Niñas y niños, víctimas invisibles de la violencia social y familiar

30 de abril del 2014

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Liz Sánchez (izq.) y Maricela Escamilla, integrantes de Cadhac, durante la rueda de prensa alusiva al Día del Niño.

 

En el marco del Día de la Niñez, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su preocupación por las repercusiones que los altos índices de violencia social y familiar tienen en niñas y niños de México  y, particularmente, del estado de Nuevo León.

El fenómeno de la descomposición social que hemos vivido en los últimos años ha tenido un fuerte impacto al interior de las familias nuevoleonesas: la violencia doméstica se ha incrementado de forma alarmante y sostenida, teniendo una alta injerencia en el desarrollo emocional, físico y psicológico de los niños y niñas que viven bajo este contexto.

De acuerdo con cifras de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León el número de denuncias por violencia familiar en lo que va de 2014 es de 2,892, lo que suma 33,376 denuncias en los últimos 3 años. Lo anterior sin contar aquellos casos que no son denunciados ante el Ministerio Público. La violencia familiar, por tanto, va en grave ascenso, siendo las niñas y niños gravemente afectados y, muchas de las veces, invisibilizados.

De acuerdo con un estudio realizado por la UNICEF los niños y niñas que sufren abuso infantil o negligencia por parte de sus cuidadores se encuentran más propensos a cometer crímenes, mientras que los hijos varones de padres violentos son más propensos a abusar de las esposas y novias cuando son adultos. Este estudio también señala que existe una estrecha relación entre la violencia contra la mujer y la violencia contra la infancia en el hogar.  Se calcula que entre 133 y 275 millones de niños de todo el mundo son testigos de la violencia doméstica cada año. Presenciar habitualmente escenas de violencia en el hogar, puede afectar seriamente su bienestar, su desarrollo personal y su interacción social en la infancia y en la edad adulta. De igual manera UNICEF menciona que los hijos e hijas de padres abusivos son más propensos al suicidio.

Por otro lado la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC, estima, de acuerdo a su experiencia profesional, que en México 4 de cada 5 niñas/os sufren violencia sexual, lo cual afecta su vida y pleno desarrollo. Cada vez se reconoce más la existencia de la violencia sexual en el hogar siendo que la mayoría de los abusos suceden dentro del círculo familiar. La violencia familiar en la entidad engloba un alto número de menores de edad quienes, desafortunadamente, se encuentran bajo estas propensiones.

A las repercusiones de la violencia al interior de la familia se suma y vincula el impacto de la violencia social: la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, ha señalado que de diciembre de 2006 a octubre de 2013 ocurrieron 1,837 muertes de niñas/os por asesinatos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. Asimismo las niñas y niños son víctimas de las desapariciones de personas, ya sea porque han sido directamente privados de su libertad, o por el impacto sufrido ante la ausencia de un ser querido desaparecido.

En torno a las desapariciones de menores de edad, es preciso señalar que las cifras en el país no son fáciles de identificar, ya que por un lado no existe un registro fiable al respecto, y por otro, este sector es invisibilizado en lo social como ocurre en el ámbito familiar. En CADHAC, sin embargo, tenemos un registro de 24 menores de edad desaparecidos, cuyas edades, al momento de la desaparición, oscilan entre los tres y diecisiete años. Asimismo brindamos acompañamiento social o psicológico a alrededor de 50 menores de edad, familiares de personas de quienes se desconoce su paradero.

Tanto en la violencia familiar, como en la violencia social, los niños y niñas resultan invisibles. La sociedad y el gobierno desestiman la afectación, lo cual se muestra en la falta de garantías y protección de sus derechos. Si bien existen instituciones nacionales y estatales abocadas a la protección de los derechos de la niñez, y se cuenta con leyes internacionales, nacionales y locales al respecto, lo cierto es que sigue siendo un sector en una grave situación de vulnerabilidad.

 

CADHAC, por tanto, denuncia la violencia hacia niñas y niños de Nuevo León, tanto la ocurrida en el ámbito social, como en el familiar, e insta al gobierno a cumplir con las obligaciones correspondientes para garantizar el interés superior de la niñez, el respeto inmediato a sus derechos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oaxaca: Es inaceptable la inacción de autoridades federales y estatales para detener a posibles responsables del asesinato de activistas

29 de abril del 2014

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Mensaje de Amnistía Internacional:

Amnistía Internacional califica como inaceptable la inacción de autoridades federales y del Estado de Oaxaca para ejecutar 11 órdenes de aprehensión contra personas implicadas en el asesinato de los activistas Alberta “Bety” Cariño y Jyri Jaakkola. Varios de los implicados viven abiertamente en la zona donde ocurrieron los hechos.

El 28 de abril se cumplieron cuatro años del ataque ocurrido cerca de la comunidad indígena de San Juan Cópala, en Oaxaca, en el que perdieron la vida ambos activistas, y otros resultaron heridos, a manos de un grupo armado que estaba en conflicto con miembros de la comunidad.

Bety Cariño y Jyri Jaakkola, este último de nacionalidad finlandesa, formaban parte de una caravana humanitaria que se proponía llevar alimentos y medicinas a la comunidad.

“Espero que llegue el día en que sólo lleve luto y pueda extrañar tranquilamente a mi hijo. Sin tener que exigir justicia, sin decir nada”, expresó Eve Jaakkola, madre de Jyri, desde Finlandia.

