Mes: junio 2015

26 de junio de 2015

(COMUNICADO CONJUNTO)

En el marco de la 27a Reunión Anual de Presidentes y Presidentas de los Órganos de los Tratados, realizada en San José Costa Rica, se llevó a cabo el “Diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y representantes de las Agencias de Naciones Unidas[1]” donde participaron organizaciones de Costa Rica, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá.

Frente a las y los presidentes reunidos en este espacio, las organizaciones asistentes hablaron de la situación que se vive en la región y las dificultades que se enfrentan de cara al sistema de Naciones Unidas, (ver comunicado adjunto). En particular, integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (Guerrero), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (Chihuahua), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (Nuevo León), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos externaron su preocupación en torno a problemáticas como la grave violencia de género, las desapariciones de personas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura sexual y la situación de riesgo de las personas defensoras, particularmente la de las mujeres defensoras. Asimismo señalaron su más profunda preocupación respecto de la actitud del Estado mexicano frente a las recomendaciones de los mecanismos de protección de derechos humanos, demostrando poca apertura y compromiso para atender la crisis en el país. De igual manera sugirieron elementos prácticos para una comunicación más efectiva entre los órganos de los tratados y las víctimas de violaciones a derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, así como para la implementación efectiva de las observaciones y recomendaciones de las agencias de NU.

En ese contexto Emmanuel Decaux, Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada y que presidió la sesión, expresó, con preocupación que “México es la prioridad del Comité, siendo un foco rojo”. Decaux señaló que el Estado mexicano sigue sin aceptar la competencia del Comité que preside para presentar comunicaciones individuales; de igual forma, insistió que el Comité continúa en espera de la respuesta a la solicitud que hizo hace más de dos años, para llevar a cabo una visita al país, todo esto después de que durante la evaluación de febrero, el Comité consideró que las desapariciones son generalizadas.

Cabe señalar que, previo al Diálogo, un grupo de Presidentes y Presidentas sostuvieron una reunión específica con las organizaciones mexicanas, en la que demostró el gran interés y preocupación por la situación que se vive en el país.

[1] Comité contra la Desaparición Forzada, Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura, Subcomité para la Prevención de la Tortura, Comité de Derechos de la Niñez, Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familiares, y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para más información, ver: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/AnnualMeeting/Pages/MeetingChairpersons.aspx

San José, Costa Rica, 25 junio de 2015. En el marco de la 27a Reunión Anual de Presidentes de los Órganos de Tratados de Naciones Unidas, el día de hoy las y los presidentes de los comités reunidos por primera vez en el continente americano, sostuvieron un diálogo con las diferentes organizaciones de la sociedad civil provenientes de Costa Rica, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá.

Las y los representantes de las diversas organizaciones de derechos humanos, expusimos nuestras principales preocupaciones, haciendo énfasis en el contexto latinoamericano de violencia, corrupción e impunidad que afecta particularmente a las mujeres de todas las edades y condiciones como víctimas de violencia de género; los niños y adolescentes; personas adultas mayores; los y las afrodescendientes; indígenas; personas con discapacidad; migrantes; personas refugiadas; personas privadas de libertad en centros penitenciarios; y quienes pertenecen a la comunidad LGBTI.

Asimismo, todas las organizaciones coincidimos en señalar de manera particular la situación de las personas defensoras de derechos humanos en la región, quienes enfrentamos condiciones adversas para realizar nuestra labor y sufrimos constantemente amenazas, represalias y agresiones de distinta índole. Esto, frente a la ausencia de medidas estatales suficientes y adecuadas que garanticen la protección a nuestra vida, integridad, libertad y otros derechos humanos.

Durante el diálogo con las y los presidentes de los comités, solicitamos a los órganos de tratados de Naciones Unidas que se facilite el acceso y se garantice la participación efectiva de las víctimas y representantes de las organizaciones de sociedad civil dentro de los diferentes procesos y mecanismos. De igual forma, se instó a las y los presidentes que se procure un eficiente seguimiento a la implementación de sus recomendaciones y resoluciones.

