Invitación a la próxima reunión con la Procuraduría de Justicia de NL
Excmo. Señor Presidente Peña Nieto:
A pocos días que concluya el primer año de su sexenio, tengo el honor de dirigirme a S.E. para manifestar nuestra profunda preocupación debido a que no se han registrado resultados frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en México en los últimos años.
Cuando S.E. asumió la presidencia, México estaba sumido en una crisis de derechos humanos, y existía una impunidad casi absoluta por abusos generalizados —incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas— cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de operaciones contra la delincuencia organizada.
S.E. ha señalado reiteradamente que los derechos humanos son un tema prioritario para su gobierno. En el discurso que pronunció al asumir la presidencia, se comprometió a “hacer realidad los derechos humanos que reconoce [la] Constitución [de México]”. El “Pacto por México” expresó el compromiso de convertir el respeto de los derechos humanos en una “política de Estado”, y, el primer día de su mandato, emitió una directiva dirigida a las fuerzas armadas que “prohíbe el uso de la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en toda diligencia o actuación”, según su administración.
Cuando asumió en diciembre de 2012, le dirigí una comunicación pública en nombre de Human Rights Watch, instándole a que acompañara estas declaraciones con un plan de acción concreto y detallado para dar respuesta a los problemas de derechos humanos que heredó su gobierno. Aclaramos que entendíamos que se trataba de problemas complejos y de difícil solución que no se atribuían a su gobierno, y que llevaría cierto tiempo resolverlos. También advertimos que la amenaza para la seguridad pública que representa la delincuencia organizada es genuina y no ficticia y que al gobierno le incumbe la responsabilidad de proteger a los ciudadanos frente a estos grupos.
En el último año, su gobierno ha adoptado algunas medidas positivas en materia de derechos humanos. Promulgó una Ley General de Víctimas para ofrecer justicia y resarcimiento a víctimas de delitos, pero aún no se ha adoptado la correspondiente ley reglamentaria. Su gobierno reconoció la magnitud del problema de las desapariciones, y conformó una unidad de investigación dedicada exclusivamente a estos delitos. Su gobierno afirmó estar trabajando en la definición de un Programa Nacional de Derechos Humanos, si bien aún no trascendieron los pormenores de este proyecto.
No obstante, a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad.
Nuevos abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad
Human Rights Watch ha identificado casos que demuestran que militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante su presidencia. Estos hechos incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en estados en todo el país, perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
Entre estos casos se incluye el de Armando Humberto del Bosque Villarreal, detenido el 3 de agosto por miembros de la Marina cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su padre presenció la detención e informó haber hablado con un capitán de Marina, quien le aseguró que Armando sería liberado en breve, pero posteriormente el capitán negó que la detención hubiera ocurrido. El cuerpo de Armando fue hallado el 3 de octubre a pocos kilómetros de un cuartel de la Marina.
Otro ejemplo es el asesinato de tres dirigentes campesinos en Guerrero, que fueron encontrados muertos el 3 de junio, tras ser llevados contra su voluntad junto con otras cinco personas el 30 de mayo. El día previo a la fecha en que fueron llevados, miembros del movimiento social a la cual pertenecían habían presentado una denuncia formal ante las autoridades expresando su temor de que el alcalde y el jefe de policía municipal pudieran ordenar su asesinato. Un testigo que sobrevivió a los hechos indicó en una declaración que el alcalde y el jefe de policía visitaron el lugar donde él y las demás personas en cautiverio se encontraban detenidas, y el alcalde ordenó que fueran torturados.
A pesar de evidencias que señalan la participación de agentes estatales, ningún funcionario ha sido consignado en estos casos.
Su administración aún no ha dado los pasos necesarios para hacer cumplir la prohibición del uso de pruebas obtenidas bajo tortura, entre ellos mejorar la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y la práctica de tortura persiste en algunas partes del país a pesar de esa reforma amplia para proteger los derechos básicos.
Se mantiene una estrategia de seguridad que no ha dado resultados
Al inicio de su gobierno, S.E. reconoció que la estrategia para hacer frente a la delincuencia organizada “debe cambiar”. Diversos miembros de su gobierno han coincidido en sus críticas a la llamada “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex Presidente Felipe Calderón—que no consiguió reducir la violencia y provocó un aumento dramático en violaciones de derechos humanos. No obstante, si bien ha señalado reiteradamente que la prioridad de su estrategia de seguridad es reducir la violencia, hasta ahora no ha definido un plan concreto sobre cómo lograr este objetivo.