“De parte de mis hijos y mía, quiero pedir que las autoridades detengan a los sospechosos de manera urgente y los lleven ante la justicia”, dijo Omar Esparza, viudo de Bety Cariño, desde Oaxaca.

Autoridades federales y estatales se han comprometido reiteradamente a ejecutar las 11 órdenes de aprehensión vigentes en contra de presuntos implicados en estos asesinatos. Sin embargo, todos ellos continúan en libertad. Según información recibida, varios viven normalmente en la zona de San Juan Copala sin que las autoridades tomen medidas para arrestarlos. Solo una persona, Rufino Juárez, está en detención bajo proceso en relación con el crimen. La inacción de las autoridades ante los demás implicados pone en entredicho su compromiso, reiterado a nivel nacional e internacional, para asegurar la justicia.

El ataque que sufrieron Bety Cariño y Jyri Jaakkola no es un hecho aislado sino que ilustra la realidad que viven muchas personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. Para prevenir ataques e intimidación, el gobierno federal ha creado el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero la protección que provee a sus beneficiarios es insuficiente o inadecuada. La situación es aún peor en lo que respecta a la investigación penal de los responsables por los ataques donde la impunidad es casi total.

Amnistía Internacional insta a las autoridades federales y estatales a investigar exhaustivamente los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, incluyendo los vínculos entre el grupo armado responsable y las autoridades, a cumplir de forma inmediata las órdenes de aprehensión vigentes y a garantizar medidas de protección adecuada para los testigos oculares. Todo esto con el objetivo de hacer rendir cuentas a todos los responsables.

La organización también llama a las autoridades a investigar los motivos de la inacción oficial en la ejecución de las órdenes de aprehensión para determinar responsabilidades individuales.

El esclarecimiento de todas las agresiones contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos es la medida más efectiva para garantizar su protección y su capacidad de trabajar sin temor a represalias.

Organizaciones sociales de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas entregan información al Relator Especial sobre Tortura de la ONU

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28 de abril del 2014

Monterrey, N.L.

El día de ayer, 27 de abril, diversas organizaciones sociales originarias del norte del país sostuvieron una reunión con el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, en el marco de su visita oficial a México.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. fue sede de la reunión en Monterrey con el Relator internacional, dentro de la cual participaron, además de la organización sede, la Casa del Migrante Posada Belén (Coahuila) y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Tamaulipas). Asimismo participó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. (Chihuahua) quien presentó un informe conjunto con la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua), y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (Chihuahua). De igual forma el Centro Diocesano para los DHs Fray Juan de Larios presentó un informe conjunto con el CDH Juan Gerardi (con sedes en Coahuila), el CDH Victoria Diez (con sede en Guanajuato), la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (con sede en el DF, que documenta casos de migrantes desaparecidos) y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM).

Cada organización expuso sus principales preocupaciones en el tema de la tortura en donde coincidieron que: es una práctica sistemática, perpetrada por agentes del estado y delincuencia organizada (con aquiescencia del Estado); la existencia del arraigo es un mecanismo que facilita la tortura por parte de las autoridades; el autogobierno en centros penitenciarios y las precarias condiciones en que viven los internos es el marco de tortura al interior de las cárceles; la desaparición de personas se configura como tortura para la víctima y su familia.

Asimismo señalaron que la impunidad que gozan los agentes del estado acusados de perpetrar actos de tortura desalienta el seguimiento de víctimas y familiares a cualquier denuncia formal o a su seguimiento en los diferentes estados de la República Mexicana.

Las organizaciones expusieron un análisis de la situación de la tortura, lo cual será integrado en el Informe sobre México del Relator Internacional. Y darán seguimiento a las Observaciones que del mismo se desprendan, pues es obligación del gobierno mexicano atender todas las observaciones y recomendaciones que emitan instancias internacionales.

La tortura es un delito y una violación a derechos humanos que, a pesar de dañar a la sociedad, sigue poniéndose en práctica y acrecentándose de forma grave, por ello es sumamente importante su denuncia y su erradicación.

 

CADHAC presenta situación de tortura en el estado de Nuevo León ante Relator Especial de la ONU

27 de abril del 2014.

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En el marco de la visita a México del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) presentó un informe especial que integra casos de víctimas de tortura en Nuevo León y evidencia la grave práctica de este delito por parte de agentes de seguridad pública en el estado, tanto en las detenciones de personas, como hacia el interior de los centros penitenciarios, donde además existe un factor adicional: la delincuencia organizada.

La reunión sostenida con el Relator, en la cual se entregó el informe mencionado, se llevó a cabo este domingo 27 de abril en las instalaciones de CADHAC en Monterrey, donde también acudieron organizaciones procedentes de los estados de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

CADHAC expuso ante el Relator Internacional la forma de operación de los entes de seguridad pública de los tres niveles de gobierno en relación con la tortura, identificándola como una práctica sistemática, aceptada incluso socialmente. De 2012 al primer trimestre de 2014 la organización registró 204 víctimas que presuntamente sufrieron tortura por diferentes corporaciones policiacas en diversos lugares, como las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). De ese total de víctimas, 85 corresponden a personas internas en los centros penitenciarios estatales, donde la situación se complica aún más con la delincuencia organizada, quien aparentemente tiene amplio control y actúa con la permisibilidad del estado.

