“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores) recibimos hoy la visita de la Embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power.
La Embajadora Power escuchó el trabajo que CADHAC realiza en el tema de desaparición y desaparición forzada en Nuevo León, las leyes que se han impulsado desde esta organización y el trabajo que desde 2014 hace el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI).
Después estuvo escuchando alrededor de una hora y media los testimonios de mujeres integrantes del Grupo Amores. Al final, les dirigió un emotivo mensaje:
“Son una maravillosa inspiración nunca olvidaré haberlas conocido y escuchar de ustedes. Si sus padres, esposos o hijos ausentes estuvieran aquí, estarían orgullosos de ustedes, no podrían creer lo que hacen. Ustedes salen y rompen paredes porque aman tanto a sus seres queridos. Ya sea para encontrarles o asegurarse que aquellos que les hicieron daño no le hagan daño a otras personas y a obtener justicia. Creo que sus seres amados estarían muy sorprendidos de la fuerza que hay dentro de ustedes”.
Power afirmó que llevará todos estos mensajes directamente al Presidente Barack Obama y que apoyarán en todo lo que sea necesario para que los derechos humanos se respeten en México y Nuevo León.
En la reunión también estuvo presente Timothy Zúñiga-Brown, Cónsul de Estados Unidos en Monterrey y la comitiva de ambos funcionarios estadounidenses.
Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) rechazamos el acuerdo publicado esta semana (21 de octubre) en el Periódico Oficial del Estado, en el que Cuauhtémoc Antúnez, Secretario de Seguridad Publica de Nuevo León, determina la reserva del Registro del Sistema Estatal de Información para la Seguridad Pública del Estado por un lapso de 7 años, argumentando que es “por causas de interés público” y para proteger “la procuración preventiva de la seguridad a favor de las personas, la estabilidad de las estructuras administrativas y operativas de las Instituciones de Seguridad del Estado”.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León en el artículo 27 señala que: “La información sólo podrá ser clasificada como reservada mediante un acuerdo fundado y motivado en el que, a partir de elementos objetivos o verificables, pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público”.
Sin embargo, en esa información reservada se incluyen las estadísticas de delitos e infracciones administrativas, la estadística delictiva geográfica, y los procesos de evaluación y sus resultados, pero no se ofrecen elementos objetivos y verificables que indiquen cómo la divulgación de esta información estadística tendría una alta probabilidad de dañar el interés público, o de poner en riesgo la seguridad pública municipal o estatal o el ejercicio o el diseño de los planes, programas, estrategias, operativos y recursos en dichas materias; o cómo podría poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.
Además no se está tomando en cuenta que, por disposición constitucional, para la clasificación de la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad, en conformidad con el artículo 6, fracción A, numeral I, de la Constitución Federal.
Si bien este acuerdo renueva uno similar de 2008 –aunque en la práctica no se limitó del todo la información- lo cierto es que la renovación de un acuerdo similar implica la posibilidad de ausencia total de transparencia en las instancias estatales encargadas de la seguridad pública. Además, contradice totalmente al discurso permanente en la campaña del recién electo gobernador, Jaime Rodríguez, en donde prometía un gobierno de total transparencia.
En efecto, los artículos 6º constitucional y 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalan que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar y recibir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho al acceso a la información tiene una dimensión colectiva, la cual tiende a revelar el empleo instrumental de la información como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales de un gobierno abierto que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración.
En ese sentido, resulta sumamente preocupante la reserva de esta información sin ofrecer argumentos objetivos y verificables, toda vez que restringir el acceso a la información que, de entrada debiera ser pública, atenta en contra de los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
A pesar de todo lo anterior, la única justificación que existe por parte del Secretario de Seguridad Pública para reservar la información es que, en virtud de que la divulgación del contenido del Registro del Sistema Estatal de Información para la Seguridad Pública, pone en riesgo la eficacia y seguridad de las actividades en materia de persecución de delitos y de impartición de justicia, debe reservarse por un periodo de siete años a partir de su publicación.
