Mes: junio 2014

27 de junio del 2014

El día de ayer planteamos nuestra inconformidad por la manera en que el Gobierno del Estado de Nuevo León estaba llevando a cabo los procesos referentes a la designación del titular de  la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y a la integración de representantes de sociedad civil en el  Sistema Estatal de Atención a Víctimas, al mantener abiertas solo por dos días las convocatorias para presentar candidaturas a dichos espacios. La falta de respeto, seriedad y profesionalismo en atender estos procedimientos que se desprenden de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, resultó arbitraria y absurda.

El día de hoy 27 de junio de 2014, se publicaron en el ejemplar número 78 del Periódico Oficial del Estado dos acuerdo dictados por el Ejecutivo local en los cuales se establece que se amplían los plazos de las convocatorias para presentar las propuestas de candidatos(as) a presidir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y de candidatos(as) a ocupar la representación de la sociedad civil en el Sistema Estatal de Atención a Víctimas respectivamente, hasta el 10 de julio de 2014, a fin de que las mismas sean conocidas y atendidas por el mayor número de interesados posibles.

Consideramos que la ampliación de ambas convocatorias dan mayor certeza y legitimidad al procedimiento, y demandamos que en lo subsecuente el Gobierno del Estado preste la atención debida a fin de que la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León resulte en un recurso efectivo para todas aquellas víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, pues para ello fue impulsada de tal manera por la sociedad civil, en un estado como el nuestro, ubicado entre los de mayor inseguridad en el país.

 

26 de junio del 2014

No. BP 1406/26

El día de ayer Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) acudió a la Oficina de Documentación y Archivo de la Secretaría Particular del Gobernador de Nuevo León a presentar la propuesta de candidata para presidir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, así como de una representante de la sociedad civil para integrar el Sistema Estatal de Atención a Víctimas. Esta presentación se hizo en tiempo y forma y reuniendo todos los requisitos, a pesar del corto y arbitrario tiempo en que permaneció abierta la convocatoria.

El proceso de nombramiento del Comisionado debe seguirse de forma democrática propiciando la participación de la sociedad civil, a fin de lograr una verdadera representación y defensa de los derechos e intereses de las víctimas. Por esta razón es muy importante que se le dé a la selección del Comisionado el tratamiento serio que se merece.

En ese sentido es importante destacar que la convocatoria del Ejecutivo local se abrió el pasado lunes 23 de junio de 2014, de acuerdo al Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, donde se señaló que la fecha de apertura de la convocatoria sería el día de su publicación en el Periódico mencionado, la cual ocurrió ese día aproximadamente a las 17:00 horas, y que la fecha de cierre de la misma sería el miércoles 25 de junio de 2014 a las 19:00 horas. La premura con la que ocurrió la publicación de esta convocatoria propicia ciertos inconvenientes para todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que tenían o tienen intenciones de proponer a un candidato, ya que prácticamente se tenían que reunir y presentar todos los requisitos que planteaba la convocatoria en una plazo de 2 días.

A pesar de estos inconvenientes, CADHAC pudo presentar su propuesta de candidata para presidir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y de representante de la sociedad civil ante el Sistema Estatal de Atención a Víctimas en tiempo y forma, reuniendo todos los requisitos solicitados, el día de ayer ante la oficina correspondiente en el Palacio de Gobierno a las 18:52 horas. La persona que atendió y recibió este trámite dijo no conocer del tema cuando se le preguntó si alguna otra organización había presentado los documentos para otras candidaturas. Creemos, por tanto, que lo más probable es que no se presentaron otros candidatos con anterioridad.

La relevancia de esta Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas reside en que a través de ésta se les podrá brindar certeza jurídica, auxilio, ayuda, asistencia y orientación a las víctimas, materializando lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León. De esta Comisión dependerán: el Registro Estatal de Víctimas, el Fondo, la Asesoría Jurídica y los Centros de Atención a Víctimas, por lo que la persona que presida esta entidad deberá de contar con amplios conocimientos y experiencia en el tema y además, tener la sensibilidad necesaria para el trato y atención de las víctimas. Por esta razón, CADHAC propone a la ciudadana Dra. Teresa Villarreal Martínez, quien cuenta con amplia experiencia en la academia y en la docencia, además de una destacada labor en la sociedad civil en el estado de Nuevo León.  (Para más información, adjuntamos su CV).

La Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León es un asunto serio que debe ser tratado como tal, sobre todo en un contexto como el que nos encontramos, donde la violencia, la comisión de delitos y las violaciones a derechos humanos siguen siendo una constante, colocando a nuestro estado como una de las entidades de la república con mayor inseguridad. Reprobamos, por tanto, la forma en que se emitió la Convocatoria para la propuesta de candidatos(as) a la Comisión Ejecutiva, así como para integrar el Sistema, e instamos al Gobierno del estado a conducirse en el proceso con el profesionalismo y seriedad que el tema amerita, ya que acciones como la realizada, resultan una burla y falta de respeto hacia la ciudadanía en general, y hacia las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en particular.

 

 

 

                                                                                        México D.F. a 25 de junio de 2014

 

Dr. Pedro Antonio Enríquez Soto

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit

 

Lic. Nicolás Ballesteros Villagrama

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de Nayarit

PRESENTES[1].-

 

Reciban un saludo cordial de las organizaciones y defensoras y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que suscriben la presente. En esta ocasión nos dirigimos a Ustedes en relación al caso del defensor comunitario Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), organización campesina que desde hace más de diez años, se encuentra en resistencia contra la construcción de la Presa Hidroeléctrica “La Parota”, en defensa de sus tierras comunales en el afluente del Río Papagayo, del Municipio de Acapulco, Guerrero.

Es de nuestro conocimiento que el Lic. Nicolás Ballesteros Villagrama, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de Nayarit recibió el exhorto 82/2014, para que ante Usted se tome la declaración preparatoria del inculpado Marco Antonio Suástegui dentro del plazo constitucional y resuelva la situación jurídica en la que deberá quedar el dirigente del CECOP, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4, en Tepic Nayarit; plazo constitucional que concluye el día viernes 27 del presente mes y año.

Esta es una oportunidad del Poder Judicial del estado de Nayarit para demostrar la independencia entre los poderes en este estado, a diferencia de lo que sucede en otros, como en Guerrero en donde dicha independencia se ve comprometida. Prueba de ello son las decisiones de traslado en este caso, emitidas por el Poder Ejecutivo del estado de Guerrero por encima de decisiones de autoridades judiciales, en quienes recaía dicha competencia.

Cabe mencionar que Marco Antonio Suástegui, fue detenido el pasado 17 de junio en Acapulco, Guerrero y puesto a disposición a las 10 hrs. del mismo día, ante el Juez Décimo en Materia Penal de Primera Instancia de Guerrero, Adolfo Vanmeeter Roque. Sin embargo no fue sino hasta el día 23 de junio que le fue tomada su declaración preparatoria ya estando recluido en el penal federal de Nayarit. Además el Señor Suástegui Muñoz fue trasladado ilegalmente a distintos penales por cuestiones meramente políticas; primero al Centro de Reclusión Social (CERESO) de La Unión, ubicado en la Costa Grande del Estado de Guerrero; y finalmente al Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en Tepic Nayarit, violentando su derecho a  poder elegir su defensa.

Dichos traslados se dieron, a pesar de que el Juez Décimo en materia Penal, del estado de Guerrero, tenía la obligación de analizar exhaustivamente la legalidad de la solicitud de traslado para poder autorizarlo. Asimismo, el mencionado Juez contravino directamente la decisión del Juez Segundo de Distrito del Estado de Guerrero, Rogelio Josué Martínez Jasso, en el juicio de amparo 543/2014, del 28 de mayo de 2014, en el que había concedido una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión decretada en contra de Marco Antonio Suástegui dentro del proceso penal 064-2/2014, para el único efecto de que en caso de ser aprehendido, quedara a la disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en que fuera recluido en cuanto a su libertad personal se refiere, hasta en tanto cause ejecutoria dicho amparo.