Asimismo CADHAC hizo notar que la práctica de la tortura se ha incrementado en el último lustro en el marco de la estrategia gubernamental para enfrentar al narcotráfico, la cual ha implicado detenciones arbitrarias y daños que se califican como tortura. Señaló, además, que si bien en el Código Penal del estado se encuentra tipificado el delito de Tortura, este es cometido constantemente sin que sea sancionado, permaneciendo sus perpetradores en la impunidad, y las víctimas con daños físicos y psicológicos severos, aunado a que, en ocasiones, las mismas víctimas son consignadas por delitos sustentados en confesiones arrancadas bajo tortura. Esto a pesar de que en 2005 se publicó un Acuerdo en el Periódico Oficial de Nuevo León que indica la realización de un Dictamen Médico Psicológico Especializado para casos de posible Tortura y Maltrato.

De igual manera CADHAC hizo hincapié en la tortura presuntamente cometida en contra de las personas que han sido desaparecidas –de las cuales la organización tiene un registro que rebasa las mil personas-, y la evidente tortura en sus familias, pues la afectación que sufren es constitutiva de tortura psicológica de acuerdo a la Convención Internacional en la materia.

CADHAC planteó al Relator preocupaciones y sugerencias en torno al tema en cuestión, entre las cuales resaltan:

  • Crear un Registro Estatal de Personas Detenidas que permita saber de inmediato el paradero de cualquier persona detenida, así como tener un control del tiempo transcurrido entre el momento de la detención y la puesta a disposición ante la autoridad correspondiente, lo cual inhibiría la práctica de la tortura; asimismo asegurar el funcionamiento adecuado de las instalaciones donde hay personas detenidas, con colocación de cámaras que registren cualquier posible tortura.
  • Supervisar los centros penitenciarios y de detención a través del Organismo Público de Derechos Humanos correspondiente y de las organizaciones sociales abocadas al tema, a fin de detectar y actuar ante cualquier acto constitutivo de tortura;
  • Eliminar la sobrepoblación en los Centros penitenciarios, mediante los beneficios de pre liberación y cárcel abierta, a fin de eliminar el hacinamiento y retomar el control al interior, para evitar las prácticas de tortura por autoridades y delincuencia organizada; así como garantizar la salud física y emocional de las personas recluidas en los centros penitenciarios estatales.
  • Aplicar oportuna y adecuadamente el Protocolo de Estambul a fin de favorecer las investigaciones y condenas por actos de tortura.
  • Eliminar a nivel federal y estatal la figura del arraigo.
  • Solicitar al los Gobiernos Federal y Estatal la reforma de los tipos penales de tortura descritos en los códigos penales correspondientes para que incluyan todos los estándares internacionales.

El Relator tomó nota de lo expuesto en el informe de CADHAC, lo cual integra a los informes entregados por diversas organizaciones en el país, durante su visita a México, la cual concluirá el próximo 2 de mayo del presente año.

CADHAC reitera su preocupación por la tortura en centros penitenciarios y de detención, teniendo presente que la práctica del delito de tortura daña gravemente la dignidad de las personas, vulnerando los derechos, incluyendo, en ocasiones, el esencial derecho a la vida. Es una violación a derechos humanos que afecta a la sociedad en su conjunto.

 

Pronunciamiento de la ONU-DH ante la aprobación por el Senado de la reforma a los alcances de la jurisdicción militar

25 de abril del 2014derecho-alimentacionCiudad de México, 24 de abril de 2014.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), ante la aprobación por unanimidad el día de hoy en el Senado de la República de la reforma al Código de Justicia Militar, desea destacar el carácter abierto, participativo e incluyente que ha venido siendo el signo predominante del proceso de discusión y preparación del dictamen, y que finalmente alcanzó tan contundente respaldo legislativo.

El Senado ha procedido a señalar los límites que deben imponerse a la jurisdicción militar, de manera que los delitos y las violaciones a derechos humanos cometidos por personal castrense en contra de personas civiles son ahora sustraídos del conocimiento del fuero de guerra, lo cual atiende una recomendación que le fue formulada en numerosas ocasiones a México en años recientes por diversos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. La reforma aprobada, que debe seguir su curso en la Cámara de Diputados, contempla adicionalmente otros elementos necesarios para favorecer el debido proceso al interior de la jurisdicción militar, entre los que destaca el principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, tal y como lo ha expresado la ONU-DH de forma reiterada, el reto de cumplir de manera precisa y a la vez integral con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones formuladas por Comités de los Tratados y Relatores y Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas, dentro del alcance restrictivo y excepcional en el cual debe enmarcarse la jurisdicción militar, requiere que también se extienda la garantía de una judicatura independiente, el derecho al debido proceso y el principio de igual protección de la ley a aquellos militares que resultaran víctimas de violaciones a sus derechos humanos cometidas por otros elementos de las propias fuerzas armadas. Esfuerzos adicionales para alcanzar este objetivo se hacen necesarios, así como para que se logre que los lugares donde se lleve a cabo la prisión preventiva y la compurgación de las penas por delitos propios de la jurisdicción civil no sean de naturaleza militar.

Finalmente, la ONU-DH desea reconocer a las autoridades, organizaciones de derechos humanos y distinguidos especialistas mexicanos que han aportado al presente proceso y los alienta a continuar con este esfuerzo.

Incrementan ataques contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en México

21 de abril del 2014

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  • De enero a la fecha la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México ha documentado 41 agresiones VS 25 defensoras y mujeres periodistas

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) manifiesta su preocupación por el incremento y sistematicidad de agresiones, actos de hostigamientos, detenciones arbitrarias y emisión de órdenes de aprehensión que se han suscitado recientemente, contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en México.

