Mes: marzo 2014

31 de marzo 2014

 

En el marco del 20 aniversario de CADHAC (2013), tenemos el honor de invitarlos a la inauguración de la exposición “Compasión, Con Pasión, Pasión” en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey con retratos del fotógrafo Juan Rodrigo Llaguno. Además, tendremos como invitado especial a Nik Steinberg, experto sobre Mexico de la division de las Americas de Human Rights Watch. La cita es este miércoles 2 de abril a las 19:30 horas en el MHM. Es un evento gratuito abierto a todo el público. ¡Te esperamos!

20 de marzo de 2014

BP1403/10

 

En el estado de Nuevo León el tema de las personas desaparecidas sigue siendo una tarea pendiente. Son miles las víctimas de las desapariciones y el dolor y los daños que genera a las familias es indescriptible.

CADHAC, desde 2009, comenzó a recibir y documentar casos para poder exigir a las autoridades respuestas concretas, investigaciones profesionales y justicia, pero sobre todo y lo más importante, saber del paradero de las personas que se encuentran desaparecidas.

A raíz del paso de la Caravana del Consuelo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado Javier Sicilia, por Nuevo León en julio de 2011, comienza un diálogo con las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León (PGJNL), con el objetivo de revisar el estado de las investigaciones de personas desaparecidas.

Desde entonces, periódicamente hemos sostenido reuniones de trabajo en donde damos seguimiento a las investigaciones de cada caso que revisamos en estas reuniones.

Derivado de este trabajo conjunto vimos la necesidad de realizar observaciones al Procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas con que contaba la Procuraduría de Nuevo León para mejorarlo en base a las experiencias aprendidas durante las reuniones de trabajo que sostenemos con esta institución. Al revisar este Procedimiento, nos dimos cuenta que era necesario no solamente mejorarlo, sino desarrollar un nuevo procedimiento que estuviera enfocado en la búsqueda inmediata. Es decir, que tuviera la finalidad de realizar, de acuerdo a un protocolo de actuación, la búsqueda e investigación durante las primeras horas después de presentada una denuncia sobre la desaparición de una persona, sin importar las circunstancias en las que ésta ocurrió.

Así pues, CADHAC organizó cuatro reuniones de trabajo en las que junto con expertos como Ariel Dulitzky del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Alejandro Valencia académico en derechos humanos en Colombia, y Luis Eduardo Zavala académico en materia de derechos humanos en México; además de la participación de diversas autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, trabajamos en la elaboración del Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas Desaparecidas que hoy se presentó y se dio a conocer públicamente.

De este Protocolo también se derivan otros componentes como lo son:

1)    La utilización de un Formulario Estatal de Búsqueda Urgente (FEBU) en los Centros de Orientación y Denuncia, basado en las experiencias de Colombia principalmente, con el objeto de reunir la mayor información posible que pueda ser útil para dar con el paradero de la persona desaparecida;

2)    La creación de una base de datos de personas desaparecidas; y

3)    La creación del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI), mismo que será el encargado de implementar el Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas Desaparecidas.

Estas nuevas herramientas representan un resultado tangible del trabajo serio y comprometido de CADHAC para con las familias de personas víctimas de desaparición y de la lucha constante por avanzar cada día más en este camino de encontrar el paradero de las personas desaparecidas.

El Protocolo y sus componentes también establecen las bases para que los casos sean investigados y resueltos de manera adecuada y profesional por parte de la Procuraduría, pues establece de forma clara la responsabilidad de la autoridad de investigar de manera inmediata la desaparición de una persona una vez que tengan conocimiento de los hechos.

Asimismo, este mecanismo servirá para prevenir que ocurran nuevos casos, impulsando a la ciudadanía a denunciar y exigir justicia ante las autoridades. A la ciudadanía nos corresponde la tarea de vigilar el correcto cumplimiento de estos mecanismos. Al gobierno le queda la obligación de cumplir cabalmente con el Protocolo.

Refrendamos nuestro compromiso para con las familias de personas víctimas de desaparición y las invitamos a denunciar ante el Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI) y acercarse a CADHAC para solicitar asesoría de sus casos. Sabemos que el camino no ha sido fácil, pero poco a poco vamos abriendo nuevas brechas a favor de la justicia y la verdad.