Además, previendo un traslado ilegal a un penal federal por parte de las autoridades estatales, como se ha visto en otros casos de criminalización de activistas sociales guerrerenses, el 17 de junio de 2014 se interpuso un amparo que recayó en el Juzgado Tercero de Distrito bajo el número 649/2014-I, en Acapulco, Guerrero, ante la posibilidad de ser trasladado a un Centro de Reclusión Federal de Alta Seguridad, así como de la probable incomunicación a la que pudiera ser objeto derivada de estos actos. La Jueza Tercera de Distrito con sede en Acapulco, concedió la suspensión de plano respecto de una orden de traslado.

En virtud de todo lo anterior, las suscribientes consideramos que hay un claro patrón de criminalización del dirigente del CECOP.

En este contexto, es que nos dirigimos a Usted para urgirle que al momento de resolver la situación jurídica del Sr. Marco Antonio Suástegui Muñoz, haga un análisis exhaustivo de los detalles de la causa otorgando la libertad dado que no hay elementos que configuren el delito del que falsamente se le acusa; incluyendo la decisión del Juez Décimo del Distrito Judicial de Acapulco quien en la misma causa penal, decidiendo sobre la situación jurídica del Señor José Palma Tornez, expuso que no hay pruebas para acreditar el delito de tentativa de homicidio.

Finalmente, para las organizaciones, defensoras y defensores de derechos humanos firmantes, la detención del dirigente del CECOP, tiene como claro objetivo debilitar el movimiento de dicha organización campesina, que por más de una década se ha opuesto a la imposición del Proyecto Hidroeléctrico “La Parota”; el cual, cabe recordar, ha sido incluido en el nuevo plan de reconstrucción del estado de Guerrero anunciado por el Ejecutivo Federal denominado “Nuevo Guerrero” y se suma a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en dicho estado.

Estamos seguros de que sabrá apreciar los argumentos de esta comunicación y tomar la mejor decisión de acuerdo a lo que establece el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por nuestra parte, nos mantenemos pendientes de la resolución de la situación jurídica de Marco Antonio Suástegui Muñoz.

Atentamente,

 

                                          ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

·       Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

·       Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL)

·       Comité Departamental en Defensa del agua y de la Vida de Antioquia, Colombia

·       Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Alemania

·       Corporación ECOFONDO, Colombia

·       Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, Colombia

·       Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú – FENTAP, Perú

·       Food and Water Watch

·       Jass, Asociadas por lo Justo.

·       Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

·       Oficina Ecumenica por la Paz y la Justicia (Oekumenisches Buero fuer Frieden und Gerechtigkeit e.V.), Alemania

·       Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)

·       Proyecto Planeta Azul (Blue Planet Project)

·       Red VIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua)

 

ORGANIZACIONES NACIONALES

·       Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos AC. (ACUDDEH)

·       Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

·       Casa del Migrante de Saltilllo (Frontera con Justicia AC)

·       Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C.

·       Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C.

·       Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC

·       Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.

·       Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC

·       Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

·       Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)

·       Centro de Reflexión y Acción Laboral, DF

·       Centro de Reflexión y Acción Laboral, Guadalajara.

·       Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño AC (BARCADH)

·       Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC). Monterrey, México

·       Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Cosyddhac)

·       Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

·       Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV)

·       Comité Cerezo México

·       Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI)

·       Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

·       Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”

·       Comité Salvemos Temcapulín, Acasico y Palmarejo

·       Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca)

·       DECA Equipo Pueblo, A.C.

·       Educa – Servicios para una Educación Alternativa A.C.

·       FIAN Internacional – Sección Mexicana

·       Fomento Cultural y Educativo

·       Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

·       Fundar, Centro de Análisis e Investigación

·       Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

·       Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)

·       Investigación, Desarrollo, Educción, y Acciones Sustentables -IDEAS, A.C.

·       Mujer y Medio Ambiente A.C.

·       Propuesta Cívica A.C.

·       Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), México

·       Red Mesa de Mujeres de Cd Juárez A.C

·       Red por los derechos de la infancia en México (REDIM)

·       Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados (SMR)

·       Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

·       Tianguis Indígena Multicultural, A.C.