De enero a la fecha, la RNDDHM ha documentado 41 agresiones directas contra 25 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, así como 6 agresiones contra sus organizaciones. De acuerdo a los registros, diez (10) fueron actos de intimidación; diez (10) amenazas –ocho (8) de ellas fueron amenazas de muerte-; seis (6) ataques al patrimonio personal; cuatro (4) actos de uso excesivo de la fuerza; tres (3) actos de criminalización y judicialización; tres (3) actos de campaña de difamación y desprestigio; dos (2) detenciones arbitrarias; dos (2) agresiones físicas y verbales y un (1) ataque al patrimonio de la organización.
La ola de agresiones contra defensoras y mujeres periodistas resulta ser consecuencia de la respuesta que las autoridades están dando a la protesta social, a las denuncias de corrupción, a la documentación y a la denuncia de violaciones de los derechos humanos, así como a la inconformidad que prevalece en diversos sectores de la sociedad, luego de las reformas constitucionales realizadas en este último año, y cuyos impactos afectan principalmente a quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad.
En este marco, desde la RNDDHM manifestamos nuestra particular preocupación por los recientes actos de criminalización y judicialización contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas. En el lo que va del año hemos documentado la detención arbitraria de dos (2) defensoras y una (1) sentencia en el Distrito Federal, emitida contra la activista Gabriela Hernández, conocida también como Luna Flores, quien el pasado 1 de abril de 2014 fue sentenciada a un año y tres meses de prisión luego de que fuera detenida arbitrariamente el pasado 29 de octubre de 2013, acusada del delito de ultrajes a la autoridad. Según la acusación, la cual está basada en los dichos de los policías, la activista golpeó y llamó “puercos asalariados”[4] a los policías que se encontraban en el búnker policiaco donde estaban detenidos decenas de jóvenes la noche del 2 de octubre de 2013, lo cual no fue comprobado, pero sirvió para encuadrar  el  tipo penal de ultrajes a la autoridad, a pesar de que Gabriela Hernández se encontraba al interior del inmueble esperando noticias sobre la situación de una joven conocida que había sido detenida.
De igual forma, la RNDDHM recientemente documentó también la detención arbitraria de Enedina Rosas Vélez, Comisariada de la comunidad de San Felipe Xonacayucan, Atlixco en el estado de Puebla y quien junto con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos (FPDTAPTM)[1] luchan a favor de un medio ambiente sano y del derecho a la consulta, los cuales se han visto vulnerados frente al Proyecto Integral Morelos (PIM), megaproyecto energético que propone instalar un gasoducto en la zona de alta peligrosidad del volcán Popocatépetl para abastecer dos termoeléctricas que se construyen en Huexca, Municipio de Yecapixtla, en Morelos.
Enedina fue arrestada por policías estatales el pasado 6 de abril de 2014, bajo el proceso 121/2014, en el que se le acusa de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública[2]. Un día después, el lunes 7 de abril fue detenido también Juan Carlos Flores Solís, uno de los líderes del FPDTAPTM, quien había acudido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a poner una queja por la detención arbitraria de Enedina Rosas.

Hemos ducumentado también la criminalización y judicialización de la que ha sido objeto la activista Rosina González, integrante de la organización Internacional Greepeace, y quien ha sido acusada de daños y allanamiento de morada por Petróleos Mexicanos (PEMEX), luego de escalar en Veracruz un edificio de la paraestatal para colgar una manta y manifestar su inconformidad con la promulgación de la Reforma Energética. Rosina es acusada por PEMEX de haber roto una lámpara de más de 78 mil pesos, por lo que podría recibir de 4 a 10 años de prisión y multa de 180 y hasta 500 veces el salario mínimo.

Quienes conformamos la RNDDHM vemos con preocupación el incremento de la criminalización contra defensoras/es de derechos humanos, particularmente en el Distrito Federal, cuyo número ha incrementado desde el inicio del nuevo Gobierno Federal y del nuevo Gobierno Capitalino, ejemplo de ello es el caso referido sobre la activista Gabriela Hernández.

En 2013 la RNDDHM ubicó al Distrito Federal en el lugar número 3 de agresiones contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas. La mayoría de las agresiones fueron perpetradas en el marco de movilizaciones y manifestaciones públicas por lo que como Red Nacional de Defensoras prevemos un panorama crítico que podría agudizarse, si tomamos en cuenta la posible aprobación de una Ley que regule las manifestaciones públicas en el Distrito Federal.

Por otra parte, hoy 21 de abril de 2014 Nestora Salgado, Comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, cumple 8 meses en una prisión de máxima seguridad, luego de ser detenida arbitrariamente el 21 de agosto de 2013. Pese a que recientemente se le dictó el auto de libertad por el delito de delincuencia organizada, la defensora permanece en la cárcel, dado que continúan otros procesos abiertos en su contra.

Contexto de inseguridad para defensoras y mujeres periodistas

Aunado al incremento de la criminalización y judicialización de las defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, persiste el contexto de riesgo e inseguridad para el desempeño de su labor.

El pasado 10 de abril documentamos las agresiones de las que fue objeto la defensora María del Carmen Ruíz, integrante de la Asamblea Popular de Pueblo Juchiteco (APPJ) y quien nuevamente fue víctima de persecuión por parte de dos mujeres de quien logró escapar, y quienes al perderla de vista fueron recogidas por un hombre desconocido que se encontraba al interior de un taxi. Cabe recordar que el 27 de abril de 2013, María del Carmen Ruíz recibió una carta anónima de amenazas en su domicilio, las amenazas iban dirigidas de igual forma a la defensora Sara Bartolo López, integrante también de la APPJ.

