26/02/14
Te invitamos a la 17 Reunión con la Procuraduría de Nuevo León. AMORES, grupo de familiares de personas desaparecidas y CADHAC, te esperamos para que nos acompañes a exigir justicia y verdad. Viernes 28 de febrero a las 9:30 horas, en la Plaza de la Purísima, en Monterrey.
25 de febrero de 2014
BP1402/05
Visita técnica de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas
En seguimiento a la vista de Kathryne Bomberger, directora de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. (ICMP, por sus siglas en inglés), se encuentra en Monterrey un equipo técnico invitado por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, quienes estuvieron con el Procurador, con personal científico y técnico de la PGJNL, así como con familiares de personas desaparecidas y el equipo CADHAC.
Del 20 al 26 de febrero, tres científicos: Adnan Rizvic, subdirector de Ciencias Forenses y responsable del Sistema de Identificación del Departamento de Ciencias Políticas, Sylvain Amory, Coordinador de la Validación y Desarrollo de los Laboratorios de ADN del Departamento de Ciencias Forenses y Christopher Finuncane, Responsable de Operaciones y Proyectos de esta organización internacional, con sede en Bosnia, conocieron los recursos tecnológicos y humanos de la PGJNL: laboratorios de ADN, departamento de informática, instalaciones del Servicio Médico Forense, además de sostener reuniones con agentes del ministerio público.
Asimismo, los expertos tuvieron un encuentro con las familias donde pudieron compartir experiencias. Los familiares manifestaron sus dudas acerca de los diferentes procesos a los cuales se enfrentan con las autoridades en la búsqueda de su ser amado.
“Lo mejor que pueden hacer por su familiar para contribuir con la investigación es ir y dejar una prueba de ADN a los laboratorios”, afirmó Sylvain Amory.
Después de conocer la realidad en Nuevo León y manifestar haber encontrado voluntad política en las autoridades del estado, se proyecta presentar una propuesta de trabajo en donde formarán parte la PGJNL, las familias de los desaparecidos, ICMP y CADHAC.
Los expertos recalcaron en diversas ocasiones que lo más importante para las autoridades, los científicos y todas las personas que están involucradas en los procesos de investigación de estos casos, son las familias.
“Nosotros amamos la ciencia, es una herramienta poderosa, pero como científicos no podemos perder de vista que lo más importante son las familias y su bienestar”, concluyó Rizvic.
*La ICMP fue fundada en 1996, tiene sede en Bosnia y su papel principal es asegurar la cooperación de los gobiernos en la localización e identificación de las personas desaparecidas durante un conflicto armado o por causa de violaciones de los derechos humanos. Es la única organización en el mundo que se dedica solamente al tema de desapariciones.
24/02/14
Organizaciones de Derechos Humanos instan a la SCJN a cumplir con recomendaciones internacionales sobre arraigo
• La Suprema Corte de Justicia comenzó el pasado jueves las discusiones sobre la aplicación de la figura del arraigo, la cual ha sido criticada a nivel nacional e internacional
• Más de nueve mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado a México su total eliminación, tanto en la práctica como en la ley, a nivel federal y local
MÉXICO DF, 24 DE FEBRERO DE 2014.- Ante la discusión que ha comenzado en días recientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la aplicación de la figura del arraigo, las organizaciones de la sociedad civil y personas en lo individual que suscribimos la presente instamos a las y los Ministros a incorporar los estándares internacionales en la materia y dar cumplimiento a las diversas recomendaciones que más de nueve mecanismos internacionales de derechos humanos han emitido a México.
Desde 2002, antes de que el arraigo fuera elevado a rango constitucional, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias concluyó que el arraigo representaba una forma de detención arbitraria debido a la insuficiencia de recursos judiciales.
Desde que en 2008 se incorporó el arraigo en la Constitución, diversos mecanismos internacionales han recomendado a México su eliminación. En 2010 el Comité de Derechos Humanos de la ONU también expresó su gran preocupación sobre la utilización del arraigo en la lucha contra el crimen organizado en el que una persona puede ser detenida sin cargos durante un máximo de 80 días y sin las garantías jurídicas prescritas por los tratados internacionales. Asimismo, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, tras haber visitado el Centro Nacional de Arraigo condenó la figura pues encontró que cerca del 50% de las personas detenidas bajo arraigo presentaban señas de tortura.
Más recientemente, en 2012, el Comité Contra la Tortura reiteró su preocupación expresada ya desde 2007 sobre la aplicación del arraigo, e instó decididamente a México a que “elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal”.