Por el contrario, cuando la situación de la violencia ha requerido una intervención federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor. Por ejemplo, ha dispuesto el envío de miles de soldados a Michoacán. Estos soldados se unen a miles de otros asignados a operativos contra el narcotráfico en todo el país, quienes no han recibido una misión clara (salvo una directiva imprecisa de restablecer la seguridad), no tienen plazos claros con respecto a cuándo deberán retirarse, y cuentan con una supervisión civil insuficiente.
Como quedó demostrado en el mandato de su antecesor, las fuerzas armadas por sí solas no pueden restablecer el estado de derecho ni brindar seguridad ciudadana en forma duradera, especialmente si hay soldados que cometen habitualmente violaciones de derechos humanos, lo cual exacerba el clima de caos y debilita la confianza pública en la autoridad.
La presunción de culpabilidad
Durante su gobierno también ha continuado una práctica del gobierno de Calderón que consiste en referirse despectivamente a víctimas de violencia acusándolas de delincuentes, sin ninguna evidencia que lo demuestre. En efecto, su gobierno ha emitido varios comunicados de prensa en los cuales se informa la cantidad de asesinatos “relacionados a delitos federales” y se señala que la gran mayoría de estas víctimas son “presuntamente responsables de hechos ilícitos”. En julio, por ejemplo, su gobierno informó que de 869 víctimas de homicidios relacionados a delitos federales en junio, 830 presuntamente eran responsables de delitos. Ante la ausencia de investigaciones rigurosas y objetivas, esta calificación contraviene la presunción de inocencia. Además, podría transmitir el mensaje de que estos homicidios no merecen ser investigados, cuando en realidad el estado tiene la obligación de prevenir y sancionar la violencia contra sus ciudadanos, independientemente de si pueden estar involucrados en hechos criminales.
En su exposición al Senado el mes de noviembre pasado, el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong indicó que el exhibición de presuntos delincuentes frente a los medios, promovido por el gobierno de Calderón, “nos llev[ó] a que muchos de estos criminales tuvieran que salir, porque se les afectaban sus derechos humanos”, y añadió “y yo creo que no sea porque no sean criminales, algunos o muchos”. Este tipo de comentarios generan dudas acerca del compromiso con los derechos humanos manifestado por el gobierno, sugieren que se interponen a la búsqueda de justicia al proteger a delincuentes, y dan por supuesta la culpabilidad de personas que nunca fueron condenadas por delitos. El Secretario de Gobernación amplió su exposición e hizo alusión a “un caso muy sonado, hace poquito” que encajaba en este patrón, y podría interpretarse que con este comentario se refirió a la liberación ordenada por la Suprema Corte de Israel Arzate Meléndez, ocurrida dos días antes, que recibió amplia cobertura en los medios de comunicación. Arzate fue torturado por militares para que confesara haber participado en un homicidio múltiple, y permaneció en prisión más de tres años. Human Rights Watch comprobó que la única evidencia contra Arzate surgía de la confesión nula que había realizado, y de su posterior presentación como autor del hecho.
No se ofrece respuesta a la crisis de desapariciones
El informe publicado por Human Rights Watch en febrero de 2013, titulado “Los desaparecidos de México”, documentó la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en numerosos casos de desapariciones, y ofreció ejemplos de que las autoridades rutinariamente no investigaban los casos ni buscaban a las personas desaparecidas. Instamos en ese momento a su gobierno a que abordara esta crisis, mejorara la respuesta a nuevos casos y adoptara medidas para garantizar que las desapariciones del pasado se investigaran en forma adecuada. Explicamos claramente que una desaparición forzada constituye un delito permanente conforme a los tratados internacionales de derechos humanos en tanto persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce o se oculta el paradero de la persona ausente. Esto evidencia la particular urgencia de impulsar una investigación oportuna y exhaustiva de estos delitos.
Tras la difusión del informe, su gobierno reconoció la existencia de una lista —elaborada por el gobierno anterior— de más de 26.000 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas, y manifestó que se proponía “depurar” muchos casos que ya habían sido resueltos. Su gobierno creó, en el ámbito de la Procuraduría General de la República (PGR), una unidad dedicada a estos casos y propuso reformar el Código Penal Federal para adecuar la definición de desaparición forzada a los tratados internacionales de derechos humanos.
No obstante, su gobierno no ha publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, ni ha creado un registro nacional de restos humanos no identificados. En muchas regiones del país, las autoridades continúan demorando las investigaciones y búsquedas de personas desaparecidas, omiten pasos de investigación básicos y señalan sin ningún fundamento que las víctimas estaban vinculadas con la delincuencia organizada. Sobre el particular, el Subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, advirtió en declaraciones públicas que la respuesta del gobierno a esta “crisis humanitaria” no mostraba compromiso, y que para el actual gobierno la búsqueda de personas desaparecidas había “perdido prioridad, desgraciadamente”.