En anteriores ocasiones la RNDDHM ha denunciado el riesgo y la vulnerabilidad en la que se encuentran las defensoras comunitarias que han iniciado una larga lucha por la defensa de su terrirorio ante los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. En este sentido, la repetición de las agresiones contra la defensora María del Carmen Ruíz evidencian el nulo compromiso por parte de las autoridades federales y estatales para implementar medidas de protección eficaces para quienes defendemos los derechos humanos[3].

La falta de garantías de seguridad y garantía del ejercicio de los derechos humanos pone cada vez más en riesgo la vida de las defensoras y activistas, como sucede actualmente con Rosa Hernández, estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), quien el pasado 9 de abril de 2014 fue atropellada cuando se manifestaba junto con estudiantes normalistas en el estado de Michoacán. Actualmente Rosa se reporta con fractura craneoencefálica y en estado grave, mientras que las autoridades no le han garantizado la atención médica adecuada.

De igual manera, las mujeres periodistas y defensoras del derecho a la información y la libertad de expresión, tanto en contextos urbanos como en comunitarios[4], también viven en condiciones de riesgo e inseguridad. En los primeros meses del año hemos registrado actos de intimidación, calumnia, amenazas, criminalización y judicialización contra mujeres periodistas.

Basta mencionar la amenaza contra Balbina Flores Martínez, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF)[5] ocurrida el pasado 12 de marzo de 2014. La periodista, también colaboradora de la Revista Zócalo, recibió tres llamadas mediante las cuales le hicieron saber que alguien había pagado para que le hicieran daño.

Asimismo la organización Artículo XIX[6] denunció los actos de intimidación y la campaña de desinformación y desprestigio contra la politóloga y columnista Denisse Dresser luego de haber escrito en su columna del periódico Reforma sobre el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. A través de una carta, Jesús Anaya, Coordinador de Comunicación Social de dicho Grupo Parlamentario escribió a la columnista frases intimidatorias como: “Por cierto, en las democracias avanzadas que usted dice admirar, la calumnia y la difamación son castigadas y los supuestos periodistas y analistas sin escrúpulos que lo hacen, dejan de tener la oportunidad de participar en los medios de comunicación de prestigio como le sucedió al señor Craig Pyes”, en referencia al supuesto despido de periodista Pyes del periódico The New York Times por haber escrito anteriormente sobre Beltrones y en cuya información Denise Dresser se basó para escribir su columna “Cloaca abierta” .

Cabe mencionar que según el Diagnóstico Mesoamericano 2012 “Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica” en los casos de agresiones contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, la impunidad alcanza niveles superiores al 90%. Ejemplo de ello son los asesinatos  de las defensoras Marisela Escobedo[7] asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua; el asesinato de la defensora Josefina Reyes[8] el 3 d enero de 2010; el asesinato de la defensora Manuela Martha Solís Contreras[9] ocurrido el 22 de octubre de 2012; los tres crímenes continúan en la impunidad y son sólo un ejemplo de lo que sucede en el país en los casos agresiones y asesinatos contra defensoras.

Ante este contexto, el diagnóstico sobre las agresiones, criminalización, judicialización y riesgo que enfrentamos las defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en México, es alarmante, y la formulación de delitos falsos contra quienes denunciamos violaciones a los derechos humanos contraviene con la obligación de las autoridades de garantizar el ejercicio pleno de los mismos.

De esta forma, las 135 defensoras y mujeres periodistas que conformamos la RNDDHM pertenecientes a 83 diversas organizaciones no gubernamentales y que nos ubicamos en 19 estados de la República y en el Distrito Federal, exigimos a las autoridades federales y estatales el cese de todas las formas de agresión hacia quienes defendemos los derechos humanos y el cese a la criminalización de activistas, defensoras y periodistas.

Al mismo tiempo les instamos a encontrar canales de diálogo que les permitan conocer las demandas de la sociedad civil, pues finalmente las inconformidades y manifestaciones son el reflejo del descontento e incompatibilidad entre el ejercicio del poder y las verdaderas necesidades de las ciudadanas y ciudadanos de México.

 

