Mes: agosto 2016

31 de Agosto de 2016

Boletín de Prensa No. 1608/38

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. expresamos una vez más nuestro absoluto rechazo ante las declaraciones del Alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes.

Hace unos días medios de comunicación difundieron declaraciones del Edil en donde habló de sus intenciones de contratar [1]francotiradores con el objetivo de combatir el crimen en su municipio.

Esto es muy preocupante. Si bien la policía debe ser capacitada, el enfoque y discurso del Alcalde nicolaíta abona a crear un ambiente de violencia y a la estigmatización de quienes entran en conflicto con la justicia, y lo que es mas grave, que pareciera invitar a su policía a actuar fuera del marco de la ley.

En reiteradas ocasiones nos hemos pronunciado a favor de una policía de proximidad, una política de seguridad enfocada en la prevención y en contra de la constante militarización y política de seguridad reactiva. Expertos y la experiencia nos dicen, que por ningún motivo se debe combatir un delito, cometiendo otro delito.

El Alcalde señala que sabrá lidiar con las agrupaciones de derechos humanos para que no se intente proteger más al criminal que al ciudadano. No sabemos si este tipo de señalamientos son de su propia convicción, o bien, pareciera pretender confundir a la población, ya que esa es una falsa disyuntiva: se deben de respetar todos los derechos humanos de todas las personas, así también se deben llevar ante la ley a cualquier persona que cometa delito, sea de la sociedad civil o sean servidores públicos.

El camino a seguir es el de la seguridad ciudadana, no la lógica de guerra; el respeto irrestricto de los derechos humanos de la ciudadanía y el fortalecimiento de las instituciones para que se pueda respetar el debido proceso y sancionar a quienes sean verdaderamente responsables de los delitos.

Invitamos al Alcalde de San Nicolás a consultar expertos en este tema, a explorar estrategias menos violentas y capacitar a sus elementos de seguridad en la lógica de la seguridad ciudadana y el respeto los principios constitucionales, para que pueda garantizar la seguridad de todos los nicolaítas.

 

[1] Mendieta, Eduardo. 2016.“San Nicolás tendrá 50 francotiradores”. Milenio. Disponible en: http://www.milenio.com/region/milenio_noticias-san_nicolas_tendra_francotiradores-policia_san_nicolas_0_800920047.html

 

 

30 de Agosto de 2016

Boletín de Prensa No. 1608/37

Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, jornada en la que en México y el mundo se demanda verdad, justicia y el fin de la impunidad ante las miles de personas que han sido desaparecidas y separadas involuntariamente de sus seres queridos.

En el país y en Nuevo León vivimos una crisis humanitaria: miles de personas continúan desaparecidas y sus familias han quedado devastadas emocional y económicamente debido a la violencia generada por el crimen organizado y el propio Estado.

Ante esto, urge que el gobierno de Nuevo León dé respuesta a las diversas necesidades de estas familias, a quienes la reparación del daño les resulta apremiante, en ese sentido es necesaria la real operatividad del Sistema Estatal de Atención a Víctimas y su Comisión Ejecutiva, con un presupuesto, programa y vinculaciones suficientes que le permitan funcionar efectivamente, como lo marca la Ley Estatal de Atención a Víctimas. Asimismo, es imperativo que el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI), que actualmente existe en la entidad, opere bajo lo más altos estándares de calidad.

Si bien la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó ayer en su comunicado las experiencias de trabajo conjunto de búsqueda entre autoridades y familias que tenemos en Nuevo León y Coahuila, es necesario decir que en nuestros registros todavía tenemos más de 800 personas por localizar.

En Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., hemos documentado casos de desaparición ocurridos desde 2007 hasta la fecha. En nuestro registro las personas desaparecidas ascienden a 1363, de las cuales 35 corresponden al 2016. Además,

se han localizado 159 personas: 72 personas vivas y 87 identificadas por perfiles genéticos. De estas, 151 personas localizadas son casos que pertenecen al estado de Nuevo León y 8 personas de Tamaulipas. En 2016 se han localizado 7 a personas: 2 por perfil genético y 5 personas con vida.

Hemos tenido avances pero la problemática no ha sido erradicada.

Seguimos caminando junto a las familias de AMORES con esperanza y fe de que llegaremos a la verdad. Seguimos demandando justicia al Estado y dando seguimiento a los procesos legales, teniendo la convicción de que trabajando junto a las familias encontraremos verdad y justicia.

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

23 de agosto de 2016.- Externamos nuestro rechazo ante la tesis aislada CCV/2016 publicada el 19 de agosto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual plantea que no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, a no ser que exista confesión o “autoincriminación” de la persona acusada.

