15 de diciembre 2017
1712/58
La Ley de Seguridad Interior NO es la solución.
Necesitamos policías capacitadas, transparencia y respeto a los DDHH.
Necesitamos escuchar a la ciudadanía.
Necesitamos #SeguridadSinGuerra
15 de diciembre 2017
1712/58
La Ley de Seguridad Interior NO es la solución.
Necesitamos policías capacitadas, transparencia y respeto a los DDHH.
Necesitamos escuchar a la ciudadanía.
Necesitamos #SeguridadSinGuerra
14 de diciembre 2017
1712/57
El día jueves 14 de diciembre se llevó a cabo la posada navideña del grupo vecinal “San Ángel Cambia Contigo” el cual acompaña CADHAC en las colonias San Ángel Sur y Ejidal los Remates en el municipio de Monterrey. La reunión tuvo lugar en el parque Canoas y fue un momento de reflexión y convivencia sobre lo trabajado en 2017.
La primera dinámica consistió en elaborar un “Pino de logros” en donde las y los integrantes recordaron todo lo alcanzado en lo largo del año, nombrando más de 30 actividades. Posteriormente se tuvo un momento de reflexión con la Hermana Consuelo Morales, directora de CADHAC, en donde se compartió la importancia del grupo y la Navidad.
Se preparó también un intercambio de cartas y buenos deseos para todas las personas, y uno a uno se dieron un mensaje de alegría para el siguiente año. La velada concluyó con un convivio de alimentos, así como una rifa de regalos que llevó CADHAC e integrantes del mismo grupo.
14 Diciembre 2017
1712/56
El día 13 de diciembre la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) tuvo su posada en las instalaciones de CADHAC. Señoras, niños y niñas pasaron una tarde de reflexión y convivencia.
Para dar inicio a la posada, las y los adultos de AMORES tuvieron un momento de reflexión con la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC. Al inicio del año eligieron a las estrellas como símbolo, el cual representa ser luz y guía, con base en esto se compartieron las experiencias positivas siendo estrellas en 2017.
Expresaron sus esperanzas y anhelos de encontrar a sus seres amados, pidieron fortalecer la fe y unión de sus familias para el 2018. También abrazaron a Justina y Lupita, quienes están pasando por momentos de dolor por el tratamiento de cáncer. También todas recibieron regalos donados por Ricardo de la Fuente y Antonio Escamilla. Juntas pedimos PAZ, sabiendo que esto significa Justicia, Verdad y AMOR.
Con tenacidad siguen buscando, anhelan el regalo mayor: saber el paradero de sus seres amados.
Mientras las y los adultos de AMORES estaban en momentos de reflexión, las niñas y niños convivían y jugaban. Mediante actividades y concursos ganaron premios que fueron donados por estudiantes de la escuela Torres Bodet.
También gracias al apoyo de la Dra. Leticia Zárate de la Facultad de Odontología, el show infantil “Semillitas Kids” acudió al convivio e hicieron un sketch con una historia sobre el significado de la Navidad.
Antes de reunirse niñas y niños con sus familiares, las personas adultas pidieron posada a los niños y niñas en compañía del equipo CADHAC y amigas/os cercanas a ambas organizaciones.
Semanas antes de la posada se les pidió a los niños y niñas que hicieran una carta para Santa Clós. La empresa Takata cumplió los deseos de los niños y niñas y les trajo los juguetes que habían pedido en su cartita. Además Takata trajo un Santa Clós que repartió los juguetes, entre los más de 80 niños y niñas participantes.
Esta actividad trajo mucha alegría a todas las personas presentes, además integrantes de la empresa pudieron convivir con las familias repartiendo los juguetes.
En las fotos aparece Santa a su llegada, el equipo Takata y la foto de Santa con Anderson, cuyo papá se encuentra desaparecido.
Como parte de la convivencia, todas las personas compartieron alimentos y cenaron en familia. Los niños y niñas comieron chilli-dogs hechos por la coordinación de AMORES. Por su parte las integrantes de AMORES y adultos invitados cenaron tamales, los cuales fueron donados por el Instituto de Mujeres Regias del municipio de Monterrey, quienes además trajeron bolsitas cosmetiqueras como regalos para AMORES, a todas ellas ¡GRACIAS!