 

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos en Nuevo León, México.

 

 

 

 

19 de Marzo

BP1403/09

Recientemente la familia del estudiante Jorge Antonio Mercado Alonso (+) solicitó a Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) el acompañamiento para coadyuvar en las investigaciones por la ejecución y privación de la vida de su hijo dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey el 19 de marzo de 2010, junto con la Asamblea de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey y Amnistía Internacional.

Un integrante del área jurídica de CADHAC se traslado a la ciudad de México a la revisión de la Averiguación Previa que se encuentra en la Procuraduria General de la República (PGR) con el número AP/PGR/DGCAP/DF/027/2010. [1]

Es un expediente conformado por 36 tomos, en el cual están integradas las constancias ministeriales de la Averiguación Previa de la Procuraduria General de Justicia de Nuevo León (PGJNL): 15/2010-I-1, así como constancias ministeriales de la Averiguación Previa del fuero militar: 7ZM/28/2010. De todo lo anterior se advierte que el Ministerio Público de la Federación ha avanzado en la integración de la indagatoria  por medio de:

Declaraciones rendidas: Las de todos los militares que participaron en el enfrentamiento, personal de seguridad del, maestros y directivos del  Tec, así como testigos de los negocios aledaños al Tec.

Se cuenta con diversos dictámenes periciales, entre ellos: Levantamiento de cadáver,  necropsias, análisis de videograbación, criminalística de campo, balística forense, arquitectura e ingeniería, mecánica de lesiones, mecánica de hechos, reconstrucción de los hechos.

No obstante, después de cuatro años, NO se ha podido concluir de manera diligente la integración de la investigación a efecto de esclarecer la verdad de los hechos, sancionar a los responsables y reparar el daño a las víctimas. Impunidad total.

 

Para CADHAC es de suma relevancia este caso debido a que presuntamente existen elementos graves como la ejecución extrajudicial, la violencia, uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración de los hechos e imputaciones indebidas en agravio de los referidos estudiantes. Al parecer representa un modo de proceder de las fuerzas armadas en la “guerra contra el narco”, dejando en un estado de vulnerabilidad absoluta a la ciudadanía y sin castigo a los responsables.

En virtud de lo anterior, exigimos:

1. Se dinamice las actuaciones en la integración de la Averiguación Previa en aras de un acceso expedito a la justicia  para Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso y sus familias.
2. Ejercer acción penal contra quien resulte responsable por el homicidio de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso.
3. Reparar el daño a las víctimas.

Señalamos además, que la familia de Jorge, acompañados de los abogados de CADHAC, estarán visitando próximamente al fiscal encargado del caso en la ciudad de México con el propósito de seguir impulsando la investigación y exigiendo justicia, por lo que esperamos contar con resultados.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

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Han pasado ya 4 años de los hechos ocurridos la madrugada del 19 de marzo de 2010 en el Campus Monterrey. Son ya 4 años en que la SEDENA no ha ofrecido una disculpa a los padres de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo por haber confundido, asesinado, golpeado y difamado a sus hijos, alumnos de excelencia del Campus Monterrey, a quienes quisieron hacer pasar por miembros del crimen organizado. Mañana a las 18:00 horas los invitamos a una manifestación pacífica para recordarlos y exigir justicia. La cita es en el Parque Tecnológico, entre Químicos y Filósofos, Col. Tecnológico, Monterrey, N. L. El evento es organizado por la Asamblea Estudiantil Tec. Los acompañamos CADHAC y Amnistía Internacional.

18 de marzo 2014

CADHAC, junto a otras organizaciones de la sociedad civil de México, se encuentran participando en el Cuarto Diálogo Político de Alto Nivel en Materia de Derechos Humanos entre la Unión Europea y México, en Bruselas, Bélgica los días 17, 18 y 19 de marzo de 2014; y de la Adopción del informe final de México en el Examen Periódico Universal en Ginebra, Suiza los días 19 y 20 de marzo de 2014.

Compartimos el pronunciamiento conjunto que se dio en el marco de este encuentro.

