29 septiembre 2017
Boletín 1709/41
Del 25 al 29 de septiembre, 15 estudiantes de diferentes carreras del Tecnológico de Monterrey estuvieron trabajando desde el día lunes en tres proyectos distintos en CADHAC, en el marco de la Semana i.
Durante esta semana tienen oportunidad de aprender y sensibilizarse a diferentes realidades, además de contribuir en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
26 de septiembre
Boletín 1709/40
El día de hoy estuvo la Embajadora de Francia, Anne Grillo, junto con Clara Paez, asuntos políticos de la Embajada de Francia en México; Susanna Canales, Cónsul Honoraria; Philippe Richou, Jefe de la Oficina de Monterrey, visitaron las instalaciones y al equipo de CADHAC.
La Hna. Consuelo Morales presentó el trabajo que se realiza en CADHAC, además de las necesidades que tiene la organización. La embajadora se mostró sensible al tema de derechos humanos en Nuevo León. La reunión permitió estrechar lazos entre ambos organismos.
22 de septiembre 2017
Guadalajara, Jalisco
1709/39
El día 21 y 22 de septiembre de 2017, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), organizó el Foro “Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares”. El evento tomó lugar en el Auditorio Pedro Arrupe, S.J. del ITESO,
Universidad Jesuita de Guadalajara en el estado de Jalisco. Leonor Flores y Virginia Buenrostro, del grupo AMORES, y Lorena Almaraz García, del equipo jurídico de CADHAC, participaron en un intercambio de experiencias de familiares de personas
desaparecidas. También se expuso en una mesa de análisis, las experiencias y retos en el acceso a la justicia desde la experiencia de CADHAC. En el Foro también participaron integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y autoridades de la Fiscalía General del estado de Jalisco, así como integrantes y exintegrantes de las Naciones Unidas como Santiago Corcuera (expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU).
22 Septiembre de 2017
Boletín 1709/38
El 21 y 22 de septiembre Sonia Torres, integrante de CADHAC, participó en la Cumbre: alianzas estratégicas para fortalecer los sistemas locales, una visión regional, que se realizó en Tijuana Baja California. El evento fue convocado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID por sus siglas en inglés) desde su Programa para la Sociedad Civil que busca incrementar la sustentabilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y mejorar su capacidad institucional.
En la Cumbre participaron organizaciones civiles de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y la Ciudad de México, así mismo otros actores miembros de la iniciativa privada y cámaras empresariales y autoridades gubernamentales mexicanas especialmente de la región sede, además de William A. Ostick, Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana.
Los trabajos de la Cumbre estuvieron orientados en construir habilidades para el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los sistemas locales en temas de prevención del crimen y la violencia, estado de derecho y derechos humanos, lo que implica desarrollar capacidad de colaboración con el gobierno, el sector privado e instituciones académicas.
20 de septiembre 2017
Boletín 1709/37
El día de hoy, se llevará a cabo en Ciudad Victoria, la décima reunión entre la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de N.L. (AMORES), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. El fin de la reunión es revisar las actualizaciones sobre 10 expedientes,
correspondientes a 38 personas, 26 hombres y 12 mujeres, desaparecidas en los municipios de Cd. Victoria, Matamoros, Mainero, Padilla, Reynosa y Tampico; así como observar el avance de los compromisos acordados en la reunión anterior.
Se espera que esta reunión refuerce el trabajo conjunto entre autoridades y familiares de las víctimas de personas desaparecidas, manteniendo un diálogo abierto sobre los avances en la búsqueda y en las investigaciones sobre lo sucedido a sus seres queridos y la continuación por la búsqueda de la justicia.
16 de septiembre, 2017
Monterrey, N.L
Nuestra experiencia en la promoción y defensa de derechos humanos en diversas regiones del país nos ha hecho constatar y padecer que el último semestre indica una política que alienta el incremento de la violencia y la inseguridad en las regiones del país. La inseguridad y la impunidad parecen ser parte de una plan absolutamente deliberado, como lo expresan los ataques, amenazas y graves casos de victimización a defensores de derechos humanos, a activistas y colaboradas/es de centros y colectivos, familiares de víctimas y periodistas.