ATENTAMENTE,

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 19 estados de la República y el Distrito Federal .- Agnieszka Raczynska, (Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”), Aidé García (Católicas por el Derecho a Decidir, México D.F.), Alejandra Vela Garza (Alternativas Pacíficas, Monterrey), Alicia Leal Puerta (Alternativas Pacíficas, DF), Aline Castellanos  (Oaxaca), Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Tamaulipas), Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Andrea Acevedo García (Mariposas Tlahuicas AC, Morelos), Andrea Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, Guerrero), Analia Penchaszadeh, Alejandra Ancheita (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (PRODESC) México D.F.), Alba Cruz (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca), América del Valle Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-FPDT Atenco), Ángeles López (Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Guanajuato), Angélica Araceli Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México), Aurora  Montaño (México), Axela Romero Cárdenas (Líder Estrategia Feminismos y otros movimientos sociales y Salud Integral para las Mujeres, A.C.), Atziri Ávila (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Beatriz Hernández Bautista (Circulo Profesional para la Formación con Equidad de Género !Nduva Ndandi!, Oaxaca), Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca), Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Coahuila), Blanca Mesina (Baja California Norte), Blanca Velázquez (Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Puebla), Carolina Cantú (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero), Cecilia Espinosa Martínez (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua), Cecilia Oyorzabal Gómez (Timomatchtikan, Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres, Casa de la Mujer Indígena, Red Nacional de Asesoras y Promotoras Rurales, Puebla), Concepción Felix Corral (Sí Hay Mujeres en Durango AC, Durango), Clara G. Meyra Segura (Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.” A.C., México D.F.), Claudia Ángel (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C.), Clemencia Correa (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, DF), Cirenia Celestino Ortega (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Consuelo Morales  (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Nuevo León), Cristina Auerbach (Familia Pasta de Conchos), Cristina Cruz López (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCA-DH), Oaxaca), Cristina Hardaga Fernández (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.), Daptnhe Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México D.F.), Diana Damián Palencia Formación y Capacitación AC (FOCA), Chiapas), Dolores González  (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ),México D.F.), Dora Ávila (Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin),  Elena Tapia Vásquez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, México D.F.), Elizabeth Ferreras (Defensa Jurídica y Educación para Mujeres S.C. Vereda Themis, México D.F.), Elizabeth Robles (Servicio Desarrollo y Paz, A.C., Coahuila) Emelia Ortiz (Campaña Si no están ellas no estamos todas, Oaxaca), Emilia González (Comisión de Solidaridad y Defensa DDHH), Fabiola González Barrera (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Felicitas Martínez Solano (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero), Gabriela Aguilar Martín (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México), Georgina Vargas Vera (Guanajuato), Guadalupe García Álvarez (Mujeres Luchas y Derechos para todos, Estado de México), Guadalupe López (Lesbianas en Patlatonalli, Jalisco), Hermelinda Tiburcio (Kinal Antzetik, Guerrero), Icela Jaimes (Colectivo Raíz, Aguascalientes), Ileana Espinoza  (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua),Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua), Indira de Jesús Luis Aquino (Oaxaca), Irma Estrada Martínez  (Tribunal Internacional de Conciencia, México D.F.), Ixchel Carrasco Arias (Enlace, Comunicación y Capacitación, Guerrero), Janette Corzo (APRENDAMOS), Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, México D.F.), Julieta Hernández Camargo (Si hay Mujeres en Durango, Durango) Laura Carlsen (Programa de las Américas, México D.F.), Laura García (Semillas, México D.F.), Laura Gutiérrez (Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Baja California), Laura Velázquez (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.), Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora), Lidia Alpizar  (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID)), Lorena Fuentes (Semillas, México D.F.), Lorena Maribel Peralta Rojas (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”), Lorena  Wolffer (México), Lucia Lagunés Huerta (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Lupita García Álvarez (Estado de México), Lupita Ramos Ponce Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México), Luz Estela Castro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua), Malú García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Chihuahua), Margarita Avalos (Colectivo Ollin Calli, Baja California) Margarita Guadalupe Martínez (Chiapas), Ma. Hilda de la Vega (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua), María Luisa Aguilar Rodríguez (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero), María Rosa Guzmán Valdez (Red de Promotoras de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Estado Jalisco, Jalisco), María Trinidad Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Martha Figueroa (COLEM Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas), Martha Graciela Ramos (Mujeres por México en Chihuahua, Chihuahua), Martha Pérez Pineda (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco),  Martha Sánchez Soler ( Movimiento Migrante Mesoameriano), Martha Sánchez Nestor (Red de Mujeres Guerrerenses, Guerrero), Marusia López (Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS-Mesoamérica), Minerva Nora Martínez (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCA-DH), Oaxaca), Miriam González Sánchez (Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), México D.F.), Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa, Veracruz), Nadia Maciel (Guerrero), Nadin Reyes (Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, México D.F.), Nallely Tello (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Nerida Gaspar Castillo (Colectivo Ollin Calli), Nora Bucio (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), Morelos), Nora Vargas (Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), Michoacán), Obtilia Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, Guerrero), Ofelia Cesáreo Sánchez (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero), Olga Reyes (México), Patricia Yllescas (México), Reyna Ramírez Sánchez (Colectivo de Obreras Insumisas To Tlaktole Calaki Mo Yolo, AC.), Rosa María Laguna Gómez (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán), Sara Méndez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca), Sara Montes Ramírez (Colectivo Raíz de Aguascalientes, AC.), Sandra Torres Pastrana (Oaxaca), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Guerrero), Silvia Alejandra Holguin Cinco (Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua, Chihuahua), Silvia Núñez Esquer (Sonora), Silvia Pérez Yescas (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C.), Siria Solís Solís (El Barzón, Chihuahua), Susana Mejía (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres A.C. (CADEM), Puebla) Tania Ramírez (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. México), Teresa Emeterio Martínez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca), Oaxaca), Teresa Zúñiga (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitarios (IMDEC), Jalisco), Theres Hoechli (Oaxaca), Valeria Escorza (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (PRODESC), México D.F.), Ruth Fierro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua),Verónica Corchado (Colectiva: Arte, Comunidad y Equidad, Grupo Articulación Justicia en Juárez, Cd. Juárez), Verónica Cruz (Las Libres, Guanajuato), Ximena Andión (EQUIS: Justicia para las Mujeres, México D.F), Ximena Cortez  (Rosas Chillante, México D.F.), Xóchitl Ramírez (Yotlakat Non Siwatl, Atzin Desarrollo Comunitario, Guerrero), Yanimiriam Valdez Baca (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua), Yanina Flores (Semillas, México D.F.) Yesica Sánchez Maya (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca), Yunuhen Rangel Medina (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Zulma Méndez (Pacto por la Cultura y Red Mesa de Mujeres, Ciudad Juárez, Chihuahua), Rogelia González Ruíz (Grupo de Mujeres 8 de marzo, Oaxaca).