Pronunciamiento de la sociedad civil en el marco del Diálogo de Alto Nivel en Derechos Humanos entre México y la Unión Europea

Señores, Señoras representantes de la Unión Europea y del Estado mexicano, reciban un saludo de las 32 organizaciones no gubernamentales que participamos en el Segundo Seminario sobre Derechos Humanos de la Sociedad Civil en el marco del Cuarto Diálogo de Alto Nivel en esta materia que sostienen el Gobierno Mexicano y la Unión Europea.

Primeramente queremos reconocer el cumplimiento de los acuerdos del Primer Seminario realizado en 2012 en relación a la participación de la sociedad civil en el Grupo de Trabajo de la UE y en el presente espacio, recordando que mantenemos el reto de poder incluir a más organizaciones y alcanzar la mayor difusión del trabajo que se está llevando a cabo, así como concretar mecanismos de seguimiento y de información sobre los acuerdos de cooperación entre la UE y México  más allá del Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos.

Con relación a la situación de derechos humanos, desde el diagnóstico que en conjunto las organizaciones de la sociedad civil tanto de la UE y México hemos elaborado, constatamos que ambas regiones enfrentan retos importantes en la materia. Al mismo tiempo, consideramos en particular que la situación que impera en México es una crisis que requiere la atención urgente de la comunidad internacional, incluyendo la UE.

En esta ocasión, las organizaciones tuvimos la oportunidad de abordar las problemáticas de empresas y derechos humanos, seguridad ciudadana y violencia contra la mujer.

En México, estas tres -y tantas otras problemáticas que aquejan al país- son atravesadas por una situación en común: la falta de consolidación del Estado de Derecho y la impunidad casi universal. En particular, la falta de investigación profesionalizada significa que las estructuras de violencia, despojo y discriminación pueden operar sin castigo en territorio mexicano, donde la tasa de impunidad es de 98%-99%. Este ambiente de violencia e impunidad ha llevado al país a una crisis humanitaria sin precedentes en donde las cifras de abusos hablan de la violación sistemática y generalizada de derechos humanos, entre otros, por parte de agentes policiacos, militares y ministeriales que cometen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones; por parte de actores públicos y privados que cometen actos de violencia y discriminación contra la mujer; y por parte de empresas mexicanas y trasnacionales que contaminan, desplazan y explotan recursos naturales sin consultar a los pueblos y comunidades afectadas.

Durante los últimos años hemos constatado cómo las empresas transnacionales y mexicanas, con el respaldo de autoridades, han violentado de manera sistemática el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; a la información pública; a la propiedad colectiva; a un medio ambiente sano; a la autonomía; y a la participación libre de los pueblos en todos los niveles de toma de decisiones referentes a sus recursos; generando despojos, desplazamientos forzados, contaminación y sobreexplotación de recursos naturales en México. Los marcos normativos referentes a la protección y administración de los recursos son omisos a las obligaciones de derechos humanos del Estado; además, las llamadas reformas estructurales, como la energética y las propuestas de reformas al campo, buscan imponer mecanismos de explotación no sostenible de recursos naturales. Tratándose de proyectos extractivos y de explotación de recursos, las concesiones se otorgan y las empresas entran en las comunidades sin consultar, mucho menos obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades afectadas. Por lo mismo, se estima que actualmente hay más de 200 conflictos socio-ambientales relacionados con procesos de explotación de los recursos naturales en el país. En este contexto han ido creciendo las organizaciones y movimientos que denuncian las irregularidades de las empresas y de las autoridades, y han ido ganando un creciente número de recursos legales, además de contar con recomendaciones internacionales. Sin embargo, al defender sus derechos, las y los integrantes de los movimientos ponen en peligro la vida, con 30 defensores ambientales y comunitarios asesinados en los últimos años y otros exiliados. En este marco, recordamos que tanto México como los países de la Unión Europea son co-responsables de respetar y proteger los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales transnacionales.

