XIX Encuentro de Organizaciones que Acompañan Casos de Personas Desaparecidas en México

15 de febrero, 2020

Es responsabilidad del Estado erradicar la desaparición de personas.

Se debe garantizar la búsqueda, investigación y localización en Michoacán de Ocampo.

 

Las organizaciones firmantes del XIX Encuentro de Organizaciones que Acompañan Casos de Personas Desaparecidas en México reunidas en Morelia, Michoacán de Ocampo, advertimos una falta de voluntad política del gobierno del estado de Michoacán en erradicar la problemática de la desaparición y garantizar los derechos de las víctimas.

La desaparición de personas en todo el país persiste y se incrementa. Los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano no han dimensionado lo que esta catástrofe significa, particularmente para las víctimas y sus familias.

  • En México hay un incumplimiento en el tema de verdad, justicia y reparación de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas mexicanas desde las décadas de 1970-1980 en diversas entidades del país, como es el caso de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
  • La situación se agrava con el incremento de las desapariciones a partir del año 2006 en todo el país, crimen permanente y continuado, ante lo que siguen sin garantizarse los derechos de las víctimas, a pesar de las leyes e instituciones fundadas en los últimos años.

En el estado de Michoacán de Ocampo se observa con preocupación que:

  •  El derecho a la justicia de familiares de personas desaparecidas ha sido obstruido por las autoridades competentes por faltas al debido proceso legal que se expresan en: a) Ocultamiento de expedientes de denuncias presentadas, el impedimento de acceso a las familias a conocer las averiguaciones y falta de seguimiento a las carpetas de investigación y b) La clasificación de los delitos por casos de desaparición no se remite a las áreas de competencia, como la Fiscalía Especializada de Desaparición.

 

  • Las instituciones abocadas a la búsqueda de personas desaparecidas no cumplen con los estándares que demanda la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda: El titular y demás personal de la Comisión Local de Búsqueda, no cumplen con el perfil que la Ley General señala y no cuentan con experiencia y capacidad para la búsqueda y localización de personas.

 

  • La falta de una Ley estatal para el estado de Michoacán en materia de desaparición incumple con el plazo que marca la Ley General, donde se garantice la participación y satisfacción de colectivos de familiares de personas desaparecidas.

 

  • Las familias de personas desaparecidas enfrentan situaciones de desatención a secuelas asociadas a la búsqueda de sus seres amados desaparecidos, que deriva en necesidades que deben ser resueltas y garantizadas conforme a sus derechos específicos.

 

  • La seguridad de las familias de personas desaparecidas y defensoras/es, no se ha garantizado por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y de las autoridades correspondientes a pesar de los ataques registrados en los años pasados que fueron notificados ante las autoridades de manera adecuada.

 

Si bien el gobierno federal ha realizado diversas acciones para atender la problemática de desaparición, éstas han sido insuficientes para resolver estas graves violaciones a derechos humanos y es imperativo que las autoridades estatales se coordinen de manera eficaz ante estos retos.

Conminamos a las autoridades michoacanas a retomar experiencias exitosas y buenas prácticas logradas en otras entidades de la República y que las organizaciones aquí presentes hemos impulsado.

Respaldamos al colectivo Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM), con sede en Michoacán y sus iniciativas en materia de desaparición de personas.

Los gobiernos deben fortalecer la escucha a colectivos de familiares de personas desaparecidas y sus acompañantes y trascender el alcance de las acciones que hasta la fecha se han manifestado, para favorecer la plena vigencia de derechos humanos, erradicar las graves problemáticas que tanto lastiman a las familias víctimas, a la sociedad entera y asegurar medidas de no repetición de estos hechos.

 

Atentamente, organizaciones participantes en el XIX Encuentro:

Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México, Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México “Alzando Voces” (COFADDEM), Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos A.C., Grupo VIDA Laguna A.C., Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz.

 

Datos de contacto:

COFADDEM: 443 172 8182

CADHAC: 81 83 43 5058

Postura ante informe de Mtra. Sofía Velasco de CEDHNL ante Congreso del Estado de N.L.

Mtra. Sofía Velasco Becerra
Presidenta Comisión Estatal de Derechos Humanos

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., externamos nuestro reconocimiento por su informe presentado recientemente ante la Septuagésima quinta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, en el que se constata la claridad y compromiso que tiene como defensora de derechos humanos.

