Propuestas de Enrique Peña Nieto: Alejadas de la Realidad Nacional en casos de Desaparición

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29 de noviembre del 2014

Monterrey,N.L.

Las organizaciones que trabajamos con el tema de desapariciones y desapariciones forzadas denunciamos la falta de congruencia entre el discurso oficial y la atención real a las víctimas. Particularmente nos preocupa la deficiente articulación institucional entre Procuradurías estatales y federal para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México.

El análisis de los contextos estatales de Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, realizado en el marco del 5to Encuentro de Organizaciones que Acompañan a Familiares de Desaparecidos coincidimos en que:

• Las 10 medidas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto no responden a la desoladora y grave situación en la que se encuentran miles y miles de familias que tienen personas desaparecidas.

• La inmensa mayoría de los casos de desaparición no se han esclarecido, por el contrario, siguen aumentando, como es el caso de Guerrero, donde continúan encontrando fosas clandestinas o de Tamaulipas, en donde se han reportado más de 750 nuevos casos tan sólo en este año. Además, no son atendidos con prontitud ni con eficacia en los ministerios públicos.

• La creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y del Sistema Nacional de Información Genética ya han sido reiteradamente anunciados y sin embargo, mientras no exista capacitación, instrumentos, equipo técnico y colaboración interinstitucional eficaz, no podrán concretarse.

• Se requiere una atención inmediata y eficiente en los casos de desaparición, acompañada de transparencia y mecanismos de control ciudadano. En este sentido, el trabajo de CADHAC con la Procuraduría del estado de Nuevo León es un referente obligado.

• No hay que olvidar que las familias postergan todo en su vida por la búsqueda y se encuentran con omisión, dilación e ineficiencia por parte de las autoridades. Por tanto las organizaciones firmantes, como los familiares de personas desaparecidas, seguimos exigiendo justicia y un alto a la simulación y a la impunidad.

Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en un marco de legalidad y a continuar en la defensa de los derechos humanos.

Organizaciones firmantes:

1. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), Guerrero.

2. Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, Baja California, Sinaloa y Sonora.

3. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (Cedimac), Cd. Juárez, Chihuahua.

4. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.(CADHAC), Monterrey, Nuevo León.

5. Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México Alzando Voces (COFADDEM), Morelia, Michoacán.

6. Colectivo por la Paz, región Xalapa, Veracruz.

7. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Distrito Federal y Oaxaca.

8. Comité de Derechos Humanos de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDH Laredo), Tamaulipas.

9. Zacatecanos por la Paz, Zacatecas.

La cosificación de las mujeres y la violencia de género es sumamente grave en Nuevo León

24 de noviembre del 2014

Boletín de Prensa No. 1411/048

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Familiares de mujeres desaparecidas durante la rueda de prensa.

Los derechos de las mujeres han sido reconocidos a lo largo de la historia en diversos instrumentos legales, producto de la misma lucha de las mujeres por hacer efectivas las garantías que permitan vivir con dignidad, sin embargo, en Nuevo León la violencia de género y cosificación de las mujeres se presenta de manera creciente, generando un claro retroceso en el ejercicio de los derechos.

La violencia hacia las mujeres se encuentra en los ámbitos privado y público, evidenciando, por un lado, la continuación del trato denigrante, discriminatorio y cosificador a la mujer en la sociedad, y, por otro lado, mostrando que la legislación y políticas abocadas a la prevención y atención de este grave problema no están siendo efectivas.

En el ámbito considerado privado es preciso resaltar que este año en Nuevo León las denuncias por violencia familiar han llegado a cifras sumamente altas. De acuerdo a datos de la misma Procuraduría General de Justicia del Estado, las denuncias presentadas en 2014 hasta el mes de octubre ascienden a 12,525, siendo el 2014 el año con mayores denuncias por este delito, sin contar aquellos hechos que no son llevados al Ministerio Público.

La familia es el espacio que supondría resguardo y protección a sus integrantes, sin embargo, el mal uso del poder en su interior afecta fuertemente a las mujeres, niñas y niños. La violencia familiar es un reflejo tanto del sistema patriarcal en el que nos desenvolvemos, como de la violencia social donde la impunidad y el abuso de poder permea, derivando en ocasiones en feminicidios: situaciones terribles se han presentado donde las mujeres han sido calcinadas en su propia casa, enterradas dentro de botes, arrojadas a registros de agua, asesinadas a disparos o golpes.