Primera visita oficial a México del Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan E. Méndez

21 de abril del 2014

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GINEBRA / CIUDAD DE MÉXICO  – El experto en derechos humanos de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, visitará México a invitación del Gobierno entre el 21 de abril y 2 de mayo de 2014 para evaluar la situación e identificar los desafíos respecto de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país.   

“Estaré discutiendo y evaluando la implementación de la nueva legislación procesal penal, así como la extracción forzada de confesiones y el uso del arraigo, entre otros temas relacionados con mi mandato”, dijo el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

El Sr. Méndez también examinará las garantías para los derechos de las personas privadas de libertad y las condiciones de su detención, en particular de aquellos que permanecen años en detención, sea en espera de un juicio, en cumplimiento de una larga sentencia, o en el caso de personas migrantes detenidas en estaciones migratorias. 


“Espero con interés poder entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales y los dirigentes de la sociedad civil para ayudar a las autoridades en el cumplimiento de los estándares de derecho, la promoción de la investigación y enjuiciamiento de todas las acusaciones de tortura y malos tratos en conformidad con los principios internacionales, y la garantía de reparación para las víctimas”, dijo el experto. 


El Relator destacó que la investigación pronta e imparcial de todas las acusaciones de tortura, así como el enjuiciamiento y castigo de los responsables es una de las principales obligaciones de los Gobiernos bajo la prohibición internacional absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 


“Pero además, las investigaciones prontas e imparciales crean un ambiente de credibilidad y confianza hacia las autoridades, que es necesario para el desarrollo de una cultura de derechos humanos y el bienestar de los ciudadanos”, enfatizó el Sr. Méndez.


Durante los 12 días que estará en el país, el Relator viajará a varias regiones, incluyendo la Ciudad de México,  Nuevo León, Chiapas, y Baja California donde visitará prisiones, estaciones policiales, centros de interrogación, centros de privación de libertad de menores y mujeres, hospitales psiquiátricos y estaciones migratorias para evaluar las condiciones de detención.


Durante la visita, el experto se reunirá con un gran número de autoridades ejecutivas relevantes, representantes del poder judicial y el poder legislativo, instituciones de derechos humanos, sociedad civil, organismos internacionales y regionales, así como con víctimas y sus familiares.  


El Sr. Méndez compartirá sus conclusiones y recomendaciones preliminares durante una conferencia de prensa que tendrá lugar el viernes 2 de mayo de 2014 a las 4.00pm en el Centro de Información de Naciones Unidas, Montes Urales Nte. 440, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, Distrito Federal.


El Relator Especial presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2015.
 



Juan E. Méndez (Argentina) fue nombrado Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 1 de noviembre de 2010. El relator es independiente de todo gobierno y cumple sus funciones en su capacidad individual. El Sr. Méndez ha dedicado su carrera legal a la defensa de los derechos humanos, y cuenta con una larga y reconocida trayectoria de activismo en las Américas. Actualmente es Profesor de Derecho en American University Washington College of Law y Co-Presidente del Instituto de Derechos Humanos del International Bar Association. Hasta el 2009, el Sr. Méndez fue Presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Entre el 2004 y el 2007 fue Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Prevención del Genocidio, y entre el 2009 y 2010 fue Asesor en prevención del crimen para el Fiscal de la Corte Internacional Penal. Para conocer más se puede visitar:      
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx o http://antitorture.org/

Conozca la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm 

Para mayor información y solicitudes de prensa, favor de contactar a Stephanie Selg (
sselg@ohchr.org) o María Noel Leoni  (+1 202 604 9120 / mleoni@wcl.american.edu) o escriba a sr-torture@ohchr.org. 
 
Para solicitudes de prensa
 en México, favor contactar a Gabriela Gorjón (+52 55 5061 6374 /
ggorjon@ohchr.org). 

Ahora los niños y las niñas pueden presentar quejas ante la ONU sobre violaciones a sus derechos

14 de abril del 2014

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Durante el anuncia de la entrada en vigor de este protocolo.

GINEBRA (14 de abril de 2014) – Las expertas de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños y las niñas saludan un nuevo tratado que les permite presentar quejas directamente ante el Comité de los Derechos del Niño sobre presuntas violaciones a sus derechos. 

El tratado, llamado Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, ha entrado en vigor el día de hoy (14 de abril) luego de haber sido ratificado por 10 países*.

“Hoy se marca el inicio de una nueva era para los derechos de las niñas y los niños; ahora están más empoderados dado que este Protocolo Facultativo reconoce su capacidad para ejercer y reclamar sus propios derechos,” aseveraron las cuatro expertas** de la ONU.

“Es una triste realidad que, 25 años después de la adopción de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, los derechos de los niños y niñas continúen siendo violados de manera cotidiana, por medio incluso de la violencia, la explotación y el abuso. Esperamos que este nuevo tratado dé voz a los testimonios de las niñas y los niños y les ayude a obtener el resarcimiento y la reparación necesarios. Aplaudimos a aquellos Estados que, habiendo ratificado este Protocolo, han confirmado su determinación para mejorar el acceso a la justicia de las niñas y los niños,” añadieron.

El nuevo Protocolo permite a las niñas y los niños y sus representantes presentar quejas ante el Comité de los Derechos del Niño sobre violaciones específicas a sus derechos humanos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño, así como en sus dos Protocolos Facultativos (relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía). Sin embargo, los niños y las niñas solamente pueden presentar quejas si sus gobiernos han ratificado el Protocolo Facultativo relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, y si han agotado todas las vías legales en su propio país.