En materia de seguridad ciudadana en México, la militarización de la seguridad pública ha impactado muy negativamente en la vigencia de los derechos fundamentales. En el año 2013 se denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) más de mil casos de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. Por otra parte, se registraron más de mil quejas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, un problema que hemos documentado sobre todo en el sistema penal y en las cárceles. Asimismo, dimos cuenta de la amplia práctica de detener arbitrariamente y encarcelar a personas inocentes con base en pruebas fabricadas o coaccionadas en vez de realizar investigaciones profesionalizadas para dar con los verdaderos responsables de delitos. Más de 26,000 casos de personas desaparecidas, incluyendo miles de desapariciones forzadas, siguen sin esclarecerse, con las familias emprendiendo sus propias investigaciones a pesar de los riesgos que esto implica. No existen mecanismos eficaces para sancionar violaciones a derechos humanos, debido a la falta de capacidad para investigar la corrupción generalizada y la ausencia de una perspectiva de derechos humanos en las comisiones nacional y estatales establecidas para esclarecer quejas. Por otra parte, la ruta migratoria sigue siendo escena de decenas de miles de extorsiones, secuestros, agresiones sexuales, casos de trata y abusos de otra índole contra la población migrante, una problemática que alcanzó atención internacional en los últimos años ya que en 2011 la CNDH documentó un promedio de más de 22,000 secuestros a migrantes por año.

En relación a la Union Europea y sus Estados miembros, las preocupaciones en materia de seguridad y derechos humanos incluyen la complicidad de los paises de la Union Europea en los temas de deportacion ilegal y tortura de personas detenidas en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo, así como la falta de reacciones contundentes frente al espionaje de servicios de inteligencia extranjeros y europeos y otras medidas administrativas violatorias de los derechos humanos.

Finalmente, en relación a la violencia contra la mujer, nuestras conclusiones generales arrojan que los elementos más sustantivos de transformación estructural hacia la igualdad entre hombres y mujeres continúan pendientes. A la fecha, las mujeres siguen enfrentando un sistema económico, social, cultural y político que parte de una concepción patriarcal basada en estereotipos que obstaculizan su acceso a una vida libre de violencia y en condiciones de igualdad.

En México, los avances normativos coexisten con patrones generalizados y arraigados de abusos y violencia cometidos por parte de actores estatales y no estatales. Falta coordinación entre instituciones y acciones en los estados de la República. Los mecanismos como la Alerta de Género y la emisión de órdenes de protección, no han sido funcionales y desde las propias autoridades se ha obstaculizado su efectividad. Continúa un aumento de los índices de feminicidios en diversas regiones del país. En Oaxaca, del 1º de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2013, 267 mujeres fueron asesinadas y 78 fueron reportadas como desaparecidas. En Nuevo León, entre 2000 y 2008 se registraron 788 feminicidios. En Querétaro, de acuerdo con cifras oficiales, de enero a marzo de 2014 se encontraban desaparecidas 89 mujeres, 53 de ellas niñas y adolescentes. De enero de 1993 a febrero de 2014 han ocurrido aproximadamente 2,200 asesinatos de mujeres en Chihuahua. Las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, bajo el contexto de “la guerra contra el narcotráfico”, se agrava sobre todo por las características de México, en donde el tránsito de mujeres víctimas de trata es un factor adicional para las desapariciones. Por otra parte, en estados como Guerrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias emitidas a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, reconoció que las mujeres viven en un contexto de pobreza, discriminación y violencia institucional castrense.

Otra problemática alarmante es el aumento en las agresiones contra defensoras de derechos humanos. En 2013, se registraron 242 ataques, más del doble de las cifras registradas en años anteriores, mientras continúa la ausencia de diseño e implementación de medidas de protección con perspectiva de género y etnicidad. Finalmente, las altas tasas de muerte materna, las prácticas de violencia obstétrica y la criminalización de la interrupción del embarazo en la mayoría de las entidades federativas del país generan una preocupante situación de discriminación y violaciones a los derechos humanos.

En la Unión Europea se destaca la gravedad de la situación de violencia contra las mujeres que fue documentada en la reciente encuesta realizada por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Se evidenció que 1 de cada 3 mujeres en la UE ha sido objeto de algún tipo de violencia física o sexual. Frente a ello, los países de la UE carecen de legislación y políticas uniformes entre los Estados Miembros para la prevención de la violencia así como para la protección de las mujeres, entre otras, en materia de albergues y líneas telefónicas para mujeres víctimas de violencia y en la tipificación del delito de violación sexual.

