(Nota original en inglés aquí: https://www.propublica.org/article/mexican-human-rights-defenders-say-they-are-target-of-smear-campaign)
A un día de publicarse el reporte sobre la investigación de la masacre de estudiantes en el 2014, los autores y otros defensores de derechos humanos temen un intento de apropiación de la información con el fin de desacreditar su trabajo.
por Ginger Thompson
ProPublica, Abril 22, 2016, 1:28 p.m.
El pasado sábado me encontré sorprendida y un poco alarmada cuando recibí un correo enviado por uno de los defensores de derechos humanos de México más prominentes. “¿Podemos hablar? -leía el encabezado- Es urgente.”
Inmediatamente escribí de regreso. Mariclaire Acosta es alguien a quien he conocido por años. Ella ha estado en las trincheras por un largo tiempo, y no es alguien que se alarme fácilmente. En su respuesta explicaba que el gobierno, al cual ella representó en una ocasión como diplomática de alto rango, se había vuelto en su contra. “Las cosas no pintan bien para la comunidad defensora de derechos humanos en México,” escribió. “Nos encontramos bajo un serio ataque.”
Adjunto a su correo había copias de columnas de periódico que desacreditaban a Acosta y a sus colegas, caracterizando a la comunidad defensora de derechos humanos como una “mafia insertada en el poder” que habían defraudado al gobierno por millones de dólares mientras abogaban en favor de traficantes y secuestradores. “¿Cuántos de estos millones terminaron en los bolsillos de estos apasionados defensores de derechos humanos?” preguntaba una columna sin pruebas que lo respaldaran. “Mientras, las verdaderas víctimas del crimen apenas reciben apoyo del gobierno para cubrir los gastos fúnebres”, aseguraba otra columna.
He reportado desde y sobre México por décadas. Pero estas columnas no tenían sentido alguno para mí. Acosta ha sido una de las pioneras más antiguas de derechos humanos en México. Le pregunté quién pensaba que estuviera detrás de esta campaña, y por qué pensaba que la habrían sacado ahora. “Me han dicho que proviene desde los más altos niveles del gobierno, pero no tengo pruebas,” respondió. En cuanto a el porqué haberlas publicado ahora, Acosta y otros con quienes he hablado en estos días creen que el ataque por parte de los medios fue desencadenado por la creciente presión internacional sobre México para atender las acusaciones de que la policía y los militares son responsables por abusos atroces a los derechos humanos.
Este domingo se espera la publicación del último reporte por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, acerca de las investigaciones del ataque a una caravana de autobuses que transportaba a estudiantes normalistas al sur del estado mexicano de Guerrero; ataque que dejó a 3 estudiantes muertos y a otros 43 desaparecidos. La violencia en Ayotzinapa destrozó los esfuerzos del Presidente Enrique Peña Nieto por convencer al mundo de que la corrupción gubernamental y la impunidad en México eran cosa del pasado. El conflicto inspiró a los familiares de cientos de miles de desaparecidos a visibilizar los casos y denunciar – algunos en contra de las fuerzas armadas del país. Además de incitar protestas masivas alrededor del país, lideradas por familiares de los estudiantes y amigos cercanos.
Cuando el GIEI dio a conocer su primer reporte sobre Ayotzinapa el pasado septiembre, éste impactó al país como una bomba. El reporte anunciaba que estudios científicos y otras evidencias no respaldaban la “versión histórica” de los acontecimientos, la cual culpaba a la policía municipal y a narcotraficantes del asesinato de los estudiantes y la incineración de sus cuerpos en una fosa. Los expertos declararon que se había encontrado evidencia de que la policía federal y fuerzas militares pudieron haber jugado un papel importante. Además, sostuvieron que los agresores pudieron haber dirigido el ataque a la caravana después de que los estudiantes abordaran, sin saberlo, un autobús cargado con heroína perteneciente a un grupo criminal llamado “Guerreros Unidos”.
Aún no queda muy claro cuánta nueva luz el tan esperado reporte de seguimiento habrá de darle al incidente. Las autoridades cercanas a la investigación argumentan que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Defensa prohibieron la realización de entrevistas a militares y se han negado a dar información proveniente de las autoridades norteamericanas. (Aunque un investigador de derechos humanos infiltró evidencia de que más de la mitad de los aproximados 113 sospechosos que han sido arrestados – cuyos testimonios sirvieron como base para la “verdad histórica” del gobierno- fueron encontrados con lesiones que indican el uso de tortura). Pero la falta de cooperación por sí sola podría servir como recordatorio de lo mal que el gobierno de Peña ha manejado este caso, suscitando más preguntas sobre qué tanto más tienen por esconder las fuerzas militares y provocando más protestas y condenas a nivel internacional.
El día en que recibí el correo de Acosta, la Secretaría de Defensa de México había sido forzada a emitir una extraña disculpa sobre un video que mostraba a elementos militares interrogando a una presunta mujer traficante, envolviéndole la cabeza con una bolsa de plástico hasta casi provocarle asfixia. A mediados de este mes, medios informativos de Europa señalaron que el Presidente Peña fue acosado con preguntas sobre Ayotzinapa durante sus visitas a Alemania y a Dinamarca, en donde una protestante inclusive se arrancó su camisa mientras acusaba al Presidente de ser un “dictador” y un “asesino”. Además, durante este mes el Departamento de Estado norteamericano, en su reporte anual sobre derechos humanos, describió los abusos por parte de fuerzas policiacas y militares de México como “uno de los problemas más significativos en materia de derechos humanos” del país, señalando que diversos elementos habían cometido crímenes incluyendo “asesinatos extrajudiciales, tortura y desapariciones.” En consecuencia, la publicación del reporte final del GIEI no podría avecinarse en un peor momento. Es por esto que, de acuerdo con diversos defensores de derechos humanos en la Ciudad de México y en Washington a quienes empecé a llamar, existe un esfuerzo sistémico por desacreditar el reporte antes de su publicación.
