra contra el narcotráfico, estrategia implementada por el entonces presidente Felipe Calderón, y cuyo único logro fue colocar a Ciudad Juárez en el primer lugar del listado de ciudades más peligrosas del mundo, situación que hasta la actualidad tiene un impacto profundo en la ciudadanía en relación a la confianza hacía las autoridades, especialmente debido a las múltiples denuncias de desapariciones forzadas, allanamientos de vivienda, tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias cometidas por militares.

Precisamente a razón de la estrategia de militarización fortalecida actualmente, nos permitimos recordar la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera en diciembre de 2009, misma que se dio en el Ejido Benito Juárez del Municipio de Buenaventura, Chih. por parte de elementos del Ejército Mexicano, según lo reconoce la CoIDH en la sentencia emitida sobre el caso en 2018.

Seguiremos exigiendo que se cumpla con lo resuelto por la Corte en la sentencia antes mencionada:

182. […] como regla general, la Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles […]. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser:
a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso […];
b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial […]; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad […] y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia […], y
d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces […].

(CoIDH. Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 182.)

La estrategia de militarización violenta lo establecido tanto por la Corte como por diversas instancias internacionales y el artículo 21 constitucional: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

Por lo anterior, exigimos que:

Se cumpla con lo establecido en el párrafo 182 anteriormente citado,
Que se establezca una estrategia de seguridad pública desde una perspectiva ciudadana, que estos elementos de seguridad pública estén debidamente capacitados;
Estrategias de seguridad que convengan con las necesidades de la población, así como de quienes ya han sufrido una violación a sus derechos humanos por parte de Ejército y continúan esperando reparación, así como medidas de no repetición.

Desde las organizaciones firmantes estaremos atentas a las decisiones de los Congresos y no repararemos en denunciar las arbitrariedades que desde la institución castrense se cometen, abonando a la corrupción e impunidad que hasta hoy prevalece.

¡Basta de impunidad!

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)

Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, A.C.

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.

Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Frontera con Justicia, AC. (Casa del Migrante Saltillo)

Fundación para la Justicia

^[1]https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-sexta-entidad-con-mas-elementos-del-ejercito-marina-y-guardia-nacional-que-policias-en-las-calles-FN4179766

^[2]https://vanguardia.com.mx/coahuila/ejercito-y-guardia-nacional-refuerzan-seguridad-en-region-laguna-de-coahuila-EI4291116

Día Internacional de la Niña

11 octubre, 2022 by comunicacion

El 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña para reconocer sus derechos y el empoderamiento de las niñas y las jóvenes.

La igualdad de género es esencial para la paz. Las niñas y las mujeres representan la mitad de la población mundial, sin embargo, en todo el mundo, las niñas y las mujeres siguen siendo discriminadas y excluidas de la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida.

Aún hoy, las niñas tienen menos acceso que los niños a la educación, la salud y la protección. Se les impide participar en la toma de decisiones sobre su cuerpo y su vida, y son víctimas de violencia y abuso.

Es esencial que todas y todos actuemos contra la discriminación y la exclusión de las niñas y adolescentes.

En 2022 celebramos el décimo aniversario del Día Internacional de la Niña, y el lema es:
“Ha llegado nuestro momento: nuestros derechos, nuestro futuro”.

20 años del Día Mundial contra la Pena de Muerte

10 octubre, 2022 by comunicacion

Hace 20 años se estableció el 10 de octubre como el Día Mundial contra la Pena de Muerte con el objetivo de generar conciencia sobre el impacto perjudicial que tiene esta práctica violatoria de derechos humanos y exigir su abolición.

Esta pena fue completamente abolida en México apenas en 2005. Sin embargo, todavía hay regiones donde las personas son ejecutadas por sentencia de autoridades judiciales. Actualmente, 144 naciones han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica, pero hay 55 países que aún no lo han hecho. La mayoría de las ejecuciones conocidas que se realizaron en el último año se llevaron a cabo en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria. De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2021 hubo 579 ejecuciones en 18 países alrededor del mundo, lo que representa un incremento del 20% en comparación con las 538 ejecuciones registradas en 2020.

La visión favorable hacia la pena de muerte, incluso entre personas que viven en sociedades donde se ha abolido, se basa en ideas falsas que es necesario desmentir. La principal de ellas es que representa un método efectivo para acabar con el crimen. Sin embargo, esto no tiene respaldo en la experiencia internacional. No hay evidencia de que los Estados que aplican la pena capital tengan una tasa de criminalidad más baja que aquéllos que no lo hacen. Más bien, el factor clave para disuadir el crimen es la probabilidad de arresto, no la severidad del castigo.

