Mes: febrero 2015

21 de febrero del 2015

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su preocupación por el hostigamiento a activistas en el estado de Oaxaca pertenecientes al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos e integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

En el marco del inicio de una Gira Nacional contra la Desaparición Forzada en la capital de Oaxaca integrantes de las asociaciones señaladas fueron hostigadas por personas de quienes aún se desconoce su identidad. La lucha por la localización de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya que llevan a cabo desde mayo de 2007 les ha valido riesgos y amenazas que continúan viviéndose hasta la fecha.

Particularmente el pasado 17 de febrero del 2015 alrededor de las 8:45 horas frente al domicilio de Margarita Cruz Sánchez -integrante del Comité Hasta Encontrarlos y hermana del luchador social desaparecido Gabriel Alberto Cruz Sánchez-, circuló un automóvil gris obscuro con placas del Distrito Federal y dos mujeres abordo; una de ellas tomaba fotografías a la casa y a Sandino Rivero -abogado del caso referido- quien se encontraba afuera del domicilio. Asimismo la mujer que tomaba las fotografías asistió el 16 de febrero a la rueda de prensa donde se anunció la Gira Nacional registrándose como periodista con el nombre de Paola Delgado del periódico Síntesis de Puebla, diario que ya se ha deslindado de cualquier relación laboral con esta persona. Ese mismo día, 17 de febrero, alrededor de las 18:00 horas, mientras se llevaba a cabo el foro “Desaparición Forzada en México, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya”, esta mujer se presentó una vez más en el evento registrándose con el nombre de Paola Hernández. Sólo ingreso para tomar una foto a los ponentes y al verse observada se retiró.

Aunado a lo anterior el Comité Hasta Encontrarlos señala que desde el lunes 2 de febrero que iniciaron actividades en la ciudad de Oaxaca para dar a conocer la Gira Nacional, se han percatado de la presencia y seguimiento físico hacia integrantes del Comité por parte de personas vestidas de civil que vigilan sus actividades.

Por lo anterior CADHAC insta a las autoridades competentes garantizar la integridad y protección de estos activistas, adoptando medidas cautelares y respetando en todo momento el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Asimismo demandamos la investigación y sanción pronta de estas acciones intimidatorias y amenazantes que se orientan a limitar la lucha por la justicia y la verdad.

 

17 de febrero de 2015

 

MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

P R E S E N T E

 

Ref.: Observaciones a la respuesta a las observaciones finales

del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

Señor Secretario:

 

Las organizaciones firmantes nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra preocupación en relación con el comunicado del 13 de febrero del presente emitido por la Secretaría a su cargo en relación con las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) emitidas luego de su primera evaluación de la situación en México.

 

Como es de su conocimiento, el pasado 13 de febrero, el CED, en un ejercicio objetivo, profundo, transparente y que tuvo en cuenta las observaciones de diversas partes (Estado, organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), emitió las observaciones finales en las que hace un recuento de los pendientes por ser cumplidos en materia de desapariciones: investigación, búsqueda, reparación, registros y legislación adecuados, protección de quienes denuncian las desapariciones, etc.

 

Ante tal situación, la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría a su cargo emitió, el mismo 13 de febrero, el boletín 133 cuyo tercer y último párrafo señala lo siguiente:

 

Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención.^[1] [Resaltado fuera del original]

 

Las organizaciones que suscribimos esta carta queremos expresar nuestra más profunda preocupación y rechazo por las declaraciones emitidas. Quienes acompañamos a familiares de personas desaparecidas, sabemos que las recomendaciones emitidas por el Comité están apegadas a la realidad: hasta el momento, no tenemos una base de datos consolidada y fiable sobre personas desaparecidas; la impunidad es la regla en las investigaciones; la búsqueda rápida y efectiva de las personas desaparecidas (nacional y transnacional) es excepcional y, generalmente, se hace de manera tardía; no se otorgan reparaciones adecuadas; aún no tenemos una Ley General contra la Desaparición Forzada, etc.

