México, 7 de abril de 2019
Sra. Michelle Bachelet
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
P R E S E N T E
Ref.: Visita a México
Estimada Alta Comisionada:
Quienes suscribimos la presente carta le damos una calurosa bienvenida a México. Su visita, al igual que las de sus predecesores y predecesoras, es fundamental para mantener la agenda de derechos humanos como un tema actual, necesario y urgente en nuestro país.
Como es de su conocimiento, México vive una crisis en materia de derechos humanos. Las visitas y pronunciamientos de distintos mecanismos especiales[1], los informes de los órganos de tratados[2], los resultados del Examen Periódico Universal[3], los pronunciamientos de su Oficina en México[4] y los realizados desde la sede en Ginebra lo demuestran[5]. De lo anterior, es razonable afirmar que todos los derechos humanos en México necesitan una atención prioritaria.
Las altas tasas de violencia que vive el país y la falta de una respuesta adecuada, proporcional, coordinada y basada en derechos humanos, nos preocupan sobremanera. Esa violencia se ve reflejada en un alto número de feminicidios y homicidios registrado en el país[6], las más de 40,000 personas desaparecidas -y cuyo número sigue en ascenso-, las torturas y malos tratos, las indignas condiciones penitenciarias, la prisión preventiva oficiosa, los ataques y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, las violencias de toda índole hacia niñas y mujeres, la presencia de la delincuencia organizada en el territorio nacional pero también la letalidad de algunas instituciones de seguridad así como el involucramiento directo funcionarios de los tres niveles de gobierno en la perpetuación de la violencia. Esas y otras facetas, hacen que la violencia sea desmesurada y descontrolada.
A lo anterior se suma el escenario relacionado con la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: la falta de calidad y acceso a la educación; la precarización de los derechos laborales y sindicales; los servicios de salud sin gratuidad, medicamentos o personal suficiente y profesional para garantizar una amplia cobertura; la pésima calidad del agua a partir de la contaminación de la hidrografía mexicana; la tala ilegal, la presencia de proyectos de desarrollo que dividen comunidades y afectan seriamente territorios y el medio ambiente; y la carencia de una vivienda que respete los estándares internacionales, son algunos de los temas de preocupación actuales.
Más aún, esas violaciones de derechos humanos tienen un mayor impacto en sectores históricamente discriminados: niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; indígenas y campesinos/as; mujeres; personas adultas mayores; personas en contextos de movilidad interna e internacional; y personas integrantes de la comunidad LGBTTTI.
Todos esos temas -y muchos más- encuentran mayor preocupación en un contexto en el que tanto el actual gobierno federal como los de las 32 entidades federativas tienen una concepción paternalista y clientelar, y se encuentran en proceso de recortes presupuestales injustificados y sin diagnósticos previos en políticas públicas instauradas para niñas y mujeres que necesitan refugios por encontrarse en situaciones de violencia, o el cambio de visión sobre estancias infantiles o los recortes de programas relacionados con personas con discapacidad. Ello, aunado a la visión de seguridad militarizada a partir de la reforma a la Constitución Política mexicana para la conformación de una Guardia Nacional integrada en su mayoría por elementos militares y navales; al ataque a instituciones autónomas; la designación de funcionarios y funcionarias cercanas al Presidente de la República; la firma de permisos de explotación de aguas o recursos naturales sin previo informe de impacto ambiental; la posición sobre ciertos medios de comunicación (como “adversarios”); o la deslegitimación a las organizaciones de la sociedad civil (como intermediarias de recursos o simuladoras pero no transformadoras de la realidad). Esa y otras posiciones nos hacen temer que durante el sexenio de la administración federal actual se vaya a avanzar decididamente en materia de derechos humanos.
En nuestro país es excepcional tener una investigación adecuada y diligente que termine en una sentencia judicial cuando se cometen violaciones de derechos humanos, como lo reflejan tanto el subregistro[7] en la denuncia como la tasa de 98% de impunidad. La colusión e incapacidad de las instituciones se ve reflejada en la saturación de servicios forenses que tienen miles de personas asesinadas sin ser identificadas y sin lograr cruces de identificación eficaces; en la falta de coordinación entre autoridades (lo cual se dificulta aún más por la organización política de un país federal), en la falta de sensibilidad y debida diligencia de las fiscalías; en servicios periciales carentes de autonomía; y, salvo excepciones, en un poder judicial más enfocado en la formalidad de sus actuaciones que en abordar las causas estructurales que siguen generando violaciones masivas de derechos humanos en el país.