“La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado de derechos humanos más ratificado. Esperamos que este nuevo Protocolo Facultativo pronto pueda alcanzar su ratificación universal. La ratificación significa que los Estados toman en serio sus obligaciones y están preparados para cualquier escrutinio respecto a alegadas violaciones a los derechos de los niños y las niñas,” dijeron las expertas.

“Para llegar a las niñas y los niños más vulnerables y marginalizados, este Protocolo Facultativo debe ser ampliamente difundido y los países deben informar al público y promover que los niños y las niñas tomen conciencia de su derecho a presentar quejas y buscar reparación,” añadieron.

 

 

(*) Albania, Bolivia, Gabón, Alemania, Montenegro, Portugal, España, Tailandia, Eslovaquia y Costa Rica.

(**) Kirsten Sandberg, Presidenta del Comité de la ONU de los Derechos del Niño; Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los Niños; Leila Zerrougui, Representante Especial del Secretario General de la ONU para la cuestión de los Niños y los Conflictos Armados; y Najat Maalla M’jid, Relatora Especial de la ONU sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Para conocer más sobre cómo presentar una queja, visita:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#OPIC

Publicación amigable para las y los niños sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones (en inglés):
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/cropped_images/RaisingUnderstanding_OCPC.pdf

Para conocer más sobre este Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, visita:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

Para más información y peticiones de medios, favor de contactar a
Liz ThrossellOficial de medios, ONU-DH – +41 (0) 22 917 9434/ ethrossell@ohchr.org
Miguel Caldeira, OSRSG en VAC – +1 212 824 6763 / mcaldeira@unicef.org 

ALERTA POR VIOLENCIA A MUJERES EN TRANSPORTES PÚBLICOS

13 de abril 2014

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Las víctimas trabajan como empleadas domésticas en Nuevo León.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) denunció hoy casos de agresiones sexuales a jóvenes mujeres perpetrados por choferes de autobuses de la línea Transportes Frontera Estrella Blanca, en una ruta que pasa por 4 estados: Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Nos interesa extender una alerta por ser época de Semana Santa en donde muchas jóvenes regresan a sus lugares de origen, viajan solas y son vulnerables ante este tipo de abusos.

Los hechos

El día 5 de enero del 2014 *Lorena, quien trabaja como empleada doméstica en el municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, tomó un autobús de la línea mencionada anteriormente desde Huejutla, Hidalgo. La joven de 27 años había ido a visitar familia durante el período de vacaciones de diciembre y regresaba sola a Nuevo  León para incorporarse de nuevo a su trabajo. Durante el trayecto el camión que tomó se descompuso y en Pánuco, Veracruz tuvo que cambiar de transporte. En el otro camión, de número 7277, el chofer le indicó sentarse en el banquito que estaba a su lado. Cerca de Linares, Nuevo León este chofer, quien supuestamente se llama Jorge Hernández, le pidió pasarse al camarote lateral pues había un retén más adelante y lo podían multar. Lorena bajó al camarote y el chofer junto con ella, otro conductor tomó su lugar al volante. Ya en el camarote Jorge Hernández abusó sexualmente de ella, la golpeó e intentó persuadirla para que se fuera con él a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ya en Monterrey, el chofer se negó a sacarla del camarote, en donde la mantuvo en contra de su voluntad incluso después de que el resto de pasajeros habían bajado del autobús en la central  de autobuses e insistía en llevarla a Nuevo Laredo. Sólo accedió a bajarla cuando Lorena le dijo que sus primos militares la estaban esperando en la central de autobuses y que ellos la cuidaban en Monterrey.

Lorena interpuso la denuncia ante la Procuraduría de Justicia de Nuevo León el día 7 de enero, en donde se le tomó la declaración y se le hicieron los exámenes físicos correspondientes, sin embargo, no se ha detenido ni citado a declarar al presunto agresor.  Además del caso de Lorena tenemos el conocimiento del caso de *Sandra, otra joven de 27 años, quien también labora como empleada doméstica en San Pedro, originaria de Hidalgo. A ella le ocurrió algo similar semanas antes en su regreso a Monterrey , sólo que ella no accedió a bajar al camarote. Se tiene el conocimiento de otros casos de este tipo.

CADHAC tomó el caso y uno de nuestros abogados acudió con la empresa Transportes Frontera Estrella Blanca, en donde el representante de la empresa minimizó la situación y aparentemente este chofer y su cómplice siguen trabajando sin que la empresa no haya tomado cartas en el asunto. A pesar de la denuncia hasta el día de hoy no hay ningún detenido.

Estos 3 casos de los cuales tenemos conocimiento no son los únicos, presumimos que estas prácticas podrían estar relacionadas con desapariciones y con trata de personas pues es una zona que se conoce como corredor  de trata.

Extendemos las siguientes recomendaciones:

a)    De preferencia no viajar solas.

b)    Asegurarse de comprar boleto y tener asiento asignado.

c)     No dejarse seducir por ofrecimientos que hagan los conductores.

d)    Si hay necesidad de bajar en el camino, hacerlo con el resto de los pasajeros.

 

Si has sido víctima o conoces algún caso similar denúncialo directamente a la Procuraduría del estado de Nuevo León y a  CADHAC, al  (0181) 83435058.

*Lorena y Sandra son nombres ficticios para proteger la identidad de las víctimas.

 

 

 

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