Mes: octubre 2014

 

26 de octubre del 2014

Boletín de Prensa No. 1410/043

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su posición y preocupación frente al planteamiento de establecer la “Policía Militar” en Nuevo León, cuya instalación además de contravenir la Constitución Federal y a las recomendaciones y lineamientos de organismos internacionales de protección de derechos humanos, no es la solución para el problema de seguridad.

De acuerdo con declaraciones de funcionarios del gobierno del estado y presidentes municipales del área metropolitana de Monterrey, se instaurará la Policía Militar en Nuevo León, extendiéndose a los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí, entidades que, juntas, conforman la IV Región Militar.

El Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, todas éstas de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y han exhortado al Estado a retirar a los militares de las calles.

Algunos ejemplos de estas graves violaciones son: los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México en donde militares ejecutaron extrajudicialmente a 22 civiles durante un  enfrentamiento; el caso de Jorge Otilio Cantú, ejecutado extrajudicialmente en 2011 por elementos del ejército mientras se trasladaba en su coche hacia su trabajo; y el caso de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey quienes fueron asesinados por militares en 2010, cuando quedaron atrapados en un enfrentamiento a las afueras de esta universidad. Situaciones que además, entre muchas otras, corroboran que la milicia no está entrenada para tratar con la ciudadanía.

Por otro lado, es incongruente que la corporación Fuerza Civil ha sido etiquetada recientemente, no sólo por el gobierno local, sino también por el federal, como un ejemplo de policía que se debería replicar en todo el país, y que ahora el gobierno local busque una militarización policial, además de una inversión económica para la instalación de los miembros militares. ¿Será entonces que Fuerza Civil no ha dado los resultados que tanto se han alardeado?

Y si es así, por qué invertir en más militares y mejores instalaciones para ellos, cuando tenemos fuertes problemas en los sistemas penitenciario, de educación y de salud. ¿Por qué no invertir en estos rubros, buscando resultados seguros y a largo plazo, en lugar de “soluciones exprés”?

Institucionalizar una policía militar, no sólo contraviene a los estándares internacionales y las recomendaciones emitidas en ese sentido al gobierno, sino que viola la Constitución Federal, específicamente el artículo 129 que nos dice claramente que ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, a menos que México se encuentre en estado de guerra.

Por todo lo anterior, demandamos que el Estado Mexicano y el gobierno del estado de Nuevo León atiendan puntualmente a lo dispuesto en nuestra Constitución Federal, a las recomendaciones emitidas por las instancias internacionales en la materia, e incluso a las opiniones de expertos locales que conocen la realidad regional, cumpliendo con el compromiso de retirar a la milicia de las calles, como lo ha dicho en numerosas ocasiones el Presidente de nuestro país.

Cifras de la SEDENA

Las autoridades explicaron que la Policía Militar es un nuevo esquema que se implementaría en el Estado y consiste en el despliegue de elementos de instrucción militar, pero bajo un modelo de policía civil con atribuciones para operar en todo el territorio nacional, hacer patrullajes y realizar detenciones.

El número de efectivos en la Cuarta Región Militar (que abraca los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí) no ha variado:

2012 = 8,917 militares

2013 = 9,188 militares

2014 = 8,919 militares

Entre 2007 y 2012 presencia militar en:

Chihuahua =  37,799 militares

Tamaulipas =  23,440 militares

Veracruz =  16,404 militares

Nuevo León =  13,317 militares

Edo. de Méx   =  12,167 militares

Guerrero =  10,365 militares

En 2011, hubo 52,690 Militares para combatir el narco en todo México. En ese año, los estados con mayor presencia militar fueron Chihuahua (7, 552)  y Tamaulipas (7,690).

En 2013, la presencia militar en todo México bajo a 34,529.

24 de octubre del 2014

Boletín de Prensa No. 1410/042

XX Reunión: Análisis de logros y retos

 Hoy se lleva a cabo la XX Reunión entre la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL), familiares de víctimas de desaparición y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC).

