Mes: abril 2020

23 de abril de 2020

Boletín 2004/03

Obligación del Estado de velar bajo estándares de DDHH

El lunes 20 de abril de 2020, José Carlos, un joven de 20 años de edad falleció, según constancia del acta de defunción, a causa probable de COVID-19. No obstante, su familia señala que, la causa de muerte de José Carlos, no es la sostenida por las autoridades. A su juicio, falleció por distintos padecimientos derivados de VIH, derivado de estos, inclusive, José Carlos estuvo hospitalizado semanas antes de su fallecimiento, y en ningún momento se le realizaron las pruebas tendientes para identificar el contagio del COVID-19. Debido a la causa de muerte que se estableció en su acta de defunción, varias funerarias en Nuevo León, negaron el servicio a la familia de José Carlos; y en aquella funeraria que brindó el servicio funerario a la familia de José Carlos, esta incineró el cuerpo sin previa autorización de la familia, violando disposiciones de carácter general, así como estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Concretamente, se vulneró el derecho humano de dignidad humana de los familiares de José Carlos, al no proporcionarles un trato digno, al negarles la oportunidad de velar a su familiar en términos de sus tradiciones y costumbres con las medidas sanitarias correspondientes.

Ante los hechos que se mencionan y atendiendo al actual contexto que se vive, conviene destacar que, los familiares de personas fallecidas por motivos de salud, tiene derecho a conocer las causas comprobadas del fallecimiento de su familiar y que las autoridades correspondientes aclaren las dudas respecto al deceso y en todo caso, expliquen el porqué se estableció como probable causa de muerte el COVID-19. En el caso en concreto, esto no se cumple, siendo que, no se realizaron estudios que avalen la causa de muerte sostenida en el acta de defunción, sumado al hecho de que, actualmente no se ha incluido a José Carlos en la lista de casos confirmados de fallecimientos por COVID-19 en la entidad. En ese sentido, es necesario recordar que, velar a un familiar en términos de los usos y costumbres de las personas es un derecho humano que, sólo podría suspenderse o restringirse por causas justificadas y necesarias.

De igual forma, en cuanto a la incineración del cuerpo por parte de la funeraria se debe señalar que disposiciones en materia de manejo de cadáveres tanto de la  Organización Mundial de la Salud como del gobierno federal no establecen a la incineración de los cuerpos con COVID-19, como una medida necesaria. Con relación a esto se debe señalar que  el Estado tiene la obligación de velar que las autoridades del sector salud como empresas funerarias actúen respetando el ordenamiento jurídico aplicable, así como los Derechos Humanos de las personas involucradas.

Este caso nos hace reflexionar sobre la importancia de que el Estado cumpla con su obligación de velar por el bien de la ciudadanía y asegure que no sigan ocurriendo estos casos en los cuales las funerarias y hospitales actúan por motu propio sin apego a las normativas que se están dando al respecto.

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

A nuestros aliados y aliadas:

Sabemos que se han generado ciertas dudas en sus procesos legales debido a la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19, nosotros seguimos trabajando desde casa y con gusto podemos apoyarles.

Se suspenden los términos y plazos legales, pero no labores, del 6 al 31 de mayo de 2020. En consecuencia, durante ese periodo no correrán los términos y plazos legales para la realización de los actos (sustantivos o procesales) a cargo de las partes, sus abogados o de terceros. Esto quiere decir que nada de lo que se llevaba avanzado va a retroceder, sino que se guardará el estado en el que se quedó. 

Para casos nuevos de desaparición u otro de índole penal que requiera ser atendido a la brevedad, la Fiscalía de Justicia de la República cuenta con personal reducido para la presentación de las denuncias, sus instalaciones siguen abiertas tomando todas las medidas de higiene. La Fiscalía General de Justicia del Estado también cuenta con personal reducido pero siguen laborando en beneficio de la comunidad, para la presentación de la denuncia puede ser de manera presencial o por un sistema llamado “fiscalía virtual” donde se puede reportar desde la pérdida de documentos hasta una denuncia si fuiste víctima de un delito.

El Poder Judicial del Estado no estará trabajando como regularmente se hace (no correrán términos, se reducirá el personal que trabaja en los juzgados, se restringirá el ingreso a los juzgados). Por lo anterior, se les hace saber que durante este mes los juzgados trabajaran más lento, sin embargo, sus demandas de declaración de ausencia y presunción de muerte por parte del equipo jurídico de CADHAC tendrán un seguimiento puntual y estaremos preparando todo para que cuando se restablezcan las actividades en los juzgados podamos tener avances significativos. si la declaración de ausencia se tramitará por primera vez, tendremos que esperar a que se declaren los días hábiles.