En lo concerniente a la violencia social es preciso mencionar que las desapariciones de mujeres siguen ocurriendo. De acuerdo a datos solicitados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León vía transparencia, en la entidad hay 165 mujeres que continúan desaparecidas bajo expedientes que van de enero de 2010 a junio de 2014.

Por nuestra parte, tenemos un registro de 73 mujeres desaparecidas, reportadas como tal de 2011 a octubre de 2014. De igual manera es preciso considerar aquellas desapariciones que por temor u otras razones las familias no denuncian ni solicitan intervención. La desaparición de mujeres ha sido denunciada a nivel internacional, resultado de lo cual fueron señaladas como una situación grave en las Observaciones al gobierno mexicano emitidas en 2012 por el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), donde mencionan específicamente el estado de Nuevo León. Dichas observaciones no han sido atendidas a cabalidad por el Estado, quien además no ha presentado su informe intermedio que debió haber entregado en agosto de 2014 justamente en torno a las desapariciones y la violencia social, además del tema de salud.

La violencia social y la violencia familiar evidencian graves violaciones a los derechos de las mujeres implicando cosificación, siendo las mujeres tratadas como objetos de pertenencia de quienes se puede abusar, a quienes se puede violentar. Esta permisibilidad es inadmisible.

El 25 de noviembre ha sido definido como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta conmemoración resulta necesario y urgente mostrar que los avances en materia de derechos de las mujeres, si bien son reales, no se traducen en el ejercicio pleno de dichos derechos, por el contrario, en contextos tan graves como en el que nos encontramos, los derechos se muestran en franco retroceso, sin que la sociedad, las políticas y la legislación reafirmen en la práctica el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Derecho que este día exigimos sea plenamente garantizado.

Visita de la Embajadora de Noruega a CADHAC

21 de noviembre del 2014

Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC, y la Embajadora de Noruega en México, Merethe Nergaard.
Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC, y la Embajadora de Noruega en México, Merethe Nergaard.

La embajadora de Noruega, Merethe Nergaard, y su equipo de trabajo realizaron una visita el día de ayer a CADHAC para conocer nuestro trabajo. Explicamos cada una de nuestras áreas y ejes de trabajo. Gracias por la visita y el interés.

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La Embajadora de Noruega en México, durante su visita, tuvo la oportunidad de conocer a los integrantes del equipo CADHAC.

Periodistas y fotoperiodistas reafirman su compromiso social con las víctimas de la violencia en la apertura de: “Detrás de las Cifras Existen Historias”

20 de noviembre del 2014

Boletín de Prensa No. 1411/047

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Maxi junto a su foto en la inauguración de la exposición.

Los periodistas y fotoperiodistas han sido testigos, a veces invisibles, de la violencia y el caminar de las víctimas de estos tiempos difíciles que se han vivido en México y en Nuevo León desde hace unos años. Son ellos los encargados de visibilizar y documentar la barbarie y el dolor que miles de mexicanos y mexicanas han vivido.

Masacres, desapariciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Todos estos hechos serían desconocidos si no fuera por los periodistas y fotoperiodistas y su compromiso de llevar la verdad y los hechos ante la sociedad. Son ellos quienes ayudan a la ciudadanía a exigir la rendición de cuentas a las autoridades.

En un ambiente de empatía, agradecimiento y respeto mutuo se inauguró ayer la exposición fotográfica: “Detrás de las Cifras Existen Historias”, en el Museo Metropolitano de Monterrey, organizada por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y el Grupo AMORES.

Esta exposición se compone de 17 imágenes captadas por 4 fotoperiodistas que durante años han cubierto eventos y manifestaciones de estas familias: Daniel Becerril, Julio César Aguilar, Olivia Garza García y Víctor Hugo Valdivia; la exposición también incluye fotografías de Karla Torres, encargada de Comunicación de CADHAC.

Julio César Aguilar, Olivia Garza y Víctor Hugo Valdivia, además del periodista David Carrizales, compartieron su experiencia y su sentir ante las familias y los asistentes al evento de apertura.