En otras palabras, si la declaración bajo tortura de la persona acusada no es calificada como confesión; si una persona es torturada para que incrimine a otra; o si la tortura produce cualquier otra prueba distinta a la autoincriminación, podrían quedar intactas las condenas basadas en tales pruebas ilícitas, según la regla aprobada por los Ministros Pardo Rebolledo, Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea.

Por esta razón, la tesis es violatoria de la prohibición absoluta de dar validez a cualquier prueba obtenida mediante tortura, reflejada en la Constitución (“Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”[1]), el Código Nacional de Procedimientos Penales y numerosos tratados internacionales.

El año pasado, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades judiciales bajo diversos tratados ratificados por México, incluyendo la de excluir “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura”[2]. La Corte Interamericana, misma que actualmente se encuentra en México a invitación de la propia SCJN, ha reiterado que “la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura… ostenta un carácter absoluto e inderogable”[3], observando además que “las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces”[4].

Recordamos que permitir que las condenas sigan basándose en declaraciones o pruebas fabricadas bajo tortura, significaría frenar desde el inicio el proyecto de transformación que debería representar el nuevo sistema penal. En tal escenario, en vez de mejorar la calidad de las investigaciones penales, el país seguiría en un ciclo vicioso, en el que la poca capacidad para investigar conlleva la falta de esclarecimiento y sanción de la gran mayoría de delitos cometidos, así como la fabricación de culpables mediante la tortura, entre otros, con tal de ocultar el tamaño de la impunidad.

Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado a la Primera Sala a modificar su criterio, aclarando que ninguna prueba obtenida mediante tortura es válida.

 

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT)

[1] Artículo 20(A)(9).

[2] Informe sobre México del Relator Especial sobre tortura, A/HRC/28/68/Add.3, párr. 83(d).

[3] Corte IDH, Cabrera García y Montiel Flores v. México, párr. 165.

[4] Ibíd., párr. 167.

16 de agosto del 2016

Ayer por la tarde se llevó a cabo la conferencia “La importancia del debido proceso en contextos de violencia”, organizada por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJNL). Este evento fue encabezado por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, de Colombia, César San Martín, de Perú, y Carlos Arenas Bátiz, de México.

Los tres expertos señalaron la importancia del respeto al debido procesos para la construcción y existencia de un Estado verdaderamente democrático. Coincidieron en que los derechos fundamentales de todos los individuos deben ser respetados, y que el debido proceso garantiza el acceso a la justicia.

Además hicieron un llamado para que las autoridades no justifiquen graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, en aras de combatir la violencia y el crimen organizado.

“Esta práctica (torturar a una persona y hacerla firmar una confesión) nació del medievo, de la Inquisición y es una grave violación a los derechos humanos”, dijo Beltrán Sierra durante su intervención”.

Sobre las críticas al nuevo Sistema Penal Acusatorio, que permite llevar procesos en libertad y por el cual se prevé la liberación de presos por delitos menores que hayan llevado más de la mitad de su condena, los tres magistrados coincidieron en que este sistema permite mejorar los procesos de imputación.

“La ciudadanía no debe alarmarse porque se cumpla la ley, la alarma debe ser porque no se cumpla la ley”, expresó Beltrán Sierra.

El Magistrado peruano César San Martín, por su parte, añadió que una sociedad segura no se mide por el número de personas que estén privadas de su libertad.

“Una sociedad no es más sana o más segura cuantos más presos tiene, al contrario, es más insegura, porque uno tiene que preguntarse cuántos inocentes están presos”, consideró San Martín.

Finalmente, en entrevista, el Magistrado Carlos Arenas Bátiz reiteró que el respeto al debido proceso y un combate efectivo al crimen organizado y la violencia no están peleado.

“Dejemos o superemos esa falsa disyuntiva entre o respeto al debido proceso y los derechos humanos o eficacia en el combate al crimen, esa es una disyuntiva falsa, es un falso dilema”, aseguró Arenas Bátiz.

 

8 de Agosto de 2016

Boletín de Prensa No. 1608/36

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., la Fundación para el Debido Proceso y el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJ) unimos esfuerzos para traer a dos ministros de las respectivas Cortes Supremas de sus países en un evento en donde trataremos la importancia del debido proceso.

El lunes 15 de agosto, los Ministros Alfredo Beltrán Sierra, de Perú, y Carlos San Martín, de Colombia, darán la conferencia: “La Importancia del Debido Proceso en contextos de Violencia”, junto al Magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz en la Sala Jorge A. Treviño del TSJ a las 17:00 horas.

“El debido proceso es un derecho humano, es una garantía constitucional que debe estar presente en todos los procesos y no me refiero solamente a los procesos penales también a los procesos civiles, mercantiles, en todos los procesos, el artículo 14 constitucional establece la garantía del debido proceso. Creo que va a ser muy interesante la presencia de estos dos ministros de países con muchos más conflictos que los nuestros y a pesar de esos conflictos han salido adelante”, dijo el Magistrado Carlos Arenas durante el anuncio del evento.

