Decálogo para una nueva #LeydeMovilidadNL

Monterrey, N.L., a 13 de febrero de 2019

Entendiendo la urgencia de un marco jurídico que resuelva la crisis de movilidad en la entidad , un grupo de instituciones y organizaciones de la sociedad civil hemos entregado al Congreso local una propuesta para construir la columna vertebral de una Ley de Movilidad del Estado de Nuevo León, que garantice el derecho a la movilidad y priorice a las y los usuarios por encima de los intereses particulares.

El miércoles 6 de febrero entregamos a las y los diputados locales un documento de análisis en el que se explica por qué la iniciativa que el gobierno estatal entregó al H. Congreso del Estado de Nuevo León el 24 de octubre de 2018 no es una propuesta de Ley de Movilidad, sino un proyecto de ley retrógrada que profundiza y perfecciona el modelo discrecional entre el regulador y prestadores de servicios de transporte público, dejando de lado al espacio público y medios no motorizados. Así que rechazamos esa iniciativa como base de la discusión para crear una nueva ley.

 

De manera colectiva, hemos construido un “Decálogo para una nueva #LeydeMovilidadNL, que plantea los 10 puntos fundamentales para redactar una iniciativa centrada verdaderamente en las y los usuarios y las estrategias para resolver los principales problemas de falta de movilidad, congestión y caos del estado. Este decálogo prioriza estos conceptos clave: Las y los usuarios primero; derechos humanos, inclusión y accesibilidad; visión sistémica; medios no motorizados; espacio público; tecnologías y servicios; transporte de carga y distribución coordinada; energías limpias; coordinación gubernamental; transparencia, rendición de cuentas y datos abiertos; y perspectiva de género.

 

También queremos anunciar que en un breve lapso llevaremos al H. Congreso del Estado una iniciativa integral de Ley de Movilidad para Nuevo León, que establezca deberes y derechos para todos los actores en el sistema de movilidad. Desde nuestras plataformas de comunicación abriremos la posibilidad para que el texto sea nutrido de manera colaborativa por cualquier ciudadano/a. El objetivo final es que esta iniciativa sea suscrita por legisladores/as de los diferentes partidos, para luego ser discutida y aprobada en las Comisiones de Transporte, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, para finalmente, pasar a la aprobación del pleno.

 

Atentamente, Bosque Urbano México, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Colegio de Arquitectos de Nuevo León, A.C.; Cómo Vamos, Nuevo León; Consejo Cívico; DistritoTec; Distrito Valle del Campestre; La Banqueta Se Respeta; Lab Ciudad U-ERRE; Movimiento de Activación Ciudadana – MOVAC; Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey; Pueblo Bicicletero; Únete Pueblo; y Wikipolítica.

DECÁLOGO PARA UNA NUEVA #LEYDEMOVILIDADNL
  1. Las y los usuarios primero. La nueva Ley debe ser un instrumento que genere beneficios para las y los usuarios de todas las modalidades; acorde con la jerarquía de la pirámide de la movilidad, es decir, priorizando a los grupos más vulnerables y cuya infraestructura genera menor costo económico e impacto ambiental; Personas con discapacidad, peatones, ciclistas, las y los usuarios y operadores del transporte público y vehículos de emergencia, las y los usuarios y operadores del transporte de carga y las y los usuarios de los vehículos particulares motorizados.
  2. Derechos humanos e inclusión. La movilidad eficiente es un derecho, que se relaciona y hace posible otros derechos: salud, trabajo y educación, entre otros. Este enfoque se relaciona y se complementa con otros conceptos: perspectiva de género, accesibilidad, asequibilidad, etc.
  3. Visión sistémica: Vinculación con otras leyes desde una perspectiva metropolitana, entre otras, las que regulan: el medio ambiente, el desarrollo urbano y la administración pública.
  4. Medios no motorizados. La nueva Ley debe garantizar espacios y servicio que incentiven los medios no motorizados.
  5. Espacio público. Establecer las condiciones para que el espacio público cumpla la función de contener y articular los servicios, equipamientos e infraestructura para la movilidad eficiente, la convivencia y la habitabilidad.
  6. Tecnología. Enfoque de movilidad como servicio (MaaS) como pieza clave del sistema integral de transporte. Inteligencia basada en generación y uso de datos que deben ser públicos, para hacer más eficiente el sistema.
  7. Transporte de carga. Garantizar la distribución coordinada, eficiente y ordenada para suministro de bienes, con las menores externalidades negativas posibles.
  8. Energía limpia. Incorporar el uso de energías limpias en todos los servicios de movilidad para reducir la contaminación del aire.
  9. Coordinación entre órdenes de gobierno. Definir claramente las competencias y responsabilidades que garanticen la coordinación entre órdenes de gobierno, en materia de movilidad y espacio público.
  10. 10. Transparencia y rendición de cuentas. Los servicios se financian con el dinero de los usuarios, por lo tanto deben existir instrumentos que garanticen la transparencia en los procesos, asignación, operación, administración y resultados (datos abiertos).

Militarización se concreta en Nuevo León; Senado considera alternativas

8 de febrero de 2019

Boletín 1902/03

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), externamos nuestra preocupación ante la designación de un mando militar para coordinar la operación de seguridad de los once municipios metropolitanos, decisión que va en sentido contrario al compromiso asumido por el Senado de la República de realizar una dinámica de Parlamento Abierto para considerar modificaciones a la iniciativa de reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional.