El papel que tiene usted como representante del Organismo Público de Derechos Humanos de nuestro estado, resulta fundamental en el entorno en que nos encontramos donde siguen siendo permisibles una serie de violaciones a derechos humanos entre las que se encuentran las perpetradas en los centros penitenciarios; los abusos y crímenes policiacos, tortura, desapariciones forzadas, violencia hacia las mujeres, condiciones de población migrante, dilación en el debido proceso y afectaciones medioambientales.

Especialmente es relevante señalar su posición clara y sustentada en temas como el derecho a decidir, donde ante la modificación del Art.1 de la Constitución de Nuevo León, presentó, congruentemente con su encargo, un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo las graves condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de Nuevo León son un punto delicado que usted ha sabido abordar.

Con lo anterior, le enviamos nuestros saludos, dado que vamos en este mismo camino que busca la vivencia de los derechos humanos y el respeto al estado de derecho en nuestra entidad. Enhorabuena.

Atentamente,
Hna. Consuelo Morales E.
Directora

Inicia la primera ventanilla de atención a víctimas de desaparición

25 de febrero de 2020
Boletín 2002/04

CADHAC se une a la alegría y esperanza de las familias de personas desaparecidas ya que este martes 25 de febrero se inauguró la Ventanilla de Atención a Víctimas de Desaparición, en el municipio de Guadalupe, N.L. facilitando con ello el acceso de las víctimas indirectas a todos los programas sociales, teniendo como sustento la Ley General en la materia, y el Plan Estratégico en materia de Desaparición de Personas que se presentó en 2019 en el Estado.

Esta es la primera de las nueve ventanillas municipales que estarán abiertas, proporcionando asistencia social para quienes cuenten con la calidad de víctimas de desaparición. Los municipios comprometidos en esta primera fase del Plan Estratégico son: Apodaca, Cadereyta, Escobedo, García, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina.

El proceso de creación de las Ventanillas inició en 2019, en diálogo con las alcaldesas y alcaldes del área metropolitana. Los nueve municipios que respondieron a la convocatoria asumieron la responsabilidad que la Ley General en la materia les confiere, con un marco jurídico municipal que se concretó en un Reglamento que establece la creación de la Ventanilla, cuya aprobación en cabildos ya se ha dado en varios municipios, mientras que en otros se encuentra en fase de Consulta Pública.

Al evento acudieron familiares de personas desaparecidas de tres colectivos del Estado: Eslabones, Buscadoras de N.L. y AMORES, ésta última agrupación es acompañada por CADHAC. Estuvieron madres, padres y hermanas de jóvenes desaparecidos, algunas de ellas a cargo de nietos y nietas que quedaron a la deriva luego de la desaparición. Leonor Flores, integrante de AMORES, tomó la palabra y refirió las dificultades que enfrentan las familias, las cuales abarcan los ámbitos económicos, social, educativo, alimentario, de salud. Especialmente mencionó a compañeras que han vivido un deterioro en su salud, sufriendo embolia, paraplejia, cáncer, todo ello derivado del impacto de la desaparición de algún ser querido. La Ventanilla representa para ellas una posibilidad de aligerar la carga y una esperanza para seguir la búsqueda de sus seres amados.

También se contó con la presencia de las y los titulares de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Comisión Local de Búsqueda de N.L., de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, del Grupo de Investigación de la Fiscalía, además de representantes del municipio de Escobedo, del Tribunal Superior de Justicia, entre otros.

Este representa un avance significativo en el largo camino que las familias con algún ser amado desaparecido han recorrido en soledad. A partir de hoy, con esta ventanilla, se saben protegidas y apoyadas por sus autoridades municipales.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

¿Qué lugar ocupan las mujeres en las prioridades gubernamentales?

21 de febrero de 2020

Boletín 2002/03

Para el 2019, el Gobierno de la entidad no destinó apoyos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública al rubro de Acceso a la Justicia para las Mujeres. Desde el 2015, el Estado ha tenido a su disposición $1, 920 millones, de los cuales, solo $45 millones (2%) destinó al rubro de Apoyo para Acceso a la Justicia para las Mujeres. En 2016, el rubro de Acceso a la Justicia para las Mujeres contó con $44 millones; mientras que en 2017, se redujo el presupuesto a $102 mil pesos. En 2018, se elevó el presupuesto a $602 mil, sin embargo para 2019, se destinaron $0 pesos.  

 

Es alarmante la ausencia de recursos estatales para la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, la cual está rebasada de su capacidad. En 2019, dicha Fiscalía contó con más de 26 mil carpetas de investigación para solo 52 fiscales. Es decir, a cada fiscal le toca atender en promedio 507 asuntos en materia de feminicidios, delitos sexuales, trata de personas, entre otros.