 

Más aún, las manifestaciones de la Secretaría de Gobernación no sólo no toman en cuenta la realidad, sino que viene en un contexto de incumplimientos en el proceso ante el Comité. Como es sabido, el Estado mexicano presentó de manera tardía e incompleta tanto su informe inicial como las respuestas a la lista de cuestiones emitida por el CED. La tardanza en la presentación del informe y la ausencia de respuesta a los requerimientos del Comité fueron registradas en el último informe de actividades de este órgano^[2]. De igual forma, el Comité ha solicitado hacer una visita a México, solicitud a la que el Estado ha negado respuesta.

 

El pronunciamiento mencionado nos parece irrespetuoso para las víctimas de desapariciones y sus familiares, y no  reconoce la gravedad ni dimensión de la situación de las desapariciones en México que, desde nuestra experiencia y de los números oficiales (aún incompletos), es una situación generalizada. También es un desacato a una instancia internacional a la que México se ha sometido y es un aviso sobre las dificultades que tendrá el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité.

 

Finalmente, consideramos que el pronunciamiento emitido desde el más alto nivel y por la Secretaría que tiene el mandato de coordinar a otras instituciones, es un claro mensaje para diversas autoridades, que se pronunciarán o actuarán en el mismo sentido, dificultando los procesos de búsqueda, justicia, verdad y reparación de las víctimas. También se dificultará la adopción de medidas y políticas estructurales.

 

Por lo anterior, pedimos:

 

1. Que usted se pronuncie públicamente sobre la importancia de las recomendaciones del Comité y exprese claramente su voluntad para cumplir con las mismas.
2. Que convoque, a la brevedad, a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores involucrados, para avanzar el proceso de cumplimiento de las recomendaciones.
3. Que se asegure que las políticas (interna -en lo que le corresponde- y externa) tengan su centralidad en el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones en esa materia
4. Que se garantice la seguridad de las personas que denuncian casos de desapariciones y haya justicia en los casos de asesinato y desaparición de familiares.
5. Que en cualquier proceso relacionado con el cumplimiento de las recomendaciones del Comité (como la adopción de un marco legal adecuado –especialmente a partir de la ley General sobre Desaparición Forzada- y el avance en la justicia), se garantice la participación efectiva de familiares y organizaciones de la sociedad civil.

 

Sin otro particular, y en espera de su respuesta, le enviamos un saludo.

 

 

Atentamente,

 

Alternativas Pacíficas, A. C.; Abogadas Demócratas; Alianza Sierra Madre, A. C.; Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Asociadas por lo Justo (JASS); Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C. (CAMT); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.; Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCADH); Círculo de Estudios de Género, A.C.; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C. (CIDHMorelos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A. C. (Codigo DH); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos ; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Consultoría Técnica Comunitaria, A. C.; Ecos de Mirabal; El Barzón Chihuahua; Fatima, I.B.P.; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM); Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Mujeres en Gran Morelos, Chihuahua; Grupo Feminista 8 de Marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas (GPDPC); Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. México); IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD); Jóvenes ante la Emergencia Nacional (Chihuahua); Justicia para Nuestras Hijas (JPNH); Kakúm Colectiva; Mujeres por México en Chihuahua, A.C.; Observa Ciudadan@; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz); Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (UNASSE); Sí hay mujeres en Durango; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Conformada por 73 organizaciones en 21 estados y el Distrito Federal); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Red por la Participación Ciudadana; Red por los derechos de la infancia en México (REDIM).

 

 

 

c.c.p.   José Antonio Meade Kuribeña. Secretario de Relaciones Exteriores. Para su conocimiento y atención.

Integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Para su información.

Javier Hernández Valencia. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mismos fines.

Ministro Luis María Aguilar Morales. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mismos fines.

Senadora Angélica de la Peña Gómez. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Para su conocimiento y atención.

Diputada Miriam Cárdenas Cantú. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Para su conocimiento y atención.

^[1] Secretaría de Gobernación. México recibe las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Boletín de prensa No. 133, de 13 de febrero de 2015.

^[2] Al respecto, ver, Naciones Unidas. Informe del Comité contra la Desaparición Forzada. Quinto período de sesiones (4 a 15 de noviembre de 2013) y Sexto período de sesiones (17 a 28 de marzo de 2014). Suplemento Nº 56 (A/69/56). De igual manera, ver: Frente a la gravísima situación en materia de desaparición forzada, México guarda silencio ante instancias supervisoras de la problemática.