En el presente semestre hemos padecido el asesinato de diversas compañeras/os, como Miroslava Breach, en Chihuahua, y Javier Valdez en Culiacán, además de amenazas y varios ataques a familiares de víctimas, en los estados de Zacatecas, Michoacán y Veracruz. Los asesinatos de periodistas no se han esclarecido ni sancionado. Y cuando los efectos de los ataques y la tortura tienen consecuencias graves, las autoridades no se hacen parte de la atención a las víctimas ni cumplen otras responsabilidades en esas violencias. Fue el caso de nuestro compañero Miguel Ángel García Leyva en el noroeste del país.
En Michoacán, el caso de Cristina y Janahuy Paredes, se les ha hostigado y acosado de manera permanente, con gravedad en hechos de una detención arbitraria, una temporal desaparición forzada y violencias en razón de género por el hecho de ser mujer. Ellas son hijas de José Francisco Paredes Ruiz, desaparecido desde 2007. En el caso de “Zacatecanos por la Paz”, en el estado de Zacatecas, se ha observado que familias de víctimas de diversas localidades, han sufrido ataques y amenazas graves, con privación ilegal de la libertad, en hechos que no han sido denunciados, limitando la organización de los familiares, por el temor provocado. Por estos hechos, hemos debido llevar informes ante el H. Rel. Esp. Michel Forst, Relator especial de la ONU para
Defensores de Derechos Humanos, desde su visita a este país en el mes de enero, actualizando información ante la gravedad de los hechos y su persistencia.
En este XII Encuentro, que se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de septiembre, en Monterrey, estuvieron organizaciones con presencia en: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
Denunciamos que la investigación de los delitos es deliberadamente omisa y la impunidad sustituye todo acto de justicia de estos delitos.
I. A las autoridades de las entidades y del nivel federal les exhortamos a implementar políticas públicas que incluyan la búsqueda inmediata de personas desaparecidas desde una perspectiva humanitaria, integral, transparente y de acceso a la justicia, con expertos profesionales en la materia, con el respeto pleno a la dignidad de la persona y la condición de víctimas de sus familias. De igual manera, absoluta atención a los derechos de las familias de las víctimas y defensores.
Organizaciones firmantes:
(COFADDEM) “Alzando Voces” (Michoacán)
Desaparecidos (FEDEFAM) (Latinoamérica)
13 de septiembre de 2017
Boletín 1709/36
Ciudad de México
El día de hoy se presentó en el Senado de la República el informe “Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias en México” realizado por Amnistía Internacional México. La Hermana Consuelo Morales fue invitada a presentar el informe junto con la Senadora Angélica de la Peña, Carlos Karim y Tania Reneaum, de Amnistía Internacional. El informe narra los momentos de aprehensión de una persona y lo que sucede después cuando esa persona llega ante las autoridades. Asimismo, el documento cuenta con el punto de vista de los propios funcionarios públicos que tienen que lidiar con estas situaciones, como los ministerios públicos y los jueces.
En su participación, la Hna. Consuelo destacó la grave situación que se vive en el país con respecto a las detenciones arbitrarias, haciendo énfasis en el estado Nuevo León. Compartió el caso de José Humberto Márquez Compean, un joven que se encontraba esperando el transporte público y fue detenido por policías municipales sólo “por parecer sospechoso” que es lo que dijeron en sus informes. Una serie de errores en la forma de gestionar este caso hizo que estuviera en medio de un tiroteo de hombres armados en contra de un convoy de autoridades, después fue trasladado en un helicóptero de la Marina a un hospital, pero nunca bajó del helicóptero. Al día siguiente apareció muerto, con señas de tortura. La Procuraduría General de la República no ha terminado de integrar la investigación en más de siete años de los hechos.