 

REDES NACIONALES

• Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua compuesta por: Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.; Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); Asistencia Legal por los  Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL, A.C.); Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.)Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.; Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C.; Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM); Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA); Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI); Colectivo Educación para la Paz y Derechos Humanos (CEPAZ DH); Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (RADAR); Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.); Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP); DECA Equipo Pueblo A.C.Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC); Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC); Food First Information and Action Network sección México (FIAN México); Guardianes de los Volcanes A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Otros Mundos – Amigos de la Tierra; Red Género y Medio Ambiente (RGEMA); Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC); Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA); Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, A.C.Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ).
• Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

 

INDIVIDUALES

·       Adelina González Marín

·       Alberto Cruz Hernández

·       Aleida Hernández Cervantes (CEIICH-UNAM, Colectivo Radar)

·       Alejandra Navarro Smith (Instituto de Investigaciones Culturales-Museo, Universidad Autónoma de Baja California)

·       Alfredo Castillo Romero, (Sistema Universitario Jesuita)

·       Andrea Janet Serna Hernández (División de Estudios de Posgrado de Derecho. Facultad de Derecho y Cs. Sc.)

·       Azucena Báez Durán (Vinculación y Comunicación Ibero Torreón)

·       Brenda Rodríguez Herrera

·       Carlos A. Ventura Callejas

·       Claudia Ordoñez Víquez

·       Claudia Ortiz Vidal

·       Elisa Cruz Rueda (Profesora Investigadora de la Licenciatura en Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas )

·       Emma Maribel Villagómez Lozano

·       Francisca María Pou Giménez  (Profesora Investigadora, Departamento de Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México)

·       Francisco López Bárcenas

·       Héctor Ortiz Elizondo

·       Humberto Ruiz Sonora

·       Jorge Peláez Padilla (Academia de Derecho, UACM)

·       Josefina Araceli Valencia Toledano

·       Juan Carlos Martínez

·       Julieta Cárdenas Candiani

·      Liliana López López
(Doctorante-División de Estudios de Posgrado Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM)

·       Lucero Ibarra Rojas (Universidad de Milán/Colectivo Emancipaciones)

·       Luis Daniel Vazquez Valencia

·       Ma. Del Rosario Ton Lugo (IBERO Cd. De México)

·       Magdalena Gómez

·       Malige Guzmán Morelos

·       Marcia Contreras Sonora

·       María Teresa Sierra (CIESAS)

·       Martha González Rentería

·       Micaela Bocanegra Morelos,

·       Michael Chamberlin, (Consejero del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas)

·       Morna Macleod (Profesora-investigadora del IPRO Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM))

·       Mylai Burgos Matamoros (UNAM-UACM, Facultad de Derecho, Colectivo Radar)

·       Orlando Aragón Andrade (Investigador  do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal)

·       Oscar Hernández Valdés, (Programa Indígena Intercultural, Universidad ITESO)

·       Pablo Reyna Esteves (Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, Universidad Iberoamericana – Ciudad de México)

·       Rachel Sieder (Profesora-Investigadora CIESAS)

·       Raúl Romero Lara, (Departamento de Educación, Universidad Iberoamericana Ciudad de México)

·       Rosa Delia Caudillo Morelos

·       Sandra Serrano (Flacso México)

·       Sandra Serrano (Flacso-México)

·       Yacotzin Bravo Espinosa (Facultad de Derecho, CIESAS, Colectivo RADAR)

 

21 de junio 2014

Monterrey, Nuevo León

 

En el marco del 3er Encuentro con Organizaciones que Acompañan a Víctimas de Desaparición, que se llevó a cabo los días 20 y 21 de junio en Monterrey, Nuevo León y al que asistieron 12 organizaciones con presencia en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se trató un tema de suma importancia: la seguridad de las y los defensores de derechos humanos en México.

Teniendo presente el reciente asesinato de Sandra Luz Hernández, en el estado de Sinaloa, ocurrido el 12 de mayo de este año, defensora y madre de un joven desaparecido. Asimismo el caso de la defensora de Sonora, Martha Solórzano, quien se encuentra en riesgo a pesar de contar con el Mecanismo de Protección de Secretaría de Gobernación. En ese marco, tres participantes del Encuentro, compartieron su situación:

En marzo del 2014, representantes en Jalapa del Colectivo por la Paz, recibieron amenazas de funcionarios del gobierno de Veracruz por exigir a las autoridades investigar el paradero de personas desaparecidas, cuyas denuncias permanecen estancadas en diferentes agencias del Ministerio Público. Por su activismo en el acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición, los integrantes del Colectivo han recibido además actos intimidatorios por parte de la Secretaria de Marina, Seguridad Pública y Agencia Veracruzana de Investigaciones.

