COMUNICADO – Consejo Ciudadano lamenta que Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos no esté debidamente instalado

30 de agosto de 2018

  • El Estado no ha logrado detener la desaparición de personas en México.

 

  • Llama al Estado mexicano a adoptar inmediatamente un plan de fortalecimiento progresivo enfocado en la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de garantizar el crecimiento significativo y rápido de sus capacidades institucionales.

 

México (30 de agosto de 2018).- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas exhorta al Estado mexicano a intensificar las labores de instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y garantizar el fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

La desaparición de personas es una violación de extrema gravedad cometida en México durante la denominada “guerra sucia” y desde hace más de una década en el marco de la fallida estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal. Se trata de una situación que no se ha logrado detener, por el contrario, el número de víctimas continúa en aumento. De hecho, hasta abril de 2018 se tuvo registro oficial de 37,435 personas desaparecidas. En este escenario, es de vital importancia la adopción de medidas para diseñar políticas de prevención y atender las necesidades de búsqueda que actualmente son apremiantes.

Por lo anterior, el Consejo Nacional Ciudadano lamenta profundamente que el Sistema Nacional de Búsqueda no ha sido debidamente instalado, aun cuando ya ha transcurrido el plazo de 180 días establecido en el transitorio sexto de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tal como señala el artículo 44 de la Ley, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas tiene a su cargo el diseño y la evaluación de los recursos del Estado “para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley”. Por lo tanto, la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda es clave para la definición de las políticas de prevención y de búsqueda antes mencionadas. Además, su instalación sería una muestra de voluntad política de la administración actual para los Estados.

Asimismo, el Consejo Nacional Ciudadano señala que es indispensable que el Estado mexicano adopte de manera inmediata todas las medidas necesarias para fortalecer institucionalmente a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es el órgano mandatado por la Ley General para “determina[r], ejecuta[r] y da[r] seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas”, en coordinación con las comisiones locales de búsqueda, la Procuraduría General de República y demás autoridades.

En línea con lo establecido por el Consejo Nacional Ciudadano en su Recomendación 01/2018, publicada el 11 de julio pasado, el cumplimiento del mandato asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda requiere que se le dote de todos los recursos y personal necesarios para llevar a cabo las actividades que le han sido encomendadas para la localización de las personas desaparecidas en México. Ello incluye, a juicio de este Consejo, todo el respaldo político-institucional requerido para la consecución de sus responsabilidades.

Frente a lo anterior, el Consejo considera indispensable que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, incluyendo la adopción inmediata de un plan de fortalecimiento progresivo, a fin de garantizar el crecimiento significativo y rápido de las capacidades institucionales de dicha Comisión, en beneficio de miles de víctimas de personas desaparecidas y sus familias.

La implementación de la Ley General es igualmente importante que la Ley misma. El Consejo Nacional Ciudadano considera que los retrasos existentes en la puesta en operación de las instancias y herramientas creadas por dicha Ley ponen en riesgo su efectividad. Ello en la medida en que impiden que se avance en la implementación de políticas públicas serias y obstaculizan la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho miles de familias de personas desaparecidas.

Finalmente, el Consejo Nacional Ciudadano exhorta al Estado mexicano a asumir la gravedad de la situación de desaparición en nuestro país y a reconocer y corregir las fallas institucionales en materia de acceso a la verdad y a la justicia. Sobre este punto, al Consejo le consterna, y por lo tanto condena, que el presidente de la República haya generado el día de ayer nuevos agravios a la dignidad de las víctimas de desaparición, al refrendar una versión de los hechos en el caso de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa que ha sido refutada científicamente por órganos nacionales e internacionales. Este Consejo exhorta al Estado mexicano a priorizar el fortalecimiento de las instituciones e instrumentos establecidos en la Ley General a fin de que responda sin más dilación a la deuda histórica que tiene para con todas las víctimas de desaparición forzada y desaparición por particulares en nuestro país.

