Mes: septiembre 2018

28 de septiembre de 2018

Boletín 1809/23

Con la presencia de Irving Barrios Mojica, Procurador de Tamaulipas, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal de Nuevo León, Cristina Hardaga, Coordinadora de Programas de EnfoqueDH, Heidy Servin-Baez. jefa de la sección política y económica del consulado de los Estados Unidos en Monterrey, y Consuelo Morales, directora de CADHAC, presentamos el Protocolo para la Búsqueda Inmediata de Víctimas de Desaparición en Tamaulipas para promover una efectiva respuesta ante las desapariciones en ese estado.

El Protocolo de Búsqueda Inmediata especifica las acciones que se deben realizar por parte de la autoridad durante las primeras 72 horas desde que se presenta el hecho de desaparición de una persona. Su aplicación se alinea con las obligaciones establecidas para las autoridades en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Este modelo fue adoptado inicialmente por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León en 2013, tras una estrecha colaboración entre CADHAC, organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas y expertos internacionales independientes.

Este modelo responde a una necesidad generada por los altos índices de desapariciones que se han presentando en gran parte del país, siendo una de las zonas de mayor incidencia la región Noreste de México. En el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con corte a abril de 2018, Nuevo León reporta 2,919 personas desaparecidas. Por su parte, son 6,131 personas las que aparecen en el registro para Tamaulipas.

La implementación de este protocolo muestra el interés de la Fiscalía de Tamaulipas para dotar de agilidad a sus labores de búsqueda. Para lograr la efectividad necesaria, motivamos también a las familias a denunciar de forma inmediata a las autoridades cuando no localicen a su ser querido.

Desde CADHAC seguiremos acompañando con la Procuraduría de Tamaulipas y las familias la correcta implementación del Protocolo.

13 de septiembre de 2018

1809/21

Hoy, jueves 13 de septiembre de 2018 en el Auditorio del Museo Metropolitano de Monterrey, presentamos el libro “La respuesta frente a la desaparición: Una mirada al trabajo de nueve organizaciones en diez estados de la República Mexicana”.

Este libro documenta los aprendizajes y experiencias acumuladas de nuestras organizaciones que acompañan casos de personas desaparecidas en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

Nos ha congregado el objetivo de fortalecer las capacidades de búsqueda, investigación e incidencia, visibilizando a la vez una crisis humanitaria producto de una política de Estado, donde la realidad de la desaparición de personas en México es desoladora y sigue sin ser dimensionada.

Las graves violaciones de derechos humanos no cesan y se intensifican con la militarización del país y la permisividad de las autoridades. Aunado a ello, el contexto de trabajo se vuelve cada vez más adverso. Los riesgos para las defensoras y los defensores prevalecen, agudizándose debido a su criminalización y a las amenazas de grupos delictivos y las propias autoridades.

Nos encontramos inmersos en la tragedia nacional representada por al menos 37 mil personas desaparecidas y sus familias que siguen en espera de verdad y justicia. El hallazgo de 32 fosas clandestinas con 174 cráneos y un número indeterminado de restos óseos en Veracruz durante esta semana ha resonado en todo el país como una muestra clara de la crisis de impunidad y derechos humanos que se replica en todo el territorio nacional.

Ante estas circunstancias, exigimos acción pronta, máximo esfuerzo y cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, con todo lo que ello implica: la designación de personas con el perfil idóneo, asignación de recursos suficientes, capacidades técnicas y herramientas tecnológicas necesarias.

Es inaceptable una respuesta de las autoridades donde la impunidad prevalezca a pesar de contar con sentencias de Tribunales Internacionales como en los casos de Campo Algodonero y de Rosendo RADILLA PACHECO, y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en el caso de Ayotzinapa. Las autoridades estatales y federales deben atender con urgencia esta situación en colaboración y apoyo de instancias internacionales.