Por su parte, las y los presidentes reconocieron el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar las violaciones de derechos humanos, proporcionar información que sirve de insumos a sus informes y recomendaciones así como para la implementación de las mismas en cada uno de los países del continente.

Las organizaciones aplaudimos este esfuerzo conjunto de coordinación entre el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que se logre una mayor protección internacional en los difíciles contextos en que nos encontramos. La inclusión de las organizaciones de derechos humanos en este espacio también resulta trascendental en tanto, como usuarios de ambos sistemas, deseamos contribuir en su fortalecimiento a fin de que los derechos humanos sean una realidad para todas las personas en nuestro continente

Firman:

Asociación Costarricense de Personas con Discapacidad (ACOPEDIV),

Asociación DITSU para la Autonomía Personal y Discapacidad, Costa Rica.

Asociación para el Desarrollo de la Mujer Negra Costarricense (CMA), Costa Rica.

Asociadas por lo Justo (JASS)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”  , México.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), México.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México.

Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL)

Colectivo Lésbico Feminista Irreversibles, Costa Rica.

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Costa Rica.

Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), Colombia.

Fundación Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), Costa Rica.

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador.

Fundación PANIAMOR, Costa Rica.

Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)

Marta Solano, Agenda Política de Mujeres, Costa Rica.

Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de Discapacidad (MELEDIS), Panamá.

Movimiento de Mujeres con Discapacidad, Costa Rica.

Red Nacional de Juventud Afrocostarricense (RENAJFRO), Costa Rica.

Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, El Salvador.

RET Internacional, Costa Rica.

México, D.F., a 24 de junio de 2015

Las organizaciones y redes firmantes nos manifestamos en contra del allanamiento y robo a las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), repudiamos toda acción de violencia que trate de inhibir la defensa y promoción de los derechos humanos.

Exigimos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), así como a las autoridades competentes que:

• Realicen un seguimiento apegado a derecho a la averiguación previa levantada por CENCOS CI-FCH/CUH-5/UI-3 S/D/02950/06-2015
• Tomen en cuenta como línea de investigación la labor de defensa y promoción de los derechos humanos a través de la comunicación.
• Brinden de manera urgente medidas de protección a las y los integrantes de CENCOS.

De acuerdo con una alerta emitida en el portal de CENCOS, el 22 de junio, después de las 21 horas, las cámaras de seguridad captaron el ingreso por la puerta principal de dos sujetos en diferentes momentos quienes forzaron las puertas de varias oficinas. Revisaron y abrieron archiveros y escritorios, sustrajeron material de trabajo como cámaras, lentes fotográficos y dos computadoras portátiles con información de la organización. Después de 30 minutos ambos sujetos salieron y con pegamento sellaron la entrada para impedir el ingreso.

CENCOS se destaca por fortalecer, promover y difundir los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, así como las normas y marcos legales necesarios para su ejercicio. Fortalecer las capacidades de comunicación estratégica de grupos y personas en situación de vulnerabilidad y facilitar su acceso a los medios de comunicación. Desarrollar y apoyar la investigación, difusión e incidencia de casos de violación de derechos humanos en México a nivel nacional e internacional.

Apelamos a las recomendaciones emitidas en el Informe Anual (2013) de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que señala que los Estados parte deberán:

“Realizar investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Esto supone la existencia de unidades y protocolos de investigación especiales, así como la identificación y el agotamiento de todas las hipótesis criminales posibles que vinculen la agresión con el ejercicio profesional de la víctima”.

  

Atentamente

• Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), organización civil sin fines de lucro y Agencia de Noticias con perspectiva de Género. Desde 2005 CIMAC ha registrado y documentado casos de violencia contra mujeres periodistas con el objetivo de visibilizar las particularidades enfrentadas por ellas y generar formas de atención adecuadas a su condición social y profesional. Balderas 86, col. Centro, C.P 06050, México D.F, Tel: +5255 5510 0085, cimac.org.mx

• Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), integrada por periodistas mujeres y varones de 35 países del mundo.

