A 23 Reuniones de Trabajo: La transición ¿?

 

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“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

28 de Agosto de 2015

Boletín de Prensa No. 1508/26

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Al entrar a la Reunión 23 entre CADHAC, AMORES y la PGJNL.

Esta reunión 23 entre Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), la Agrupaciones de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) y la  Procuraduría General de  Justicia de Nuevo León (PGJNL) es sumamente importante porque se trata de la última que tenemos con la presente administración.

El camino que hemos construido nos ha llevado a este método de trabajo desde 2011. No ha sido sencillo, sin embargo, se trata de una dinámica única en el País en el tema de desapariciones. En enero de este año, la sinergia existente en Nuevo León entre sociedad civil, gobierno y familiares de víctimas fue reconocida como buena práctica por Naciones Unidas.

“Las buenas prácticas aquí resumidas reflejan la realidad y la oportunidad local desarrollada para responder a un problema que emergió en Nuevo León. Se requirió de compromiso, de la voluntad de diálogo y de la constancia de todas las partes involucradas, comenzando por los familiares, el Procurador General y su equipo y CADHAC”, consideró Ariel Dulitzky, Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU, sobre las desapariciones forzadas e involuntarias.

El poeta Javier Sicilia, quien en 2011 visitó Monterrey junto con el Movimiento por la Paz en la Caravana del Consuelo, y atestiguó la primera reunión con la Procuraduría ha dicho sobre este trabajo: “Es posible, que en un clima de tragedia humanitaria, se pueda caminar hacia la solución del problema de las víctimas en este país”.

Consuelo Morales, directora de CADHAC, afirma que este proceso ha brindado aprendizajes sencillos, pero que en México son fundamentales: “Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es no estigmatizar a la víctima, empezar la búsqueda de inmediato, tratar con dignidad a las personas denunciantes, cuidar la evidencia forense, usar todos los medios para la búsqueda”, dice.

Las familias -sujeto primordial- dentro de la demanda de justicia, reconocen los avances que de conjunto se han logrado, y señalan la importancia de que lo avanzado continúe hasta localizar a sus seres queridos y hasta inhibir esta grave violación a derechos humanos.

Reconocemos también el aporte de cada uno de los actores involucrados: familias , autoridades y sociedad civil.

Desde CADHAC consideramos que el inicio del gobierno de Jaime Rodríguez debe favorecer la continuidad de este trabajo y nos encontramos con entera disposición a colaborar y mejorar este sistema a favor de las familias de personas desaparecidas y la localización de sus seres queridos. La gravedad y el impacto generado en tantas personas debe ser atendido, resarcido y no quedar en la impunidad. El trabajo por la verdad y la justicia continúa, hasta saber de todas las personas desaparecidas, hasta saber dónde están.

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Alan García de la Onudh Mexico, Javier Flores, Procurador de Nuevo León, Roberto Campa, Subsecretario de DDHH de la Segob, Hna. Consuelo Morales, dir. de CADHAC y Marie Claire Acosta, de Freedom House.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado Conjunto: Un Estado que legisla tardíamente y sin consultas democráticas

22 de Agosto de 2015

Monterrey, Nuevo León

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“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

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Durante la rueda de prensa.

En México vivimos una etapa de involución en materia de libertad y derechos humanos, un regreso del autoritarismo y una época de persecución y criminalización a defensores y periodistas. En esto coincidimos integrantes de organizaciones de la sociedad civil provenientes de nueve estados de la República participantes en el VII Encuentro de organizaciones que acompañan a familiares de personas desaparecidas.

  1. Falta de instrumentos legales. Es necesario que la Ley General de Desaparición, próxima a aprobarse, se haga respondiendo a la gravedad del contexto nacional y la realidad de las víctimas así como a los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Es imperativo que las leyes estatales relacionadas se construyan y apliquen de manera efectiva. Además, insistimos en que la Ley General de Desaparición que se apruebe deberá tomar en cuenta los aportes de las personas afectadas y de las organizaciones sociedad civil.
  2. En las entidades del país generalmente se violentan de manera constante los debidos procesos legales y su debida diligencia por carencia de protocolos, la fabricación de casos y delitos, y la inaccesibilidad a las instancias correspondientes o por ineficacia de actuaciones ministeriales y de fiscalías, ya en los fueros locales, federales o de colaboración.
  3. El acoso y falta de protección a defensores/as y periodistas. Los encargados del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal aplican protocolos que generalmente son deficientes. No existe una verdadera política que garantice una verdadera protección a defensores/as. Aunque hay cientos de personas bajo el Mecanismo de Protección, las actuaciones de esa instancia son a destiempo, burocráticas u omisas, lo que ha llevado a que se consuman amenazas, peligros y agresiones a defensoras/es de derechos humanos y periodistas, como sucede con algunos integrantes de esta Red.