El 15 de mayo, alrededor de 150 elementos de la Secretaria de Marina a bordo de quince vehículos oficiales y particulares cercaron lo accesos a las oficinas del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) supuestamente en búsqueda de un delincuente que se ocultaba en viviendas aledañas. Un capitán de la Marina informó al personal del CDHNL que solicitaban autorización para ingresar a las oficinas a revisar las instalaciones y la documentación de las quejas con el pretexto de verificar que “todo estuviera en orden”.

Por estos hechos, organizaciones como CEJIL, AMNISTIA INTERNACIONAL Y HUMAN RIGTHS WATCH enviaron escritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Presidencia de la Republica y la Secretaria de Gobernación, condenando los hechos y solicitando medidas de protección para el personal del CDHNL.

 

Miguel Ángel García Leyva, asesor legal y coordinador de enlace de Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C., denuncia amenazas, agresiones, hostigamiento, tortura, criminalización y violación de derechos humanos por parte de policías municipales, estatales y federales como toda una acción orquestada en su contra a raíz del activismo que desarrolla en el noroeste del país.

Existen denuncias públicas y quejas por estas acciones de la autoridad; estas acciones se agudizan en su contra a partir de junio de 2013 en los estados de Baja california, Sonora y Sinaloa. El último evento intimidatorio que sufrió García Leyva fue en el mes de mayo de este año.

El año pasado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 89 agresiones contra defensores de derechos humanos en su “Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México actualización y balance”.

Por último, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada también ha registrado un grave incremento de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos que incluso han sido víctimas de desaparición forzada. En lo que va de este sexenio han sido víctimas de este delito 29 defensores y defensoras de derechos humanos, frente a 59 casos que se dieron en todo el sexenio de Felipe Calderón.

La criminalización hacia defensores y defensoras, como hacia las víctimas de desaparición es una constante.

Las cifras oficiales

Otro tema que nos preocupa es el de las cifras oficiales de las personas desaparecidas en México. De manera reiterada hemos visto en las últimas semanas las declaraciones hechas por el Secretario de Gobernación con respecto a las cifras de desaparición en el país. En ellas, se evidencia la falta de aceptación de la problemática alarmante que estamos viviendo, negando incluso la existencia de las desapariciones forzadas, utilizando en el discurso de que se trata de otro tipo de situaciones, como el hecho de mencionar que son personas no localizadas, ausentes o extraviadas. Con estas declaraciones se sigue negando de manera sistemática, la existencia de las desapariciones como una política de la violencia de Estado.

La divergencia de cifras presentadas por el gobierno federal parece más una respuesta mediática y coyuntural ante la presión internacional, de familiares y de organizaciones de derechos humanos. Ya que en los hechos se demuestra la falta de voluntad política del Estado para realizar investigaciones serias que permitan contar con una base de datos confiable.

La supuesta depuración de la cifra original (cerca de 27 mil personas desaparecidas) que se tenía a inicios de este sexenio no refleja que esta violación a derechos humanos vaya en disminución. De acuerdo con la misma cifra reconocida por el propio Secretario de Gobernación, se menciona que en lo que va de este sexenio existen 8 mil desaparecidos, y sumado a la cifra “depurada” del sexenio anterior (8 mil) da un total de 16 mil personas desaparecidas.

Ante esto las organizaciones firmantes exigimos que se den a conocer los criterios bajo los cuales fue depurada esta cifra. Lo cual dará certeza tanto a familiares como a organizaciones de que el Estado está cumpliendo con la voluntad mostrada en el discurso.