• Red Nacional de Periodistas (RNP México), Integrada por periodistas hombres y mujeres de todas las entidades federativas de México.

• Red Periodistas de a Pie. Es un grupo de periodistas en activo que se fundó con el objetivo de impulsar la profesionalización entre periodistas y mejorar la calidad informativa, desde una mirada social, que de voz a quienes no tienen acceso a los medios de comunicación y basada en los derechos humanos. A partir de 2010 la Red incorporó a sus objetivos de trabajo la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información. periodistasdeapie.org.mx

• Propuesta Cívica. Desde su creación, en 2005,  Propuesta Cívica se fijó como objetivo la tarea de impulsar desde la sociedad civil la regeneración de la democracia en México. En 2011 formamos nuestro Centro de Investigación y Capacitación para responder a los nuevos temas de la agenda pública a partir de un enfoque de investigación aplicada. propuestacivica.org.mx

• Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) conformada por 180 defensoras de derechos humanos de 99 diversas organizaciones, ubicadas en 22 estados de la República y el Distrito Federal:  Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) conformada por 180 defensoras de derechos humanos de 99 diversas organizaciones, ubicadas en 22 estados de la República y el Distrito Federal:Agnieszka Raczynska (México D.F.); Aidé García (Católicas por el Derecho a Decidir, México D.F.); Alba Cruz (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Alejandra Ancheita (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC), México D.F.); Alejandra Nuño (México D.F.); Alexandra Garita (México D.F.); Alicia Leal Puerta, (Alternativas Pacíficas, México D.F.); Alma Ángelica Barraza Gómez (Sinaloa); Alma Delia Rodriguez Alor (Organización Tendremos Alas A.C.,Veracruz); Amelia Guadalupe Ojeda Sosa (Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE), Yucatán); América del Valle Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Tamaulipas); Ana Lidia Murillo Camacho (Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Sinaloa); Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Anaís Palacios Pérez (Colectivo por la Paz Región Xalapa, Veracruz); Analia Penchaszadeh (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Andrea Acevedo García (Mariposas Tlahuicas AC, Morelos); Andrea Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ángeles López (Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Guanajuato); Angélica Araceli Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México); Atziri Ávila (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Aurora Montaño (México D.F.); Axela Romero Cárdenas (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, México D.F.); Beatriz Hernández Bautista (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género !Nduva Ndandi!, Oaxaca); Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca); Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Coahuila); Blanca Mesina (Baja California); Blanca Velázquez (Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Puebla); Carina González Luis (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Carolina Cantú (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Carolina Coppel Urrea (Ambulante Más Allá (cine documental), México DF); Carolina Ramírez(Aura A.C., Veracruz); Cecilia Espinosa Martínez (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Cecilia Oyorzabal Gómez (Agencia Timomatchtikan,Puebla); Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Clara G. Meyra Segura (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, D.F.); Claudia Ángel (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C., México D.F.); Claudia Erika Centeno Zaldívar (México D.F.); Clemencia Correa (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, D.F.); Concepción Felix Corral (Sí Hay Mujeres en Durango AC, Durango); Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Nuevo León); Cristina Auerbach (Familia Pasta de Conchos, Coahuila); Cristina Cruz López (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH); Cristina Hardaga Fernández (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.); ); Daptnhe Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México D.F.); Dalí Ángel Pérez, (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Daniela Fonkatz (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Diana Damián Palencia (Formación y Capacitación AC (FOCA), Chiapas); Diana López Santiago (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Dolores González (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ),México D.F.); Dora Ávila (Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin, Oaxaca); Elena Tapia Vásquez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Elga Aguilar (Comité Cerezo México, México D.F.); Elizabeth Ferreras (Defensa Jurídica y Educación para Mujeres S.C. Vereda Themis, México D.F.); Elizabeth Robles (Servicio Desarrollo y Paz, A.C., Coahuila); Emelia Ortiz (Campaña Si no están ellas no estamos todas, Oaxaca); Emilia González Tercero (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC), Chihuahua); Esmeralda López Martínez (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Estrella Soria (México D.F.); Fabiola González Barrera (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Fátima Ojeda(Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Felicitas Martínez Solano (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero); Flavia Ester Anau (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C.,Oaxaca); Gabriela Aguilar Martín (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México); Gabriela Morales Gracia (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, México D.F.); Georgina Vargas Vera (Guanajuato); Gloria Muñoz Ramírez (Desinformémonos, México D.F.); Griselda Sánchez Miguel (Oaxaca); Guadalupe García Álvarez (Mujeres Luchas y Derechos para todos, Estado de México); Guadalupe Hernández Hernández (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Guadalupe López (Lesbianas en Patlatonalli, Jalisco); Harmida Rubio Gutiérrez (Veracruz); Hermelinda Tiburcio Cayetano (Kinal Antzetik, Guerrero); Icela Jaimes (Colectivo Raíz, Aguascalientes); Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Indira de Jesús Luis Aquino (Oaxaca); Ingrid López Miguel (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Irma Estrada Martínez (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México D.F.); Ixchel Carrasco Arias (Enlace, Comunicación y Capacitación, Guerrero); Janette Corzo (APRENDAMOS); Johana Belén Sánchez Rojas (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, México D.F.); Juliana García Quintanilla (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., Morelos); Julieta Hernández Camargo (Si hay Mujeres en Durango, Durango); Julisa Bivian Luis Hernández (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Laura Carlsen (Programa de las Américas, México D.F.); Laura García (Semillas, México D.F.); Laura Gutiérrez (Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Baja California); Laura Salas (La Sandía Digital, México D.F.); Laura Velázquez (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.); Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora); Lidia Alpizar (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Lorena Wolffer (México D.F.); Lorena Fuentes (Semillas, México D.F.); Lorena Maribel Peralta Rojas (México D.F.); Loreto Bravo (Palabra Radio, Oaxaca); Lucia Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Lulú V. Barrera (Luchadoras, México D.F.); Luz Estela Castro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua); Ma. Hilda de la Vega (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua); Magdalena Santos (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Malú García Andrade, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Chihuahua; María Luisa Aguilar Rodríguez (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero); Margarita Avalos (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C., Baja California); Margarita Guadalupe Martínez (Chiapas); María Guadalupe Ramos Ponce (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México, Jalisco); María Paula Castañeda (México D.F.); María Rosa Guzmán Valdez (Red de Promotoras de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Estado Jalisco, Jalisco); María Trinidad Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Figueroa (COLEM Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas); Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua, Chihuahua); Martha Pérez Pineda (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Sánchez Soler (Movimiento Migrante Mesoamericano, México D.F.); Martha Solórzano (Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C., Sonora); Marusia López (Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS-Mesoamérica), México D.F.); Matilde Pérez Romero (Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en Chilapa de Álvarez, Guerrero); Mayela García Ramírez (Colectivo de Investigación, Desarrollo y entre Mujeres A.C., Veracruz); Melissa A. Vertiz Hernández (México D.F.); Minerva Nora Martínez (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Miriam González Sánchez (Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), México D.F.); Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa, Veracruz); Nadia Maciel (Guerrero); Nadin Reyes (Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, México D.F.); Nallely Tello (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Nancy Pérez (Sin Fronteras A.C., México D.F.); Nerida Gaspar Castillo (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C, Baja California); Nizaguié Vásquez Cerero (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Nora Bucio (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Morelos); Nora María Vargas Contreras (Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), Michoacán); Norma Mesino (Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Guerrero);Obtilia Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ofelia Cesáreo Sánchez (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Paloma Estrada Muñoz (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.,Morelos); Patricia Matías López (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C., Oaxaca); Patricia Yllescas (México D.F.); Pilar Tavera (Propuesta Cívica A.C. México D.F.); Reyna Martínez Hernández (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Reyna Ramírez Sánchez, Colectivo de Obreras Insumisas To Tlaktole Calaki Mo Yolo, AC., Puebla; Rogelia González Luis (Grupo de Mujeres 8 de marzo, Oaxaca); Rosa María Laguna Gómez (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México, Jalisco); Rosario Pacheco Leal (Alternativas Pacíficas, Nuevo León); Ruth Fierro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Sanjuana Martínez (Nuevo León); Salomé Almaráz (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán); Sara Méndez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Sara Montes Ramírez (Colectivo Raíz de Aguascalientes, AC., Aguascalientes); Sayuri Herrera Román (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Silvia Alejandra Holguin Cinco (Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua (CEDEHM), Chihuahua); Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Guerrero); Silvia Núñez Esquer (Sonora); Silvia Pérez Yescas (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Siria Solís Solís (El Barzón Chihuahua, Chihuahua); Susana Mejía (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres A.C. (CADEM), Puebla); Tania Ramírez (Directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sorjuana /Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) México D.F.); Teresa Emeterio Martínez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Teresa Guardián (Cherán, Michoacán); Teresa Zúñiga (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitarios (IMDEC), Jalisco); Theres Hoechli (Oaxaca); Valentina Rosendo Cantú (Guerrero); Verónica Corchado (Colectiva: Arte, Comunidad y Equidad, Grupo Articulación Justicia en Juárez, Chihuahua); Verónica Cruz (Las Libres, Guanajuato); Verónica Rodríguez Jorge (Amnistía Internacional México, México D.F.); Verónica Vidal (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Ximena Andión (EQUIS: Justicia para las Mujeres, México D.F); Ximena Cortez (Rosas Chillante, Colectivo Feminista Socialista, México D.F.); Xóchitl Ramírez (Yotlakat Non Siwatl, Atzin Desarrollo Comunitario, Guerrero); Yanimiriam Valdez Baca (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Yanina Flores (Semillas, México D.F.); Yesica Sánchez Maya (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Yunuhen Rangel Medina (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Zulma Méndez (Pacto por la Cultura y Red Mesa de Mujeres, Chihuahua).