Remarcó que no puede haber un avance sustantivo en materia de seguridad si no se respetan los derechos humanos. Es necesario que se elaboren políticas públicas que encaminen la construcción de un sistema de seguridad honesto, ágil, transparente, que recupere la confianza ciudadana. Así como brindar condiciones laborales óptimas a las policías para que puedan realizar su trabajo con apego a la ley y con los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Por último hizo un llamado para que el Senado no dé retroceso a la reforma en materia sino que aproveche esta oportunidad y lidere el proceso de poner a México en línea con sus compromisos internacionales y pronto derogue de la Constitución y de las leyes, las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa que no tienen cabida en una sociedad democrática.
Para ver el vídeo del evento, accesar a través de la siguientes ligas:
Palabras de la Hna. Consuelo Morales con motivo de la presentación del informe Falsas sospechas: detenciones arbitrarias por la policía en México ante el Senado de la República
Ciudad de México, 13 de septiembre de 2017
Agradezco la invitación del Senado de la República y de Amnistía Internacional para participar en la presentación del informe “Falsas sospechas” relativo a la práctica de la detención arbitraria de personas por los cuerpos de policía en México.
El informe que hoy presentamos tiene la ventaja de brindarnos una mirada a lo que sucede durante los arrestos, es decir, en los momentos de aprehensión de una persona y lo que sucede después cuando esa persona llega ante otras autoridades.
El informe toma en cuenta el punto de vista de los propios funcionarios públicos que tienen que lidiar con estas situaciones, como los ministerios públicos y los jueces.
Esto es importante porque, como explicaré, es fundamental acercase tanto a los ciudadanos como a las autoridades para evaluar con cuidado qué está pasando en el terreno y que se puede hacer desde otros ámbitos del Estado, como desde el poder legislativo.
Cuando se inició el proceso de investigación para este informe, Amnistía Internacional nos contactó para conocer nuestra experiencia sobre el tema y para que compartiéramos un caso que mostrara la realidad de la práctica policial y de seguridad en Nuevo León.
La organización que represento: Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) trabaja principalmente en el estado de Nuevo León. Por años hemos atestiguado y documentado las constantes violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de la seguridad de las personas, es decir, de policías de todos los niveles: municipal, estatal y federal y también de las fuerzas armadas que desde hace años andan haciendo -bastante mal- funciones de policía.
En Nuevo León, como sucede en buena parte del país, el sistema de seguridad no está respondiendo a las necesidades de las personas y está
El caso que acompaña CADHAC y que Amnistía documentó para este informe es el de José Humberto Márquez Compean. Se trata de un joven que se encontraba esperando el transporte público y fue detenido por policías municipales sólo “por parecer sospechoso” que es lo que dijeron en sus informes. Una serie de errores en la forma de gestionar este caso hizo que estuviera en medio de un tiroteo de hombres armados en contra de un convoy de autoridades, después fue trasladado en un helicóptero de la Marina a un hospital, pero nunca bajó del helicóptero. Al día siguiente apareció muerto, con señas de tortura… La Procuraduría General de la República no ha terminado de integrar la investigación en más de siete años de los hechos.
Este es un caso grave, pero no es un caso aislado, la situación que vivimos es grave y las ejecuciones extrajudiciales quedan en impunidad. Las prácticas de las policías no van a transformarse de la noche a la mañana, pero se tiene que iniciar un proceso cuidadoso de documentación, denuncia y diálogo que nos permita ir avanzando.
En este sentido, en tiempos recientes hemos iniciado un modelo de trabajo más directo con la policía, por ahora con la policía municipal de la ciudad de Monterrey. El modelo consiste en una observación directa de las detenciones y del lugar de detención, con entrevistas a personas que han sido detenidas, y sistematización de toda la información recabada. Con el análisis de dicha información CADHAC puede observar patrones de violaciones a los derechos humanos en la forma de prácticas inadecuadas e incluso ilegales por parte de varios elementos de policía y otros servidores públicos.