Lamentablemente, la pena de muerte implica la posibilidad de que una persona inocente sea ejecutada, pues no existe un sistema de justicia inmune al error. Aunque se siga el debido proceso y se apliquen todas las garantías legales, no hay ninguna certeza de que eventualmente no surjan nuevas evidencias que prueben la inocencia de una persona ejecutada. Desgraciadamente, para esa persona no puede haber vuelta atrás.

En 2022, el Día Mundial contra la Pena de Muerte se enfoca en la relación entre la pena capital y la tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos comprenden la tortura física y psicológica de los condenados, así como el sufrimiento de sus familiares y personas cercanas. Asimismo, las discriminaciones basadas en el sexo, el género, la pobreza, la edad, la orientación sexual, la pertenencia a una minoría religiosa y étnica pueden agravar el trato cruel, inhumano y degradante de las personas condenadas a muerte.

La militarización de la seguridad pública implica un grave riesgo para el respeto y la protección de los derechos humanos en México

6 octubre, 2022 by comunicacion

La ampliación del periodo en el que los militares realizan tareas de seguridad pública refleja una estrategia federal que no ha priorizado el fortalecimiento de una corporación policiaca efectiva. Al aprobar que se extienda la participación de las fuerzas armadas en este ámbito hasta 2028, el Senado no ha tomado en cuenta el grave riesgo que representa para el respeto y protección de los derechos humanos.

Este dictamen aprobado propone extender la presencia de los militares en las calles cuatro años más de lo que estableció la reforma de 2019. De acuerdo con esa reforma, el plazo que vence en 2024 se utilizaría para reforzar a las policías locales y consolidar a la Guardia Nacional. No obstante, la prórroga indica que no se han llevado a cabo acciones efectivas para devolver la política de seguridad pública a las autoridades civiles. Además, la presencia militar se extendería en el sexenio de la persona que suceda al presidente López Obrador, limitando su capacidad de desarrollar una nueva política de seguridad.

La permanencia de los cuerpos militares en tareas de carácter policial prolongaría una estrategia que no ha sido eficaz para generar paz y justicia. En diversos estados del país se han presentado casos de participación de elementos de las fuerzas armadas en ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Debido a estos delitos, algunos militares han sido condenados a prisión. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido distintas recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos. Estas circunstancias muestran los riesgos para los derechos humanos que entraña una estrategia de seguridad pública militarizada.

Si bien las policías locales hoy en muchos casos no pueden preservar la seguridad pública, recurrir a las fuerzas armadas tendrá consecuencias negativas en materia de protección de derechos humanos y en el desarrollo de una política de seguridad pública civil.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

221005-Comunicado-La-militarización-de-la-seguridad-pública-implica-un-grave-riesgo-para-el-respeto-y-la-protección-de-los-derechos-humanos-en-México.docx-1 Descarga

La Ley Estatal en Materia de Desaparición demanda un verdadero compromiso por parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en Nuevo León

4 octubre, 2022 by comunicacion

_{Foto: Manifestación en el H. Congreso del Estado de Nuevo León-Ley Estatal de Atención a Víctimas
en N.L 23 de octubre, 2013}

La aprobación de la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas es una respuesta a una antigua demanda de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Sienta las bases para la consolidación de una política integral que responda a esta tragedia que ha vivido y sigue viviendo el estado.

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas han desempeñado un papel fundamental en las actividades de búsqueda e investigación. Asimismo, su colaboración fue clave en la construcción de la iniciativa que se presentó en el Congreso y que finalmente se aprobó. Por ello, es necesario destacar que el cumplimiento efectivo de esta Ley demanda poner en el centro las reivindicaciones de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos.

Aprobada la ley, el desafío siguiente es el de hacerla efectiva. Cumplirla. Esto requiere la voluntad política de representantes y funcionarios públicos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para acabar con el problema de la desaparición de personas en Nuevo León, así como para garantizar los derechos de los familiares de las víctimas a la participación en su implementación de la política en la materia, a la verdad, la justicia y la reparación del daño, así como a que su ser querido sea buscado hasta ser encontrado.

Nuestro especial reconocimiento a los colectivos de familiares de víctimas que han demostrado su gran capacidad de resistir, proponer y actuar ante la desaparición de sus seres queridos. Su voluntad de organizarse para visibilizar sus demandas y reivindicar sus derechos se ha reflejado, entre otros ámbitos, en la creación de esta Ley. Sin las familias esta Ley no sería una realidad. Sin una política de implementación participativa, las autoridades no estarán cumpliendo con una responsabilidad urgente.

221004-Comunicado-Ley-Estatal-en-Materia-de-Desaparición.docx-1 Descarga

Mes: octubre 2022