13 de febrero de 2015

Boletín de Prensa No. 1502/06

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

En esta XXI Reunión celebrada entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León (PGJNL), familiares de personas desaparecidas (Grupo AMORES) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), hemos revisado los avances en la investigación de 51 expedientes por la desaparición de 93 de personas (66 hombres y 27 mujeres) en Nuevo León.

Aunque al momento ya se han revisado todas las fuentes de información que se han obtenido de familiares, personas detenidas y testigos a las que las autoridades han tenido acceso, y en muchos de los casos no se ha llegado a la verdad de lo sucedido, la experiencia nos dice que en cualquier momento puede surgir información y/o elementos que abran nuevas líneas de investigación.

En ese sentido, con la PGJNL se acordó, desde agosto del 2014, la inscripción de personas desaparecidas en el Sistema de Recompensas, a fin de que cualquier persona, de manera anónima, brinde información fidedigna que ayude a encontrar o acercarnos a lo que pasó con las personas que estamos buscando. Esto puede hacerse en el siguiente enlace: http://www.nl.gob.mx/servicios/recompensa-personas-desaparecidas

La información puede proporcionarse desde cualquier lugar de Nuevo León y de todo el país (incluso desde hospitales, centros penitenciarios, etc.), y se beneficiará con una recompensa de $287,410 pesos a cualquier persona que brinde información veraz que pueda ayudar a saber del paradero de la persona o personas desaparecidas. En la página web de la PGJNL ya están 23 fotografías de personas desaparecidas e invitamos a que nos ayuden a difundirlas para que la paz pueda estar de nuevo en los corazones de estas familias.

Al día de hoy, CADHAC tiene registradas más de 1,200 personas desaparecidas. El 80% de las desapariciones ocurrieron en Nuevo León y el 20% en Tamaulipas y otros estados. De este registro de personas desaparecidas se han localizado en Nuevo León a 125 personas, 60 se han encontrado con vida y 65 identificadas por compatibilidad de perfiles genéticos (ADN).

Asimismo, desde 2011 a la fecha, en estas reuniones de trabajo se han revisado 125 expedientes correspondientes a 214 personas desaparecidas. De las investigaciones que se han analizado se han consignado a 63 personas por su probable responsabilidad, de las cuales 12 ya han sido sentenciadas. Es de señalar que de las 63 personas consignadas, 18 tenían el carácter de policía o de oficial de tránsito al momento de realizar el hecho delictivo.

Después de casi cuatro años de revisar investigaciones y búsquedas sobre el paradero de personas desaparecidas, las líneas de investigación existentes se han corroborado, y descartado aquellas líneas donde no se han aportado datos útiles a la investigación.

El camino recorrido en estas 21 reuniones hace evidente que el trabajo conjunto y constante entre familiares de las víctimas, las autoridades y la sociedad civil organizada, no sólo es favorable para el desarrollo de las investigaciones, sino necesario para buscar una verdadera justicia restaurativa. También nos ha mostrado que en algunas ocasiones los casos en los que pareciera que las líneas de investigación están agotadas, surge información que reactiva los trabajos de investigación, por lo que ningún caso puede considerarse cerrado hasta encontrar la verdad de los hechos.

Lo anterior nos llena de esperanza y nos reafirma que la persistencia y aporte de las familias en la investigación y el trabajo cada vez más técnico y profesional de las autoridades da luz en el avance de los casos.

De hecho, el trabajo que se está haciendo en Nuevo León en lo referente a la búsqueda de personas desaparecidas fue reconocido hoy por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU que el 2 y 3 de febrero evaluó el informe presentado por México sobre las desapariciones forzadas ocurridas en el país.

El Comité contra la Desaparición Forzada señala en sus observaciones finales, en el Párrafo 40, que: “observa con beneplácito el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata que se puso en marcha en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León”.

CADHAC reafirma su compromiso con las familias de personas desaparecidas para continuar con este trabajo que busca disminuir las consecuencias de esta tragedia común y que pretende contribuir a la erradicación de las desapariciones en Nuevo León.

 

 

 

 

 

“Desapariciones generalizadas” en México: Comité de la ONU

 

• Caso Ayotzinapa, representativo de situación más amplia
• Obligación de castigar a superiores jerárquicos que toleran contextos de abusos
• Se insta a investigar a todos los agentes u órganos posiblemente involucrados en desapariciones, así como a agotar todas las líneas de investigación

 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2015.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) declaró hoy que se practican “desapariciones generalizadas” en “gran parte” del país y que el caso Ayotzinapa “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas.”