Consideramos que esto es un franco retroceso en la consecución de un Estado de Derecho, pues constituye arbitrio por parte de la autoridad, que imposibilita cualquier cuestionamiento a la actuación de las autoridades de seguridad pública.
Hacemos un llamado al gobierno de Jaime Rodríguez y al Secretario de Seguridad Pública para que cumplan con sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, y garantice la publicidad y el acceso a la información relativa a la seguridad publica.
Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC, durante la audiencia hoy en Washington, D.C.
Destacan casos de ejecuciones extrajudiciales del actual sexenio.
Por cada militar o miembro de la marina fallecido, mueren aproximadamente 20 civiles.
Washington, D.C., 20 de octubre de 2015. Hoy en audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones mexicanas e internacionales expusieron el patrón de las ejecuciones extrajudiciales que tienen lugar en México. Las entidades representantes de la sociedad civil expusieron cómo las fuerzas de seguridad ejecutan a personas civiles sin justificación para posteriormente presentarlas como delincuentes que murieron en un enfrentamiento, sin que haya investigaciones adecuadas de estos hechos.
Durante la audiencia enfatizaron que los factores estructurales que fomentan esta práctica son: la impunidad de las ejecuciones desde décadas pasadas hasta la actualidad, el encubrimiento, la falta de prácticas adecuadas de investigación y la militarización de la seguridad pública. Subrayaron una serie de casos de 2014 y 2015 como Tlatlaya, Estado de México; Apatzingán, Tanhuato y Ostula en Michoacán; Calera, Zacatecas; y la privación de la vida de 6 personas en Iguala, Guerrero, durante los ataques a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Recordaron que en 2014, antes de que ocurrieran los casos recientes de ejecuciones, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, publicó su informe sobre México, dando cuenta de “una impunidad sistemática y endémica”, que alentaba las violaciones al derecho a la vida en sus modalidades de “muerte de personas detenidas; muertes a manos de miembros del ejército, la marina y la policía; uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden; muertes durante manifestaciones de protesta”, entre otras. Sin embargo, el Estado no ha cumplido diversas recomendaciones clave formuladas por el Relator.
Las y los peticionarios detallaron los índices de letalidad, teniendo como referencia la muerte de más de 10 o 15 civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos, lo cual sugiere que la fuerza letal se está usando más allá de lo necesario”[1]. De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar), más de 4 mil civiles fallecieron a manos de las fuerzas armadas entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014. Entre 2007 y 2014, murieron 3.967 civiles y 209 militares, es decir, una proporción de 19 civiles fallecidos por cada militar muerto. Tratándose de la Marina, el mismo índice de letalidad de 2012-2014 alcanza los 21 civiles difuntos por cada miembro de la marina fallecido, mientras se conoce que la Policía Federal ha matado a más personas de las que haya detenido en “enfrentamientos” en el presente sexenio.
Como muestra de la impunidad que impera en dichos caso se evidenció que solo se tiene conocimiento de una sentencia condenatoria por una ejecución extrajudicial en Nuevo León, estado en el que ocurrieron 394 “enfrentamientos” de militares y civiles entre 2007 y 2014,
Las organizaciones enfatizaron sobre la necesidad de investigar la cadena de mando en casos de ejecuciones extrajudiciales, luego de que el caso Tlatlaya revelara que los hechos se dieron en un contexto donde el Batallón tenía la instrucción de “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Ante esta grave situación, las organizaciones de la sociedad civil plantearon acciones prioritarias para erradicar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en México, incluyendo: la implementación estatal de un plan programático para poner fin al actual modelo militarizado de seguridad pública; incorporar la investigación de la cadena de mando y la posible alteración de las escenas del crimen en todos los casos de graves violaciones a derechos humanos; garantizar que después de toda privación de la vida por integrantes de las fuerzas de seguridad, se realice una averiguación independiente, tomando en cuenta las directrices internacionales contenidas en el Protocolo de Minnesota; cumplir las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos que hayan visitado el país y además garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de ejecuciones cometidas en tanto en décadas pasadas como en años recientes; respetar la independencia de jueces y fiscales.