 

ATENTAMENTE

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

 

Información adicional:

El Consejo Nacional Ciudadano fue instalado formalmente en mayo del 2018 como parte de los instrumentos de monitoreo de la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aprobada en noviembre del 2017. Es un órgano ciudadano integrado por cinco familiares de víctimas de desaparición, cuatro especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil. Cabe subrayar que sus integrantes no son servidores públicos ni reciben remuneración o emolumentos por la función que ejercen como consejeros y consejeras. El Consejo está integrado por:

  • Familiares de personas desaparecidas: Francisco Olvera Acevedo, Grace Mahogany Fernández Morán; Mirna Nereida Medina Quiñonez; Margarita Michelle Quevedo Orozco, Edna Dolores Rosas Huerta.
  • Especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, búsqueda de personas y en materia forense: Denise González Núñez, Santiago Corcuera Cabezut, Volga Pilar de Pina Ravest y Mercedes Celina Doretti.
  • Representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos: Humberto Francisco Guerrero Rosales, Juan Martín Pérez García, Consuelo Gloria Morales Elizondo y Norma Patricia Quintero Serrano.

 

Contacto: consejociudadano_snb@outlook.com

Twitter: @CCiudadanoSNB

COMUNICADO – GRUPO AMORES CON MOTIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA

Monterrey, N.L, México a 30 de agosto, 2018.

La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES, como cada año nos manifestamos en este Día Internacional de las Personas Desaparecidas, uniéndonos también a la Movilización Nacional para exigir BÚSQUEDA, VERDAD y JUSTICIA ante las desapariciones de personas en el país.

Llevamos años de búsqueda y aunque en un momento parecía que íbamos avanzando al menos en Nuevo León y Tamaulipas, vemos que actualmente no se está investigando como debe de ser. Se necesita sensibilidad y voluntad para localizar a nuestras hijas, hijos, familiares desaparecidos. Es mucho tiempo ya, que no tenemos resultados.

Se requiere que funcionen las leyes y las instancias que hemos impulsado. Necesitamos que las autoridades cumplan, que no se quede en promesas, sino que haya actuación, pues mientras el propio gobierno no apoye, y no asigne recursos para que funcione, esto no va a avanzar. En nuestro estado sigue habiendo violencia y desapariciones, por ello se necesita un compromiso real del gobierno, una búsqueda constante y una atención a las víctimas tal como lo marcan las leyes.

Nuevo León cuenta con un Protocolo de Búsqueda de Personas, un Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una Comisionada Local de Búsqueda, una Fiscalía de Desapariciones. En todo ello hemos tenido que ver, lo hemos impulsado, pero si el Estado no hace que funcione adecuadamente, de nada sirve. Necesitamos que respondan a las necesidades de las víctimas.

Estamos en una lucha por las víctimas del pasado y del presente. No nos cansaremos ni nos resignaremos. Hoy les decimos que la esperanza no desaparece, ni tampoco nuestra demanda de Justicia y Verdad, hasta saber DÓNDE ESTÁN.

CADHAC LLAMA A EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ASEGURAR JUSTICIA Y VERDAD A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

30 de agosto de 2018

Boletín 1808/20

El día 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. Este día fue declarado así en diciembre de 2010, cuando la Organización de las Naciones Unidas advirtió un aumento del fenómeno de desaparición forzada en diferentes regiones y países del mundo.

En el caso de México, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD), Nuevo León es el quinto estado con mayor número de desapariciones en el país. Entre 2009 y 2018, CADHAC tiene registro de 1431 personas desaparecidas. El 47% de ellas caen en la tipificación de desaparición forzada.

Junto con las familias de personas desaparecidas y en colaboración con las instituciones públicas, CADHAC logró que el tema de desapariciones se atendiera con la diligencia necesaria. Entre 2009 y 2018, se localizaron a 172 personas, 78 de ellas vivas y 94 a través de muestras de ADN.

Sin embargo, la efectividad en la labor de búsqueda ha venido a la baja, pasando de 69 personas entre 2013 y 2015, a solo 20 personas entre 2016 y 2018. De igual forma, las consignaciones en procesos judiciales contra las personas responsables de las desapariciones cayeron de 28 entre 2013 y 2015, hasta solo 2 entre 2016 y 2018.

En coordinación con el legislativo, las familias y la sociedad civil, CADHAC ha logrado posicionar en la agenda pública la necesidad de responder con urgencia ante la realidad de violencia que los enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad provocaron  en Nuevo León y la mayor parte del país. La Ley de Declaratoria de Ausencia por Desaparición y la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León son dos muestras de los logros que se concretaron.

Sin embargo, estas Leyes no aseguran automáticamente mejoras en el desempeño institucional ni en el acceso de las víctimas a sus derechos. Aunque el trabajo de las familias y de organizaciones civiles ha resultado en avances concretos, las autoridades responsables de investigar e impartir justicia no han estado a la altura.