Cabe señalar que en México, en el contexto descrito, los riesgos para personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y comunicadores han sido cada vez mayores. El aumento en los índices de violencia y la militarización de la seguridad pública han tenido también un impacto directo en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incrementando el número de ataques y agresiones hacia quienes han alzado su voz en contra del poder. Tal como lo han señalado diversos organismos internacionales, defender los derechos humanos en México se ha vuelto una actividad de alto riesgo, en particular para quienes se dedican a la defensa de las personas migrantes, de los derechos de las mujeres, de las personas del colectivo LGBTTTI, de los pueblos indígenas y defensores del medio ambiente, quienes han sido atacados con mayor frecuencia.

En México, la estrategia más acertada para empezar a revertir las problemáticas identificadas, reflejada hasta ahora en la Constitución y en la creación de instituciones pero no en la realidad de la población, es la reforma del Estado y en particular del sistema de justicia a partir de las reformas constitucionales en materia de justicia penal (2008) y derechos humanos (2011). En los tres rubros analizados aquí – empresas, seguridad ciudadana y violencia contra la mujer– una y otra vez nuestras organizaciones han constatado cómo las autoridades o no respetan los derechos humanos y la ley; o no investigan; o aplican criterios judiciales discriminatorios y violatorios de los derechos humanos. Para avanzar en el respeto por los derechos humanos en estas áreas, no basta generar un discurso progresista, sino que es necesario poner fin a la corrupción, la fragilidad institucional y la impunidad, y que todas las políticas y acciones del Estado implementen las reformas constitucionales en derechos humanos.

Recomendaciones para México y la Unión Europea

En general:

• En la renegociación del Acuerdo Global UE-México, colocar al centro el tema de derechos humanos, estableciendo indicadores que permitan medir los resultados en la materia en ambas regiones a la luz de las problemáticas concretas ya identificadas.
• Establecer indicadores concretos y mecanismos de seguimiento eficaces a los acuerdos del Diálogo Político de Alto Nivel en materia de Derechos Humanos, en los que se involucre a la sociedad civil. Los resultados se deben presentar en el próximo Diálogo.
• Mantener y fortalecer los espacios de participación de la sociedad civil en el marco de los espacios de la cooperación entre México y la UE.

En el tema de empresas y derechos humanos:

A México y la UE:

• Garantizar la implementación, divulgación y observación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
• Impulsar las discusiones de la creación de un instrumento internacional vinculante en materia de Empresas y Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos; así como fortalecer el mandato del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, promoviendo entre otras cosas la facultad de recibir comunicaciones individuales.

A la Unión Europea y sus Estados miembros:

• Suspender el financiamiento público a proyectos de inversión o megaproyectos donde se haya denunciado violaciones de derechos humanos.
• Garantizar el acceso a la justicia para juzgar violaciones a derechos humanos cometidas en México por empresas con sede en la jurisdicción de la UE, y la debida reparación a las víctimas.
• Cumplir con las disposiciones establecidas por la Comisión Europea para adoptar, implementar y difundir Planes de Acción Nacional para la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en los Estados Miembros. En ese marco deben establecer mecanismos de sanción de las empresas que no respetan los Principios Rectores y las Directrices OCDE.

A México:

• Proveer información adecuada y garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades afectadas por megaproyectos para garantizar la sostenibilidad técnica, económica, ambiental y sociocultural de cualquier proyecto propuesto, así como el derecho de la comunidad de rechazar el proyecto.
• Aprobar un marco normativo sobre consulta indígena y consulta campesina, con la directa participación de las comunidades, en conformidad con los más altos estándares internacionales de derechos humanos y reformar o derogar las leyes contrarias a este marco, sobre todo en materia forestal y minera.
• Fortalecer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el sistema de persecución de los delitos ambientales para que actúe de forma eficaz, oportuna e independiente; así como reformar la Evaluación de Impacto Ambiental para incluir criterios de derechos humanos y transparencia.
• Suspender la implementación de megaproyectos en disputa judicial para salvaguardar los derechos humanos de las comunidades afectadas.