 

17 de junio de 2015

Boletín de Prensa No. 1506/19

Después de cinco años de impunidad en el caso de Rocío Romelí y Juan Carlos, ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército el 3 de marzo del 2010 en Anáhuac, Nuevo León, se abre una esperanza de justicia ante la próxima decisión del juez primero penal de distrito en Nuevo León que resolverá el caso.

Rocío Romelí Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Peña Chavarría, ambos de 29 años, fueron ejecutados extrajudicialmente por militares al salir de su trabajo. Los hechos ocurrieron después de una persecución del Ejército contra presuntos delincuentes.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) exhorta a las autoridades correspondientes a sancionar a los militares presuntos responsables de esta ejecución extrajudicial, favoreciendo la justicia y la dignidad de las víctimas.

Diversos órganos nacionales e internacionales han señalado que la militarización de la seguridad pública implica un grave riesgo de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pasó de recibir 367 quejas contra la SEDENA y 31 contra la Marina en 2007, a recibir 1695 quejas contra la SEDENA y 495 contra la Marina en 2011. En Nuevo León, pasamos de tener 13 averiguaciones previas en jurisdicción militar en 2006, a tener 310 en 2010 y 2011.

Es importante recordar la recomendación que en 2014 realizó el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas al Estado mexicano:

“…Deberían adoptarse todas las medidas necesarias para evitar que las autoridades alteren las escenas de delitos y garantizar que las autoridades que obstruyan las investigaciones rindan cuentas de ello, si es necesario mediante acciones penales.”[1]

Hoy presentamos un video informativo que explica este caso con el que pretendemos visibilizar la exigencia de justicia para Rocío y Juan Carlos e incidir en la sentencia que el Juez Primero de Distrito en Materia Penal dictará posterior a la audiencia de vista que se realizará el día 23 de junio de 2015. (aquí pueden encontrar el video: https://www.youtube.com/watch?v=6ZZ29HuL2ec)

Además, creamos una petición en Change.org para recabar firmas que soliciten al Juez Eustacio Salinas Wolberg sancione a los presuntos responsables de este crimen. (Disponible en: https://www.change.org/p/justicia-para-roc%C3%ADo-y-juan-carlos-asesinados-por-militares)

Desde CADHAC, les invitamos a solidarizarse con esta campaña (#TodosSomosRocíoYJuanCarlos) a fin de que el Juez se sepa respaldado por la ciudadanía en un acto de justicia de esta índole.