El camino que hemos recorrido desde junio del 2011, cuando Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad llegaron a Nuevo León con la Caravana del Consuelo, que abrieron la puerta de interlocución con las autoridades, ha sido sin duda retador, pero también productivo. Estos tres años han traído consigo avances relevantes, pero seguimos teniendo muchos objetivos por cumplir.

Debemos reconocer que esta dinámica de trabajo, entre familiares de víctimas, autoridades y sociedad civil, ha producido logros que no existen en ninguna otra entidad de México:

• Una de los principales resultados ha sido el empoderamiento de las familias de personas desaparecidas, quienes desde su dolor han construido una labor de activismo que ha aportado a la prevención y reparación del daño para otras víctimas en Nuevo León.
• En diciembre del 2012 se tipificó el delito de desaparición forzada con los más altos estándares internacionales.
• En  octubre del 2013 el Congreso local aprobó una Ley Estatal de Víctimas apegada a la Ley General de Víctimas, la cual se publicó en diciembre de ese mismo año.
• Con la ayuda de expertos en la materia, CADHAC y la PGJNL, se elaboró el Protocolo de Búsqueda Inmediata que actualmente  el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Procuraduría estatal utiliza para localizar personas que han sido reportadas como desaparecidas en Nuevo León.
• En marzo del 2014, la PGJNL inauguró la Unidad Especial de Búsqueda Inmediata que investiga el paradero de personas en las primeras 72 horas de haber ocurrido la desaparición. Las denuncias se pueden hacer las 24 horas, los 365 días del año.
• En 2014 el método de trabajo que realizamos con la Procuraduría estatal comenzó a utilizarse  para trabajar con la Procuraduría de Tamaulipas.
• La PGJNL adquirió equipo de rastreo para la búsqueda y localización de personas (Geo Scanner) con el que ya se han tenido buenos resultados.

A pesar de estos logros, hoy reconocemos que queda mucho camino por recorrer.  Existen retos como:

• Que los jueces conozcan y usen el delito de desaparición forzada.
• Los médicos forenses de la PGNL no tienen suficientes perfiles de ADN con qué comparar restos que esperan a ser identificados.
• Que la ciudadanía denuncie más y más rápido para hacer uso de las herramientas existentes.
• El Estado necesita incrementar el presupuesto y el número de personal capacitado para la atención de casos de desaparición.
• Se necesita la aprobación de la Declaración de Ausencia por Desaparición para que las familias y las víctimas puedan obtener los beneficios que les corresponden para así aligerar su carga.
• Urge el efectivo funcionamiento la Ley Estatal de Atención a Víctimas.
• Identificar las estructuras que favorecieron las desapariciones en Nuevo León.
• El más grande reto: la localización de las personas que continúan desaparecidas y la erradicación de las desapariciones en Nuevo León.

Para seguir trabajando en estos y otros puntos pendientes, la experiencia nos indica que el camino más efectivo es el de la permanente colaboración entre los familiares de la víctimas, las autoridades de la PGJNL y organizaciones de la sociedad civil, como CADHAC.

Es importante recalcar que mientras las familias de las personas desaparecidas no sepan qué pasó con su ser amado el delito sigue perpetrándose y no podemos hablar de justicia. La justicia, la verdad y la reparación del daño resultan ser lo central.

México vive un entorno desesperanzador y lleno de impunidad: tenemos un mes sin conocer el paradero de los 42 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Y no sólo eso, sino que existen cientos de fosas en todo el país con cuerpos sin identificar, sin justicia ni verdad. Urge la identificación de todos los restos y cuerpos encontrados a fin de alcanzar la verdad, la justicia y la paz por lo que es necesario que todos los estados cuenten con laboratorios de genética.

Mientras la verdad no llegue a cada una de las personas que se encuentran en el doloroso proceso de búsqueda, no descansaremos en este caminar.