Por su parte, la empresa Takata también donó pastel, refrescos y bolos. Donaron pastel también Lylia Palacios y Karla Salazar, AMORES también cooperó con bolsitas de dulces para las niñas y niños, y los bolos navideños fueron elaborados por la Sra. Laura ¡gracias!
Integrantes de AMORES prepararon dos pequeñas obras y actuaciones para sus compañeras. En el cuento del “Grinch” compartieron el significado de la Navidad, mientras en “La Doctora Curatodo” se divirtieron con chistes y risas.
¡Felicidades a estas actrices que se han lanzado al estrellato!
Para terminar la noche, niñas y niños rompieron la piñata donada por la empresa Takata. Cantando y jugando se divirtieron mientras rompían la piñata y compartían los regalos que habían recibido.
La posada de este año, ha sido una vez más un momento donde la solidaridad de diferentes grupos y empresas hicieron sentir el cariño que iluminó de alegría esta noche, a todos y cada uno, una, que hicieron posible este feliz evento…¡Muchas gracias!
Comunicado ICMP
The Hague, 10 December 2017: As Human Rights Day is marked around the world today, hundreds of thousands of families of missing persons will continue to endure the agony of not knowing the fate of a loved one.
The challenge of addressing missing and disappeared persons is both a consequence and a cause of widespread distrust in public institutions in many parts of the world. The International Commission on Missing Persons (ICMP) sets out to rebuild or reinforce the credibility and capabilities of domestic and other authorities to instill and sustain trust by upholding fundamental human rights guarantees, including:
“Addressing the issue of missing persons is key to upholding the rule of law and preventing systemic and egregious human rights violations,” ICMP Director-General Kathryne Bomberger said today. “When people go missing, governments are legally bound to uphold the rights of survivors to the truth, to justice and to reparations. In many scenarios around the world today, these legal obligations are not fully met and sometimes disregarded entirely.”
“The failure of governments to uphold the rights of families of the missing has a direct and deeply damaging impact on global peace and stability. When large numbers of persons are unaccounted for, social and political stability are undermined,” Ms Bomberger continued.ICMP’s country and regional programs vary in scope and complexity and are initiated on the basis of clearly articulated requests by civil society and/or governments. Among current programs, ICMP is helping stakeholders in Colombia’s peace agreement to implement a systematic and effective missing persons process based on the rule of law. In Mexico, it is working with human rights organizations to develop comprehensive database on missing persons, a model that could be deployed elsewhere in the country. In Iraq, it is providing training and assisting in field operations and working to develop a legal and institutional framework within which the missing persons issue can be addressed effectively. Elsewhere in the Middle East and North Africaregion, ICMP is working with partner organizations to empower families of the missing. In the Western Balkans, ICMP has spearheaded an effort that has made it possible to account for more than 70 percent of the 40,000 who were missing at the end of the conflicts in former Yugoslavia, which is the most successful post-conflict model in the world.
During 2017, ICMP launched its Mediterranean Missing Migrants Initiative, which addresses fundamental violations of human rights among migrants, who are vulnerable to people trafficking and also to actions on the part of governments that may fail to implement legal obligations towards migrants.
ICMP is also working with international and domestic criminal tribunals, providing testimony and other evidence in trials for war crimes, human rights abuses and genocide.
9 de diciembre de 2017
Boletín 1712/55
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos volvemos a denunciar con gran preocupación la situación de violencia que se vive en Nuevo León. Hemos observando total falta de compromiso del Gobernador Jaime Rodríguez para garantizar la seguridad de la ciudadanía en general, y de manera muy lastimosa, las condiciones de los centros penitenciarios, en donde se han y siguen cometiendo graves y continuas violaciones a derechos humanos, a pesar de que el Estado es responsable de garantizar su bienestar y seguridad.