En el tema de seguridad ciudadana:

A la UE y México:

• Buscar conjuntamente alternativas para la actual política internacional contra las drogas y en particular la estrategia de seguridad implementada para combatir a la delincuencia organizada.
  • A nivel doméstico los gobiernos de la UE y de México deben impulsar políticas que pongan fin a la criminalización de las y los usuarios de drogas, poniendo el énfasis en la atención a la salud, alejando el debate de las premisas de la seguridad nacional e incorporando políticas de prevención y reducción de daños.
  • Impulsar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la creación de una relatoría especial sobre la protección de los derechos humanos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.
• Avanzar en el fortalecimiento institucional para la investigación de graves violaciones a derechos humanos.
  • Que el Estado mexicano conforme un cuerpo de profesionales de la salud autónomo e independiente del Estado, preparados y disponibles para aplicar de manera objetiva el Protocolo de Estambul.
  • Que el Estado mexicano instale un mecanismo inter-institucional para la búsqueda de personas desaparecidas mexicanas y extranjeras y que la UE facilite cualquier apoyo técnico que le sea solicitado en esta materia.
  • Que el Estado mexicano reforme el Código de Justicia Militar de acuerdo a las sentencias de la Corte Interamericana y cumpla con sus obligaciones derivadas de la ratificación del Estatuto de Roma.
  • Que los gobiernos de ambas regiones generen estadísticas que midan el impacto de la violencia criminal, doméstica y de violaciones graves a derechos humanos en la población, sobre todo en mujeres y grupos en situación de exclusión y discriminación.
  • Que la UE fortalezca la aplicación de las Directrices sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
  • Que los Estados de la Unión Europea investiguen y sancionen a los responsables de deportaciones ilegales y casos de tortura en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo, así como el espionaje a la población civil.
• Cambiar el enfoque en el que se aborda la migración de uno de seguridad nacional a uno de derechos humanos, en particular buscando alternativas a la detención.

A México:

• Evitar que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública, priorizando la inversión social y la construcción de capacidades de investigación científica de parte de las autoridades civiles, dejando atrás el uso de detenciones arbitrarias, tortura y fabricación de pruebas.

• Monitorear la implementación del nuevo sistema de justicia penal con indicadores que permitan medir el impacto del mismo y si se están cumpliendo los requisitos constitucionales, incluyendo en particular la presunción de inocencia y la exclusión de las pruebas ilícitas.
• Derogar el arraigo del texto constitucional como medida cautelar en la investigación de los delitos graves y relacionados con la delincuencia organizada.

En el tema de violencia contra la mujer:

A la UE y México:

• Generar mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación en la implementación de los tratados internacionales de erradicación de la violencia de género.
• Implementar las recomendaciones de la Propuesta de Resolución de urgencia sobre el Feminicidio en la Unión Europa y en América Latina de la Asamblea Parlamentaria EUROLAT.
• Ampliar la participación de la sociedad civil en materia del combate a la violencia de género dentro del marco de las relaciones bilaterales y espacios de diálogo político entre México y la Unión Europa.
• Impulsar proyectos para la formación de personas que tratan con mujeres víctimas de violencia, desde salud hasta justicia. Abordar de manera particular el trabajo con operadores y operadoras de justicia para la incorporación de una perspectiva de género en la elaboración de sentencias.
• Que se incorpore en el discurso y en las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia de forma explícita a las niñas y a las adolescentes ya que las acciones afirmativas sólo transcenderán generacionalmente si se entiende a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida y no sólo en la etapa adulta.

A la Unión Europea y sus Estados miembros:

• Ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).
• Diseñar e implementar un año europeo contra la violencia de género.

A México:

• Establecer un mecanismo para dar a conocer y comentar el protocolo sobre investigación de violaciones sexuales que surge de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos González y Otras (Campo Algodonero); Valentina Rosendo e Inés Fernández contra el Estado Mexicano.