Panorama General de las Desapariciones desde las estadísticas de CADHAC

• De 2009 al 20 de octubre del 2014 hemos recibido un total de 329 casos, que representan 1248 personas.
• 273 de estos casos (1036 personas) sucedieron en el estado de Nuevo León, lo que representa el 83% de nuestro registro.
• 38 casos sucedieron en el estado de Tamaulipas y representan el 12%.
• 18 casos pertenecen a otros estados y representan el 5%.
• Del total de las personas que tenemos registradas como desaparecidas, el 86% son hombres y el 14% mujeres.
• En 2014 hemos recibido 14 casos de personas desaparecidas, en donde los hechos ocurrieron este año, de los cuales 9 son de Nuevo León. De estos 9, 7 han sido encontrados vivos y 2 continúan desaparecidos.
• De los 7 encontrados, 5 eran casos de desaparición forzada y 2 de desaparición.
• Hasta hoy, tenemos registradas a 101 personas localizadas (58 vivas y 43 por ADN).

En Nuevo León, los municipios en los que han ocurrido más desapariciones, de acuerdo a nuestro registro son:

• Monterrey 32%
• Guadalupe 12%
• Apocada 10%
• Juárez 8%

Tenemos registrados casos en 25 municipios de la entidad, de éstos, San Pedro es el municipio que menos casos tiene, con 4.

En Tamaulipas los municipios en donde más tenemos casos registrados son:

• Reynosa 31%
• Nuevo Laredo 16%
• Tampico 13%

Reuniones entre familias de personas desaparecidas (Grupo Amores), CADHAC y la PGJNL:

• Total de casos que se han revisado en las 20 reuniones: 87.
• Personas desaparecidas dentro de esos 87 casos: 211 (178 hombres y 33 mujeres).
• Personas encontradas dentro de esos 87 casos: 15 (10 identificados por ADN y 5 vivos).
• De estos 87 casos, hay 60 personas consignadas como presuntas responsables, 12 personas sentenciadas y 4 personas con orden de libertad.

Sobre esta XX Reunión:

• Casos que se revisarán hoy en las mesas de trabajo: 51.
• Personas desaparecidas dentro de esos 51 casos: 125 (97 hombres y 28 mujeres).
• Dentro de esos 51, hay 5 casos nuevos recibidos en 2014.

 

 

8 de octubre del 2014

Boletín de Prensa No. 1410/040

Ante el evidente Crimen de Estado perpetrado en Guerrero, nos unimos a la demanda nacional de localización de los normalistas que fueron desaparecidos a manos de funcionarios públicos y al reclamo de justicia frente a las ejecuciones perpetradas el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala. Asimismo demandamos la pronta y profesional identificación de los restos encontrados el pasado sábado 4 de octubre en la cercanía de la ciudad de Iguala, Guerrero; y denunciamos la impunidad, corrupción y colusión delincuencial con que siguen perpetrándose las desapariciones y ejecuciones de personas en todos los estados del país.

El 26 de septiembre se registraron al menos tres hechos violentos en Iguala, Guerrero, donde asesinaron a siete personas, entre ellas estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, además de desaparecer a 43 estudiantes de dicha Escuela. Lo ocurrido son claramente Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales mostrándose nuevamente que el Estado, encargado de proteger a la sociedad, está, por el contrario, perpetrando el terror, asesinando a la ciudadanía y desapareciéndola.

Las ejecuciones y desapariciones en el país siguen siendo una constante, desapariciones individuales y colectivas han ocurrido en los últimos años a los largo del país, encontrándose en su mayoría, en la total impunidad. En este contexto, nos unimos a las familias de todas las personas desaparecidas en el país, en especial las de Guerrero y demandamos:

• Que las autoridades federales y locales proporcionen la información respecto a los normalistas desaparecidos en primera instancia de forma directa a sus propias familias.
• Que las Procuradurías federal y del estado de Guerrero concluyan de manera exhaustiva, pronta y expedita la investigación en torno a las fosas recientemente ubicadas en Iguala. Identificando en lo inmediato la identidad de los cuerpos.
• Que se ubique el paradero de los normalistas desaparecidos de manera pronta y expedita.
• Que se sancione a los funcionarios, de todos los niveles, responsables de las ejecuciones y desapariciones ocurridas recientemente en el estado de Guerrero, así como a los integrantes de la delincuencia organizada implicados.
• Que se investige la colusión entre agentes policiacos y otros funcionarios estatales con la delincuencia organizada en Guerrero, depurando de inmediato el sistema de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia.
• Que la autoridad federal y las autoridades de los diversos estados del país, reconozcan y resuelvan todos los casos de personas desaparecidas, a fin de que sean localizadas en lo inmediato.