Hacemos una exigencia al Gobierno del Estado y a las autoridades de investigación, procuración e impartición de justicia para que la atención a víctimas no se estanque. Necesitamos que las investigaciones sigan su curso y que los casos no queden archivados.

Hemos comprobado que una búsqueda exitosa y la consignación de los culpables es posible al trabajar de forma coordinada las instituciones públicas, las familias y la sociedad civil organizada. Por esto, no aceptamos la baja en la efectividad de las instituciones y les urgimos que aseguren a las familias su derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

PASEA AMORES POR BUSTAMANTE

El 17 de agosto realizamos un viaje a Bustamante, N.L., con familiares de personas desaparecidas, que forman parte de AMORES. Asistimos 43 personas, entre adultas, adolescentes y niñas/os, quienes conocieron las impresionantes Grutas del municipio, la Plaza principal y el Museo de la memoria viva, además de disfrutar el balneario dentro del bello Cañón Ojo de Agua. 
 
Canto, aprendizaje, juego, música, lotería, alimentos compartidos y convivencia, fueron parte de ese día. En medio del dolor generado por la violencia, el encuentro entre familias, las montañas y las risas nos hacen alimentar la esperanza en la vida. Para llevar a cabo este paseo, contamos con el apoyo de Alfonso Martínez, del Observatorio de la Calidad del Aire; Carlos Gómez, Cronista de Bustamante, así como el Ayuntamiento de Bustamante; OSETUR, quiénes dieron pases para la entrada a las grutas, y el Instituto de las Mujeres Regias. Valoramos mucho su sensibilidad y solidaridad para con las familias de AMORES.    

POR TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES FALLECE
 UNA PERSONA MÁS EN EL PENAL DE TOPO CHICO

14 de agosto 2018
1808/19

Foto: Archivo Posta MX

El pasado 7 de agosto de 2018 se informó la muerte de Kevin Armando Benavides Vargas, de 25 años, quien se encontraba privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social Topo Chico. Ese día se dijo que Kevin se “desvaneció” repentinamente y posteriormente falleció. El día de hoy se conoce, a través de un peritaje, que su muerte fue producto de fuertes golpes, aparentemente con tablas, que le causaron un tromboembolismo cardiopulmonar, al formársele coágulos que le obstruyeron el flujo de sangre al corazón. 

La tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros penitenciarios estatales han cobrado la vida de otra persona más privada de la libertad y el gobierno continua siendo omiso ante esta crisis. En la actualidad, debería ser impensable que la tortura continuara presente en una sociedad como la nuestra y, principalmente, en espacios cuyo control y responsabilidad dependen exclusivamente del Estado, como lo son los centros penitenciarios. 

Vale la pena recordar que a pesar de urgentes llamados por parte de la sociedad civil, y recomendaciones de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Senado de la República, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Naciones Unidas a través de diferentes instituciones, la respuesta del Gobernador Jaime Rodríguez y su administración continua siendo ineficiente, poco transparente, y sin consecuencias para aquellas personas, tanto autoridades como internos, que cometen actos delictivos violentos dentro de las cárceles.

La muerte de Kevin, evidencia una vez más, no solo la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que ocurren día a día en los centros penitenciarios de Nuevo León, sino la evidente ausencia de control y complicidad por parte de las autoridades que permiten se torture y se mate a personas que se encuentran bajo su tutela.

CADHAC reitera su preocupación y exige a las autoridades del gobierno de Nuevo León cumplan sus obligaciones y garanticen, sin más dilación, la vida digna, seguridad e integridad de todas las personas privadas de la libertad en centros de reclusión estatales.

Además reiteramos nuestra solidaridad con la familia de Kevin Armando Benavides Vargas, y les invitamos a acercarse para buscar la reparación integral a la que tienen derecho, por la responsabilidad de las autoridades en la muerte de Kevin. 

Seguir ignorando la crisis penitenciaria que se vive en los centros estatales de Nuevo León, perpetua la impunidad e incentiva que se continúen cometiendo estos crímenes, pues se observa que el asesinar y torturar en centros penitenciarios no trae consecuencia alguna.

OTRA MUERTE EN TOPO CHICO EVIDENCIA INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO

7 de agosto 2018
1808/18

Fotografía: Cuartoscuro

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos externa sus más sinceras condolencias a la familia de Kevin Armando Benavides Vargas, de 25 años de edad, ante el sorpresivo desenlace de su vida en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico.