Las organizaciones cerraron recordando que el modelo militarizado de combate frontal perpetúa un ciclo de violencia que lejos de abonar a la construcción de un entorno de seguridad para la población, la sitúa en un contexto permanente de fuego cruzado y violaciones a derechos humanos. Enfatizaron que únicamente mediante un cambio de modelo, pasando entre otros por la verdadera reforma policiaca y políticas públicas integrales en materia de seguridad, será posible superar la violencia e impunidad en el país.
[1] GUTIÉRREZ, Rodrigo, SILVA, Carlos, y PÉREZ CORREA, Catalina “Índice letal: los operativos y los muertos”, Nexos, noviembre de 2011. www.nexos.com.mx/?p=14555, consultada el 16 de octubre de 2015.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. denuncia una vez más la indiferencia de las autoridades ante las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos en materia de seguridad pública, que continúan siendo ignoradas en Nuevo León.
En esta ocasión, el alcalde electo del municipio de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes, anunció al equipo que estará haciendo las labores de seguridad durante su periodo como munícipe. En el equipo se encuentra el Capitán Jorge Ontiveros Molina, de la Secretaría de Marina, quien será el Director de Seguridad Pública. Ontiveros Molina fue director de la Policía de Monterrey durante la administración de Margarita Arellanes, periodo en el que a través de las denuncias que recibimos en CADHAC, observamos que el abuso policiaco era una constante.
Además, Fuentes designó como director de la Policía al Teniente Eduardo Sánchez Méndez, también de la Secretaría de Marina.
Estos dos nombramientos para la próxima administración nicolaíta, se unen a los ya realizados en el gobierno estatal: el General Brigadier Tomás Reyes Rodríguez asumió como Comisario General de Fuerza Civil, y el Capitán retirado Juan Carlos Campos como el segundo al mando en esa dependencia; además, el General Cuauhtémoc Antúnez Pérez rindió protesta como Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, mientras que el Contralmirante Augusto Cruz Morales fue nombrado director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), pero tuvo que ser removido por no cumplir con los requisitos que marca la ley.
Como ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, hizo hincapié durante su reciente visita a México en que las fuerzas armadas deben dejar las funciones de seguridad pública. Tres de las cuatro recomendaciones que hizo establecen la importancia de fortalecer el estado de derecho, enfatizando en una de ellas el que las fuerzas armadas no deben ser parte de la estrategia de seguridad:
Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
Hacemos un llamado al gobierno estatal y al alcalde electo de San Nicolás de los Garza a frenar la militarización de la seguridad pública, y rectificar su decisión de asignar militares y marinos para dirigir esas funciones. Además, instamos a todos los alcaldes electos de Nuevo León a designar a civiles al frente de los órganos encargados de la seguridad pública y las tareas policiales, fortaleciendo así el liderazgo civil de esta función estatal crucial, de modo que sea posible sentar las bases para construir un modelo de seguridad ciudadana que favorezca la participación social y tenga como ejes el respeto al estado de derecho y los derechos humanos.
Ciudad de México, 16 de octubre de 2015. Cuatro temas fundamentales para explicar la grave crisis de derechos humanos que vive México serán tratados en el próximo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Políticas de drogas y derechos humanos; denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales; la masacre de Acteal y la presentación del Informe “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, serán revisadas el día 20 de octubre.
Mientras que la guerra contra las drogas y la militarización asociada a ella se reconocen como el detonante de la violencia que se vive hoy, las ejecuciones extrajudiciales son la representación de las consecuencias de estas políticas en un Estado impune.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, retrató de las fallas del sistema de justicia en México, será presentado oficialmente ante el pleno de la Comisión. Por su parte, Acteal representará la impunidad en la que habitualmente quedan las masacres en este país.
Las audiencias de México ante la CIDH –que, como es habitual, contarán con la participación de organizaciones de la sociedad civil, además de los representantes del Estado- llegan apenas unas semanas después de la visita in loco de la Comisión a nuestro país, en la que ésta constató que en México se vive una grave crisis de derechos humanos caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.
Adicionalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, confirmó hace unos días que existe un amplio consenso internacional sobre la gravedad de la situación de derechos humanos en México y llamó la atención sobre la creciente intolerancia gubernamental ante las observaciones de los organismos internacionales.