Para CADHAC este tema es importante porque el respeto a los derechos humanos y el respeto al debido proceso van unidos.

“El combate a la delincuencia organizada y el respeto al debido proceso es algo que las autoridades debemos lograr de manera conjunta, no una cosa o la otra”, coincidió el Magistrado Arenas.

La invitación a la conferencia del lunes 15 es para el público en general y la entrada es libre. Durante su visita los Ministros también sostendrán encuentros privados con académicos, columnistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

4 de agosto de 2016

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. le compartimos algunas ideas que consideramos importantes para precisar en relación a su comentario del día de hoy en “El Pulso” (Telediario):

• Es importante resaltar que las liberaciones que puedan darse a favor de personas privadas de su libertad, son en el marco de la legalidad establecida por nuestras y nuestros legisladores, lo que significa que las personas serán liberadas por haber cumplido con la sanción que la ley establece como necesaria para extinguir su obligación penal. Quienes obtengan su libertad será porque ya cumplieron su deuda con la sociedad.
• Una vez que la persona cumple su sanción de privación de libertad, el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger todos los derechos que le fueron suspendidos al momento de privarle de su libertad.
• Referirse a cualquier persona como “rateros” o “ladrones” estigmatiza y criminaliza a una persona para toda su vida. La forma correcta de llamar a una persona que ha cometido un delito es esa, persona que ha cometido un robo, etc.
• La declaración de un alcalde en el sentido de que vigilará particularmente a estas personas liberadas, contraría la integridad y seguridad y muchos otros derechos de estas personas, por no encontrarse fundada ni motivada.
• Durante su intervención al aire habló sobre qué podría pasar con los índices delictivos cuando estas personas obtengan su libertad. Esto va a depender mucho de la actitud de las autoridades y de la sociedad, si éstos respetan sus derechos para que puedan conseguir un trabajo, para que tengan una vivienda, para que puedan tener las condiciones mínimas de dignidad para vivir, no hay ninguna razón para pensar que los índices delictivos van a subir. En cambio, si el Estado no provee las condiciones mínimas para su trabajo, manutención de salud, limitando sus posibilidades de conseguir trabajo al evitar que pueda obtener una licencia de manejo, al no poder tener una carta de no antecedentes difícilmente podrá encontrar un trabajo…de una forma sutil o cruel se estaría orillando a estas personas a una salida falsa, es decir, volver a delinquir.
• Finalmente, reiteramos que todas las personas incluyendo las que han sido víctimas de delitos o víctimas de violaciones a derechos humanos tienen el derecho de que éstos le sean reconocidos y respetados.

Si no entendemos que los derechos humanos no son para “defender delincuentes”, sino defender el respeto a la dignidad humana, la legalidad y el Estado de Derechos, difícilmente tendremos una sociedad más justa con condiciones para reconstruir el tejido social.

Quedamos a tus órdenes para cualquier duda.

3 de Agosto de 2016

Boletín de Prensa No. 1608/35

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. manifestamos nuestro rechazo a las declaraciones emitidas hoy por el alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes, ya que desde nuestro punto de vista desinforman a la población y perpetúan la discriminación hacia las personas privadas de su libertad.

A través de los medios de comunicación se dio a conocer que el Edil se refirió a personas privadas de su libertad como “2 mil rateros” que podrían salir en libertad de los centros de reinserción social de Nuevo León debido al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Estos calificativos agudizan la vulnerabilidad que ya de por sí sufren las personas que han estado privadas de libertad en algún centro de reclusión.

Víctor Fuentes pasa por alto que las libertades que pudieran ser otorgadas con fundamento en las nuevas disposiciones legales son libertades que favorecen los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que abonan a su reinserción social y que, sobre todo, respetan el principio de que la libertad sólo se restringe en los casos verdaderamente necesarios y no por cuestiones que puedan ser solucionadas a través de otros mecanismos de sanción.

Entendemos que, en el ámbito de sus competencias, los alcaldes son encargados de brindar seguridad a la ciudadanía, sin embargo, exhortamos a que se limiten al ejercicio de las funciones propias de su encargo, y que no violenten, a través de sus declaraciones, el derecho a la presunción de inocencia del que gozamos todas y todos los habitantes de Nuevo León y que está consagrado en nuestra Constitución Federal, aún para aquellos que hayan sido sentenciados previamente por un delito.

Exigimos que las autoridades sean las primeras en conducirse con respeto a los derechos humanos de todas y todos en Nuevo León y eviten crear más prejuicios en contra de las personas que hayan sido privadas de su libertad.