Otros mecanismos que se han pronunciado en este mismo sentido son la Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar que, en el marco de la segunda evaluación de México ante el Examen Periódico Universal, nuevamente se recomendó la eliminación del arraigo del ordenamiento jurídico nacional.
El arraigo constituye, en sí misma, una figura que contraviene a los principios de justicia de un sistema democrático que consiste en “detener para investigar”, y que a la vez viola diversos derechos humanos. La SCJN debe hacer valer el reciente reconocimiento que recibió por parte las Naciones Unidas por su labor en la protección de los derechos humanos en el país y eliminar la posibilidad de que esta figura se aplique en el país.
Por todo lo anterior, las organizaciones de derechos humanos y personas que suscribimos la presente hacemos un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la inconstitucionalidad de la aplicación de la figura del arraigo a nivel local y la inconvencionalidad de la aplicación a nivel federal.
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, ACAT Amnistía Internacional
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, (ASILEGAL)
Casa del Migrante de Saltillo
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC. (CEPAD)
Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos
CIARENA, A.C .
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADHAC
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa
Espolea
Equis: Justicia para las Mujeres
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Geraldina González de la Vega
Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. JASS (Asociadas por lo Justo)
Jorge Israel Hernández
Mariclaire Acosta
Organización Mundial contra la Tortura Propuesta Cívica A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. Serapaz Sin Fronteras IAP
Para mayor información
Samuel Kenny, Comunicación CMDPDH
comunicacion@cmdpdh.org
tel. (55) 55642582
23/02/14
El grupo Amores, integrado por familiares de personas desaparecidas, encabezó hoy un acto en la Macroplaza de Monterrey, para visibilizar el problema de las desapariciones y exigir justicia a las autoridades.
“Estamos aquí buscando el apoyo ciudadano para que la gente que aún tiene miedo luego de la desaparición de un miembro de su familia, se arme de valor y denuncie. Que se una a un grupo de familiares de los desaparecidos para exigir al gobierno justicia por nuestros desaparecidos, secuestrados o ejecutados”, expresó en el evento la señora Virginia Buenrostro, coordinadora de las familias.
La Justicia de Estados Unidos sentenció a dos años y once meses de cárcel a Megan Rice, una monja católica de 84 años que irrumpió en un complejo nuclear con dos activistas para protestar contra ese tipo de armamento, informaron medios locales.
Los activistas que acompañaban a Rice durante la protesta, llevada a cabo en 2012, eran un veterano de la guerra de Vietnam y un pintor de Minesota con historial delictivo, que fueron condenados a más de cinco años de prisión.
Compartimos con ustedes el comunicado que Amnistía Internacional emitió con motivo de la visita a México de su Secretario General :
El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto, a quien hizo entrega de un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad generalizada y el persistente patrón de graves violaciones a los derechos humanos en el país.
“México es un actor cada vez más importante en la escena mundial, no sólo en términos económicos sino también en la promoción de los derechos humanos. Durante nuestro encuentro le dije al Presidente Peña Nieto que si su gobierno quiere realmente demostrar a la comunidad internacional y al pueblo de México que se toma en serio los derechos humanos, debe ir más allá de las palabras y hacer de estos una realidad en su país”, afirmó Salil Shetty tras la reunión con el Presidente Peña Nieto.
“El Presidente tiene el poder para atender la crítica situación de derechos humanos que vive México. Peña Nieto debe actuar inmediatamente y debe tomar las medidas inmediatas para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos para todas las personas en el país”, agregó Shetty.
El Presidente Peña Nieto y Salil Shetty dialogaron sobre la grave situación que enfrenta México, incluyendo el uso generalizado de la tortura, las desapariciones, los abusos contra migrantes y los ataques contra periodistas y quienes defienden los derechos humanos. Todas ellas son violaciones que persisten gracias a la impunidad existente en México.
El Secretario General expresó su particular preocupación por la violencia y la discriminación a la que se enfrentan las mujeres, así como los integrantes de las comunidades indígenas.
Shetty reconoció que la nueva administración ha puesto en marcha varios mecanismos y procesos para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, aunque resaltó que su implementación y el cumplimiento han sido débiles. También reconoció la apertura que ha tenido el gobierno mexicano para recibir a observadores de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como de Amnistía Internacional.
Sin embargo, Salil Shetty mostró su preocupación por el hecho de que a un año de que las autoridades reconocieran la existencia de más de 26,000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante el sexenio anterior, el gobierno ni siquiera haya aclarado cuántas víctimas de desaparición forzada y de privación de la libertad por parte de bandas criminales permanecen sin localizar.