Así, las audiencias serán un termómetro de los esfuerzos que siguen llevando a cabo familiares de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como de la posible respuesta que dará el Estado ante la magnitud de la crisis.
El 156° periodo de sesiones de la CIDH se puede seguir en vivo a través de la página web de la Comisión. El calendario de audiencias mexicanas es el siguiente:
Martes 20 de octubre de 2015 – audiencias transmitidas en vivo
11:30 Washington (10:30 DF): Caso Acteal, Salón Rubén Darío
13:15 Washington (12:15 DF): Informe GIEI Ayotzinapa, Salón Padilha Vidal
14:30 Washington (13:30 DF): Políticas de drogas y derechos humanos, Salón Rubén Darío
15:45 Washington (14:45 DF): Ejecuciones extrajudiciales, Salón Rubén Darío
Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) vemos con preocupación la circular emitida por la Dirección General de Administración de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) en la que se condiciona la permanencia de los servidores públicos de la dependencia a la renuncia a su militancia partidista, información que se dio a conocer por distintos medios de comunicación.
Lo anterior resulta preocupante toda vez que condicionar la permanencia y/o el ingreso a las funciones públicas a la renuncia a una militancia a un partido político atenta en contra de los derechos políticos, laborales y de igualdad y no discriminación, reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte.
En efecto, el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual es de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades en nuestro país, señala que los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades fundamentales, y a garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación motivada por opiniones políticas. Asimismo, el artículo veintitrés de la Convención establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Sobre la libertad laboral, el artículo quinto constitucional señala que el ejercicio de este derecho sólo podrá restringirse por determinación judicial o por resolución gubernativa, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Cabe destacar que ni la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León ni la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León establecen como requisito para el personal que labora en la Procuraduría la no militancia partidista.
Si bien entendemos la búsqueda de perfiles específicos para la labor de las funciones encaminadas a la procuración de justicia por parte de la actual administración, estos no pueden basarse en criterios discriminatorios ni contrarios a los derechos humanos y a la Ley.
Exhortamos a la actual administración estatal y a los altos mandos de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León a dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos tanto en el cumplimiento de su función pública como en la relación laboral con el personal que trabaja en esa institución.
Padre Mier 617 Pte. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 Tel. (81) 83435058 y (81) 83436618
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) ve con gran preocupación que el Gobierno de Nuevo León continúe designando a más militares en puestos claves de la seguridad pública del estado, pues constituye una completa indiferencia a las sugerencias que organismos internacionales y locales le han hecho al gobierno federal y local, en el sentido de que las funciones de seguridad pública no deben tener ningún tinte militar.
La designación del General Brigadier Tomás Reyes Rodríguez como Comisiario General de Fuerza Civil, así como al Capitán retirado Juan Carlos Campos como el segundo al mando, se suman al nombramiento del General Cuauhtémoc Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, así como del Contralmirante Augusto Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Estas designaciones contravienen diversas recomendaciones internacionales en cuanto a seguridad ciudadana y derechos humanos. La más reciente fue la del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, quien el 7 de octubre recomendó adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
El Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, todas éstas de Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y también han exhortado al Estado a retirar a los militares de las funciones de seguridad pública.
Hacemos un llamado al Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón a no ser indiferente a las sugerencias que los expertos en la materia han hecho, pues insistimos en no olvidar que durante la militarización de Nuevo León se cometieron graves violaciones a derechos humanos.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) observa con preocupación el nombramiento del General Cuauhtémoc Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, así como del Contralmirante Augusto Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), pues contravienen diversas recomendaciones internacionales en cuanto a seguridad ciudadana y derechos humanos.