En el tema de defensores y defensoras de derechos humanos:

A la Unión Europea y sus Estados miembros:

• Continuar implementando las Directrices de la Unión Europea sobre personas defensoras de Derechos Humanos enfocándolas en particular a las personas defensoras comunitarias, fomentando el reconocimiento de su labor.
• Discutir la actualización de estas Directrices a partir de la incorporación de una perspectiva de género que permita visibilizar a las Defensoras de Derechos Humanos y sus riesgos particulares así como las medidas de protección que requieren. En este marco, consideramos importante retomar las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas.

A México:

• Fortalecer y aplicar de manera inmediata a todos los niveles el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
• Garantizar la seguridad y protección de las personas defensoras comunitarias del derecho a la tierra, el territorio y un medio ambiente sano, a través de medidas colectivas e individuales de protección y prevención.
• Generar una base de datos desagregada por edad, sexo y etnia en el Mecanismo de Protección, así como una guía que permita implementar medidas de protección con indicadores y perspectiva de género para las defensoras de derechos humanos.
• Aplicar los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y comunicación a través de una ley secundaria que facilite el acceso y operación de las radios comunitarias e indígenas, reconociendo que están ejerciendo una labor de defensa de derechos humanos.

 

 

 

 

 

12 de marzo del 2014

BP1402/08

Procuraduría de Justicia del estado de Tamaulipas, atiende a familiares nuevoleoneses que tienen familiares desaparecidos en ese estado.

El pasado 6 de marzo se llevó a cabo una reunión entre familiares de personas desaparecidas y el Procurador del estado de Tamaulipas, Ismael Quintanilla Acosta su equipo, personal de la Procuraduría de Justicia de N.L. y CADHAC.

La reunión y el traslado de las familias radicadas en nuestra entidad fue favorecida por la Procuraduría del estado de Nuevo León; a donde acudieron 13 familiares que revisaron sus casos de 26 personas que desaparecieron en Matamoros, Tampico, Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas.

En la reunión se tuvo la oportunidad revisar cada uno de los casos con la presencia de los Ministerios Públicos responsables, estando presentes los Ministerios Públicos de Matamoros, Tampico y Nuevo Laredo, quienes rindieron informes de las diligencias realizadas hasta el momento –mismas que evidentemente se habían agilizado de cara a la reunión-. A partir de eso,  la mesa de trabajo ahondó en el análisis de los casos, definiendo líneas y compromisos de seguimiento en cada uno ellos. El Procurador disculpó la ausencia del Ministerio Público de Reynosa y en su lugar atendió los casos, el Subdirector de Averiguaciones Previas, Lic.  Pedro Efraín González Aranda.

En el marco de la reunión se tuvieron dispuestos recursos de la Procuraduría por lo que se pudieron realizar diligencias específicas tales como ampliación de declaraciones, toma de muestras de ADN, integración de fotos y huellas digitales, entre otras, lo que eficientó dicha reunión.

El Procurador Quintanilla Acosta dijo tener disposición para atender los casos y refirió que actualmente existe colaboración entre procuradurías misma que es favorable para la atención de este tipo de casos. Así mismo, aceptó la posibilidad de realizar reuniones de forma periódica.

En la reunión estuvieron presentes el 1er Subprocurador General de Justicia, Lic. Miguel Lirach Gómez, el 2do Subprocurador Lic. José Said Ramírez David, así mismo el Director  de Averiguaciones Previas Lic. Oscar Alberto Lara Sosa.

Por parte de la Procuraduría de Nuevo León se contó con la asistencia del Licenciado Carlos de la Garza Cañamar y el Lic. Mario Cantú,  mismos que ofrecieron toda la colaboración posible para el avance de los casos, por lo que en la reunión se establecieron compromisos concretos de las colaboraciones que se requieren entre las Procuradurías de Tamaulipas y de Nuevo León.

Las familias acompañadas por CADHAC regresaron entusiasmadas toda vez que es la primera ocasión en que son atendidas debidamente en Tamaulipas. Además porque la Procuraduría de Tamaulipas reconoció la grave situación que ha prevalecido en el estado y ofreció el seguimiento puntual a las investigaciones.