Fue David Carrizales, periodista con más de 30 años de experiencia, quien inició expresando lo que significa este trabajo: “Los reporteros y fotoperiodistas, con nuestro  trabajo, tratamos de documentar la realidad del mundo que vivimos. Sin embargo, lo que captura el lente, o se plasma en el texto de una noticia,  es apenas un fragmento, un instante de los hechos, que en mi caso me rebasan y abruman. De lo poco que les puedo decir, es que siempre me ha parecido admirable la entereza, la fuerza y la dignidad que en el dolor encontramos en cada uno los familiares de los desaparecidos. Los hemos escuchado  exigir justicia, jamás venganza, porque es el amor y nunca el odio lo que los guía  en su actuar”.

Julio César Aguilar, fotoperiodista independiente que colabora con agencias como AFP y uno de los expositores, expresó lo siguiente: “Es nuestra forma de contribuir, a nosotros no nos importa si nos publican la nota o las fotos, yo siento la necesidad de estar ahí con ustedes y acompañarlos”. Por su parte, Víctor Hugo Valdivia agradeció a las familias el permitirles acercarse a ellos para documentar lo que está pasando en Nuevo León y en México.

Finalmente David Carrizales, reconoció el trabajo de CADHAC y el del Grupo AMORES. “Como la gota persistente, que perfora  la roca, el trabajo constante de esta organización, de los familiares agrupados en Amores y el apoyo de la sociedad civil, así como el activismo de organizaciones que confluyen en el mismo objetivo, poco a poco se han logrado algunos avances que no se deben desdeñar, como la tipificación del delito de desaparición forzada, y la creación de la Comisión para la Atención de Víctimas de Delitos, si bien son insuficientes, porque el trabajo no estará completo, hasta que se localice al último desaparecido, y que ya no haya uno solo más, nunca más”.

Las fotografías estarán expuestas hasta el 9 de diciembre de este año en la arcada exterior del Museo Metropolitano ubicado frente a la plaza Zaragoza, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

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Durante el evento de apertura con periodistas.

 

Procuraduría de Tamaulipas ofrece recompensas por los desaparecidxs

13 de noviembre del 2014

Boletín de Prensa No. 1411/046

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Procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, Hna. Consuelo Morales, de CADHAC e Ismael Quintanilla, Procurador de Tamaulipas, durante la reunión.

 

Tercera Reunión de Trabajo entre Grupo AMORES y CADHAC con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJT)

El día de hoy se llevó a cabo en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de N.L., la Tercera Reunión de Trabajo entre familiares de personas desaparecidas (Grupo AMORES) y CADHAC con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJT) y personal de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León(PGJNL), en la que se revisaron las investigaciones de 52 personas desaparecidas (43 hombres y 9 mujeres) en territorio tamaulipeco.

Un importante logro que se alcanzó en el marco de esta tercera reunión es que, al igual que en el estado de Nuevo León, el gobierno de Tamaulipas también ofrecerá recompensas por información que lleve a la localización de personas desaparecidas en aquel estado.

Las personas que así lo deseen podrán solicitar entrar en este esquema que, a través de la Procuraduría de Tamaulipas, a quien le darán la autorización para que su familiar o ser amado que se encuentra desaparecido se adhiera a la plataforma. La cantidad que se ofrecerá por la información sobre personas desaparecidas no fue dada a conocer. En Nuevo León ya existe este esquema y el gobierno estatal ofrece hasta 250 mil pesos por este tipo de información que abone a las investigaciones.

Otro avance que se obtuvo con esta sinergia es que el estado de Tamaulipas creó 5 fiscalías especializadas en ciudades que cubren la totalidad geográfica del estado: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria. Estas fiscalías atienden específicamente los casos de personas desaparecidas en aquella entidad.

La Primera Reunión de Trabajo con la PGJE de Tamaulipas se llevó a cabo el 6 de marzo de este año en la capital de ese estado. Desde entonces, gracias a la difusión que los medios de comunicación hicieron en el momento, de 7 casos (que incluían a 26 personas desaparecidas), recibimos 13 casos más, sumando un total de 20 casos (que contemplan 52 personas) que ahora tenemos registradas.