Estas observaciones son entonces llevadas ante autoridades del municipio y se empieza, con la evidencia en la mano, un proceso de diálogo para cambiar estas prácticas nocivas y lograr que la policía haga bien su trabajo, es decir, que respete y proteja a todas las personas.
El proceso es lento, pero hemos tenido algunos avances importantes y creemos que es una buena forma de ir avanzando.
A través de esta labor de documentar y acompañar casos hemos logrado entender varias de las dinámicas de poder, de corrupción que permean en las instituciones policiales. Igualmente, hemos observado cómo las malas condiciones laborales de las policías, la presión que reciben para incumplir leyes y protocolos, y la poca preparación que muchas de ellas reciben son un enorme obstáculo al momento de querer mejorar el respeto de la ley y los derechos humanos.
Por eso nos parece importante que Amnistía haya incluido un análisis de estas condiciones y que pida a México que todos los policías y todos los operadores de justicia tengan condiciones y recursos suficientes para hacer bien su trabajo.
Concuerdo con las recomendaciones que hace Amnistía Internacional a México, entre las que hay varias dirigidas precisamente el Congreso de la Unión y que deberían tomarse en cuenta como una muestra indispensable de que se tiene voluntad política para solucionar la crisis de seguridad y de derechos humanos que vive el país.
Quiero remarcar que se trata de una misma crisis, alentada por las mismas prácticas. Hay quienes quieren hacernos pensar que la responsabilidad de la violencia es de los derechos humanos, cuando claramente es la ausencia de políticas públicas de seguridad integrales y racionales lo que nos ha puesto en este escenario.
No puede haber un avance sustantivo en materia de seguridad si no se respetan los derechos humanos. Si se promulgan y aplican leyes abusivas, de mano dura, tendremos más violencia en la calle. La salida fácil de quitar derechos y aumentar penas no ha dado resultado en décadas y debemos ya abandonarla y encaminarnos en la construcción de un sistema de seguridad honesto, ágil, que recupere la confianza ciudadana.
Por lo tanto, debemos evitar esos discursos que quieren poner la culpa en el respeto a la ley y al derecho internacional y hacernos olvidar la impunidad, la corrupción y la mala preparación que priva en muchas instituciones de seguridad.
Ante esto, estoy muy preocupada por las iniciativas de reforma y las presiones que buscan debilitar el sistema penal y prácticamente regresar a un sistema en que el ministerio público no tiene que probar la culpabilidad del acusado, sino el acusado probar su inocencia.
Al Senado de la República le pido que no dé retroceso a la reforma en materia penal que permitió tener un sistema penal acusatorio y que no caiga en la trampa de dinamitar el sistema al introducir todas esas contrarreformas.
Ojalá el Senado lidere el proceso de poner a México en línea con sus compromisos internacionales y pronto derogue de la Constitución y de las leyes las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa que no tienen cabida en una sociedad democrática y sólo sirven como pretextos para que las policías y las fiscalías no hagan bien su trabajo.
Reitero mi agradecimiento al Senado por abrir este espacio de diálogo, que espero se traduzca en acciones legislativas concretas en favor de la ciudadanía. También agradezco a Amnistía el poner énfasis en estas cuestiones estructurales que están detrás de muchas graves violaciones de derechos humanos en el país.
Gracias.
07 septiembre 2017
Ciudad de México
Maricela Escamilla, coordinadora del área de psicología de CADHAC, participó en el Taller “El apoyo psicosocial como herramienta de acompañamiento a víctimas del delito de desaparición y desaparición forzada” organizado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo en México. Este evento tiene como objetivo que las personas que integran colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil:
Maricela Escamilla otorgó el taller “La experiencia de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) en el acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes familiares de personas desaparecidas” a las personas asistentes, ejemplificando a través de dinámicas el trabajo que se realiza con niñas, niños y adolescentes que acuden a CADHAC.