 

Al emitir sus recomendaciones finales, producto de su primera evaluación del cumplimiento de México con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el Comité criticó al Estado por la impunidad reflejada en “la casi inexistencia de condenas por este delito” y que caracteriza tanto las desapariciones de la llamada Guerra Sucia como las de hoy.

 

El Comité criticó “las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas”, recomendando entre otros que el Estado priorice la inmediata búsqueda con vida ante cualquier denuncia de desaparición. Por la urgencia de esta recomendación, pidió al Estado rendir cuentas sobre su implementación en el plazo de un año.

 

Por otro lado, el Comité constató “una serie de obstáculos” en el acceso a la justicia en casos de desaparición, incluyendo el hecho de que las autoridades no inicien de inmediato la investigación penal, o clasifiquen hechos de desaparición forzada como otro delito.

 

Recordó al Estado su obligación de “investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación” ante hechos de desaparición forzada, una recomendación claramente aplicable al caso Ayotzinapa.

 

En cuanto a la persecución penal, el Comité recordó la obligación de sancionar a los superiores jerárquicos en la cadena de mando de acuerdo al artículo 6 de la Convención, mismo que establece la responsabilidad penal del mando superior quien “haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente”, y teniendo responsabilidad sobre actividades relacionadas con la desaparición, “no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese” o “para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes”.

 

Lo anterior constituye una recomendación crucial para romper el ciclo de impunidad en el contexto mexicano, donde actualmente las pocas investigaciones por graves violaciones a derechos humanos suelen limitarse a autores materiales de bajo rango, y donde la responsabilidad de diversas autoridades empieza precisamente por no actuar para poner fin a un contexto de abusos y colusión con el crimen organizado.

 

También recomendó establecer dentro de la Procuraduría General de la República una “unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas” que cuente con recursos suficientes y “una perspectiva estratégica” sobre la desaparición forzada a nivel nacional, ya que la actual Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas no cumple este papel de investigación penal.

 

Se expresó particular preocupación por las desapariciones forzadas de personas migrantes en territorio mexicano; la intimidación y estigmatización de familias y personas defensoras de derechos humanos que buscan justicia en casos de desapariciones; la falta de un registro confiable de personas víctimas de desaparición forzada; y “la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños” ya sea como víctimas o familiares.

 

En este contexto, el Comité instó al Estado “a aprobar a la mayor brevedad posible” una Ley General contra la Desaparición Forzada con participación de víctimas y familiares.

 

Asimismo, el Comité “alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales” sobre casos concretos de desaparición forzada en México y solicitó visitar nuestro país con el fin de estudiar la situación de cerca y publicar un informe completo sobre la desaparición forzada en México. En este sentido, instó al Estado a permitir que esto ocurra dentro de un plazo razonable. El mismo Comité había solicitado la visita desde el año pasado sin que el Estado hubiera respondido.

 

Finalmente, saludamos que el Comité haya recomendado que las organizaciones de familiares de víctimas participen en el proceso de implementación de sus recomendaciones. Reiteramos que la dignidad, indignación y lucha de las propias familias ha sido la fuerza que impulsa el acceso a la verdad y la justicia.

 

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Colectivo por la Paz de Xalapa

Fundación Diego Lucero

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación

H.I.J.O.S. México

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

 

 

*Las recomendaciones del Comité se encuentran en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=972&Lang=en

Claudia Medina, víctima de tortura, queda en libertad. AI y Centro Prodh ¡dan conferencia de prensa

Foto: Amnistía Internacional
Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– El Tercer Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación de Xalapa, Veracuz, resolvió a favor el recurso legal interpuesto por la ciudadana Claudia Medina Tamariz, y le decretaron “inmediata libertad”, en relación con el delito de posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, porque se concluyó que la mujer sufrió tortura sexual y psicológica al menos 12 horas, por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

La resolución indica que las pruebas aportadas por Claudia fueron suficientes para desvanecer los señalamientos como probable responsable del delito.