Es importante mencionar que de los 20 casos revisados hoy, 6 fueron desapariciones ocurridas en Reynosa, 4 en Tampico, 3 en Matamoros y 2 en Ciudad Victoria. En lugares como Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Río Bravo, San Carlos e Hidalgo hay un caso registrado por cada ciudad.

De acuerdo con el registro que llevamos, las desapariciones ocurrieron desde el 2010 y han continuado hasta el 2014. Se dividen del siguiente modo:

2010 2011 2012 2013 2014
2 casos 7 casos 2 casos 6 casos 3 casos

CADHAC reafirma su compromiso con las familias de personas desaparecidas para continuar con este trabajo que busca disminuir las consecuencias de esta tragedia común y que pronto desaparezca por completo esta problemática, habiendo localizado a todas las personas de quienes ahora se desconoce su paradero.

Reconocemos la voluntad política del gobierno tamaulipeco, quienes han demostrado disposición de trabajar en conjunto con autoridades nuevoleonesas, quienes han reafirmado el compromiso de seguir trabajando con familiares de víctimas de desaparición y CADHAC. Sin embargo, esperamos que esa voluntad política se muestre en resultados específicos, en avances en las investigaciones.

Los avances son pequeños, pero seguimos trabajando poco a poco para conseguir nuestro objetivo final: llegar a la localización de todas las personas desaparecidas y erradicar las desapariciones.

La creación de la Policía Militar violenta la Constitución

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11 de noviembre del 2014

Boletín de Prensa No. 1411/045

Resulta de suma preocupación el avance en la modificación de funciones de la Policía Militar al anunciarse oficialmente el día de ayer el inicio de la construcción del Cuartel que pretende albergarla, vislumbrándose con ello una clara generación de violaciones a derechos humanos y una falta de atención a las recomendaciones hechas al Estado Mexicano por diversos órganos internacionales.

El Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, mencionó públicamente el día de ayer que “los militares ajustamos nuestra conducta a la Constitución y a las leyes (…) con irrestricta observancia de los derechos fundamentales”. Sin embargo, contradictoriamente la sola modificación de funciones de la Policía Militar representa una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexianos, aunado a las evidentes violaciones a derechos humanos que han cometido las fuerzas armadas, entre las cuales se encuentra la reciente ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, producto de lo cual el pasado 7 de noviembre se dictó auto de formal prisión a siete militares presuntamente implicados en los hechos.

Particularmente el artículo 129 de la Constitución refiere que ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, a menos que México se encuentre en estado de guerra. Además, la ley establece las funciones de la Policía Militar, que están estrictamente ligadas a la estructura militar. Modificarlas a través de un convenio que no se ha hecho público es violatorio a principios constitucionales.

Las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la defensa nacional, no son de ninguna manera carentes de fundamentos, como lo señaló ayer el Secretario Cienfuegos Zepeda. Tampoco es carente de fundamento la insistencia de que los militares no deben asumir tareas de seguridad pública. En ese mismo sentido, órganos de Naciones Unidas que atienden problemáticas como tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales han externado su preocupación al Estado Mexicano recomendándole retire a los militares de acciones relacionadas con seguridad pública, siendo que dichas instancias han documentado casos donde se han visto directamente involucradas las fuerzas armadas de México como el señalado anteriormente, o casos documentados por esta organización y organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, donde jóvenes fueron desaparecidos por marinos en el municipio de Sabinas Hidalgo Nuevo León; por militares en Monterrey; o ejecuciones extrajudiciales efectuadas por marinos o militares en la entidad durante los últimos años.

Varias organizaciones de la sociedad civil hemos planteado preguntas al gobierno del estado de Nuevo León en torno a la creación de esta instancia militar, sin embargo, estas todavía no han

sido resueltas, y con la información que se tiene hasta el momento insistimos en que la creación de dicha policía contraviene la legalidad y al Estado de Derecho.

Por todo lo anterior, demandamos a los tres niveles de gobierno que atiendan puntualmente con el mandato Constitucional así como las recomendaciones emitidas por las instancias internacionales de protección a derechos humanos en lo concerniente a la participación militar en labores de seguridad pública y cumplan con el planteamiento de regresar a los militares a sus cuarteles.

Preguntas para el Gobierno de NL sobre Policía Militar

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Integrantes de la sociedad civil con las preguntas que remitimos a la Oficialía de Partes del gobierno de NL.