 

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Basta de violencia! ¡Justicia!

 

Aquí, un video con una reseña del evento:

Justicia para normalistas desaparecidos

5 de octubre del 2014

Compartimos este comunicado:

El pasado 26 de septiembre de 2014, en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí, en las inmediaciones de la ciudad de Iguala perdieron la vida 7 personas, entre éstas cuatro estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 25 más resultaron heridas, y de los 43 sin conocerse su paradero. En dichos actos participaron tanto polícias municipales de Iguala, Guerrero en coordinación personas vestidas de civil, ante la total “ausencia, pasividad y tolerancia”, de las fuerzas federales, la gendarmería, y las fuerzas armadas cuya presencia es notoria en el estado de Guerrero, ante la vigencia del operativo “Guerrero Seguro”.

Fueron detenidos 22 policías municipales y con base en las declaraciones de algunos policías involucrados, se realizó un operativo alrededor del mediodía del 04 de octubre y fueron ubicadas tres fosas clandestinas ubicadas, en las inmediaciones de un cerro de Pueblo Viejo, comunidad cercana al punto donde fueron agredidos a balazos los normalistas. Existe una alta responsabilidad que los cadáveres allí encontrados correspondan a los desaparecidos.

Ante tales hechos la Red de Alerta Temprana señala:

1. Existen ataques sistemáticos en los que en contra de las Normales Rurales que a lo largo y ancho del país, tratan de destruir este modelo educativo utilizando todos los recursos a su alcance para su desaparición que van desde: el recorte presupuestal, el cierre de dichos centros educativos, las modificaciones de sus planes de estudio, la imposición de autoridades en los planteles; las campañas de calumnias y descalificación de sus egresados; la pérdida del derecho a las plazas laborales para sus egresados; la criminalización y represión sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, des parición forzada, detenciones arbitrarias.

2. Las reformas estructurales y concretamente la educativa, trata de acabar con este modelo de formación de los normalistas y en este marco se inscribe la masacre de Iguala.

3. Un operativo de la envergadura con la que los autores materiales actuaron, es un acto planificado para su ejecución y debe de investigarse la complicidad tanto de las fuerzas policiacas estatales, federales y de las fuerzas armadas al cargo de la zona, quienes quedaron pasivas dejando en la indefensión a las personas y cuyo desenlace ha sido tan grave.

4. De la misma manera, los órganos que dicen velar por la seguridad nacional, quedaron pasivos ante los hechos. Ellos sabían perfectamente de la movilización de los jóvenes estudiantes, a quienes les siguen y vigilan constantemente y esta vez, extrañamente les dejaron solos y a merced de los agresores.

5. Existen la alta responsabilidad de los tres niveles de gobierno y sobre todo le resulta responsabilidad por negligencia criminal al presidente de la república Enrique Peña Nieto, al gobernador del Estado Ángel Aguirre Rivero y al presidente municipal de Iguala, Guerrero,  José Luis Abarca Velázquez.

6. Destacamos, que según información dada a conocer por CNNMéxico — Elpresidente Enrique Peña Nieto dijo en un evento en el municipio de Coacalco, Estado de México, que el gobierno de Guerrero debe asumir su responsabilidad sobre los hechos violentos ocurridos el fin de semana en el municipio de Iguala, donde seis personas murieron y 57 normalistas desaparecieron, y pidió que Ejecutivo estatal realice una investigación a fondo para deslindar responsabilidades. “Hay coordinación del Gobierno de la República con los gobiernos estatales, pero también es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”.

7. Además no podemos dejar pasar por alto, el efecto corruptor y anestésico de las declaraciones de varias autoridades, magnificadas por los medios de comunicación, que minimizaron los hechos y acallaron a la opinión pública al decir que los estudiantes, se habían escondido.

8. Nos pronunciamos por una investigación integral y exhaustiva a quienes resulten responsables materiales e intelectuales de tales delitos, y toda la cadena de complicidades.