[1] Consejo de Derechos Humanos, ONU. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sobre su Misión a México. (A/HRC/26/36/Add.1. Abril de 2014) Párr. 103-104.

 

17 de junio de 2015

Boletín de Prensa No. 1506/18

Frente a la sistemática exclusión y discriminación ejercida hacia un alumno con discapacidad, CADHAC demanda la inmediata intervención de las autoridades competentes a fin de detener las violaciones a derechos humanos cometidas y resarcir el daño.

Antecedentes:

El afectado, de 10 años, empezó a estudiar en la Escuela Primaria Mariano Abasolo, ubicada en el municipio de General Zuazua en agosto de 2011. Debido a una enfermedad, el menor de edad tiene que utilizar una silla de ruedas para trasladarse. Los primeros dos años de su educación primaria no tuvo problema para desarrollarse plenamente en la escuela, sin embargo, al empezar el tercer año, en agosto de 2013, su grupo escolar fue reubicado a un salón en la segunda planta en donde no hay baños adecuados y al que le es imposible trasladarse en su silla de ruedas. La mamá del niño, Blanca Verónica Arredondo Argüello, fue a hablar en muchas ocasiones con la directora, Aleida Patricia Martínez Salinas quien se negó a hacer un cambio de aula.

La señora Blanca Verónica se acercó a CADHAC, hace 1 mes, para encontrar una solución a esta situación. Así, se interpuso un amparo para que un juzgado federal otorgara la protección que la escuela le estaba negando. El 15 de junio del año en curso se admitió el amparo y se resolvió la suspensión provisional a favor del niño, que consideramos es una medida adecuada por parte del Juez. Esta suspensión ordena a la Secretaría de Educación de Nuevo León asignarle al niño un especialista para ayudarle en lo referente a su movilidad por lo que resta del ciclo escolar; ordena también que a partir del siguiente ciclo escolar (Agosto 2015) sea cambiado al primer piso.

Esta resolución tiene vigencia hasta el viernes 19 de junio, que será cuando el juez resolverá si existirá suspensión definitiva, esto es, que las medidas se mantengan en el tiempo hasta que se resuelva por completo el amparo.

Las acciones de la directora de la escuela, Aleida Patricia Martínez Salinas, atentan directamente contra los derechos del afectado, en particular resultan violentados los derechos consagrados en los artículos 1, 3 y 4 Constitucionales, que son los relativos a la no discriminación, educación e igualdad. También se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 5 y 11), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 23) y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (artículo 3) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículos 3, 4, 5, 7, 9, 16, 17 y 24).

Estos artículos hacen referencia a los derechos de inclusión y del interés superior del niño, que este plantel ha violentado sistemáticamente durante los últimos dos años. Todo esto sin mencionar el costo a la salud física de su madre, que es la encargada de subirlo y bajarlo diariamente para que el niño, que pesa 23 kilos, no pierda clases.

Tanto la directora de esa escuela, como la Secretaría de Educación de Nuevo León tienen una responsabilidad ineludible en este caso.

Por lo anterior

• Exigimos a las autoridades competentes velar por los intereses del menor de edad, garantizando la inclusión y no discriminación.
• Exigimos la destitución inmediata de Aleida Patricia Martínez Salinas como directora de la Escuela Primaria Mariano Abasolo.
• Solicitamos a Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa otorgue la suspensión definitiva y la posterior resolución del amparo en favor del niño.
• Demandamos a las autoridades competentes revisar la práctica de cualquier otra situación similar que esté presentándose en ese mismo plantel o en algún otro.

El interés superior de la niñez y el respeto a la legislación internacional signada por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos debe ser la base para la intervención inmediata frente a este grave caso.