En el marco del encuentro las organizaciones asistentes hacemos un llamado a que la ciudadanía no normalice la problemática de desapariciones y graves violaciones a derechos humanos en el País, en solidaridad con las víctimas y sus familias sabiendo que todos/as estamos expuestos en esta violencia institucionalizada.

Asimismo, demandamos al Estado mexicano que cumpla con su mandato principal: proteger el Estado de Derecho y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos.

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Participantes en el VII Encuentro.

Organizaciones firmantes:

  1. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Guerrero.
  2. Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, Baja California, Sinaloa y Sonora.
  3. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Monterrey, Nuevo León.
  4. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A. C. (CEDIMAC), Ciudad Juárez, Chihuahua.
  5. Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México Alzando Voces (COFADDEM), Morelia, Michoacán.
  6. Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDH Laredo), Tamaulipas.
  7. Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, A.C. Piedras Negras, Coahuila.
  8. Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), Latinoamérica.
  9. Grupo Vida, Torreón, Coahuila.
  10. Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, Ciudad Juárez, Chihuahua.
  11. Zacatecanos por la Paz, Zacatecas.

Sentencia por Desaparición Forzada: un golpe a la impunidad

18 de Agosto de 2015

Boletín de Prensa No. 1508/24

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“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

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“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

Hoy se dio a conocer que el Juez Primero de Distrito en Materia Penal, Eustacio Salinas Wolberg, condenó a 31 años y 3 meses de cárcel a un subteniente del Ejército por el delito de desaparición forzada ocurrido en el municipio de Los Herreras en 2012. Esta sentencia representa una condena a la política de militarización que ha sufrido Nuevo León. Se trata de la primer vez que un juez emite una sentencia por desaparición forzada por hechos ocurridos en Nuevo León.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) tiene conocimiento de que a nivel local existen procesos que se llevan por desaparición forzada, pero hasta el momento no han pronunciado sentencias condenatorias.

En el reporte al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU realizado en 2014, México señaló que existen en el país seis sentencias condenatorias a nivel federal por la comisión del delito de desaparición forzada. Entre 2006 y 2013 se iniciaron a nivel federal 99 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada y a nivel de las entidades federativas se iniciaron 192 averiguaciones por el mismo delito.

En 2012, CADHAC junto a la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (AMORES) conseguimos empujar la tipificación del delito de desaparición forzada en Nuevo León.

Esta sentencia representa un golpe a la impunidad en el estado y en el país. Desde CADHAC consideramos que la justicia es esencial para que exista un verdadera reparación de daños hacia las miles de víctimas de la violencia social que desde hace años se vive en México.

Preocupante la posible reforma al artículo 1 constitucional en NL

Monterrey, Nuevo León

18 de agosto 2015

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Diversas organizaciones e integrantes de la academia, nos pronunciamos en contra frente a la inminente posibilidad de que sea aprobada la modificación al Art. 1 constitucional de Nuevo León, propuesta por el Partido Acción Nacional en 2014, la cual plantea la protección de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.

Para este miércoles 19 de agosto está previsto abordarse el tema en la Sesión Extraordinaria de la LXXIII Legislatura. Dicha modificación –señalan las organizaciones- representa una regresión absoluta de los derechos humanos, contraria al principio de progresividad consagrado en el Art. 1 de la Constitución Federal, contraviniendo estándares internacionales y poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el ejercicio de los derechos humanos de la población en general.

La preocupación ya ha sido señalada por instancias internacionales como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, este último incluso -junto con otras instancias de Naciones Unidas- hicieron llegar un documento en junio de 2014 a la actual legislatura, instando a no contribuir al retroceso en los derechos humanos.