Ciudad de México,
Septiembre 07, 2017
La grave crisis penitenciaria exige una verdadera política pública
Para responder a la crisis persistente de su sistema penitenciario, el Estado mexicano se ha limitado a imponer un modelo basado en la acreditación de la American Correctional Association (ACA) y la privatización de los centros de reclusión.
En 2016 diversas organizaciones de la sociedad civil ya habíamos alertado sobre ello en el informe Privatización del sistema penitenciario en México. Un año después prevalece tal tendencia, caracterizada por la opacidad en el otorgamiento de Contratos de Prestación de Servicios (CPS) para la intervención del sector privado en la construcción y operación de centros penitenciarios ―contratos inaccesibles, por cláusulas de reserva aduciendo razones de seguridad―; construcción injustificada de prisiones, bajo criterios de rentabilidad económica, y protección de inversiones privadas con presupuesto público, entre otras malas prácticas de gobierno.
A la fecha, las autoridades penitenciarias siguen sin publicar dictámenes de evaluación sobre las auditorías realizadas por la ACA, la escasa información pública sobre sus estándares de acreditación se refiere a temas de infraestructura (disposición, tamaño de los espacios, etc…) y, en general, a aspectos que los propios centros penitenciarios deberían considerar sin necesidad de certificación externa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, había manifestado también su preocupación por la tendencia a incorporar el régimen de privatización y certificación internacional de ACA, al considerar que se ejecuta desde un paradigma de máxima seguridad incompatible con la defensa y protección de los derechos humanos, en detrimento de la reinserción social, pues limita el acceso a la visita familiar y de sus defensores , y el ejercicio de la propia defensa penal de las personas privadas de libertad al restringir los escasos medios y herramientas que tienen a su alcance para lograr una comunicación efectiva con las y los jueces; y establece largos periodos de permanencia en celdas, y revisiones excesivas a las personas internas y sus visitas. Contra el discurso oficial, como lo ha dado a conocer a su vez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha acreditado que en dichos centros prevalecen la violencia y el autogobierno.
La propia Encuesta Nacional sobre Población Privada de Libertad 2016 ―innovación de la Ley Nacional de Ejecución Penal― revela que en los centros federales con esquemas de CPS (todos acreditados por la ACA) solo el 5% de las personas tiene acceso al trabajo, además de que apenas el 30% de ellas recibe remuneración por ello.
Dicha encuesta resalta que en centros acreditados por la ACA el 78% de las personas no sigue ningún programa educativo y, en el caso de los CPS, el 50% de las entrevistadas dijo
que no los hay en su centro. Además, el 68% de las personas internas en estos últimos centros no ha recibido visita durante el último año y el 94% no ha tenido visita conyugal, mientras que el 27% no se siente seguro en el centro y el 93% pasa más de 19 horas al día en su celda.
También en 2016, el Informe 8/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) sobre Centros Federales “CPS” evidenció carencias en el servicio de alimentación, personal médico y de custodia; inexistencia de programas educativos o de capacitación laboral; maltrato físico, insultos, humillaciones y amenazas por parte del personal penitenciario, así como aislamiento por periodos de más de 40 días.
Contra toda esta evidencia, entre 2016 y 2017 fueron acreditados o reacreditados centros de internamientos para adolescentes en Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Chihuahua. La Comunidad de Mujeres de la Ciudad de México recibió recomendaciones tanto de la CDHDF como del MNPT por vulnerar el derecho a trato digno, violencia y falta de capacitación del personal.
En este escenario, nos preocupa especialmente que a través de los Programas Estatales de Derechos Humanos ―derivados del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018― busquen legitimarse acciones e indicadores contrarias a las recomendaciones de los organismos internacionales. El Programa Estatal de Derechos Humanos de Puebla, por ejemplo, incluyó la mejora de la infraestructura y operación de los centros penitenciarios y estableció que la administración y operación se homologuen mediante la certificación de ACA. No obstante, como advierte el personal de los Centros de reinserción, “este esquema atiende más a necesidades administrativas, de operación y de control que de reinserción” (testimonio personal penitenciario).