Monterrey, N.L. a 4 de noviembre, 2014.

 C. Rodrigo Medina de la Cruz

Gobernador Constitucional

Del Estado de Nuevo León

Quienes suscriben este documento, académicos/as, defensores/as de derechos humanos, ciudadanía interesada y organizaciones enlistadas al calce, con domicilio para recibir notificaciones en Padre Mier No. 617 Pte. Centro, CP. 64000, en Monterrey, NL., y con fundamento en el Art. 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dirigimos a usted solicitándole nos responda las siguientes preguntas, formuladas en torno al reciente anuncio gubernamental de creación de la Policía Militar para Nuevo León, con alcance en San Luis Potosí y Tamaulipas, y con posibilidad de extenderse a lo largo del territorio nacional:

  1. ¿Por qué hace falta una Policía Militar cuando se ha apostado por el modelo de Fuerza Civil y el Gobierno del Estado lo presenta como un éxito?
  2. ¿Cómo se tomó la decisión de crear esta nueva figura policial, en lugar de fortalecer lo que ya se tiene?
  3. ¿Quiénes son los promotores de la idea y cuáles son los casos de éxito internacional que se tomaron como referencia para sustentar la propuesta?
  4. ¿Cuál es el basamento jurídico del proyecto?
  5. ¿Cuál será el proceso de reclutamiento de estos nuevos elementos?
  6. ¿Qué proceso de depuración y certificación policial habrá para los elementos con los que iniciará esta corporación?
  7. ¿Qué instancia, en qué tiempos y bajo qué seguimiento se capacitará a los elementos de la nueva corporación?
  8. ¿Cuáles son los mecanismos de control interno y las instancias de auditoría ciudadana externa que habrá para vigilar el buen funcionamiento de esta nueva corporación?
  9. Si parte del objetivo es procurar un ambiente de certidumbre para la actividad industrial y para propiciar inversión, ¿no es precisamente para ello que se creó la Gendarmería?
  10. Si el Estado tiene condiciones de relativa paz social, ¿por qué seleccionar a Nuevo León para la formación de una Policía Militar concebida por Ley para emergencias?

 Sin más por el momento, quedamos al tanto de su inmediata respuesta.

 

Suscriben:

Organizaciones Nuevo León

  1. Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES.
  2. Alternativas Pacíficas, A.C.
  3. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC
  4. Colectivo Cascadas / Guadalupe, N.L.
  5. Colectivo Pueblo Bicicletero
  6. Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, A.C.
  7. Creando Espacios, A.C.
  8. Evolución Mexicana
  9. Frente Ambientalista Ciudadano
  10. Género, Ética y Salud Sexual, A.C.
  11. Mujeres Causando
  12. Mujeres de la Esperanza / Guadalupe, N.L.
  13. Realidad Expuesta
  14. Red Ciudadana Alternativa de Guadalupe, RECIA
  15. Rescatemos Nuevo León
  16. Vía Ciudadana
  17. Zihuame Mochilla, A.C.

Organizaciones Nacionales e Internacionales

  1. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM / Guerrero, D.F., América Latina
  2. Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad / Baja California, Sonora, Sinaloa
  3. Casa del Migrante de Saltillo Frontera con Justicia, A.C. / Coahuila
  4. Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM / D.F.
  5. Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. / Tlaxcala
  6. Centro de Derechos Humanos de las Mujeres / Chihuahua
  7. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro / D.F.
  8. Centro de Economía Solidaria, A.C., CES / Tlaxcala
  9. Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. / Coahuila
  10. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C., CEDIMAC / Chihuahua
  11. Ciudadanos para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. / D.F
  12. Ciudadanos por una Causa en Común, A.C. / D.F.
  13. COFADDEM Alzando Voces / Michoacán
  14. Colectivo Mujer y Utopía, A.C. / Tlaxcala
  15. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, A.C. / D.F.
  16. Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, CDHLaredo / Tamaulipas
  17. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia/ D.F.
  18. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C., IMDEC / Jalisco
  19. JASS (Asociadas por lo Justo) / Internacional. Presencia en 27 países
  20. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. / D.F.
  21. Observatorio de Violencia Social y de Género, UACJ / Chihuahua
  22. Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana / Chihuahua
  23. Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM

Personas Nuevo León

  1. Carlos Piña Loredo, Profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL
  2. Cinthia Smith Pussetto, Profesora e Investigadora del TEC de Monterrey
  3. Clara Eugenia Torres, Directora y actriz de Teatro Popular
  4. Claudia Vásquez Ramos, Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN
  5. Claudio Tapia Salinas, Maestro en humanidades y profesor de ética parlamentaria del Centro de Estudios Parlamentarios de la UANL
  6. Efrén Sandoval Hernández, Investigador del CIESAS Noreste
  7. Eleocadio Martínez Silva, Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, UANL
  8. Gabriela de la Paz, profesora del TEC de Monterrey
  9. José Luis Martínez Canizales, Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, UANL
  10. Luis Eduardo Zavala Investigador CIISA de la Universidad Metropolitana de Monterrey
  11. Lylia Palacios, Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León
  12. María Teresa Villarreal Martínez, Investigadora y Activista
  13. María Zebadúa, Catedrática jubilada de la UANL
  14. Melina Alfaro, Profesora de la UANL
  15. Ximena Peredo, Activista y editorialista en Nuevo León

Personas Nacionales e Internacionales

  1. Alejandro Martí, Ciudadano Invitado Permanente al Consejo Nacional de Seguridad Pública
  2. Alfredo Limas Hernández, Profesor Universitario / Chihuahua
  3. Ana Luna Serrano, Profesora de la Universidad Autónoma de Baja California
  4. Ana Paula Hernández Contón, Defensora de Derechos Humanos
  5. Andrés Gutiérrez, Activista e integrante de Nonviolent Peaceforce
  6. Carlos Karim Zazueta Vargas, Defensor de Derechos Humanos
  7. David Pérez Esparza, Consultor e Investigador UCL / Inglaterra
  8. Edna Jaime, Ciudadana Invitada Permanente al Consejo Nacional de Seguridad Pública
  9. Elena Azaola, Investigadora del CIESAS / D.F.
  10. Elio Villaseñor Gómez, Defensor de derechos humanos / D.F.
  11. Jordi Rosquillas Tovilla, Defensor de derechos humanos / D.F.
  12. José Fabián Ruiz Valerio, Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
  13. María Elena Morera, Ciudadana Invitada Permanente al Consejo Nacional de Seguridad Pública
  14. Miguel B. Treviño de Hoyos, Ciudadano Invitado Permanente al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

 

Muertes de reos en Nuevo León

3 de noviembre del 2014

Boletín de Prensa No. 1411/044

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Incumple Estado obligación de garantizar los derechos a la vida, la seguridad              y la integridad física de las personas privadas de la libertad

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su profunda preocupación por la muerte del interno Santos Zúñiga Jaramillo, ocurrida en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico en el Estado de Nuevo León.

Según información de los medios de comunicación a Zúñiga Jaramillo, de 44 años de edad, se le encontró ahorcado en el área de los baños del ambulatorio F1. Esta muerte y la integridad física de todas las personas internas preocupa, especialmente por el conocimiento que se tiene de la situación de inseguridad, hacinamiento, sobrepoblación y autogobierno que impera en las prisiones del Estado y que pone en grave riesgo la vida y la integridad física de las personas recluidas.

Cabe recordar que apenas el pasado 14 de agosto, el interno Rolando Garay García del Centro de Reinserción Social Apodaca fue presuntamente asesinado a golpes. Por lo tanto, este nuevo hecho hace evidente que el gobierno del Estado de Nuevo León ha incumplido su obligación general de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de la población, especialmente de aquellos que están privados de su libertad en centros de reinserción social, pues todo lo que sucede dentro de dichos lugares es responsabilidad directa del Estado.

CADHAC reitera que las autoridades estatales tienen obligación de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, por lo tanto exigimos que el Gobierno del Estado de Nuevo León asuma sus obligaciones e intervenga inmediatamente en esta situación realizando una investigación pronta e imparcial en torno a la muerte de Zúñiga Jaramillo que lleve a los responsables ante la justicia, asegurando siempre el irrestricto respeto a la legalidad, y estableciendo en lo inmediato garantías de no repetición.

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