Aunado a lo anterior una modificación de este tipo detiene los avances de la ciencia. Si hablamos de vida desde la concepción, tendría que sancionarse, por ejemplo, a quienes practican la reproducción humana asistida.

Es preocupante que la actual legislatura no haya realizado mesas de discusión y debate, con argumentos científicos, laicos y de derechos humanos, para una modificación legislativa que impacta nuestra Constitución estatal. Tampoco fueron discutidas propuestas presentadas desde sociedad civil en junio de 2014 para reformar el tipo penal del aborto previendo la ampliación de excluyentes de responsabilidad.

Aprobar esta reforma mostraría una clara falta de representación de la ciudadanía por parte de los diputados y diputadas, así como una ignorancia en torno a los derechos humanos y las obligaciones del estado mexicano al respecto. La reforma, insistimos, representa un franco retroceso, siendo, además, claramente inconstitucional.

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Hoy durante la rueda de prensa junto a otros activistas.

Suscriben:

Campaña Nacional por el Derecho a Decidir (integrada por 50 organizaciones del país)

Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

Colectivo Mujeres de Botas

Colectivo Plural de Mujeres

Género, Ética y Salud Sexual, A.C. (GESSAC)

Pro Salud Sexual y Reproductiva, A. C. (Pro-sser)

Voces de Mujeres en Acción, A.C.

Héctor Mendoza, Doctor en derecho e integrante del Colegio de Bioética, A.C. y demás organizaciones integrantes del Frente por el derecho a decidir Nuevo León.

A un año del derrame de un ducto de PEMEX en Cadereyta Jiménez, N.L, la contaminación causada por la Refinería sigue vigente

Monterrey, México

14 de agosto del 2015

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Activistas durante la rueda de prensa.

A un año del derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería “Ingeniero Héctor R. Lara Sosa” de Petróleos Mexicanos PEMEX, ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, el cual tuvo consecuencias serias en los ecosistemas del río San Juan, sobre cultivos de la población local, y en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y de ganado, hacemos público que la contaminación causada por las operaciones de la refinería se mantiene vigente.

Aunque las evidencias de los daños ocasionados por el derrame ya no son físicamente visibles del todo, hemos detectado que las instalaciones de la refinería son causa de daños ambientales. De manera recurrente las instalaciones que la planta de refinación posee para el manejo de aguas residuales, expulsan hacia el exterior agua tratada que contiene hidrocarburos, aceites, acompañadas de la generación de espumas sobre el agua. Esto tiene impacto sobre la integridad de elementos naturales como el suelo o los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.

Además de la contaminación del agua, hemos detectado en el tema de la contaminación atmosférica –con trabajo en campo y documentalmente- las cantidades importantes de compuestos y sustancias que la refinería emite hacia la atmósfera, afectando de manera visible y cualitativa la calidad del aire en su entorno inmediato. Refuerza esta valoración la evidencia recabada en comunidades locales del municipio de Cadereyta, donde a través de las comunicaciones de residentes, se registró que las partículas atmosféricas contaminantes se han acumulado en forma de capas negras de diverso grosor, sobre el follaje y frutos de los árboles existentes en diversos sectores del municipio.

Ante esta primera evaluación de los daños ocasionados por la operación de la refinería, este grupo de trabajo que integra a residentes de comunidades rurales del municipio de Cadereyta Jiménez, personas y profesionistas interesados en la atención a esta problemática, hemos ingresado un documento ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, emplazándola a que haga efectivas sus facultades de verificación e inspección, y evalúe la operación de la refinería, con el objetivo de tener la certeza sobre cuál es el impacto ambiental y social de la misma.

Aunado a ello, demandamos al gobierno de Nuevo León, a PEMEX Refinería, y en particular, a la refinería Ing. Héctor R. Lara, lo siguiente:

1.- Se revise la operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) ubicada en la refinería Héctor R. Lara Sosa, y se garantice que las descargas que realiza la misma hacia los efluentes receptores cumplan con la calidad adecuada, de modo que no sean origen de impactos ambientales adversos a los territorios ubicados en torno a la PTAR, y a las personas residentes en las comunidades del municipio de Cadereyta Jiménez, y otros que pudiesen ser afectados.

2.- Se realicen estudios de calidad del agua conforme a las regulaciones de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, a lo largo de todos los cauces naturales y acequias a través de los cuales la PTAR efectúa descargas hacia el río San Juan.