El nombramiento de José Luis Cruz Aguilar, Comandante de la Cuarta Brigada de la Policía Militar, como responsable de la coordinación de seguridad de los once municipios metropolitanos representa la decisión del Gobierno del Estado y las administraciones municipales de profundizar la participación militar que pasa de un rol ejecutivo y operativo a una función de mando y coordinación de la estrategia de seguridad pública de Nuevo León.

En contraste, legisladores en el Senado de la República acordaron realizar un ejercicio de Parlamento Abierto para considerar alternativas que respondan a las posturas de organismos internacionales de protección a los derechos humanos y personas expertas en seguridad pública a nivel nacional agrupadas en el colectivo Seguridad Sin Guerra, quienes han evidenciado en múltiples foros y comunicaciones que la reforma constitucional propuesta profundizaría y haría permanente la militarización de la seguridad pública en México.

Si bien, la colaboración con las corporaciones militares y el fortalecimiento de la coordinación entre los diferentes municipios y el Gobierno del Estado en labores de seguridad son necesarias, el camino para realizarla no debe ser el ceder a la autoridad militar la titularidad para la definición de estrategia y la gestión operativa de las fuerzas policiales.

Hacemos un llamado al Gobierno del Estado y a las administraciones municipales a recuperar la esencia de la seguridad pública, la cual implica la prevalencia del mando civil sobre el militar. A su vez, les instamos a atender las recomendaciones de organismos internacionales que afirman que el camino para disminuir la violencia en el país debe partir del fortalecimiento de las corporaciones civiles policiacas que permitan el retiro paulatino de la presencia militar.

Compromiso de ediles para impulsar labores de identificación de personas desaparecidas de la mano de expertos

1 de febrero de 2019

Boletín 1902/02

De acuerdo al Registro Nacional de Datos sobre Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hay 2,919 personas desaparecidas en Nuevo León entre 2006 y 2018, cuyas familias permanecen en una búsqueda constante. A esta cifra se suma la existencia de 119 fosas inspeccionadas en nuestro estado, dentro de las cuales existen restos y cuerpos que aún no han sido identificados.

El trabajo de acompañamiento de familias de personas desaparecidas realizado por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) desde 2009, fue fortalecido en 2011 cuando la entonces Procuraduría General de Justicia de Nuevo León asumió un compromiso de trabajo que resultó en avances importantes, aunque no suficientes, en la atención gubernamental a casos de desaparición.

A la fecha, este trabajo continuado ha resultado en la firma de un convenio de colaboración entre la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y CADHAC para recibir apoyo de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés), un organismo internacional independiente que, a través de la transferencia y fortalecimiento de capacidades periciales de la Fiscalía, nos permitirá dar un salto cualitativo en la atención a casos de personas desaparecidas.

El Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Participación Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León, Homero Antonio Cantú Ochoa, mencionó que por parte del Gobierno del Estado existe voluntad para avanzar en el tema de localización de personas y que la Comisión Local de Búsqueda deberá seguirse fortaleciendo para que pueda cumplir exitosamente con sus funciones.

El compromiso de titulares de ayuntamientos de Nuevo León también quedó expreso con su asistencia a la reunión sostenida entre integrantes de la ICMP, la FGJNL y CADHAC, durante la cual se explicó la situación actual de personas desaparecidas en Nuevo León.

Adrián de la Garza, Alcalde de Monterrey, se comprometió a colaborar tras recordar su periodo como Procurador, durante el cual pudo conocer en voz de las familias la profunda herida que representa para la sociedad en general que existan miles de personas desaparecidas

Por su parte, Clara Luz Flores, Alcadesa de Escobedo, reconoció la responsabilidad de los municipios en preparar a sus policías municipales para saber cómo proceder ante casos de desaparición de personas.

Asistieron también representantes de Abasolo, Apodaca, Allende, Cadereyta, García, Guadalupe, Hidalgo, Juárez, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, Santiago y Zaragoza a quienes se invitó a colaborar también sumando a los esfuerzos de comunicación para que más personas conozcan que aún son miles las familias que buscan a un ser querido.

“La investigación de todos los delitos está a cargo del ministerio público y de las policías. Hay una corresponsabilidad de nosotros y es muy importante que los municipios se sumen a esta acción para hacer puentes y encontrar la verdad”, destacó durante el evento Gustavo Adolfo Guerrero Gutierrez, Fiscal General de Justicia de Nuevo León.

El Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, William H. Duncan, acompañó también el evento junto con integrantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), organización que aporta los fondos para hacer posible el trabajo entre la ICMP y la FGJNL.

Con la experiencia probada, el conocimiento técnico y laboratorios de ciencias forenses de primer nivel, la ICMP es la institución más indicada para asesorar a Nuevo León en este proceso.

El proyecto avanza en una primera etapa de diagnóstico con el fin de diseñar una estrategia estatal que logre generar dinámicas de coordinación adecuadas entre todos los actores en Nuevo León para que con la asesoría de ICMP sea posible alcanzar un entorno de paz, el cual solo será posible dando respuesta a las demandas de verdad y justicia de las familias de las personas desaparecidas.

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