El General Cuauhtémoc Antúnez Pérez tuvo a su cargo la Séptima Zona Militar (ubicada en Escobedo y adscrita a la Cuarta Región Militar) de 2008 y hasta 2013, en la época más álgida de inseguridad en el estado. Mientras estuvo al frente de la Séptima Zona Militar ocurrieron ejecuciones extrajudiciales a manos de militares: en marzo 2010, en el municipio de Anáhuac fue asesinado el matrimonio formado por Juan Carlos Peña y Rocío Garza; además, ese mismo mes, los estudiantes del ITESM, Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron acribillados en el interior del Campus Monterrey; en abril de 2011, el joven Jorge Otilio Cantú murió balaceado por soldados vestidos de policías en Monterrey. En todos estos casos, los militares hicieron pasar a las víctimas inicialmente como delincuentes.
Por su parte, el Contralmirante Augusto Cruz Morales estuvo a cargo de la seguridad del municipio de Monterrey (2012-2014) en la administración de Margarita Arellanes, también durante una época difícil para Nuevo León donde tampoco la policía de este municipio sobresalió por su respeto a los derechos humanos
Apenas ayer, en el marco de su visita a México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, hizo hincapié en que las fuerzas armadas deben dejar las funciones de seguridad pública. Tres de las cuatro recomendaciones que lanzó establecen la importancia de fortalecer el estado de derecho, enfatizando en una de ellas el que las fuerzas armadas no deben ser parte de la estrategia de seguridad:
Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
Además, el Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, todas éstas de Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y han exhortado al Estado a retirar a los militares de las funciones de seguridad pública.
Reiteramos nuestra convicción basada en experiencias internacionales que las políticas de seguridad pública deben tener una visión clara de seguridad ciudadana con una clara perspectiva apegada a la legalidad y al respecto irrestricto de los derechos humanos.
El uso de una estrategia militar representa un riesgo para el ejercicio de los derechos humanos de las y los ciudadanos.
Por lo anterior hacemos un llamado al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón para una reconsideración de estos nombramientos, atendiendo las recomendaciones que han hecho distintas instancias internacionales en torno a la desmilitarización de la seguridad pública a fin de dar una señal de que podemos empezar a avanzar por recuperar un Estado constitucional de derecho. No repitamos los errores del pasado, una de nuestras tareas, tanto gobierno, como de sociedad civil, debe ser la de colaborar en conjunto para la progresividad de los derechos humanos.
6 de octubre de 2015. Sólo unas horas después de recibir las conclusiones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su visita a México, el pasado viernes, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dio a conocer la postura del gobierno federal al respecto y consideró que el informe preliminar de la CIDH “no refleja la realidad del país”. Asimismo, manifestó que las conclusiones fueron producto de “encuentros y entrevistas” en “solo seis de las 32 entidades” y “realizado en un plazo de cinco días”.
Frente a tal postura, recordamos que -como es del conocimiento del gobierno-, las conclusiones de la CIDH se sustentan no sólo en un trabajo de cinco días, sino en la vasta cantidad de información que permanentemente recaba dicha Comisión sobre México y que se ha actualizado durante la visita.
Durante el actual sexenio, entre otras actividades, la CIDH ha celebrado 23 audiencias públicas sobre México, en las que el Estado ha tenido participación; en 2014 conocía de 130 peticiones y casos mexicanos en las etapas de admisibilidad y fondo; continuamente recibe informes de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, supervisa medidas cautelares y el cumplimiento de recomendaciones en diversas entidades federativas y ha sostenido innumerables reuniones con víctimas, organizaciones y autoridades.
En la visita de la semana pasada, el organismo se entrevistó con más de 100 representantes del Estado y sus equipos, así como con víctimas y organizaciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, entre otros.
Recordamos que la formulación de observaciones preliminares es una práctica rutinaria de la CIDH en sus visitas a todos los países, incluyendo visitas pasadas de sus relatorías a México. Por otra parte, las conclusiones que presentó la CIDH hace cuatro días coinciden con las de diversos mecanismos de la ONU. Entre 2014 y 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada encontró que México vive una situación de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio; el Relator sobre Tortura concluyó que ésta es una práctica generalizada; y el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias observó que la impunidad por los homicidios es generalizada. En años recientes el Relator para la Libertad de Expresión identificó a México como el país con más agresiones contra periodistas en América Latina.