 

Para Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), resulta inaceptable toda violencia, y en particular toda violencia cometida contra las niñas y mujeres. Esta expresa, el peor resultado de la justicia, así como los estereotipos y violencia generalizada que se tiene en la sociedad en materia de género. El reducido número de enjuiciamientos y condenas en caso de violencia contra la mujer es inaceptable. La violencia contra la mujer es un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, así como el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. El Estado debe priorizar dentro de su estrategia de seguridad nacional, el combate a la violencia contra las mujeres. Es necesario actuar con la diligencia y urgencia necesaria para garantizar la vida de las niñas y las mujeres.

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

¡No al ecocidio de Parque Nacional Cumbres de Monterrey!

El posible riesgo de ecocidio de “La Huasteca” ha vuelto a despertar un interés medioambiental de la sociedad regiomontana en general, traducido en actos de protesta en el sitio y “virtuales”, declaraciones públicas, además de un nuevo marco regulatorio “anti-prohibicionista” frente a nuevas edificaciones.

El impacto ambiental de la urbanización en “La Huasteca” no solo debe entenderse como un hecho aislado, sino como una realidad compleja que no solo se reduce a asentamientos inmobiliarios, ni es exclusiva de dicha zona sino de todo el Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

Los límites del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM) corresponden precisamente a la Curva De Monterrey por el norte y con el área metropolitana de Monterrey (AMM), al oeste con la línea divisoria con Coahuila, al este con el cañón del Huajuco y al sur con el río Pilón, extensas 177,395 hectáreas dominadas por sierras, cañones y barrancos.   En el período 1934-1938, durante el mandato del entonces presidente Lázaro Cárdenas, se declararon 36 “parques nacionales”, incluyendo al PNCM. El decreto original de 1939 expone como justificación principal para su creación, la protección de la cubierta vegetal de sus ecosistemas para regular las avenidas extraordinarias producidas por las lluvias torrenciales y con ello evitar inundaciones en la ciudad de Monterrey. La extensión original del parque fue de 245,000 hectáreas, pero el crecimiento urbano en Monterrey fue modificando los límites geográficos, quedando en 177,395 hectáreas, lo que representa una pérdida de 67,604 hectáreas. Tres años después, el presidente Manuel Ávila Camacho legalizó la explotación y afectación de terrenos de dicha área por contar con “terrenos que tengan pendiente de 10 por ciento o menos y que sean apropiados para los cultivos agrícolas”. Durante la administración federal de Ernesto Zedillo, el 17 de noviembre de 2000, también por decreto presidencial se declaró dicha región como Área Natural Protegida con el carácter de parque nacional, derogando así los primeros dos decretos.

Más que un atractivo visual, las montañas de la ciudad fungen como una fuente de agua. Solamente tomando en cuenta las montañas comprendidas hoy dentro del PNCM, se obtiene el 40% del agua total que se consume en la ciudad. Las construcciones y desmontes reducen la infiltración del agua, generan escasez, minimizan las zonas de absorción y se promueve el riesgo de inundaciones. Las áreas del PNCM que cumplen con función de captar y proveer agua son: Adjuntas-Río Ramos, Río Pilón y La Estanzuela. Pero no son las únicas en el área, porque a esas fuentes de agua superficial, hay que añadir la que se extrae del subsuelo en todo el territorio de La Huasteca.

El acelerado desarrollo urbanístico representa una amenaza importante para el PNCM. A pesar de estar protegido desde 1939, distintas empresas han buscado desarrollar diversas zonas en el interior, mediante antiguos títulos de propiedad “amparados contra la declaratoria del PNCM”. De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ser una área natural protegida implica: prohibición de obras o actividades que alteren o causen daños irreparables al equilibrio de los ecosistemas; se evitan actividades y/o prácticas que propicien erosión, degradación o la modificación de la topografía. No existe una adecuada regulación legislativa, lo que ha propiciado la especulación de empresarios que pretenden urbanizar los cañones del PNCM (ejemplo: Valle de Reyes en “La Huasteca”). Sin importar que Agua y Drenaje de Monterrey ha reconocido que los pozos localizados en dichos cañones se extrae, al menos, 10% del agua que se consume en el AMM. Otro ejemplo es el área de “Guitarritas”, donde existen sitios sagrados para el pueblo huichol y una amplia gama de pinturas rupestres, se ha visto amenazada por la iniciativa privada. En sí, el PNCM fue declarado en 2006 por UNESCO como una reserva de biósfera. Si se llegara a realizar alguno de estos proyectos urbanísticos dentro del PNCM con el pretexto de continuar el crecimiento del AMM, se afectaría todo un ecosistema silvestre. 