La crisis penitenciaria que enfrenta Nuevo León, es una problemática que se ha vivido desde hace años, no obstante observamos que en esta administración se ha deteriorado de manera alarmante. En tan solo dos años han ocurrido 8 eventos violentos que han dejado al menos 78 personas privadas de la libertad asesinadas y cientos heridas. Aunado a esto, todos los días las y los internos ven vulnerados sus derechos a una vida digna, a la alimentación, atención médica adecuada, a su integridad personal mediante el cobro de cuotas y amenazas, también son víctimas constantes de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones precarias en las instalaciones que viven.
A esta grave situación, se suma la falta de transparencia y voluntad política de las autoridades estatales para atender la situación con base en la legalidad. La administración estatal públicamente ha externado la necesidad de destinar mayor presupuesto a la problemática, sin embargo, recientemente el Gobernador ha expresado que transferiría 600 millones de pesos al DIF. Por otro lado, el Estado busca evadir su responsabilidad al privatizar las cárceles, cuando se ha documentado que esta estrategia contraviene la buena administración de los centros.
Eventos como el ocurrido en el mes de octubre en el penal de Cadereyta evidencian la grave situación que se vive: actuación delictiva de cuerpos policiacos, asesinatos, lesiones graves, hacinamiento, falta de control y transparencia por parte de las autoridades. Situación que aún sigue sin ser atendida del todo y que continúa en la impunidad.
No debemos olvidar que si bien las personas privadas de la libertad cometieron un delito, la sanción es estar recluidas en la cárcel, es decir privadas de su libertad. Por su parte el Estado tiene como objetivo la reinserción social de estas personas, y ante los tratados internacionales de los que México forma parte, así como indican las leyes de nuestra Constitución, es responsabilidad del gobierno velar por la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que tiene bajo su custodia.
Por todo lo anterior, resulta inconcebible que en un espacio delimitado, controlado por el Estado, se sigan violentando de forma tan grave los derechos humanos. Desde nuestra organización no descansaremos hasta conseguir las investigaciones serias, e independientes de expertos, sobre los hechos violentos y actos de corrupción sucedidos al interior de los penales estatales. Los asesinatos, torturas, extorsiones al interior de éstos, no pueden, no deben quedar en la impunidad, ya que rompe todos nuestros anhelos de justicia y de reconocer nuestra fraternidad.
La Conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos, es un fuerte impulso para romper la corrupción e impunidad en espacios tan limitados, pero tan explotados, como lo son los penales estatales.
6 de diciembre 2017
Desde las organizaciones civiles, sabemos la preocupación de la ciudadanía ante la grave situación de seguridad que enfrenta el país, así como la laguna legal del actuar del Ejército. Urgimos que se adopten medidas apegadas a la Constitución que garanticen la seguridad ciudadana de todas y todos los mexicanos, ya que diariamente atendemos graves violaciones a derechos humanos como consecuencia directa de esta inseguridad.
Sin embargo, tenemos la convicción que la Ley de Seguridad Interior no es la respuesta para esta problemática. Las tareas de seguridad deben estar a cargo de las policías municipales y estatales, pues su preparación fue diseñada para atender y cuidar a las necesidades de la ciudadanía. Si bien, en ocasiones su actuar no ha resultado óptimo, es necesario continuar fortaleciéndoles para que, con los más altos estándares en derechos humanos, puedan realizar correctamente su labor.
Asegurar la permanencia del Ejército en las calles, amenaza el progreso que se ha venido realizando en materia de seguridad ciudadana y en protección de derechos humanos, ya que con esta Ley de Seguridad Interior se entregaría el control de nuestra seguridad como ciudadanos/as a una Institución cuya función y preparación está enfocada a la defensa de amenazas externas al país. Por su parte, la Constitución de México en su artículo 129, establece que las Fuerzas Armadas no podrán ser desplegadas en el interior de la República en un periodo de paz.