Claudia fue retenida en una base naval, donde fue sometida a tortura sexual y luego fue presentada como integrante del cartel Jalisco Nueva Generación. Tras una reclusión de 14 días en el Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, fue puesta en libertad bajo caución, manteniendo vigente el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Luego de más de dos años de batalla legal, el pasado viernes 6 de febrero, el Poder Judicial Federal resolvió a su favor el incidente de libertad por desvanecimiento de datos interpuesto por Medina Tamariz, decretando su “inmediata libertad”.

Acompañada de Mario Patrón Sánchez y Perseo Quiroz Rendón, directores del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional, organizaciones que respaldaron su causa, Claudia Medina anunció que reactivará la denuncia interpuesta en la PGR en 2012 contra los marinos que la torturaron así como iniciará un proceso por la reparación de los daños sufridos.

En conferencia de prensa, Medina Tamariz apuntó que después de más de dos años de los hechos, lo que pretende es el castigo a los responsables de la tortura para que “los torturadores ya no sigan deteniendo personas de esta forma y poniéndolas a disposición de las autoridades”.

Agregó que espera que con la resolución del Tercer Tribunal Unitario favorezca a su esposo, quien también víctima de tortura por parte de los marinos.

El tribunal analizó los dictámenes psicológicos y médicos emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por peritos independientes (médico cirujano, especialista en psiquiatría y medicina social), concluyendo que “durante el lapso, de al menos 12 horas, la procesada fue sujeta de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, publicaron Amnistía internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Prodh), en un comunicado.

AI y Centro Prodh han podido documentar que Medina Tamariz fue torturada y acusada falsamente por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La resolución judicial señala que el único elemento que existía contra Tamariz era por parte del informativo de los elementos de la Marina. El cual: “quedó desvirtuado al no existir medio de convicción alguno que demuestre, al menos de forma indiciaria, su probable responsabilidad”.

Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reconocen la importancia de esta decisión en el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia de Claudia Medina. No obstante, estos esfuerzos no son suficientes para combatir la impunidad en la que se encuentran varios casos de tortura y malos tratos en México.

El caso de Medina Tamariz evidencia estos patrones estructurales de actuación de las autoridades en la fabricación de presuntos responsables, al margen de la política de seguridad de los últimos años. Por ello, las organizaciones exigieron al gobierno que “se asegure que ninguna investigación judicial contenga confesiones o testimonios obtenidos a través de tortura u otras violaciones a los derechos humanos. Asimismo la Procuraduría General de la República (PGR)” realice de inmediato una investigación exhaustiva e imparcialmente a quienes perpetraron estos actos contra Claudia Medina.

Desde mayo de 2014 Claudia Medina forma parte de la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual”, la cual tiene como objetivo visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos en la supuesta protección que deberían proveer a la sociedad. Actualmente son 19 mujeres las participan en esta campaña.

 

________________

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos en Nuevo León.

3 de febrero de 2015

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

Hoy, junto al Grupo Amores, lanzamos la campaña ‪#‎NosUrge‬‪#‎DeclaraciónDeAusenciaYa‬.

En Nuevo León, el Congreso del Estado tiene una deuda con los familiares de personas desaparecidas: aprobar la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición.

Cuando una persona desaparece, además del dolor, sus familias tienen que enfrentarse a la carga económica y social. Esta ley está hecha para aligerarles esa carga.

Desde CADHAC iniciamos con esta campaña para impulsar la aprobación de esta ley en el Congreso estatal.

En nuestro canal de Youtube puedes ver los spots que estaremos difundiendo a través de  redes sociales:

https://www.youtube.com/channel/UCdF7EdIaTEEdRYmSs5YTgpw

3 de febrero de 2015

Boletín de Prensa No. 1502/04

 

• En lo que va del 2015 se han registrado 4 muertes de internos en Nuevo León.
• En el 2014 se presentaron 39 muertes en los centros penitenciarios de la entidad.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) externa, una vez mas, su profunda preocupación por la muerte del interno Jaime Borjas Rodríguez ocurrida el 2 de febrero del presente año, que evidencia la grave situación de inseguridad en que se encuentran las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios estatales de Nuevo León.

Jaime Borjas, de 32 años, había sufrido algunos atentados y ayer falleció a causa de agresiones provocadas con arma blanca en el CEPRERESO Topochico. Se encontraba recluido desde 2012, cumpliendo una pena de 21 años por el delito de robo con violencia.