11 de junio de 2015

Boletín de Prensa No. 1506/17

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

Del 8 al 11 de junio la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP por sus siglas en inglés) con sede en Bosnia-Herzegovina, visitó Monterrey para dar seguimiento al acuerdo de colaboración para la asistencia técnica que permita localizar, recuperar e identificar personas desaparecidas en Nuevo León.

Desde el 2014, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) ha impulsado la vinculación de la ICMP con familiares de personas desaparecidas de Nuevo León, organizaciones sociales de otros estados y, en particular, con la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL).

Kathryne Bomberger, directora general de la ICMP y Adnan Rizvic, director del área forense de esta organización brindaron capacitación para integrantes de CADHAC y otras organizaciones en el diseño de una base de datos efectiva que permitirá sistematizar información (incluyendo datos genéticos) de personas desaparecidas.

Durante las reuniones con la PGJNL, se ratificó el acuerdo de cooperación con la ICMP para continuar con los esfuerzos que permitan desarrollar capacidades institucionales y mantener la colaboración entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil y familias de personas desaparecidas. Esto podría ser una experiencia piloto para Nuevo León, y un modelo para el resto del país.

“Los beneficios de que el gobierno trabaje con la ICMP es que tenemos la experiencia y la capacidad de atender miles de casos de desaparición al año. Además, tenemos estándares de protección de datos muy altos y no implica un costo para el Estado”, expresó Bomberger.

La ICMP es la única organización a nivel mundial que se dedica únicamente al tema de desapariciones, con el laboratorio más especializado de ADN en el mundo y que ha prestado asistencia a varios gobiernos para la localización e identificación de 18 mil personas. Además, la ICMP ha ayudado a la identificación del 70% de las 40 mil personas desaparecidas por causa de los conflictos de la ex Yugoslavia.

“La desaparición de personas es un tema complejo que incluye aspectos políticos, económicos, emocionales, no es cuestión de solamente armar un laboratorio con una base genética para la identificación. La problemática trata dos aspectos: el de la identificación y el de asegurar los derechos a la justicia y la verdad, los cuales están vinculados al Estado”, afirmó la directora de la ICMP.

Bomberger consideró que es muy importante trabajar en conjunto con el gobierno, pues la dimensión del problema de la desaparición en México sobrepasa a autoridades y organizaciones.

5 de junio de 2015

Boletín de Prensa No. 1506/16

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”. 

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su preocupación ante la falta de propuestas por parte de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León.

Desde el área de Comunicación y Análisis de CADHAC hemos analizado un total de 1,228 notas de prensa sobre las elecciones en Nuevo León de noviembre del 2014 a mayo de este año. El tema de derechos humanos solamente fue mencionado en 11 notas de todos los candidatos que contienden por la gubernatura. Hicieron mención de temas como: seguridad, cárceles y derechos de las mujeres, pero de una forma superficial.

El tema de personas desaparecidas es un vacío en las agendas de los candidatos, ya que ni en los medios de comunicación ni en sus plataformas electorales pudimos encontrar mención o propuestas específicas para hacerle frente a este problema tan lacerante. Tampoco tienen temas como los migrantes o el sistema de reparación del daño a víctimas del delito como una prioridad.

En Nuevo León tenemos un Protocolo de Búsqueda Inmediata y órganos como el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) que brinda atención en las primeras 72 horas a quien denuncie una desaparición. Además, CADHAC y el Grupo AMORES sostienen reuniones con la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León desde el 2011 para dar seguimiento puntual de casos de desaparición. Este trabajo no ha solucionado todo el problema, pero representa un camino que se ha construido con voluntad política y profesionalismo de las autoridades estatales y es prioridad que esta dinámica de trabajo continúe vigente durante la próxima administración.

Consideramos que es imperativo que Ley de Víctimas y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas cumplan de inmediato con su objetivo que es dar una mayor protección a las familias de personas desaparecidas, además de no criminalizar a la víctima directa de la desaparición.