  1. Se realicen estudios de calidad del agua conforme a las regulaciones de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, en todos los acuíferos subterráneos, pozos de agua utilizados para consumo humano y ganado, ubicados en las comunidades del municipio de Cadereyta Jiménez.
  2. Se realicen estudios de calidad del aire en el territorio del municipio de Cadereyta Jiménez (sin descartar otros colindantes), que permitan conocer las concentraciones de contaminantes en este componente, y las relaciones que estos tengan con la operación de la refinería Héctor R. Lara Sosa.
  3. Que la refinería Héctor R. Lara Sosa desarrolle e implemente un Sistema de Monitoreo Ambiental a través del cual, se informe del estado ambiental de ecosistemas de manera accesible a toda la población, en temas de calidad del agua superficial y subterránea, e incluyendo además, datos sobre la presencia de contaminantes en el aire. Así mismo se le obligue a implementar un trabajo de remediación profundo, en virtud del efecto que se ha desencadenado en la integridad de los ecosistemas, y eventualmente a la salud y calidad de vida de la población en las comunidades colindantes a la instalación petrolera.

El derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano debe ser garantizado por el Estado Mexicano, de acuerdo a la legislación internacional y nacional vigentes, por lo cual instamos a la atención inmediata a esta solicitud tomando en cuenta la evidente contaminación que ha sido descrita.

Firman:

Habitantes de la Comunidades aledañas a la Refinería de PEMEX

Colectivo Cascadas

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Parroquia La Merced

Pueblo Bicicletero

Para mayor información, contactar a las siguientes personas:

Antonio Hernández Ramírez: 044 811 902 8717.

José Manuel Guerrero Noyola: 044 81 8093 9660.

 

Indispensable retomar aportes de OSC y personas expertas en la elaboración de la Ley General contra la Tortura

12 de agosto  de 2015

México. D.F

Comunicado de Prensa Conjunto

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  • Preocupa a OSC que el Gobierno Federal guarde silencio sobre los avances en la elaboración del proyecto de Ley General contra la Tortura.
  • OSC instan al Gobierno Federal a dar prioridad a la discusión sobre el contenido mínimo de la Ley General contra Tortura.
  • Imprescindible establecer un mecanismo de participación de la sociedad civil en la concertación del proyecto de Ley General contra la Tortura

El 10 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 que faculta al Congreso a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A través de ésta, se sientan las bases para la creación de una Ley General en la materia que deberá expedirse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la mencionada reforma.

Esta reforma se da en medio de una profunda crisis de derechos humanos, donde el Gobierno Federal ha minimizado la gravedad del uso generalizado de la tortura y otros malos tratos; acompañado de la impunidad que existe en la casi totalidad de los casos. La Procuraduría General de la República (PGR) ha informado que de 2006 a 2014 recibió 4,055 denuncias por el delito de tortura, de las cuales los fiscales solamente han decidido abrir investigaciones en 1,884 casos[1], de éstas tan solo 11 casos han existido consignación[2].  Al momento, solamente se tiene registro de 5 sentencias firmes en todo el país por el delito de tortura, según fuentes oficiales.[3]

En este contexto, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones y expertos independientes firmantes hacemos un enérgico llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto a que retome los estándares internacionales y los aportes de expertos y expertas en el tema desde la academia y la sociedad civil, para que esta reforma implique una auténtica transformación y no se traduzca en cambios cosméticos que resulten insuficientes para erradicar esta práctica que fomenta la fabricación de culpables, la falta de investigaciones serias, además de provocar graves daños a las víctimas y sus familias.

Es fundamental asegurar que nadie quede impune por cometer estos abusos en México. De lo contrario, es difícil dar credibilidad a las muestras de voluntad de las autoridades, pues la efectividad del gobierno para abordar la problemática está en su capacidad de mostrar resultados.

El establecimiento de salvaguardas frente a la tortura y malos tratos en la legislación es una responsabilidad fundamental del Estado y debe asumirse como una política que comprometa la acción integral de éste. En esa medida, no debe depender de las contingencias políticas inmediatas y debe tener objetivos claros y verificables a corto, mediano y largo plazo.

Un ejercicio democrático en este proceso exige desarrollar mecanismos de participación efectivos donde se argumenten y discutan propuestas de Ley General contra la Tortura sin matices políticos para el debate.