Frente a tal panorama, lo que extraña del viernes pasado no es la valoración preliminar de la CIDH, sino que el gobierno federal haya negado la gravedad de la situación actual, incluso caracterizando a víctimas de desaparición forzada como “casos de 2008, 2009, 2010 y 2011”, cuando, además de seguir vigentes los casos de años pasados, han desaparecido casi 12,000 personas de 2013 hasta mediados de 2015 según cifras oficiales. En efecto, en este y otros rubros, el gobierno no citó datos que cuestionaran la información concreta presentada por la CIDH, generalmente derivada no sólo de testimonios y casos sino de estadísticas oficiales.
Las organizaciones y personas abajo firmantes lamentamos que el gobierno federal haya respondido desde una lógica mediática de control de daños, a conclusiones preliminares que atañen a problemas estructurales que afectan a las personas que viven y transitan por territorio mexicano. Al recordar que la invitación de visita que hizo el gobierno a la CIDH, tiene el efecto reglamentario de impedir la incorporación de México en el Capítulo IV del próximo informe anual de ese organismo (dedicado al análisis de las situaciones más graves de la región), la propia invitación se puede entender como una acción para cuidar la imagen internacional del Estado.
Si el gobierno federal verdaderamente pretende “abrir puertas y asumir retos” en materia de derechos humanos, el primer paso es dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país. Al contrario, el gobierno debe asumir las conclusiones y recomendaciones de éstos como insumos valiosos, reconociendo la naturaleza de la crisis actual para entonces implementar políticas, programas, leyes y sobre todo prácticas que lleven al efectivo acceso a la verdad, la justicia, la reparación y a la disminución de las violaciones a derechos humanos a lo largo del territorio nacional.
Firman:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH)
Alianza Cívica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
Casa de los Derechos de Periodistas
Casa del Migrante de Saltillo
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Centro Heriberto Jara (CESEM)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barcadh)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Coalición Pro Defensa Del Migrante
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)
Comité Cerezo México
Comunicación Comunitaria
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca
Disability Rights International (DRI)
Documenta: Análisis y acción para la justicia social
Foro para el Desarrollo Sustentable
Freedom House
Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundar: Centro de análisis e investigación
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana
Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura de Diálogo
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana Puebla
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)
JASS (Asociadas por lo Justo)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Locallis: Especialistas en desarrollo local
Movimiento Migrante Mesoamericano
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
PEN México
Periodistas de a Pie
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
Red Mexicana de Líderes y Organizaciones de Migrantes
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)
Servicio Jesuita a Migrantes – México
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Sin Fronteras
Dra. Elena Azaola Garrido
Mtra. Alejandra Gonza, Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Washington, Facultad de Derecho
Mtra. Gabriela Morales
Mtro. Miguel Sarre, Profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República.
“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.
Durante la reunión en el Museo del Obispado.
El día de hoy sostuvimos una reunión de trabajo con diferentes autoridades estatales, diplomáticos, académicos y un representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas a fin de presentar nuestra valoración sobre el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI).
A un año del establecimiento de este Grupo Especializado, que se dedica a localizar a personas desaparecidas en Nuevo León durante las primeras 72 horas y que ha sido reconocido por su efectividad ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentamos nuestro análisis, el cual se hará público en unas semanas.
Los asistentes a esta reunión fueron: Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, Jorge Domene, jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Javier Flores, Procurador del estado, Carlos Arenas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ingrid Specht y Andrew Morris de Consulados de Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente, Norma Torres quien está a cargo del GEBI, y académicos.
“Hace unas cuantas semanas el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas presentó un informe en donde en tres ocasiones hace un reconocimiento a los esfuerzos esperanzadores se han hecho en el Estado de Nuevo, no sólo por el GEBI, sino por la dinámica virtuosa de trabajo que se ha abierto con la Procuraduría estatal para investigar estos lacerantes casos”, dijo Alan García, durante la reunión.
El GEBI empezó a operar en marzo del 2014 con la finalidad de ejecutar la estrategia contemplada en el Protocolo de Búsqueda Inmediata que se elaboró de manera conjunta entre CADHAC y la Procuraduría estatal, con la asesoría de expertos latinoamericanos e instancias internacionales como Naciones Unidas.