En los casos donde tenemos presentados amparos se reactivan también hasta el 31 de mayo de 2020.

Con lo anterior queremos externarles que no hay nada de qué preocuparse el equipo jurídico de CADHAC sigue trabajando de otra manera en sus expedientes para lograr los objetivos que nos planteamos.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

2 de abril de 2020

Boletín 2004/01

 

 

HRW: Hay que reducir la sobrepoblación carcelaria para combatir el COVID-19 en América Latina

La insalubridad y el hacinamiento en las cárceles y centros de detención juvenil en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe crean las condiciones perfectas para la propagación del COVID-19, en detrimento de la salud de las personas privadas de la libertad y de la población en general.

“Un brote de coronavirus en las cárceles de América Latina generaría un enorme problema de salud pública que afectaría no solo a los reclusos sino también al resto de la población”, declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW). “Las autoridades aún están a tiempo, pero deberían actuar de inmediato para evitar un desastre de salud completamente previsible”. Una vez dentro de los centros de detención, el COVID-19 podría propagarse rápidamente e infectar al personal, contratistas, visitantes, abogados y luego a detenidos liberados, lo que podría transmitir la enfermedad a la población general.

Es urgente que en el Estado de Nuevo León se tomen medidas para evitar un desastre de salud causado por una epidemia de COVID-19 en las cárceles, que también tendría consecuencias negativas muy graves para la salud del resto de la población. HRW señala que la medida preventiva más importante es reducir el hacinamiento en las cárceles y los centros de detención juvenil.

De acuerdo al Diagnóstico de la Situación Penitenciaria en Nuevo León publicado por la CEDHNL el 9 de diciembre de 2019, se encontraron numerosas deficiencias en todos los centros penitenciarios referentes a la falta de personal, medicamentos y saneamiento. Estas condiciones insanas y hacinamiento impiden tomar las medidas adecuadas para salvaguardar su salud de una manera integral ante tal contingencia.

De acuerdo con la Alta Comisionada de Derehos Humanos de la ONU y  Human Rights Watch, ante esta situación de urgencia, los gobiernos deben considerar alternativas de detención, a fin de reducir considerablemente la población privada de su libertad  y proponen se haga en  los siguientes supuestos,

• Personas en prisión preventiva por delitos de baja gravedad o no violentos, o que no representen un riesgo significativo de fuga;
• Personas en establecimientos con régimen semi-abierto que trabajan en la comunidad durante el día;
• Personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, mujeres y niñas embarazadas, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH.
• Personas que cuidan a otras y han sido acusadas o condenadas por delitos no violentos, incluidas mujeres y niñas encarceladas con sus hijos y los presos que son los principales cuidadores de niños y niñas;
• Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta; y
• Otras personas cuando resulte innecesario o desproporcionado que sigan detenidas.

Es importante que el Gobierno de Nuevo León desarrolle planes integrales de prevención y respuesta de COVID-19 en los centros de detención que no consistan exclusivamente en confinamiento solitario, sino que establezcan medidas para proteger la salud física y mental de los detenidos. Estos planes deben incluir, entre otras cosas, acceso al agua potable, productos de higiene, medicamentos e información sobre medidas sanitarias, y al menos, mantener informaciones que permitan a las familias saber el estado de salud de sus familiares internos.

En CADHAC, lamentablemente coincidimos que en Nuevo León, también cobran vigencia  estas apreciaciones y preocupaciones de Naciones Unidas y  HRW, en el sentido de que las prisiones latinoamericanas tienen un alto grado de hacinamiento que provoca que sean un espacio donde las enfermedades contagiosas se puedan propagar con rapidez.  Por lo que insistimos a que el Gobierno de Nuevo León tome las medidas necesarias urgentes para evitar que la pandemia corra como dice HRW “como un reguero de pólvora por las cárceles”.  Esto significa preservar la Seguridad Pública.

Hoy por hoy, las recomendaciones de dos organismos internacionales, expertos del tema, coinciden que el camino es: reducir la población penitenciaria, y han mencionado los supuestos en quienes debe liberarse a la brevedad. ¿Qué se necesita para evitar que esta pandemia, cobre vidas entre las personas privadas de su libertad y quienes le acompañan?

 

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.