Por otro lado, tras una década de la salida de los militares a las calles, desde las organizaciones firmantes hemos podido observar las graves consecuencias que se tiene en materia de derechos humanos; en donde generalmente son las personas migrantes las primeras criminalizarlas por el Ejército y las Fuerzas Armadas. La participación del Ejército en las calles ocasionó un aumento y recrudecimiento de la violencia. Pues no olvidemos la ejecución extrajudicial por Ejército y Marina de Gustavo Acosta, la pareja Rocío y Juan Carlos, los estudiantes Jorge y Javier, y el médico Jorge Otilio Cantú quienes fueron acusados falsamente de ser criminales y cuyos perpetradores continúan sin recibir castigo. No olvidemos a José Márquez Compeán que fue desaparecido y ejecutado por la Marina, a René Jasso y Víctor Llano quienes fueron víctimas de desaparición forzada por parte de la Marina. Todos ellos son algunas de las múltiples víctimas de la militarización en Nuevo León y en otros estados del país, emprendida en 2006 y que busca formalizarse hoy en día.
Debido a esto, y a las múltiples inquietudes que compartimos y que han manifestado organismos como la El Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Washington Office for Latin America, Artículo 19, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como organizaciones nacionales, urgimos al gobierno mexicano a cumplir con la Constitución Mexicana y los tratados internacionales de los que forma parte.
Aprobar la Ley de Seguridad Interior pone en grave riesgo el avance y progreso que se ha tenido en materia de derechos humanos. Es urgente que el Estado asuma su responsabilidad y compromiso para atender la inseguridad y violencia desde una lógica de seguridad ciudadana, donde se fortalezcan las policías que rindan cuentas, ya que como hemos visto, la militarización y la normalización de la violencia no son la respuesta.
Información adicional
Caso de Ejecución Extrajudicial de Gustavo Acosta: https://goo.gl/pvNcHB
Caso de Ejecución Extrajudicial de Rocío y Juan Carlos: https://goo.gl/9wR9l
Caso de Ejecución Extrajudicial Jorge y Javier: https://goo.gl/TGj2CW
Caso de Ejecución Extrajudicial Jorge Otilio Cantú: https://goo.gl/n75878
Caso de Desaparición Forzada y Ejecución Extrajudicial José Márquez: https://goo.gl/Wn9kh
Caso de Desaparición Forzada René Jasso y Víctor Llano: https://goo.gl/AdT26q
1 de diciembre de 2017
Boletín 1712/54
Ante la grave situación de crisis penitenciara en el estado de Nuevo Léon, donde de forma reiterada se observa la falta de un Estado de Derecho que garantice la seguridad de las personas privadas de la libertad, así como el respeto a sus derechos humanos, es urgente que las autoridades asuman un compromiso con los centros penitenciarios.
Tan solo ayer, volvió a ocurrir un evento violento en el CERESO de Apodaca en donde falleció una persona y al menos dos más resultaron heridas. Estos hechos continúan evidenciando una falta de control por parte de las autoridades, además de un compromiso ambiguo que no ha generado resultados sino, por el contrario, ha dejado más de 70 fallecidos en lo que va de la administración actual.
Es por esto que se necesitan tomar acciones inmediatas que permitan atender la grave crisis penitenciara que atraviesa el estado. En este sentido, urgimos al congreso local a emitir de forma inmediata la declaratoria de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), la cual tenía como fecha límite el día 30 de Noviembre 2017, según dicha ley. Los beneficios de la LNEP servirán para que se den los primeros pasos a la legalidad y que sea a través del poder judicial que se vigile y tenga control de los centros penitenciarios.
Continuar ignorando la situación penitenciaria en Nuevo León, es un daño no solo para las personas que se encuentran internas y sus familias, sino para toda la ciudadanía. En la medida en que se criminalice, juzgue, y se violen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, la sociedad no podrá reparar el tejido social. Las autoridades no puedan deslindarse de su responsabilidad ante los hechos que ocurren en los centros penitenciarios, pues se perpetúa la impunidad y se vulnera el Estado de Derecho.
Desde CADHAC nuevamente hacemos un llamado a las autoridades del estado para que atiendan de forma urgente la situación en los centros penitenciarios. La aprobación de la declaratoria de la LNEP es un primer paso para afirmar su compromiso por el respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos.