“Visité Saltillo y dialogué con las familias de personas que continúan desaparecidas en varios estados. Le transmití al Presidente que resulta evidente la falta de acción por parte de las autoridades para localizar a sus seres queridos y llevar a los responsables ante la justicia”, añadió Shetty.
En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos realizó una serie de recomendaciones a México para mejorar su preocupante historial en derechos humanos.
En marzo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto anunciará cuáles de estas recomendaciones serán aceptadas. Amnistía Internacional espera que el gobierno mexicano acepte e implemente todas las recomendaciones que sean consistentes con los estándares internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional llama al gobierno de Peña Nieto a:
n Realizar un pronunciamiento claro sobre los compromisos de su administración en materia de derechos humanos y cumplir su promesa de enfrentar efectivamente la grave situación actual.
n Garantizar la búsqueda efectiva de víctimas de desaparición y llevar a los responsables ante la justicia, incluyendo a los funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.
n Garantizar, mediante acciones integrales y efectivas, la seguridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que se encuentren en riesgo, y hacer rendir cuentas ante la justicia a los responsables de ataques y amenazas en su contra.
n Asegurar los derechos humanos de migrantes irregulares, incluyendo el derecho a no ser objeto de violencia. Todos los abusos contra personas migrantes deben ser exhaustivamente investigados y las personas responsables deben rendir cuentas.
Durante su visita al estado de Coahuila, el Secretario General sostuvo encuentros con migrantes, familiares de víctimas de desaparición, defensoras y defensores de derechos humanos y con el gobernador del estado. Mediante esta visita, Amnistía Internacional pudo confirmar cómo las autoridades han fallado en cumplir con sus obligaciones hacia las familias de las personas desaparecidas e hizo un llamado a que las autoridades estatales asuman un compromiso claro y contundente para la localización de las víctimas y hagan rendir cuentas a los responsables de estos crímenes.
En la Ciudad de México, Salil Shetty se reunió con otras víctimas de violaciones a los derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Sostuvo también encuentros con los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de Justicia, así como con el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia y con integrantes de los comités de derechos humanos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
Puedes encontrar más información en: http://alzatuvoz.org/m2014.pdf
Compartimos el comunicado de la CIDH:
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de la sección policíaca de los periódicosNotisur y Liberal del Sur, cuyo cuerpo fue encontrado el 11 de febrero en el municipio de Las Choapas, estado de Veracruz, México. La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades mexicanas a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta, para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo.
De acuerdo con la información recibida, el 5 de febrero Jiménez de la Cruz habría sido secuestrado por un grupo armado que habría llegado a su casa en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, después de que el reportero dejara a sus hijos en el colegio. El 11 de febrero las autoridades confirmaron el hallazgo de tres cuerpos en fosas clandestinas, uno de los cuales era el del periodista Jiménez de la Cruz. El periodista habría estado reportando sobre una serie de secuestros y desapariciones en este municipio. Asimismo, Jiménez de la Cruz habría recibido amenazas por la publicación de una nota sobre crímenes cometidos cerca de un bar de la ciudad, según su familia.
Según la información recibida, las autoridades veracruzanas habrían capturado a al menos cinco personas entre las que se encontraría la presunta autora intelectual del asesinato. Aunque las autoridades locales habrían señalado en un primer momento una venganza personal como el motivo del crimen, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se habría desplazado al lugar y estaría investigando el caso en terreno e indagando distintas líneas de investigación relacionadas con el ejercicio de la profesión. Las organizaciones de libertad de expresión habrían indicado que existen indicios suficientes que apuntarían al ejercicio del periodismo como posible causa del asesinato. La situación de violencia contra los y las periodistas en Veracruz ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual el crimen habría podido estar asociado con el ejercicio de la profesión del periodista.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/
Este fin de semana CADHAC, junto con familiares de personas desaparecidas cuyos casos acompañamos, tuvimos la oportunidad de asistir a una reunión con Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional. En el evento, que se llevó a cabo en Saltillo, expusimos la situación de las desapariciones en Nuevo León. También estuvieron presentes organizaciones como FUUNDEC y Justicia para Nuestras Hijas, de Chihuahua.
Compartimos este comunicado de nuestros compañeros del Colectivo por la Paz.
Xalapa, Ver., a 12 de febrero de 2014
Lic. Erik Lagos Hernández
Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz
PRESENTE
El Colectivo por la Paz Región Xalapa, las organizaciones civiles que lo integran, familiares de personas desaparecidas, secuestradas y víctimas de violencia del Estado de Veracruz, manifestamos:
El Estado de Veracruz vive en su realidad cotidiana una ola de inseguridad y de violencia. La inseguridad que prevalece en el Estado ha afectado la vida cotidiana de la población con el aumento de asesinatos, robos, represión, secuestros, desapariciones involuntarias y desapariciones forzadas.
