Mes: noviembre 2018

13 de noviembre de 2018

Boletín 1811/27

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., estamos atentas a la situación en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta tras los eventos acontecidos durante la tarde del 12 de noviembre que levantaron señales de alerta por condiciones que pudieran detonar hechos violentos al interior de este centro.

Es de nuestro conocimiento que el centro penitenciario no está funcionando en condiciones de normalidad debido a que personas privadas de su libertad al interior del centro penitenciario de Cadereyta permanecen incomunicadas desde el 12 de noviembre en la tarde y tampoco han recibido alimentos durante esta mañana.

Existen además señales que indican la posible realización de traslados de personas desde la mañana de hoy al identificarse la salida de las instalaciones del centro penitenciario de dos autos de policías ministeriales, un camión de transporte de pasajeros sin rótulos oficiales y una vagoneta de Seguridad Penitenciaria.

Ante este escenario, exigimos que el Gobierno del Estado actúe con transparencia y se pronuncie de forma pública frente a la situación, ofreciendo información oportuna a las familias de las condiciones en que se encuentran sus familiares al interior del Centro de Reinserción Social de Cadereyta y notificando cualquier traslado que se haya realizado o pretenda realizarse, ya que precisamente la falta de información es lo que genera incertidumbre y vulnera el derecho de las familias a ser informadas.

La tutela de las personas privadas de la libertad es responsabilidad del Estado, el ofrecer los alimentos suficientes, garantizar la integridad física y emocional, y el apegarse a los protocolos establecidos para realizar traslados de personas no es una opción, sino que es una obligación del Gobierno de Nuevo León.

12 de noviembre de 2018

Boletín 1811/26

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., externamos nuestra preocupación por las recientes señales de alerta que hemos identificado ante la posibilidad real de que hechos violentos como los sucedidos el 9 y 10 de octubre de 2017 tomen lugar de nueva cuenta en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta.

En últimos días, el recién nombrado Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, ha realizado declaraciones  que nos preocupan como la autorización del uso de fuerza letal por parte de Fuerza Civil en escenarios de riesgo y la destitución de todo el personal directivo de los centros penitenciarios, incluyendo el titular de la Agencia de Administración Penitenciaria.

Tras la destitución del personal directivo de los centros penitenciarios no se ha informado con claridad quienes ocupan ahora los puestos, lo que nos parece de especial alarma pues al no conocer a estos perfiles no podemos saber si son las personas más adecuadas para asegurar que no existan enfrentamientos entre diferentes grupos al interior de los centros penitenciarios.

Nos parece especialmente preocupante que fue el mismo Aldo Fasci Zuazua quien asumió públicamente la responsabilidad de haber dado la orden a elementos de Fuerza Civil de ingresar con armas de fuego al Centro de Reinserción de Cadereyta el 9 y 10 de octubre de 2017, decisión que provocó la escalada del enfrentamiento y resultó en que elementos policiacos utilizaran la fuerza letal contra las personas privadas de la libertad.

Ante este panorama y considerando el reciente historial de hechos violentos dentro de los centros penitenciarios de Nuevo León, exigimos al Gobernador que asegure que su recién nombrado Secretario de Seguridad Pública actúe con estricto apego a estándares de legalidad y constitucionalidad, y que bajo ningún pretexto se acepte el uso desproporcionado de la fuerza al interior de los centros penitenciarios, menos aún, el uso de armas letales dentro de estos.

No podemos permitir que la serie de decisiones que llevaron a la tragedia del 2017 en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta se repitan. Si desde la Secretaría de Seguridad Pública no se actúa con apego al marco legal ni se garantiza la integridad de las personas privadas de su libertad, deberá tomarse a consideración si el titular actual es realmente el perfil idóneo para el puesto.

8 de noviembre de 2018

Boletín 1811/25

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., externamos nuestra preocupación por la decisión del Gobierno del Estado de asumir el control administrativo de la policía municipal de Monterrey, defendiendo la medida con la utilización imprecisa del término “mando único”, el cual no se encuentra en la Ley de Emergencia Policial del Estado de Nuevo León con la que se respaldó la acción en su anunció el 2 de noviembre.

Esta decisión pareciera ser una reacción cortoplacista que en vez de contribuir a la protección de la ciudadanía puede generar confusión y mayores condiciones de inseguridad, especialmente para el ciudadano de a pie y la población más vulnerable.

Aunado a esto, la justificación inicial de la implementación de la medida ya no se sostiene puesto que el supuesto vacío de poder al que se hizo referencia en el anuncio del 2 de noviembre ya no es tal pues el Concejo Municipal rindió protesta desde el 6 de noviembre.

Desde agosto de 2017 hasta la fecha, hemos identificado múltiples violaciones de derechos humanos por parte de elementos de Fuerza Civil a través de entrevistas con personas detenidas en el Centro del Parque Alamey, las cuales nos dejan en situación de alerta debido a que no ha habido condiciones de transparencia, rendición de cuentas ni sanciones frente a estas acciones de abuso de autoridad desde la policía estatal.

Por esta razón, consideramos importante que las autoridades involucradas en que el Gobierno del Estado mantenga el control de la policía no olviden que el Concejo Municipal tiene un carácter temporal y que ningún interés particular debe estar por encima de la seguridad de la ciudadanía o afectar la institucionalidad del municipio de Monterrey.

Así mismo, insistimos en la urgencia de que las corporaciones policiales, tanto estatales como municipales, actúen apegadas a normas constitucionales y estándares que eviten el uso desmedido de la fuerza, implementando mecanismos de transparencia y control para  identificar y sancionar cualquier acción de sus elementos que viole los derechos humanos.