Exhortamos a los candidatos y candidatas a los diferentes cargos a que cuando resulten ganadores o ganadoras diseñen sus políticas públicas desde la óptica de los derechos humanos, pues sin ellos muy fácilmente habrá retrocesos en la libertad y en la democracia.

 

3 de junio de 2015

Boletín de Prensa No. 1506/15

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

En abril de este año, el Congreso de Nuevo León aprobó la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, que tiene como finalidad establecer el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y regular el procedimiento para conocer y resolver de forma expedita las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición.

Dentro de la Ley en cuestión en su artículo 23, se estableció la creación del Acta Definitiva de Ausencia por Desaparición, figura que establece los efectos jurídicos de la declaratoria de ausencia por desaparición de persona. Sin embargo, a fin de incorporar las preocupaciones y problemáticas que viven día a día los familiares de las personas desaparecidas en nuestro Estado, se somete a esta iniciativa de reforma a la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición del Estado de Nuevo León. Planteamos 3 asuntos claves:

• Suspender todos los procedimientos judiciales, administrativos y laborales que se hayan iniciado en contra de la persona desaparecida.

La búsqueda de una persona desaparecida genera un impacto no sólo psicológico y emocional dentro de sus familiares, sino también un impacto económico y patrimonial. En muchas ocasiones, los familiares de la persona desaparecida deben emplear todos sus recursos económicos y físicos en su búsqueda. Así mismo, existen muchos casos en las que la persona desaparecida era el sostén económico de su familia, los cuales dejan de percibir sus ingresos, por lo cual se encuentran en la imposibilidad de poder cubrir las deudas o créditos de la persona desaparecida. Esto provoca que se inicien procedimientos jurisdiccionales en contra de la persona desaparecida, con los cuales tienen que lidiar sus familiares, y donde la intimidación y el acoso son constantes.

Además, someter a los familiares de la persona desaparecida a la presión de tener que lidiar con procesos jurisdiccionales al tiempo en que realizan la búsqueda de su familiar, genera una situación de revictimización, al forzar a los familiares de la persona desaparecida a lidiar con procedimientos innecesarios que reviven la experiencia traumática o que indirectamente pueden sugerir situaciones que atentan contra su dignidad o de su familiar desaparecido.

Debido a esto, se busca que dentro de los efectos del Acta Definitiva contemplada en dicha Ley, se encuentre la suspensión temporal de todos los procedimientos judiciales, administrativos y laborales que se hayan iniciado en contra de la persona desaparecida.

• Decretar como causal de divorcio a favor del cónyuge presente la concesión del Acta Definitiva de Declaración de Ausencia por Desaparición.

El artículo 267 del Código Civil para el Estado de Nuevo León establece en su fracción X la declaración de ausencia de uno de los cónyuges como causal para solicitar el divorcio. A fin de armonizar nuestra legislación civil, se propone agregar una fracción al artículo 23 de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, así como modificar el artículo 267 fracción X del Código Civil para el Estado de Nuevo León, a fin de incorporar como causal de divorcio la declaración de ausencia por desaparición legalmente hechas y que el peticionario así lo haya solicitado.

• Otorgar una pensión por incapacidad permanente para la persona declarada ausente que sea beneficiario de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo con el Estado, los Municipios y entidades paraestatales.

La fracción V del artículo 23 de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición del Estado establece que los trabajadores del Estado, Municipios o entidades paraestatales y que hayan sido declarados ausentes por desaparición continúen gozando de los beneficios de un régimen de seguridad social, derivada de una relación de la relación de trabajo entre las instituciones estatales y la persona desaparecida.

A fin de incrementar la protección de los familiares de la persona declarada desaparecida por desaparición, se busca establecer dentro de los efectos del Acta Definitiva de Ausencia por Desaparición, a fin de otorgarles una pensión por incapacidad total permanente, sin la necesidad de acreditar la existencia de riesgo de trabajo.

Recordemos que esta ley es un instrumento que junto con la Ley de Víctimas y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas debe dar una mayor protección a las familias de personas desaparecidas, además de no criminalizar a la víctima directa de la desaparición.