Otra problemática del PNCM es el turismo no regulado. El PNCM es un patrimonio de todos y todos tenemos derecho a disfrutar de él, sin embargo, se debe tener un marco de leyes que eviten el abuso de recursos en la zona. Se han registrado tiraderos clandestinos de basura a lo largo del PNCM. Un ejemplo de ello, es un tiradero que se ubica  en el camino a Laguna de Sánchez, en donde se encuentra todo tipo de basura: ropa, botellas de vidrio, pañales y comida. Asimismo, la presencia de colillas de cigarro pueden ocasionar incendios forestales.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para el año 2030, Nuevo León tendrá aproximadamente un millón de nuevos habitantes, 90 por ciento en el AMM; lo que agravará sus problemáticas ambientales: escasez de agua, contaminación, pérdida de áreas verdes, riesgos geológicos e hidrológicos, hacinamiento, congestionamientos viales, inseguridad, entre muchos otros. 

Por otro lado, la introducción de especies invasoras afecta al PNCM. El PNCM, ha sido clasificado por la Comisión Nacional para el Estudio y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), como una región terrestre prioritaria. El sitio alberga a las comunidades vegetales de mayor valor ecológico de Nuevo León, principalmente bosques de pinos y encinos, así como pastizales y diversas composiciones florísticas a lo largo de los ríos y cañadas. Se han registrado 1 mil 368 especies de flora y fauna en el parque, 73 consideradas en peligro de extinción, amenazadas, endémicas o bajo protección especial. La introducción de especies invasoras, como los árboles de trueno o sombrillas japonesas, daña el ciclo natural de alimentación y reproducción de la flora y fauna del PNCM. Desde un simple gato que se ha soltado por error dentro del parque, se puede ocasionar un cambio en el modo de vida de las demás especies que alberga el PNCM.

El modelo de gobernanza medioambiental en Nuevo León requiere una renovación completa. Hay muchos espacios que sufren de esta falta de gobernanza, como es el caso de Cuatro Ciénegas que no tiene los mismos intereses que el PNCM. Mientras no exista una adecuada solución y gestión de problemas ambientales, se seguirán avanzando situaciones como: el desarrollo urbano, falta de capacidades institucionales para garantizar sanciones dignas,  ausencia de trabajos de compensación y de recuperación de lo dañado, etc. Es necesario hacer valer los marcos normativos vigentes y legislar nuevas protecciones.

Tenemos derecho a vivir en este planeta pacíficamente: respirar aire limpio, beber agua limpia, disfrutar del clima, la tierra y los mares que nuestros antepasados disfrutaron. No es un derecho exclusivo de las personas sino de todas las especies. Es un derecho estrechamente relacionado con el derecho a la vida. La sobreexplotación de los recursos naturales está conduciendo a todas las especies hacia un precipicio. 

Dado lo anterior, en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), instamos a que las autoridades e instituciones dialoguen y apliquen los marcos normativos necesarios para cambiar dicha realidad estatal. Los derechos humanos no deben ser violados, ni alterados por intereses económicos, sino más bien deben ser los rectores en toda actividad económica y social.

Consulado de EUA reafirma apoyo a derechos humanos

7 de febrero de 2020

Boletín 2002/02

Cónsul General William Duncan visita Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

De visita por las instalaciones de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), el Cónsul General William Duncan reconoció que en más de 25 años de trayectoria en Nuevo León y en México, esta institución y su fundadora y directora, la Hermana Consuelo Morales, han recibido diversos premios nacionales e internacionales por su labor.

“En el Consulado nos es grato apoyar su misión que busca favorecer una cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas en el estado de Nuevo León, sin discriminación alguna. Cuenten con nuestra solidaridad para esta noble causa; por más proyectos en conjunto,” dijo Duncan.

Con el Consulado, CADHAC ha trabajado mediante el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en diversos proyectos en los temas de protección de derechos humanos en Nuevo León, implementación de estrategias para la búsqueda de desaparecidos, lineamientos para regular el uso de la fuerza, mejoramiento de las capacidades técnicas de los servicios forenses de Nuevo León, intercambio de experiencias entre procuradurías para la búsqueda inmediata de personas, diagnóstico de capacidades periciales, entre otros programas.