Ante ese escenario desolador y adverso, quienes defendemos derechos humanos hemos encontrado en quienes integran la Oficina en México a grandes aliados y aliadas que, desde un rol de acompañamiento técnico a las instituciones mexicanas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos y colectivos, han logrado mantener una interlocución fundamental para el avance del discurso y de políticas públicas de derechos humanos en el país. La capacidad técnica que han demostrado, sumada a una dosis de creatividad, inteligencia, análisis estratégico y mediación, hacen que la Oficina en México se haya posicionado como uno de los interlocutores más importantes y legítimos en el tema.
Pero la Oficina en México ha ido más allá de su mandato oficial: su sensibilidad, solidaridad y acompañamiento para quienes hemos estado en situaciones de desprotección y desesperanza, les han merecido un infinito agradecimiento de familiares de personas desaparecidas, víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, defensores y defensoras en riesgo, periodistas que han sufrido diversas agresiones, académicos/as e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Jan Jarab, junto con su incansable y valiente equipo, nos siguen reafirmando la relevancia del escrutinio internacional para el avance nacional de los derechos humanos y, asimismo, han demostrado el lado humano de las Naciones Unidas.
Señora Alta Comisionada: el 7 de octubre de 2015, su antecesor emitió una declaración al finalizar su visita a México. También presentó 14 recomendaciones, las cuales mantienen una indiscutible vigencia.[8] Esperamos que en su visita al país usted reafirme su apoyo tanto a su Oficina de país como al Estado mexicano (instituciones, organizaciones y personas) para el cumplimiento de esas recomendaciones y las demás emitidas por distintas instancias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. De nuestra parte, tendrá todo el apoyo y agradecimiento por su interés y acompañamiento porque tenemos el convencimiento que el dolor, la desolación, la discriminación, la violencia y la impunidad en nuestro país deben terminar.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestra más alta consideración y estima.
ATENTAMENTE,
Organizaciones y colectivos: Abogadas Demócratas; Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados Desaparecidos de Nuevo León (Grupo Amores); Alondras Unidas en Búsqueda de Nuestros Desaparecidos, Estado de México; Búsqueda de Familiares Regresando a su Casa Morelos A.C.; Casa Amiga Esther Chávez Cano A.C.; Causa en Común A.C.; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH); Centro Nacional de Comunicación Social A.C.; CIC Propuesta Cívica; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Colectivo BUSCAME (Buscando Desaparecidos México); Colectivo Colibrí; Colectivo contra la Trata de Personas; Colectivo Familia Desaparecidos Orizaba – Córdoba; Colectivo Más Derechos Humanos; Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH); Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C.; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces”; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Derechos de la Infancia y la Adolescencia A.C. (DIA); Desaparecidos Justicia A.C. Querétaro; Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.; Ecos de Mirabal; El día después; Fátima I.B.P.; Equipo de Seguimiento de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad); Equis Justicia para las Mujeres; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUNDEC-FUNDEM); Fundación Find; Fundación Gilberto Rincón Gallardo A.C.; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas (GDPC); Grupo Víctimas por Nuestros Desaparecidos en Acción (Grupo VIDA); Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Infancia Común A.C.; Instituto de Justicia Procesal Penal A.C. (IJPP); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto para la Seguridad y la Democracia. A.C. (INSYDE); La Sandía Digital, Laboratorio de Cultura Audiovisual; Laboratorio de Innovación para la Paz A.C.; Lekil Kuxlejal A.C.; México Unido contra la Delincuencia (MUCD); Observa Ciudadana, Observatorio Latinoamericano contra la trata de Personas (ObservaLaTrata) Observatorio para el Acceso a la Información Pública; Observatorio Designaciones Públicas; Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y de los Derechos Humanos, A.C.; Organización Popular Independiente A.C.; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México-Tijuana; Programa Compañeros A.C.; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Red de Desaparecidos en Tamaulipas; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.; Red por la Participación Ciudadana A.C.; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Renacer Lagunero; Sabuesos Guerreras A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz); Sin Violencia A.C.; Tierra Nativa A.C.; Unión Campesina Democrática Chihuahua (UCD Chihuahua); Uno de Siete Migrando A.C.; Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz. Con el apoyo internacional de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y de la Oficina en Washington para Asuntos Internacionales (WOLA).
Personas: Alberto Athié, Alejandro Anaya Muñoz, Carlos Alberto Galindo López, Carlos Garza Falla, Denise Dresser Guerra, Eliana García Laguna, José Mario de la Garza Marroquín, Jorge Javier Romero, Jorge Verástegui González, Juan Carlos Páez, Juan Manuel Estrata Juárez, Juan Martín Pérez García, Julián Mejía Berdeja, Luis Daniel Vázquez, Maite Azuela, Mara I. Hernández, María Elena Morera, Nicomedes Fuentes, Pablo Girault, Paola Zavala Saeb, Santiago Corcuera Cabezut, Sergio González Cárdenas, Silvano Cantú, Silvia Ortíz de Sanchezviesca.
Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA): Agencia Familiar Binacional A.C. (AFABI); Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue del Desierto; Alianza Binacional Migración y Desarrollo A.C. (ABIMyD); Las Dignas de El Salvador; Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México (ASAFAMEX); Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN); Derecho a la Identidad A.C.; Boca de Polen Red de Comunicadores; Casa del Migrante en Tijuana A.C.; Casa Refugiados A.C.; Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante de Saltillo); Casa del Migrante de Monterrey, Casa Nicolás; Instituto Madre Assunta; Casa Tochan; Centro Bonó; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN); Centro de Alternativas para el Desarrollo Social A.C. (CADES); Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI); Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI); Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada (CAFEMIN); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI); Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG) ; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Clínica Jurídica Alaide Foppa-UIA; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectiva Sororidad Glocal; Colectivo Por una Migración Sin Fronteras de Tlaxcala; Colectivo Transnacional CODETZIO; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos (COFAMIDE); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO); CONFEMEX; Contracorriente A.C.; CONVIHVE A.C.; Coordinación de Migración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Deportados Unidos en la Lucha (DUL); Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4-Paso Libre); El Rincón de Malinalco; Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas; Espacio Migrante A.C.; Estancia del Migrante González y Martínez A.C. (EMGM); Estudios Fronterizos – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Federación Zacatecana A.C. (FEDZAC); Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM); Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB); Fundación Comunitaria del Bajío; Fundación para el Desarrollo; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. (GIMTRAP); Help for Be Progress, Inmigrant Initiative; Identidad Migrante Derechos Humanos; Inclusión y Equidad, AC; Ana Stern-Incide Social; Fabiola Mancilla; Hugo Ángeles; Jorge Romero León; Leticia Calderón-Instituto Mora; Lorena Cano; Marta Villarreal; Martha Rojas-ECOSUR; Mayela Blanco Ramírez; Mónica Salmón Gómez; Nadia Nehls; Ofelia Woo-Universidad de Guadalajara (UdG); Patricia Zamudio-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo); Rocío Osorno; Rodolfo García Zamora -Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Ximena Gallegos; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A. C.; Iniciativa Kino para la Frontera Norte; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC (IIPSOCULTA); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE); Instituto Para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI); Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI); Irapuato Vive A.C.; Justice in Motion; Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (JINACO); Latin America Working Group (LAWG); Mesa de Coordinación Transfronteriza-Migraciones y Género (MTMG); Migrantólogos; Mujeres Unidas y Activas-Immigrant Youth Coalition; Observatorio Migración Puebla de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Organización Binacional Aztlán; Otros Dreams en Acción (ODA); Planeta de Comunicación, Arte, Orientación, Sociedad y Salud A.C. (Planeta CAOSS); Por la Superación de la Mujer A.C.; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante A.C. (PRECADEM); Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI- UIA Laguna); Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO); Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México (PRAMI-UIA); Red Binacional de Mujeres Artesanas; Red de Desarrollo Sustentable; Red de Mujeres del Bajío A.C. y su Centro Regional de la Red de Mujeres del Bajío (CEREMUBA); Red del Bajío en Apoyo al Migrante; Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Red Jesuita con Migrantes de ALC; Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF)/Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex); Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones; Red Regional Verdad y Justicia; Respuesta Alternativa; Ririki Intervención Social S.C.; Salud Integral para la Mujer A.C. (SIPAM); Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR); Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Sin Fronteras, IAP; Sistema Universitario Jesuita; The United Food and Commercial Workers (UFCW); Un Mundo Una Nación; Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C.; Uno de Siete Migrando A.C.; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C. (VM-APM); y Washington Office on Latin America (WOLA).
Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México y Amnistía Internacional – México.
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (GTPM): Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Americas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; SJM-SJR México, Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández. Secretaría Técnica.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), conformado por 39 organizaciones de 24 entidades de la República Mexicana: Aguascalientes: Observatorio de Violencia Social y de Género; Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gauges; Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género; Chiapas: Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C. (COLEM); Coahuila: Centro de Derechos humanos Fray Juan de Larios; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM); Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Ciudad de México: Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Red Mujer Siglo XXI; Justicia, Derechos Humanos y Género; Justicia Pro Persona; Cátedra Unesco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Estado de México: Familiares en Búsqueda de Justicia; Red de Promotoras de Ecatepec; Hidalgo: Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC); Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Guerrero: OBVIO Guerrero A.C.; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México);Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; Nuevo León: ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.; Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano; Puebla: Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.;Quintana Roo: Mayas sin Fronteras; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Frente Cívico sinaloense; Sonora: OCNF Sonora; Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C.; Veracruz: Red Nacional de Periodistas;Yucatán: Ciencia Social Alternativa; Red Por Nuestros Derechos Mujeres en Red.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C. (Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala, Hgo.); Bowerasa A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C. (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova” A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi” A.C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan A.C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A.C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS); Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi” A.C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada” A.C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz” A.C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima no gubernamental A.C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco A.C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo A.C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo., A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol A.C. (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A.C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa A.C., Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (San Cristóbal de las Casas, Chis).