En lo que va del 2015, con este homicidio se tienen documentadas en las prisiones de Nuevo León, al menos 4 muertes de internos, en condiciones irregulares, dos de ellos han sido con asfixia por ahorcamiento, ambas en el mismo Centro de Reinserción Social Apodaca y ésta última en el Centro de Prevención y Readaptación Social Topochico.

Por lo anterior exigimos se realicen las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer el caso de Jaime Borjas Rodríguez, a fin de dar con los responsables materiales e intelectuales de este lamentable homicidio, así como su sanción correspondiente.

Vale la pena insistir que de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales, corresponde al Estado garantizar la seguridad, integridad y derechos de las personas internas en los penales, por lo que debe asumir su responsabilidad ante hechos como el homicidio del Sr. Borjas Rodríguez.

 

 

 

 

1 de febrero de 2015

Boletín de Prensa No. 1502/03

El Comité contra las Desapariciones Forzadas[1] de la ONU revisará por primera vez a México en el marco de su octavo periodo de sesiones que se llevará a cabo el 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza. El Comité está compuesto por 10 expertos independientes y es el órgano encargado de monitorear la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en los Estados parte.

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas[2], fue ratificada por el Gobierno Mexicano en marzo de 2008 y desde ese momento, adquirió la obligación de presentar un informe relativo a las medidas que se han tomado en todo el país, para cumplir con lo establecido en dicha Convención.

En México aún persisten las heridas de las desapariciones forzadas ocurridas en el contexto de la “guerra sucia”, principalmente en la década de los setentas. En la actualidad, esta situación está presente en todo el país, y las desapariciones forzadas ocurridas en Ayotzinapa han evidenciado que el problema continúa y que siguen las violaciones graves a los derechos humanos; además del incumplimiento con la obligación de búsqueda e investigación efectivas para dar con el paradero de los desaparecidos, conocer la verdad, obtener justicia y brindar la reparación.

Desde nuestra experiencia, en Nuevo León, hemos constatado que en las desapariciones forzadas donde están involucrados como presuntos responsables agentes estatales federales (Militares, Marina ó Polícia Federal), la opacidad e impunidad es total, por lo que no hay avance significativo en alguno de los casos que tenemos registrados. De los casos donde los presuntos responsables pertenecen al ámbito municipal o estatal, se encuentran consignados 18 policías.

Ante este panorama, en CADHAC estamos convencidos que resulta urgente contar con la voluntad política de las autoridades a fin de que se comprometan desde sus competencias, ante esta tragedia que representan las desapariciones forzadas. La experiencia del trabajo realizado por las familias de víctimas, CADHAC y las autoridades de Nuevo León, recogida en el documento “Sistematización de experiencias en búsqueda de la justicia y la verdad”, [3] ha sido reconocido como una buena práctica y será revisada por el Comité.

Si bien es cierto que aún hay mucho por hacer, es importante reconocer que se ha avanzado y que hoy tenemos en Nuevo León, tipificado el delito de desaparición forzada desde el 2012, un Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas Desaparecidas, y el Grupo Especial de Búsqueda Inmediata, además de que se aumentaron las capacidades técnicas y operativas relacionadas a la investigación.

Este proceso en Nuevo León ha logrado el empoderamiento de los familiares de personas desaparecidas, que han venido participando, así como un cambio de paradigma que ha permitido un acercamiento entre las partes involucradas en la investigación.

Ante la situación de crisis por los desaparecidos y desaparecidas en México, en CADHAC estaremos atentos a las observaciones finales del Comité y seguiremos caminando junto con las familias de víctimas en la búsqueda de sus seres amados, de verdad, justicia y reparación, sólo así, podremos tener paz en las familias y en nuestra sociedad.

[1] Artículo 432. Comete el delito de desaparición forzada de persona, el servidor público, o particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquél u otro servidor público, detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima, con lo cual se impide el ejercicio de recursos legales y las garantías procesales procedentes.

[2] Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006.

[3] El documento Sistematización de experiencias en búsqueda de la justicia y la verdad, está disponible aquí: http://cadhac.org/comunicado/presentacion-del-documento-desaparicion-de-personas-en-nuevo-leon-sistematizacion-de-experiencias-en-busqueda-de-la-justicia-y-la-verdad/