Maureen Meyer, coordinadora principal del programa de México en WOLA (Washington Office on Latin America) lo llamó un clásico intento por “asesinar al mensajero”. En México, la amenaza puede ser más que figurativa. Recientemente, hablé con un antiguo oficial mexicano, quien aseguró no creer que la campaña de desprestigio viniera desde el Ejecutivo (un representante me envió una declaración escrita señalando que fue decisión del Gobierno Mexicano el invitar al panel). Sin embargo, dijo, incluso el hecho de que una autoridad menor ordene a dificultarle la vida a un crítico– los periodistas son el claro ejemplo – puede salirse de las manos.
El antiguo oficial dijo, “Normalmente, la orden es algo como “Dales una calentadita.” Luego, me miró a los ojos. “Tú has vivido en México por un largo tiempo. Sabes lo que esto significa.”
Los cinco autores del reporte, cuyos trabajos previos han llevado a una serie de aclamados casos en contra de la fuerza militar de Colombia, de un antiguo dictador guatemalteco y de compañías petroleras norteamericanas, han sido seleccionados como parte de un acuerdo entre el Gobierno mexicano, los padres de los estudiantes desaparecidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario de Relaciones Exteriores de México en ese momento dijo, durante una conferencia de prensa cuando el panel comenzó los primeros trabajos de investigación el año pasado, que “el apoyo y sugerencias del Grupo serían bien recibidos.” Sin embargo, desde su llegada al país, los expertos han visto a los medios mexicanos, activistas conservadores y políticos de izquierda arrastrar sus trayectorias por el lodo, haciendo acusaciones vagas y sin respaldo alguno no sólo sobre su falta de capacidad para el trabajo que los trajo a México, sino que además señalan que el grupo carece de objetividad e integridad moral para cuestionar a la policía y milicia de México.
Un artículo en el periódico La Razón, por ejemplo, acusó al abogado y miembro del grupo, el chileno Francisco Cox, de cobrar, de manera inapropiada, al gobierno mexicano por miles de dólares por su trabajo en el caso Ayotzinapa, mientras que al mismo tiempo defendía a víctimas de la Lord´s Resistance Army en Uganda de forma gratuita. Numerosas historias acusaron a la ex procuradora de Colombia, Angela Buitrago, por presuntamente fabricar evidencia en contra de un coronel colombiano en apoyo a un grupo ligado al cartel de Medellín, Pablo Escobar. Otro artículo de La Razón señalaba que Claudia Paz y Paz, quien hizo historia cuando exitosamente interpuso cargos de homicidio en contra del antiguo dictador de Guatemala, el General Efraín Ríos Montt, habría sido agente de la guerrilla insurgente durante la larga y sangrienta guerra civil del país. En general, los artículos que analicé no ofrecían evidencia para comprobar estas acusaciones. Un representante del GIEI aseguró que se debe a que los cargos son “completamente falsos.”
En una entrevista, Paz y Paz me comentó que el GIEI había pedido al gobierno que denunciara la campaña de desprestigio. “Intentaron minimizarla, diciendo que los ataques provenían de medios y periodistas que nadie lee, y que por tanto no valía la pena emitir una respuesta.” José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, dijo que el silencio del Gobierno es “evidente” y que “envía un mensaje de negligencia” hacia los ataques. “Si esto fuera algo al azar, por lo que no valiera la pena preocuparse, sería fácil para el Gobierno refutarlo en términos categóricos, y expresar completa confianza en la investigación,” mencionó.
Vivanco señaló que el trabajo realizado por el Grupo marca la primera vez que México ha abierto su sistema judicial al escrutinio de un panel internacional. Recientemente, Guatemala ha ido más lejos, al permitir que la ONU trabaje en conjunto con los procuradores del país en casos de corrupción. Una de estas investigaciones llevó al arresto del Presidente Otto Pérez Molina, el pasado septiembre. Joy Olson, director ejecutivo de WOLA, dijo que los arrestos en Guatemala “dieron tremendo susto a los políticos a nivel internacional.” Y en México, mencionó, los políticos están luchando contra esto porque el grupo de expertos le ha demostrado a este país, en donde el 98% de los crímenes quedan sin resolver, que “si traes a una autoridad externa, puede que realmente se consigan resultados.”
Hablé con Ricardo Alemán, un columnista para el periódico mexicano Milenio, quien ha escrito de manera crítica sobre el grupo y otros defensores de derechos humanos, incluyendo Mariclaire Acosta. “No hago campañas por nadie ni nada,” mencionó. “Hago periodismo.” No obstante, así como la comunidad promotora de derechos humanos sospecha que su trabajo forma parte de una campaña política de desprestigio, él también cree que existe esta campaña, pero en aras de destrozar la reputación de la policía federal y de fuerzas militares. Los expertos, dijo, “vinieron aquí para jugar con nosotros y para hacernos sentir que saben más que nosotros sobre cómo conducimos nuestra política.” Como ejemplo, señaló la difusión del video que mostraba a una presunta traficante siendo torturada. “¿Tú crees que esa difusión fue coincidencia? Cosas como esa no pasan por mera coincidencia.”
