Mes: marzo 2015

29 de marzo del 2015

En breve, la Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León votará una reforma que pondrá en entredicho la reproducción asistida y los avances científicos. Este cambio legal también implicaría que las mujeres que requieran una interrupción del embarazo, incluso por graves causas médicas, puedan ser llevadas a prisión.

La iniciativa de reforma que pretende establecer en la constitución estatal el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, ha sido duramente criticada por las Naciones Unidas desde que fue aprobada en una primera vuelta en mayo del 2014.

En ese entonces, mediante una carta al Congreso de Nuevo León, los representantes en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) explicaron que: “La iniciativa de reforma constitucional en los términos que ha sido presentada contravendría los estándares internacionales de derechos humanos, constituiría una regresión contraria al principio de progresividad consagrado en el artículo 1 de la Constitución Federal y podría poner en riesgo el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres”.

Esta propuesta constituye una intromisión inadmisible en la vida privada de los ciudadanos sin generar absolutamente ningún beneficio para la sociedad neoleonesa. Por lo que su avance sólo puede entenderse como parte de una estrategia de los legisladores para atraer votos a sus partidos.

Si el Congreso del Estado de Nuevo León insiste en aprobar esta reforma, se estarán incumpliendo los compromisos internacionales de México y nuestra propia constitución federal. Exigimos a las y los diputados del Congreso del Estado de Nuevo León que legislen con parámetros auténticamente democráticos, sin anteponer sus estrategias electorales al respeto de los derechos humanos de la población en general y de las mujeres en particular.

Acción Colectiva por las Minorías Sexuales, A.C. (ACODEMIS)

Alianza Feminista

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

Colectivo Plural de Mujeres

Género, Ética y Salud Sexual, A.C. (GESSAC)

Pro Salud Sexual y Reproductiva, A.C. (PROSSER)

Héctor A. Mendoza C., Doctor en Derecho.

18 de marzo del 2015

Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, murieron el 19 de marzo de 2010 a manos de integrantes del Ejército mexicano. Aún no hay justicia.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) y Amnistía Internacional México expresaron hoy su preocupación por la persistente impunidad en este caso. “Es inaceptable que el caso siga en la etapa de investigación y que el expediente no haya sido presentado ante un juez. Las familias de Jorge y Javier merecen conocer la verdad y tener justicia”, sostuvo Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

El 19 de marzo de 2010 miembros del ejército abrieron fuego en un supuesto enfrentamiento con el crimen organizado, lo que resultó en la muerte de ambos jóvenes. La Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que las víctimas eran delincuentes que habían atacado a los militares; sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que las víctimas no portaban armas y que los militares involucrados manipularon la escena del crimen.

“Exigimos a la PGR que el caso sea consignado, para que, después de todos estos años de dolor para los familiares de Jorge y Javier, dejemos el laberinto legal y burocrático en el que nos encontramos y, finalmente, obtengamos justicia”, afirmó la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC.

Ambas organizaciones hicieron un llamado a la Procuraduría General de la República para que, en atención a sus obligaciones dé debida diligencia en la investigación de los delitos, concluya la etapa de investigación y presente el caso ante un juez ordinario.

18 de marzo de 2015

Boletín de Prensa No. 1503/09

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

El día de hoy se llevó a cabo en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, la Cuarta Reunión de Trabajo entre familiares de personas desaparecidas (Grupo AMORES) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJT) y personal de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL), en la que se revisaron las investigaciones de 54 personas desaparecidas (45 hombres y 9 mujeres) en territorio tamaulipeco.

Desde la Tercera Reunión, que se llevó a cabo en noviembre, queremos señalar los siguientes resultados:

1. Localización de personas desaparecidas por coincidencia de perfiles genéticos y con vida.

Se han encontrado restos de 3 personas desaparecidas en 2013 en San Carlos, Tamaulipas. Los restos ya fueron entregados a las familias. También se encontraron a dos personas con vida. Habían desaparecido en enero de 2015 y fueron localizadas ese mismo mes en Ciudad Victoria.

2. Oferta de recompensa.La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas acordó el mes pasado la publicación de oferta de recompensa por la aportación de información fidedigna y efectiva que lleve a la localización de personas desaparecidas en dicho Estado. Desde Nuevo León se han realizado ya 20 solicitudes por familiares que pertenecen al Grupo Amores.

Es importante mencionar que de los 21 casos revisados hoy, 6 fueron desapariciones ocurridas en Reynosa, 4 en Tampico, 3 en Matamoros y 2 en Ciudad Victoria. En lugares como Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Río Bravo, San Carlos, Hidalgo y Cd. Mier hay un caso registrado por cada ciudad.

CADHAC reafirma su compromiso con las familias de personas desaparecidas para continuar con este trabajo que busca disminuir las consecuencias de esta tragedia común y que pronto desaparezca por completo esta problemática, habiendo localizado a todas las personas de quienes ahora se desconoce su paradero.

Ante la magnitud de esta realidad, los avances parecen pequeños, pero seguimos caminando para conseguir nuestro objetivo final: llegar a la localización de todas las personas desaparecidas y erradicar las desapariciones.

6 de marzo de 2015

Boletín de Prensa No. 1503/07

• En lo que va del 2015 se han registrado 5 muertes de internos en Nuevo León.

• En el 2014 se presentaron 39 muertes en los centros penitenciarios de la entidad.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta, una vez más, su profunda preocupación por la muerte del interno Magdaleno Crescencio Ortiz Hernández, de 48 años, ocurrida ayer 5 de marzo en el Centro de Reinserción Social Apodaca.

En lo que va del 2015, con este homicidio se tienen documentadas en las prisiones de Nuevo León, al menos 5 muertes de internos, tres de ellas han ocurrido en el mismo Centro de Reinserción Social Apodaca y dos más en el Centro de Prevención y Readaptación Social Topochico.

Ortiz Hernández, cumplía una pena de 2 años y 12 días de prisión que le asignada por narcomenudeo, y otra de 4 años por violación a la Ley de Armas de Fuego.

Nos parece sumamente grave pues evidencia la situación de inseguridad en que se encuentran las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios estatales de Nuevo León.

Por lo anterior exigimos se realicen las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer el caso de Magdaleno Crescencio Ortiz Hernández. Insistimos enérgicamente en que, de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales, corresponde al Estado garantizar la seguridad, integridad y derechos de las personas internas en los penales. Así como la reparación del daño a los familiares de Ortiz Hernández.

El Estado debe asumir su responsabilidad ante hechos como la muerte de este interno, así como de los demás que han muerto en lo que va del año.

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Padre Mier 617 Pte. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 Tel. (81) 83435058 y (81) 83436618

cadhac@cadhac.org / www.cadhac.org

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.