Organizaciones:

AFADEM-FEDEFAM (Guerrero-DistritoFederal)

Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad (Baja California, Sinaloa, Sonora)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (Nuevo León)

Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (Chihuahua)

CEDIMAC (Chihuahua)

COFADDEM “Alzando Voces” (Michoacán)

Colectivo por la Paz Región Jalapa (Veracruz)

Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Tamaulipas)

Comité Hasta Encontrarlos (Distrito Federal)

Laguneros por la Paz (Coahuila y Durango)

Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuaha)

VIDA (Coahuila)

Zacatecanos por la Paz (Zacatecas)

19 de junio del 2014

No. BP 1406/25

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su preocupación por la muerte de Carlos Alvarado de la Cruz, quien falleció ayer mientras permanecía arraigado en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

De acuerdo con los reportes de los medios de comunicación, el ahora occiso se encontraba bajo investigación por extorsión y hoy se dio a conocer que murió a causa de cirrosis hepática.

Nos parece preocupante que sigan ocurriendo en Nuevo León este tipo de eventos, ya que a pesar de la información que las autoridades dieron al respecto, no podemos descartar que esta muerte podría estar relacionada con actos tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y Tratos Inhumanos, Juan E. Méndez, quien visitó la entidad el pasado abril, la tortura es una práctica generalizada en México.

Es necesario tener en cuenta que Carlos Alvarado de la Cruz se encontraba en una situación de detención, lo que  significa que la autoridad tenía un control absoluto sobre su seguridad y por lo tanto responsable de su integridad. Debe esclarezcerse si la detención se produjo  en los supuestos que la Constitución lo permite, pues de lo contrario, estaríamos en presencia de una detención ilegal, en la que se pudo haber usado la fuerza de manera ilegítima, provocándole la hemorragia que desembocó en su deceso.

Desde CADHAC, de manera especial, exigimos a las autoridades investiguen las causas de la muerte de Carlos Alvarado de la Cruz conforme a los criterios médico legales del Protocolo de Minesota, aceptados por México, cuya aplicación requiere una documentación rigurosa de la causa de la muerte y pueda, en su caso descartar o confirmar supuestos de tortura, y de ejecución extrajudicial.

CADHAC se mantendrá atenta al desarrollo de la investigación de este lamentable suceso.

 

 

14 de junio del 2014

No. BP 1406/24

 

De cara al informe que el Estado Mexicano debe presentar ante la Organización de Naciones Unidas en torno a las Observaciones que se le hicieron en 2012 respecto a los derechos de las mujeres, se reunieron ayer en el Distrito Federal 110 integrantes de organizaciones sociales de todo el país dentro del Encuentro con expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la ONU.

Este evento, organizado por JASS Asociadas por lo Justo, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, GIRE y la Cátedra UNESCO de la UNAM, entre otras, contó con la presencia de Silvia Pimentel y Line Bareiro, ambas expertas del Comité que vigila el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su siglas en inglés), centrándose en tres temas específicos de los que deberá dar cuenta el Estado mexicano en el mes de agosto del presente año: 1) Violencia contra la mujer, desapariciones y feminicidios; 2) Salud para las mujeres, y, 3) Defensoras de derechos humanos y periodistas.

Particularmente CADHAC expuso la situación en torno a las desapariciones de mujeres y la tipificación del delito de Desaparición Forzada en el Código Penal de la entidad, siendo esta una de las Observaciones del CEDAW en 2012 al Estado Mexicano. Al respecto señalamos que, producto del impulso de las familias de personas desaparecidas y de la organización, logramos el reconocimiento del delito en el Código Penal a finales de 2012, precisando al mismo tiempo que si bien esto es un avance, su integración en el Código Penal aún no se traduce en un recurso efectivo, ya que hasta el momento sólo hay tres Averiguaciones Previas bajo ese delito. Señalamos también el registro de 63 mujeres desaparecidas que tiene CADHAC. Otras organizaciones hermanas dieron cuenta de la ausencia de bases de datos confiables en torno al grave número de personas desaparecidas en el país, hablándose también del alto número de feminicidios en todos los estados, incluido Nuevo León.