[1] Ver, entre otros, los informes de visita de los y las relatores sobre personas defensoras de derechos humanos; pueblos indígenas; libertad de expresión; derecho al agua; empresas y derechos humanos; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica; ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada e involuntaria; independencia de magistrados y abogados; y venta de niños/as, prostitución infantil y utilización de niños/as en pornografía. A lo anterior, vale la pena añadir los pronunciamientos individuales y conjuntos de procedimientos especiales sobre todo en el marco de las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior y la Guardia Nacional, así como los informes individuales del Grupo de Trabajo sobre Detención arbitraria.
[2] En los dos últimos años, el Estado mexicano ha sido revisado por los Comités sobre Desapariciones forzadas (2018), discriminación contra la mujer (2018), económicos, sociales y culturales (2018) y trabajadores migratorios y sus familiares (2017). En este año se encuentra pendiente la revisión el CAT, el CERD, el CRPD y el CCPR.
[3] Recientemente acaba de finalizar el tercer ciclo de evaluación de México por el Consejo de Derechos Humanos. En marzo pasado, el Estado mexicano compareció ante el Consejo y aceptó 262 de las 264 recomendaciones emitidas. Ver, Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal sobre México. Adición: Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado. Doc ONU A/HRC/40/8/Add.1, de 12 de febrero de 2019.
[4] Existe un sinnúmero de pronunciamientos de la Oficina en México en los que expresa preocupación o saluda los avances en distintas materias: periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo o asesinados/as; políticas de seguridad adoptadas; decisiones judiciales y de otros órganos autónomos relevantes; búsqueda de personas desaparecidas; reformas legislativas; etc.
[5] A ello se suman los realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea, entre otros.
[6] De acuerdo con una nota periodística, durante 2018 “fueron asesinadas, en promedio, casi 94 personas todos los días, un aproximado de cuatro personas asesinadas violentamente cada hora.” Asimismo, “[e]ste balance también confirma un incremento de los homicidios dolosos por cuarto año consecutivo. Mientras que en 2014 la tasa de homicidio doloso era de 12.96 casos por cien mil habitantes, para 2015 pasó a 13.32, en 2016 ascendió a 16.49, en 2017 se disparó hasta 20.27 casos, y 2018 cierra con 23.1 casos.” De acuerdo a la misma fuente, “en cuatro años el nivel de los homicidios dolosos en México ha crecido, sin detenerse, más de 74%. Para ponerlo en proporción, en 2014 el total de personas asesinadas (siempre de acuerdo con los datos del SESNSP) fue de 17 mil 336 víctimas, mientras que en 2018 asciende 34 mil 202, es decir, 16 mil 866 asesinatos más.” Ver, Animal político. 2018, el año más violento con más de 34 mil homicidios; en diciembre aumentaron 9%. Nota de 21 de enero de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/01/2018-violencia-homicidios-delitos-mexico/(Resaltado en el original)
[7] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra (subregistro) de 2017 fue de 93.2%: “En 2017 se denunció el 10.4% de los delitos” y en ese mismo año “se inició averiguación previa en el 6.8% del total de delitos. En 93.2% de delitos no hubo denuncia o no se inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación.” Ver, INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2018). Principales resultados. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf.
[8] Las recomendaciones fueron las siguientes: 1) establecer un consejo asesor sobre derechos humanos e impunidad; 2) investigar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos; 3) reformar las normas militares para asegurar que el fuero militar no conozca de ninguna violación de derechos humanos; 4) garantizar un enfoque de seguridad ciudadana en la seguridad pública con enfoque de derechos humanos; 5) adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales y asegurar su efectiva implementación; 6) crear una institución nacional forense autónoma e independiente; 7) implementar un registro de todas las detenciones; 8) garantizar la autonomía de distintos órganos, incluyendo las instituciones de procuración y administración de justicia; 9) ratificar algunos instrumentos internacionales pendientes; 10) establecer un mecanismo interinstitucional de alto nivel participativo para la implementación de estándares y decisiones internacionales; 11) garantizar una consulta indígena adecuada en temas que les afecten; 12) reforzar las políticas públicas a favor de las mujeres; 13) implementar efectivamente la metodología de indicadores de derechos humanos de la ONU-DH; y 14) Adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Tanto la declaración del Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein del 7 de octubre de 2015 como las recomendaciones emitidas y la respuesta del Estado mexicano a las mismas se encuentran disponibles en: http://www.hchr.org.mx/images/Comunicados/2015/151007_HC_Statement_MexVisit_SP.pdf.