Las víctimas directas e indirectas de estos delitos y hechos violentos se enfrentan a una procuración de justicia deficiente, lenta, burocrática, revictimizante y subjetiva. En el caso de Desapariciones Involuntarias y Desapariciones Forzadas, las autoridades designadas para la atención y búsqueda de personas desaparecidas han incurrido en omisiones, intimidaciones, criminalización, violaciones a la privacidad, violaciones a los Derechos Humanos de las víctimas y de las víctimas indirectas, así como a la negación de información sobre el avance de las investigaciones y búsqueda. Más aún, se enfrentan a la negación del Estado para reconocer la realidad violenta y a la negación del reconocimiento de la responsabilidad en la Desaparición Forzada de personas.
El Estado pues, juega un papel de consentimiento, minimización, ocultamiento y de clasificación como aislados los hechos de violencia que cada vez afectan a más veracruzanos, negando así la verdad y la justicia para las familias.
Los anteriores hechos han alentado al Colectivo por la Paz Región Xalapa a solicitar en diferentes ocasiones a las autoridades estatales, incluyendo al Gobernador del Estado, la atención de estos sucesos. En la mayoría de los casos no hemos obtenido respuestas visibles y concretas, por el contrario, se nos ha sometido a la atención con autoridades que no tienen la menor capacitación ni sensibilidad para atender a víctimas; se ha engañado a las familias con la promesa de avances en investigaciones que se confinan a una investigación de papel; se han sometido a las familias a tratos intimidatorios por agentes que más que alentar un avance, incurren en toda clase de omisiones, todo esto constituyente de acciones revictimizantes y violatorias de Derechos Humanos perpetradas por el propio Estado.
En materia de seguridad no tenemos más que temer el Veracruz Seguro que ha llenado las calles de agentes que se ocultan bajo una máscara, a quienes se les ha dado el poder de actuar autoritariamente para abusar del pueblo, mismo al que tienen el deber de proteger. Los cuerpos de seguridad gozan de una acreditación que pareciera solo complace a los intereses del discurso que defiende con necedad la injusticia y la omisión del Estado.
Los puntos anteriormente expuestos nos convocan a exigir de manera urgente ante esta representación social, quien convocó a una reunión para recibir a las familias de personas desaparecidas y la canceló el día de hoy evidenciando su falta de respeto y compromiso hacia las familias que Usted mismo convocó:
Sin otro particular, nos despedimos de Usted.
ATENTAMENTE
Familiares de las personas desaparecidas en el Estado de Veracruz
Colectivo por la Paz Región Xalapa Cel. 044 228 1093322
12 de febrero de 2014
BP. No. 1402/04
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) lamenta las irregularidades sucedidas en el operativo de búsqueda encabezado por el gobierno de Coahuila en fechas recientes, presentadas por el medio de comunicación Univisión.
El pasado 3 de febrero se transmitió en el noticiero Primer Impacto de la cadena Univisión, un reportaje sobre el operativo de búsqueda encabezado por el gobierno de Coahuila donde se aprecian diversas irregularidades que, naturalmente, derivan en la pérdida de confianza de los familiares de personas desaparecidas hacia las autoridades.
Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deben seguir las reglas de preservación del lugar del hallazgo y de búsqueda, fijación, levantamiento y embalaje de indicios fundamentales para los fines del operativo. Lo cual, como se aprecia claramente en el reportaje de Primer Impacto y se denuncia en el comunicado de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila de fecha 10 de febrero de 2014, esto no sucedió en el operativo de búsqueda ya mencionado.
De igual manera resulta lamentable que las autoridades hayan permitido, de manera completamente irresponsable, el ingreso de un reportero a una zona que debiera estar resguardada.
Ante esto, CADHAC demanda que esta práctica inadecuada de búsqueda no vuelva a repetirse ni en Coahuila, ni en ningún otro estado. Así mismo, urgimos que la autoridad realice de manera ética y profesional la búsqueda de las personas desaparecidas en coordinación con las familias.
CADHAC está convencida de que la única manera de avanzar en las investigaciones de los casos es con la colaboración de los familiares de las personas desaparecidas y esto solo será posible si las autoridades realizan un trabajo confiable y profesional, con acciones concretas y una rendición de cuentas transparente.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos en Nuevo León.