Asimismo dentro del tema “Salud para las Mujeres” fue un punto de preocupación la intención del Congreso de Nuevo León de aprobar la iniciativa panista de reforma al Art. 1 de la Constitución local, la cual ha sido avalada también por el PRI en la primera votación. Al respecto Leonora Calderón, Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, UNFPA, señaló: “lo que pasa en Nuevo León representa las posiciones más atrasadas que hay en el continente; y hablamos de uno de los estados supuestamente más desarrollados”.  De igual manera Raffaela Schiavon, Directora de Ipas México, señaló que el tema de la interrupción del embarazo, no debiera ser un tema del Código Penal, sino un asunto de salud pública que requiere ser atendiendo de manera efectiva, brindando protección a las mujeres. El planteamiento de reforma al Art. 1 de la Constitución en Nuevo León resulta un grave retroceso en términos de los establecido en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y de los derechos de las mujeres, de lo cual deberá dar cuenta el Estado Mexicano al Comité. Los legisladores locales están desestimando las Observaciones del Comité y por tanto están faltando a los tratados internacionales de protección de los derechos humanos los cuales forman parte de nuestro sistema normativo constitucional y que son de aplicación obligatoria.

Las recomendaciones del Comité –señaló la experta Silvia Pimentel- aclaran el sentido de la norma, en ese sentido, cumplir las recomendaciones es acatar la norma. La CEDAW –se afirmó en el Encuentro- debe interpretarse como una norma nacional obligatoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de junio del 2014

Comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

MÉXICO / GINEBRA (12 de junio de 2014) – Christof Heyns, experto en derechos humanos de Naciones Unidas advirtió el día de hoy que “las violaciones al derecho a la vida ocurren en una tasa inaceptablemente elevada en México”. El Sr. Heyns urgió a las autoridades mexicanas a enfrentar la situación y poner fin a la impunidad.

 

 

10 de junio del 2014

No. BP 1405/23

• La iniciativa es similar a la que existe en el Distrito Federal.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), presentó el día de hoy ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Nuevo León, una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley Estatal de la Salud, con el fin de reformar el tipo penal de aborto, lo cual permite a una mujer decidir libremente la interrupción de su embarazo hasta la doceava semana de gestación, asimismo se prevé la adición de la excluyente de responsabilidad por aborto culposo. Por último, se plantean reformas y adiciones a la Ley Estatal de Salud con el fin de definir claramente los servicios de planificación familiar y su manera de brindarlos a toda la población.

Los principales argumentos que se sostienen en la exposición de motivos de esta iniciativa son los siguientes: la no criminalización de la mujer, en concordancia a lo estipulado en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio; la protección legal del nasciturus no es un derecho categórico ni absoluto, si no que la protección debe ser progresiva y gradual, según criterios de la propia Superema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); los derechos indivisibles, interdependientes, universales y progresivos de la mujer a la vida, integridad, salud, salud sexual y reproductiva, igualdad con el hombre y a la no discriminación; los altos índices de mortalidad materna en México ocasionados principalmente por los abortos inducidos o clandestinos, que ponen en riesgo la salud y vida de las mujeres; la discriminación a mujeres de escasos recursos que no tienen acceso a educación sexual y mucho menos a servicios de salud de calidad, a diferencia de las personas con recursos económicos que tienen acceso a servicios médicos, anticonceptivos y asesoría de calidad y que además tienen la posibilidad de practicarse un aborto sin riesgo para su vida ni su salud.

En atención a estos factores, es que CADHAC y el Frente por el Derecho a Decidir, a través de esta propuesta, promueven la progresividad de los derechos humanos y no una regresión, como la que sí representa la propuesta de reforma al artículo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que presentó el diputado panista Francisco Luis Treviño Cabello.

Cabe mencionar que CADHAC, el Frente por el Derecho a Decidir y esta propuesta de reforma, también están a favor de la vida, pero de una vida digna e íntegra, en la cual se protejan los derechos de todas y de todos, sin que se contrapongan unos derechos con otros. Sobre todo, se pronuncia en contra de la criminalización y estigmatización hacia la mujer que a pesar de actuar conforme a las posibilidades de su, a veces, carente entorno, son perseguidas y penalizadas por ese mismo Estado que no les pudo proporcionar oportunamente los medios para prevenir y evitar esta situación.