Exigimos a la Embajada de Estados Unidos en México y a las autoridades penitenciarias detener el proceso de acreditación ACA, por ser un fraude para los contribuyentes estadounidenses y promover un modelo penitenciario violatorio de derechos humanos.
Suscriben las organizaciones:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.
Documenta
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. de la Universidad Iberoamericana de Puebla
Instituto de Justicia Procesal Penal
Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur
Y a título personal:
Elena Azaola
María Novoa
Karen Silva
04 de septiembre de 2017
El pasado 30 de agosto, las organizaciones abajo firmantes presentamos una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), relativa a los obstáculos que enfrentan niñas, niños y adolescentes víctimas de desapariciones en México, así como el impacto que tiene en este sector la desaparición de un familiar adulto.
Las organizaciones presentamos esta denuncia general al GTDFI ante la abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecidas en México: de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3,217 niñas y 2,235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, cifra que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados.
El periodo en el que han desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años. Cerca del 70% de niñas, niños y adolescentes desaparecidos fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Del total de personas desaparecidas al 31 de marzo de 2017 (30,991), 64 pertenecen a una etnia, 301 son extranjeras de las cuales se desconoce la edad de 35 y, 41 son niñas, niños o adolescentes.
A pesar del elevado número de personas desaparecidas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado mexicano. Hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección.
Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Más aún, existe un alarmante subregistro de casos de desapariciones y el RNPED sigue siendo inexacto al incluir leyendas como “no disponible” en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas. Las autoridades competentes proporcionan información contradictoria o incompleta y la imposibilidad de determinar el universo de personas desaparecidas obstaculiza de manera significativa toda acción de búsqueda que se llegue a emprender, impide que las víctimas obtengan medidas de reparación adecuadas y, que se haga justicia. La ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces en México hace que sea imposible descartar la participación, directa o indirecta de agentes del Estado en la desaparición de personas, lo cual viola e impide lleven a cabo su obligación de prevenir e investigar efectivamente un supuesto caso, lo que hace imposible descartar una desaparición forzada potencial, más aún, en un país donde hay varias evidencias de la complicidad de agentes del Estado con las organizaciones criminales.
Por tales razones, elegimos esta problemática debido a la obligación reforzada que tiene el Estado mexicano de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; familiares de víctimas y/o migrantes víctimas de desaparición en todo el país, y con un énfasis particular en la situación de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración.
El objetivo de la denuncia general es describir los obstáculos que enfrentan a diario por miles de niñas, niños y adolescentes, especialmente las niñas, y sus familias y la respuesta errónea proporcionada por el Estado, además de analizar las medidas adoptadas por el Estado en cuanto a la prevención, búsqueda, investigación, persecución y sanción de los responsables, así como la reparación y asistencia, para evaluar si pueden considerarse compatibles con las normas internacionales aplicables.
Actualmente México carece de cualquier política pública diseñada para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición que se pueden considerar como eficaz. En particular, los dos programas existentes de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (es decir, la Alerta Amber y el Protocolo Alba) rara vez se aplican y el procedimiento para activarlos es demasiado complicado y/o burocrático.
Por último, la versión integral de la denuncia general proporciona una lista completa de las conclusiones y recomendaciones concretas, relativas a brindar atención adecuada a las víctimas; garantizar la verdad, justicia y reparación a que tienen derecho; y adoptar medidas especiales que por su calidad de migrantes, niñas, niños y adolescentes o cualquier otra. Adicionalmente, se ha solicitado al GTDFP que inicie un diálogo constructivo con el Estado mexicano, ponga en conocimiento esta denuncia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y recomiende el establecimiento de un mecanismo internacional que garantice la justicia que las víctimas necesitan.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
Red por los Derechos de la Infancia en México
Trial International