El sistema penitenciario ha ido en agudo deterioro. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sus recomendaciones realizadas al Gobierno de Nuevo León desde 2015, han sido desestimadas, por lo que  consecuentemente cada día la infraestructura y condiciones de los centros penitenciarios del estado son más y más incompatibles con las condiciones de vida digna que se requieren, y que son indispensable para lograr la reinserción. Sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno, son las  tres características con las que la CNDH ubica la situación de los centros penitenciarios de Nuevo León. La obligación Constitucional y de instrumentos internacionales de preservar la integridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad, es un aspecto en el que el gobierno manifiesta poco o nulo interés.

Es sumamente preocupante y alarmante que desde octubre de 2015 al día de hoy han acontecido más de 90 muertes “oficiales” dentro de los centros penitenciarios estatales y no ha habido respuesta que demuestre una mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, ni consecuencias claras para los responsables de estas muertes.  El mensaje que el Gobierno del estado de N.L. ha estado enviando es: “se puede matar en las cárceles, y no pasa nada”.

Conscientes de que la integridad de las personas internas es responsabilidad total de las autoridades estatales, hacemos un llamado urgente para que:

  1. Se investigue de manera exhaustiva, imparcial y expedita la muerte de Kevin Armando a fin de esclarecer los hechos, y en caso de que exista irregularidad, se proceda judicialmente con los presuntos responsables.
  2. Se garanticen oportunamente el acceso a la información y a la verdad, a la la familia y a la sociedad en general.
  3. Se garantice la integridad personal de todas las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
  4. Se atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos humanos al Gobierno de Nuevo León, en referencia al Sistema Penitenciario.

La irresponsabilidad e incompetencia de las autoridades, que ha llevado a más de noventa personas a la muerte, debe ser evaluada y sancionada. La impunidad sólo irá haciendo más lejana la tan anhelada paz para Nuevo León.

DEBE ESTADO GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA

6 de agosto 2018
1808/17

Ante las fallas graves del sistema de agua potable en los municipios de Mier y Noriega y Doctor Arroyo, al sur de Nuevo León, que resultaron en un desabasto del servicio de agua para consumo humano, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC) manifiesta su grave preocupación contra el gobierno de Nuevo León, ante la incapacidad para garantizar de modo permanente este derecho.

El acceso al agua es un derecho básico de todo ser humano, ya que de este depende la condición misma de la vida, por lo que la tardanza en la respuesta estatal para resolver las descomposturas en el sistema de bombeo, que dejaron sin acceso al agua a numerosas comunidades en la zona, resulta inadmisible.

Es importante determinar que una deficiencia en el abastecimiento no tiene cabida, desde la perspectiva de la disponibilidad del agua. Esta valoración cuenta con sustento en la información pública de la Comisión Nacional del Agua sobre los territorios donde se ubican los dos municipios referidos; incluidas 285 comunidades rurales, las dos cabeceras municipales y un total de 129 ejidos. De acuerdo con esos datos, ahí existen un total de 10 acuíferos, de los cuales cinco presentan condiciones de disponibilidad de líquido. Este escenario representa una condición de base favorable para garantizar el suministro de agua a toda la población residente en ambos municipios.

El no satisfacer el derecho al agua para la población de los municipios de Doctor Arroyo y Mier y Noriega, en condiciones de accesibilidad suficiente y permanente, con calidad garantizada para el consumo humano, es responsabilidad directa del gobierno de Nuevo León. Por lo que se deben de dar soluciones integrales para la solución del problema y no solo de carácter mediático donde se anuncien sequías o disminución en el almacenamiento de las presas.

Si bien, el gobierno ha dicho que el abastecimiento ha sido normalizado, y que el sistema de bombeo fue reparado, los testimonios sobre el desabasto persisten.

Por ello, CADHAC exige al gobierno del estado de Nuevo León:

  1. Garantizar el abasto de agua potable para todos los municipios de Nuevo León,
  2. Priorizar que la gestión sea centrada en la mejora del suministro,
  3. Ante la eventual repetición de un escenario con desabasto de agua, reducir los tiempos de respuesta para la atención de estas emergencias.

El agua es indispensable para la vida, por lo que el incumplimiento de las autoridades resulta en una directa violación a los derechos humanos de la ciudadanía, por esto urgimos al gobierno de Nuevo León tome de inmediato las medidas necesarias para solucionar dicha problemática.

 

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