9. Se investigue la responsabilidad de las fuerzas policiacas municipales estatales y federales así como de las fuerzas armadas por omisión, negligencia, tolerancia o aquiescencia en dichos actos.

Se dé cumplimiento a las demandas reiteradas de los normalista de Ayotzinapa y de todas las normales rurales; se proceda a la declaratoria inmediata como víctimas, de acuerdo a la Ley General de Víctimas y a la reparación integral, que va desde investigar adecuadamente las fosas clandestinas donde se dice que pueden estar parte de los desaparecidos normalistas, con expertos antropólogos forenses; el cuidado de la red de guardia y custodia de acuerdo a protocolos internacionales; el castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como la responsabilidad de los servidores públicos, civiles, políticos y militares; la restitución de derechos, bienes y libertades, la rehabilitación física, psicológica o social; la satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas; las garantías de no repetición de las violaciones; la disculpa pública y; la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.

 Atentamente

Por las organizaciones integrantes de la Red de Alerta Temprana

 Dr. Adrián Ramírez López

Presidente de la Limeddh

 

Red de Alerta Temprana Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y Equidad de Género (ASDDHEG) y Alzando Voces.

 

2 de octubre del 2014

Boletín de Prensa No. 1410/039

Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la No Violencia, designado por Naciones Unidas como tal en referencia al natalicio de Mahatma Gandhi, un hombre con un aporte histórico sumamente significativo a la cultura de paz, así como la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco de 1968.

En México la violencia es un grave problema presente en la vida de todos y todas, el cual se expresa en una diversidad de espacios y mediante diferentes mecanismos, acentuándose en los últimos años con la inseguridad vinculada a la presencia de la delincuencia organizada, la cual se potenció en un marco de impunidad y corrupción estatal que de ninguna manera termina por sanarse.

La violencia social lacera gravemente las vidas de miles, millones de víctimas en el país. Particularmente en Nuevo León se expresa en las desapariciones de personas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, trata de personas, tortura en detenciones y al interior de los centros penitenciarios, así como en la violencia familiar que este año ha llegado a números sin precedentes, donde, además de las mujeres, las niñas y niños resultan gravemente afectados, siendo un sector en suma indefensión.

Al día de hoy tenemos:

• Más de 1,200 personas registradas en CADHAC como desaparecidas desde 2009 a la fecha.
• Registro en CADHAC de 223 víctimas de tortura, de 2012 a la fecha, delito perpetrado por autoridades y delincuencia organizada.
• Cifras históricas de violencia familiar. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, hasta agosto de este año había 9,695 denuncias en el estado. El número más alto de denuncias en la historia del estado, sin contar aquellos hechos que no son denunciados.

En toda esta violencia resaltamos la afectación y riesgo en que se encuentran niñas, niños y adolescentes. Ya sean víctimas de la violencia social por la desaparición o ejecución de un familiar, o bien, porque en el ámbito privado estén siendo sujetos de abuso, sea en un marco de violencia familiar donde se perpetre violencia física, psicológica o abuso sexual, o en esquemas institucionales, como en escuelas o centros deportivos, donde los abusos físicos y sexuales continúan efectuándose.

Tan sólo la semana pasada se recibieron en CADHAC cinco casos de menores de edad, cuatro de ellos correspondientes a abuso sexual. Por las condiciones que se desprenden de la edad, la niñez es un sector en situación de alta vulnerabilidad que requiere de una atención especial.

El Día Internacional de la No Violencia –en el cual también recordamos la matanza de Tlatelolco- es un llamado a la reflexión, y, sobre todo a la acción en favor de la paz. La práctica de la no-violencia, tal como la refería Gandhi, es una forma de vida que corresponde a todas y todos en favor de la construcción de la paz, aunado a ello, en esta situación que vivimos en el país, en nuestro estado, la responsabilidad del gobierno en la urgente atención de la violencia debe ser acatada de manera seria, obligatoria e inmediata. Si no se atiende de manera contundente, la paz cada día estará más lejana y no podrá formar parte de nuestra vida cotidiana.