Esta reunión es la primera en su tipo en que se replica la experiencia de la Procuraduría de Nuevo León donde con la coadyuvancia de las familias afectadas y  la participación de la Sociedad Civil se abordan graves problemáticas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, como el caso de la desaparición de personas.

Desde CADHAC estaremos dando seguimiento puntual al cumplimiento de los acuerdos establecidos, es decir, al avance de las investigaciones de los 7 casos presentados en la Procuraduría de Tamaulipas a fin de lograr la localización de las personas que han sido desaparecidas.

 

¡Las familias tienen derecho a la verdad y la justicia!

¡Las/os desaparecidas/os nos hacen falta a todas/os!

¡No más desapariciones!

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Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos en Nuevo León, México.

 

Padre Mier 617 Pte. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 Tel. (81) 83435058 y (81) 83436618 cadhac@cadhac.org  /  www.cadhac.org

07 de marzo de 2014

BP1402/07

 

La violencia hacia las mujeres sigue perpetrándose 

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, denuncian desapariciones, feminicidios y violencia familiar en el estado de Nuevo León

 

El Día Internacional de las Mujeres se conmemora desde inicios del siglo XX, teniendo presente la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos a lo largo de la historia. Particularmente la fecha nos recuerda la entereza, el valor y la dignidad de las 140 obreras que, en 1911, fueron quemadas vivas en una fábrica de textiles en Nueva York, por exigir mejores condiciones laborales.

La lucha de las mujeres por la reivindicación de derechos no ha sido fácil, pues se genera en medio de estructuras patriarcales orientadas a someter a las mujeres y desestimar su aporte en la sociedad. La desigualdad que afecta a las mujeres se respalda en un abuso de poder resultando en diversas formas de violencia.

A más de un siglo de conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres, denunciamos la actual perpetración de la violencia y la ineficacia de las políticas públicas para atenderla en cualquiera de sus ámbitos, pues a pesar de los avances logrados en términos de establecimiento de programas, instituciones, legislación y políticas, vemos en nuestros contextos que esto no se traduce en una vida libre de violencia para las mujeres, ni en el ámbito privado, ni en el ámbito público.

Particularmente en el estado de Nuevo León -de acuerdo a datos hemerográficos- 2013 fue el año con las cifras más altas de denuncias por violencia familiar, dando un total de 11 mil 761 denuncias. Dato que no contempla aquellos hechos que, por temor o imposibilidad, no han sido denunciados.

La violencia en el ámbito social sigue igualmente perpetrándose en la entidad. De 2000 a 2013 hay un registro de 788 feminicidios, mientras que se presentan considerables desapariciones de mujeres, vinculándose en ocasiones a otros delitos como la trata de mujeres o el feminicidio. Tan solo en CADHAC tenemos un registro de 53 mujeres desaparecidas de 2010 a febrero de 2013. Las desapariciones de mujeres en Nuevo León se asientan como un punto de profunda preocupación en las Observaciones al gobierno mexicano emitidas en 2012 por el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), sin que a la fecha se resuelva tal situación.

En México se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como con la Ley General de Atención a Víctimas, las cuales tienen su paralelo estatal; además el Estado mexicano ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW), así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Las leyes, sin embargo, no se aplican cabalmente. Las instituciones y programas tienen deficiencias que urgen ser subsanadas.

En este Día Internacional de las Mujeres, denunciamos la perpetración de la violencia hacia las mujeres en los ámbitos público y privado. Denunciamos la violencia familiar, los feminicidios y las desapariciones de mujeres en Nuevo León. Nos pronunciamos por la eliminación de la violencia y por la revisión y aplicación de la legislación y políticas, de tal manera que permitan realmente atender, prevenir, sancionar y eliminar la violencia hacia las mujeres en Nuevo León y en el país.

 

¡Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia!

¡No más violencia hacia las mujeres!, ¡No más desapariciones!

Un video especial con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con testimonios de madres de mujeres desaparecidas cuyos casos acompañamos en CADHAC.

http://www.youtube.com/watch?v=hNmh-KauLjQ&feature=youtu.be

Monterrey, N.L. a 8 de marzo, 2014.