Por ello, exhortamos a este Congreso de Nuevo León a retomar el debate, a reflexionar verdaderamente acerca de este tema y no cerrarse a una verdadera reforma en pro de los derechos humanos, como lo es ésta, bajo el confuso discurso que dice estar a “favor de la vida”, pues este derecho al día de hoy así como se encuentra nuestra Constitución Local, ya está protegido. Les pedimos amplíen su visión para que intenten llegar a una propuesta de solución integral, que haya tomado en cuenta la estadísitca de salud pública, la teoría del derecho penal y, por supuesto, los derechos de la mujeres.

7 de junio 2014

Es absurda la iniciativa de los Diputados panistas del Congreso local, apoyados por la facción priista, al intentar reformar el artículo primero de la Constitución del Estado para proteger la vida desde la concepción, como si no estuviera ya establecido este respeto en la Constitución mexicana.

Los legisladores han exhibido falta de conocimiento jurídico, ignorancia respecto a las posibilidades de las normas jurídicas y limitaciones de orden cultural, económico y social que muestran al impedir la práctica del aborto.

A la luz de esta perspectiva, habría que considerar la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la Suprema Corte de la Nación con el fin de prever los límites y acciones de esta reforma.

Con una prisa innecesaria, las Diputadas/os han marcado el proceso usando sus ideologías y creencias a espaldas de la sociedad.

Con estos tropiezos, ¿cómo justificar el mito de que representan a todos los ciudadanos y hablan en su nombre?

Por el momento no han sido capaces de organizar un debate para discutir la iniciativa. Por el contrario, temerosos recurren a una votación “fast track” en primera vuelta, escondiéndose de la ciudadanía, orgullosos de utilizar la máscara de fieles devotos a las tradiciones conservadoras de la Iglesia católica, cerrando filas con la extrema derecha y el poder político.

Todo menos representar al pueblo y, por supuesto, a las mujeres, en especial a aquellas que se encuentran en situación de pobreza: ellas serán las más perjudicadas, las que morirán o serán encarceladas, pues las medidas que pretenden establecer favorecerán el aborto clandestino mal practicado y la muerte materna.

Las cifras son contundentes: según la Secretaría de Salud federal en el País abortan un millón de mujeres al año; estas iniciativas, lejos de solucionarlo, agravan el problema.

Por qué aferrarse a normar la vida privada de los demás, deben entender que no son pastores religiosos y además pertenecen a un Estado laico en el cual el individuo, y no el Estado, es responsable de sus actos.

Un ejercicio indispensable para los Diputados/as de Nuevo León es la reflexión sobre la vida, cómo la entienden y a qué se refieren cuando la invocan, su propuesta se encuentra centrada en lo biológico, pero ¿qué pasa con lo social, económico, afectivo o cultural? ¿Por qué traer un niño al mundo para ser maltratado y rechazado? ¿Tendrá sentido?

Recién se publicó el hallazgo de los restos de casi 800 esqueletos de bebés y niños en una fosa séptica de un antiguo convento católico de Irlanda, en Tuam, manejado por las monjas del Buen Socorro, donde entre 1925 y 1961 encerraron a miles de madres solteras embarazadas, a quienes se consideraba “perdidas” -física y moralmente-, y las acogían para que dieran a luz en la clandestinidad, obligándolas en muchos casos a ofrecer a sus hijos en adopción.

Al enterarse del descubrimiento, tanto el Arzobispo de Tuam como el de Dublín y las autoridades gubernamentales irlandesas expresaron su interés por investigar el caso, como también el de los hogares para madres solteras.

En los registros del convento aparece la muerte de los niños debido a enfermedades infecciosas como sarampión, tuberculosis y malnutrición.

La doctrina conservadora católica negaba a estos niños el bautizo y el entierro en los cementerios. En la localidad se conocía el lugar como “el cementerio de los recién nacidos”. ¿Algo más aberrante?

Estos hechos ayudan a percibir lo que será la vida de muchas jóvenes mexicanas, solteras, pobres y embarazadas, si continúan los legisladores con sus falacias.

Un joven artista propuso la creación de un Fondo para apoyar a mujeres pobres de Nuevo León que quisieran abortar y mandarlas a la Ciudad de México.

Qué es la vida y para quién, tendríamos que preguntar y preguntarnos. En una sociedad tan pragmática como la nuestra, en el espacio de lo privado las personas harán lo que tengan que hacer con leyes o sin ellas.

 
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