Autoridades de San Nicolás: violadores a los derechos humanos

28 de Julio de 2015

Boletín de Prensa No. 1507/23

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La Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC y Leopoldo Martínez, abogado de CADHAC, durante la rueda de prensa.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su enérgico rechazo a la decisión tomada por el Cabildo de San Nicolás de los Garza: la práctica de exhibir en panorámicos a personas en distintos puntos del municipio por ser reincidentes en tirar basura en la vía pública.

Ayer, el alcalde de San Nicolás de los Garza, Pedro Salgado, anunció que las personas que sean sorprendidas tirando basura serían amonestadas en primera instancia, posteriormente recibirían una sanción económica y si son sorprendidas por tercera vez serían detenidas por faltas administrativas y exhibidas de manera pública.

Además, se presentó al primer sancionado por esta falta, quien fue amonestado, multado y detenido en una tercera ocasión.

Esta sanción es desmedida, preocupante y representa una serie de violaciones a los derechos humanos. Recordamos a las autoridades que su misión principal es proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos.

Es necesario tener presente que cualquier medida que intente ir más allá de lo establecido por nuestra Carta Magna, es ilegal e inconstitucional, en este caso en particular, la medida es además desproporcionada y violatoria del derecho de certidumbre jurídica y de los derechos al honor, al prestigio y a la intimidad, derechos que están íntimamente ligados a la dignidad misma del ser humano.

Además, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policías, consistirán únicamente en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad.

El derecho al honor, tal y como lo ha establecido ya nuestra Suprema Corte de Justicia, es el derecho que protege y ampara la buena reputación de una persona protegiéndola frente a expresiones que la hagan desmerecer en la consideración ajena. La publicación de la fotografía de una persona en donde, además, se añade la leyenda “detenido por cochino” crea, precisamente, un desmerecimiento en la consideración de la ciudadanía en general y atenta directamente contra los derechos mencionados.

Detener esta política y reparar el daño a quienes ya fueron víctimas, es urgente ya que las autoridades del municipio de San Nicolás de los Garza deben de tener en mente que sin importar a qué acuerdos lleguen para modificar sus reglamentos, jamás deberán pasar por encima de los derechos humanos de las personas ni de la Constitución Mexicana.

Ante esto CADHAC exige a las autoridades que cesen inmediatamente con la práctica de presentar en panorámicos a estas personas, pues consideramos que es un acto humillante.

Es imperativa la reparación inmediata al daño provocado a este ciudadano. Para empezar, una buena medida podría ser una disculpa pública por parte del municipio al agraviado en ese mismo panorámico.

CADHAC reafirma su convicción de que la seguridad y el bienestar de una sociedad y los derechos humanos no son contrarios, sino que son un binomio indisoluble. Por lo que exigimos a las autoridades de San Nicolás a reparar de inmediato el daño que han causado.

 

 

 

 

Nuevo León sienta precedente histórico en casos de ejecuciones extrajudiciales

21 de Julio de 2015

Boletín de Prensa No. 1507/22

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Carlos Treviño, abogado de CADHAC, Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC y Juan Manuel Elías, hermano de Rocío, durante la rueda de prensa de hoy.

En Nuevo León se dio un pequeño paso hacia delante en materia de justicia y derechos humanos: por primera vez se dicta sentencia en contra de un militar por el asesinato de civiles.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) informa que el 20 de julio de 2015 el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, Eustacio Salinas Wolberg dictó sentencia para el caso de la ejecución extrajudicial de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Peña Chavarría, ocurrida el 3 de marzo del 2010, en Anáhuac, Nuevo León.

El juez resolvió que quedó plenamente comprobado el delito de violencia contra las personas causando homicidio simple intencional, cometido por el cabo de caballería Juan Ortiz en contra de Rocío y Juan Carlos. Con respecto al delito de simulación de pruebas y dar parte contrario a lo que se sabía, el juez resolvió absolver a los militares Alain Josué Reyes y a Francisco Meléndez respectivamente.

Por lo anterior, CADHAC manifiesta:

  • Reconocemos la valentía y constancia de los familiares de Rocío y Juan Carlos para mantenerse luchando por conseguir justicia.
  • La sentencia es una pequeña luz de justicia para Rocío y Juan Carlos, sin embargo, es necesario que se ratifique.
  • Estamos convencidos de que se tuvieron elementos para sentenciar por homicidio calificado en lugar de homicidio simple; al igual de que había elementos para sancionar a los otros dos militares involucrados.
  • La sentencia marca un precedente para la deficiente política de militarización que aún permanece en Nuevo León. Los militares no están capacitados para hacer labores de seguridad pública y además son puestos en una situación vulnerable. La participación de los militares en la seguridad representa un riesgo de violaciones a los derechos humanos.
  • CADHAC, los familiares de Rocío y Juan Carlos, y el ministerio público, analizan los recursos legales disponibles para lograr la modificación de la sentencia.