CADHAC trabaja desde 1993 defendiendo a aquellas personas o grupos que han sido violentados en sus derechos humanos, y que se acercan a solicitar apoyo, el cual brindan sin distinguir condición social, religión, sexo, profesión o posición política. Parten de la convicción de que toda persona puede por sí misma ponerse de pie, siempre y cuando haya un entorno que le favorezca, de esta forma construyen ciudadanía, exigiendo y ejerciendo derechos de manera colectiva. CADHAC da acompañamiento psicosocial (social, psicológico y jurídico) de manera gratuita a familias con personas desaparecidas en el estado de Nuevo León y Tamaulipas. Brindan asesoría jurídica gratuita a personas víctimas de violaciones a derechos humanos (por ejemplo, casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, abuso de autoridad, entre otras). Ofrecen asesoría gratuita y gestiones para personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de Nuevo León.

Reunión con la OEA queda a deber con las personas privadas de libertad en América

4 de febrero de 2020

Boletín 2002/01

Ausencia de las autoridades responsables de la política penitenciaria mexicana y falta de enfoque en DDHH: es necesario transformar el sistema penitenciario

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL) y asistieron a la Cuarta Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de las Américas, convocadas como invitadas especiales por la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se dio seguimiento a la necesidad de atender la situación penitenciaria en la región.

La Cuarta Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de las Américas se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, el 3 y 4 de febrero de 2020 con una representación de 29 delegaciones estatales, teniendo por objeto incidir en la humanización del sistema penitenciario. La agenda incluyó los siguientes temas: humanización de los sistemas penitenciarios; mecanismos para la reducción del hacinamiento; programas de rehabilitación para la reinserción social de personas privadas de libertad; profesionalización del personal penitenciario; y, sistemas de información para la gestión penitenciaria.

Los retos del sistema penitenciario en México, como el hacinamiento, la abolición del autogobierno y la generación de programas de reinserción social, entre otros, reclaman mayor asertividad por parte de las autoridades corresponsables por generar sistemas humanizantes que reconozcan a las personas privadas de libertad como sujetas de derechos. Es necesario recordar que actualmente hay más de 200 centros penitenciarios en nuestro país, mismos que albergan a 200 mil personas privadas de libertad, y que todas y cada una de ellas están en una situación potencialmente violatoria de derechos humanos. En ese sentido, si bien se tocaron algunos de estos temas en esta Cuarta Reunión de Estados, el abordaje no resalta la importancia de poner en el centro a las personas privadas de la libertad, aún cuando el Secretario General de la OEA señaló en la inauguración que “el núcleo central de los sistemas penitenciarios son los seres humanos, tanto los funcionarios como los reclusos”. El enfoque en derechos humanos debe de ser fundamental, si es que realmente se quiere lograr una transformación positiva en las políticas penitenciarias de la región.

En estados como Nuevo León o Baja California, por ejemplo, los ataques a los derechos humanos siguen siendo práctica común: acorde al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP 2019) ambos estados, en segundo y tercer lugar respectivamente, presentaron la mayor cantidad de desórdenes a nivel nacional. A su vez, Baja California es el tercer estado con más riñas dentro de los Centros de Reinserción Social (CERESO) con 62 y Nuevo León reportó 36, también. Esto muestra que el problema de autogobierno y control de las autoridades de los centros de ambos estados tienen que ser atendidos con mayor preocupación y a la brevedad. En cualquier caso, esto señala que una reunión de la OEA donde no se profundice en ciertas temáticas álgidas de derechos humanos -salvo por las intervenciones de algunos países- queda a deber.

Cabe señalar, además, la presencia de funcionarios penitenciarios de la región que aún promueven y promulgan una visión punitiva del sistema. De la mano de esto, la omisión por atender la responsabilidad que tiene el Estado mexicano con su población privada de libertad se nota con la preocupante ausencia de funcionarios mexicanos especializados en el tema o representantes del gobierno, contándose solamente con la Embajada del país sede del evento.

Finalmente, en los acuerdos de esta Cuarta Reunión fue un acierto haberse pronunciado respecto a la problemática de delincuencia al señalar que, “Con el apoyo y la participación activa de los Estados Miembros, [la Secretaría Multidimensional de la OEA deberá sistematizar] las buenas prácticas para abordar los desafíos que plantea el crimen organizado al interior de los centros penitenciarios. Asimismo identifique  las mejores prácticas de prevención, investigación y sanción de la corrupción en los sistemas penitenciarios, que contribuya a mejorar los propósitos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad”.

La situación penitenciaria en México es preocupante, y en ese sentido es primordial la importancia del gobierno federal y los gobiernos estatales a este tema, así como la claridad y perspectiva de derechos humanos de organismos internacionales como la OEA para coadyuvar en el abordaje de estos temas.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

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