Con la elaboración de esta ley, México tiene la oportunidad de dar un paso importante en los esfuerzos por garantizar que las víctimas y sobrevivientes de tortura, puedan obtener justicia, verdad y reparación. Pero, además, la creación de un marco jurídico enfrenta el reto de generar una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas, así como de crear un adecuado sistema nacional para monitorear las condiciones de detención en todo el país.

La prohibición de la tortura de acuerdo al derecho internacional, las salvaguardias para las personas bajo custodia, las condiciones de detención, la tortura en contextos distintos a la reclusión y los caminos para acabar con la impunidad casi absoluta que ha tenido lugar en los últimos años deben ser temas prioritarios en la agenda del Gobierno Federal, que se reflejen en la creación y seguimiento de la Ley contra la Tortura.

Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones académicas y personas expertas firmantes:

Amnistía Internacional México; Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.; Paso del Norte A.C.; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.; Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad  de México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana); Indignación,

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.; Jass Asociadas por lo Justo A.C.; Miguel Sarre Iguíniz ; Silvano Cantú Martínez.

[1] PGR. Solicitud de información Folio 0001700020615. Al requerir actualización de información a la PGR respondieron que no se cuenta con información actualizada al 31 de diciembre de 2014.

[2] PGR. Solicitud de información folio: 0001700133014.

[3] Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, Misión a México, 29 de diciembre de 2014, A/HRC/28/68/Add.3, párrafo 32, disponible en: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.pdf

ONU-DH condena el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, de la defensora de derechos humanos Nadia Vera y de tres mujeres en el Distrito Federal

 

 

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3 de agosto del 2015

Ciudad de México, 3 de agosto de 2015.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresa su más firme condena ante el asesinato, el 31 de julio pasado, del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril. El Sr. Espinosa, quien habitualmente desempeñaba sus labores en el estado de Veracruz, fue asesinado en la Ciudad de México junto con la estudiante y defensora de derechos humanos veracruzana Nadia Vera, y otras tres mujeres. Según informes recibidos por esta Oficina, los cinco tendrían marcas de tortura en sus cuerpos, incluyendo de violencia sexual.

Rubén Espinosa colaboraba en varios medios de comunicación, incluyendo la revista Proceso y la Agencia Cuartoscuro y era una voz reconocible en los llamados de justicia de otros colegas periodistas asesinados y desparecidos en Veracruz. En las últimas semanas, el Sr. Espinosa había hecho públicas una serie de amenazas y actos de hostigamiento recibidos en su contra, lo cual lo habría forzado a desplazarse al Distrito Federal en búsqueda de protección.

Según estadísticas oficiales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Veracruz, con 11 periodistas asesinados desde 2010, es la entidad federativa con mayor cantidad de homicidios de periodistas y de periodistas desaparecidos, junto con Chihuahua.

Para la Oficina del Alto Comisionado en México, si las investigaciones confirman que este aberrante múltiple homicidio tiene relación con la labor periodística de Rubén Espinosa, estaríamos en presencia de un acto gravísimo contra la libertad de expresión, que, sin duda, causa un efecto inhibitorio en el ejercicio del periodismo en México. Preocupa aún más el hecho de que una posible represalia se haya podido materializar en el Distrito Federal, que cuenta con una baja tasa de incidencia de este tipo de agresiones.

La impunidad, según señaló el ex Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, después de su visita a México en 2010, “promueve un clima de incertidumbre y desconfianza y constituye uno de los mayores obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión en México.”

La ONU-DH alienta a las autoridades mexicanas a redoblar esfuerzos en la investigación de este caso, tanto en el Distrito Federal como en el estado de Veracruz, agotando todas las posibles líneas de investigación. Asimismo, se hace un llamado a las autoridades para continuar reforzando las políticas y la institucionalidad existente en materia de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país.

Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias a los familiares y colegas de las víctimas.

Disponible en:

http://hchr.org.mx/index.php/2014-06-30-19-00-59/2014-06-30-19-00-60/nacionales/741-onu-dh-condena-el-asesinato-del-fotoperiodista-ruben-espinosa,-de-la-defensora-de-derechos-humanos-nadia-vera-y-de-tres-mujeres-en-el-distrito-federal

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