Reconocemos el apoyo que la sociedad y los medios han brindado a este caso y seguiremos informando hasta obtener la resolución final de este caso, que abre esperanza para que la justicia a víctimas de violaciones a derechos humanos y graves delitos cometidos por funcionarios públicos sean sancionados a fin de evitar que se repitan.

 

Un reo más muere en un centro penitenciario de Nuevo León

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14 de Julio de 2015

Boletín de Prensa No. 1507/21

  • En lo que va del 2015 se han registrado 7 muertes en penales de NL

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta una vez más su profunda preocupación por el tema de las muertes en los penales de Nuevo León. En esta ocasión por la muerte del interno Henry Daniel Ornelas Guerrero, de 21 años, ocurrida ayer 13 de julio en el CERESO de Cadereyta.

Hace solamente 8 días, nos manifestamos por la muerte del interno Jesús Onésimo Palafox Quesada, ocurrida el 6 de julio en el Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico. En lo que va del 2015 se tienen documentadas en las prisiones de Nuevo León, al menos 7 muertes de internos, tres de ellas han ocurrido en el Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico, tres más en el Centro de Reinserción Social Apodaca y ahora una en el CERESO de Cadereyta.

Ornelas Guerrero, de 21 años, ingresó en 2012 por el delito de secuestro agravado y tenía una condena de 45 años.

Las muertes de internos en el interior de los centros penitenciarios del estado nos parecen sumamente graves pues evidencia el riesgo inminente en que se encuentran las personas privadas de su libertad.

Por lo anterior exigimos se realicen las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer la muerte de Henry Daniel Ornelas Guerrero.

Insistimos enérgicamente en que, de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales, corresponde al Estado garantizar la seguridad, integridad y derechos de las personas internas en los penales.

El Estado debe asumir su responsabilidad ante hechos como la muerte de este interno, así como de los demás que han muerto en lo que va del año.

Alto a las muertes de internos en los centros penitenciarios de Nuevo León

7 de Julio de 2015

Boletín de Prensa No. 1507/20

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  • En lo que va del 2015 se han registrado 6 muertes en penales de NL

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su profunda preocupación por la muerte del interno Jesús Onésimo Palafox Quesada, ocurrida ayer 6 de julio en el Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico.

En lo que va del 2015 se tienen documentadas en las prisiones de Nuevo León, al menos 6 muertes de internos, tres de ellas han ocurrido en el mismo el Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico y tres más en el Centro de Reinserción Social Apodaca.

El reo Palafox Quesada, de 32 años, estaba en proceso por narcomenudeo y acababa de ingresar al penal a inicios de este mes.

Este hecho nos parece sumamente grave pues evidencia el riesgo inminente en que se encuentran las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios estatales de Nuevo León.

Por lo anterior exigimos se realicen las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer la muerte de Jesús Onésimo Palafox Quesada.

Insistimos enérgicamente en que, de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales, corresponde al Estado garantizar la seguridad, integridad y derechos de las personas internas en los penales. Así como la reparación del daño a los familiares de Palafox Quesada.

El Estado debe asumir su responsabilidad ante hechos como la muerte de este interno, así como de los demás que han muerto en lo que va del año.

Carta Pública del Grupo de Amores al Juez Eustacio Salinas Wolberg

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29 de junio del 2015

Monterrey, Nuevo León

PROCESO PENAL: 95/2012-I

ASUNTO: Se ejerce derecho de petición.

Lic. Eustacio Esteban Salinas Wolberg

JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN

MATERIA PENAL EN EL ESTADO

P R E S E N T E.-

El Grupo Amores (Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos) son familias que tienen en común haber sido víctimas de los procesos de violencia que se han vivido en Nuevo León.

El Grupo Amores tiene conocimiento que próximamente usted estará dictando sentencia en el caso de Rocío y Juan Carlos, una joven pareja de Anáhuac, Nuevo León que fueron asesinados presuntamente por miembros de las fuerzas armadas.

Este caso representa una oportunidad para que las familias de Rocío y Juan Carlos, y toda la sociedad, puedan encontrar una esperanza en la justicia. Consideramos necesario que se consiga un acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del daño.

La sentencia que usted dictará en el presente procedimiento, servirá para fomentar el debate en los procesos de militarización de la seguridad pública, en los cuales no sólo la población civil ha sido víctima, sino también los mismos militares que no cuentan con un marco legal para combatir de manera efectiva al crimen organizado.

Por lo anteriormente expuesto, le mostramos nuestra confianza y consideración de que con la sentencia que dictará, los familiares de Rocío y Juan Carlos tengan acceso a la justicia.

Atentamente Grupo Amores.

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