Human Rights Watch se ha reunido en cuatro ocasiones con representantes de la unidad de la Procuraduría General de la República que se creó recientemente para investigar desapariciones, y comprobó que los casos avanzan con una lentitud alarmante y que existen graves omisiones en las medidas que adopta. En ninguno de los casos citados en nuestro informe de febrero que están a cargo de esta unidad se han consignado a agentes estatales en relación con desapariciones forzadas. A su vez, la unidad no cuenta con recursos suficientes para tramitar todos los casos de desapariciones a nivel federal, y no existen criterios claros con respecto a qué casos toma a su cargo.
No se investigan adecuadamente casos de abusos del pasado
Su gobierno no ha demostrado avances significativos en la investigación de casos pasados de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Un ejemplo es la desaparición forzada de Jehú Abraham Sepúlveda Garza, que fue detenido por policías de tránsito en Nuevo León en noviembre de 2010, y entregado primero a policías ministeriales y luego a la Marina. Ningún funcionario ha sido sentenciado en el caso, a pesar de que Human Rights Watch y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encontraron evidencias convincentes de que Sepúlveda había desaparecido a manos de agentes del Estado.
Tampoco hubo funcionarios consignados en uno de los casos mencionados en la carta que enviamos a pocos días de que asumiera la presidencia, sobre cuatro hombres en Baja California que fueron detenidos arbitrariamente en junio de 2009 y torturados en una base del Ejército hasta que accedieron a firmar confesiones. Los hombres aún continúan detenidos a la espera de una sentencia sobre los cargos penales contra ellos, se les ha negado atención médica y psicológica adecuada, y presentan graves lesiones a causa de las torturas sufridas. El caso ha sido aceptado por el Comité contra la Tortura de la ONU.
De manera similar, los agentes de la PGR no han demostrado avances en la investigación de los conocidos casos de ejecución extrajudicial de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en marzo de 2010, o de los niños Almanza, de 5 y 9 años, ocurrido en abril de ese año en Tamaulipas. En ambos sucesos, miembros del Ejército dispararon contra civiles que no estaban armados y luego manipularon el lugar de los hechos.
Impunidad de abusos militares
En diversas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos de civiles cometidas por militares debían ser investigados y juzgados en la justicia penal ordinaria, y varios miembros de su gobierno han reconocido que este estándar debe ser cumplido.
Sin embargo, nos preocupan profundamente los intentos que han procurado debilitar un alentador proyecto de reforma del Código de Justicia Militar, que actualmente está siendo considerado por la Comisión de Justicia del Senado, al punto tal que posiblemente ya no se adecue al estándar establecido en los pronunciamientos de estos tribunales. El gobierno de S.E. no ha presentado un proyecto legislativo que cumpla con dicho estándar, ni tampoco ha expresado su apoyo a algún proyecto que persiga este objeto, lo cual podría interpretarse razonablemente como evidencia que no considera prioritario el tema.
El gobierno de S.E. ha señalado, asimismo, que más de 500 causas han sido remitidas de la justicia militar a la justicia penal ordinaria, pero no ha proporcionado una lista que indique cuáles son estos casos, lo cual permitiría su verificación. De ser cierto que estas causas fueron transferidas, representarían solamente un porcentaje ínfimo de las más de 5.600 investigaciones de presuntos abusos cometidos contra civiles por soldados que fueron iniciadas por la Procuraduría General de Justicia Militar entre enero de 2007 y mediados de 2013, según datos oficiales obtenidos a través de pedidos de información pública. Asimismo, el traspaso de casos individuales a la justicia penal ordinaria en forma ad hoc no ofrece una solución duradera ni sistémica a este problema.
Persisten los riesgos para periodistas y defensores de derechos humanos
Periodistas y defensores de derechos humanos en México continúan enfrentando graves riesgos debido al trabajo que realizan. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado a nivel federal por el gobierno anterior, representa una iniciativa importante y es sin duda meritorio que su gobierno lo haya implementado con la participación de la sociedad civil. Sin embargo, la posibilidad de que cumpla su mandato se ha diluido gravemente debido a falta de fondos y apoyo político a todos niveles de gobierno, dos elementos trascendentales para que el mecanismo se convierta en una herramienta confiable y obtenga la confianza de aquellos a quienes debería proteger.
Human Rights Watch entrevistó a varios periodistas y defensores de derechos humanos que han solicitado medidas de protección a través del mecanismo en el último año, además de representantes de la sociedad civil que integran la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo del mecanismo, y a funcionarios gubernamentales. Concluimos que el proceso para evaluar riesgos y dictar medidas de protección registraba serias demoras, a veces de varios meses. En los casos en que se dictaron medidas de protección, muchas veces fueron inadecuadas, hubo demoras en su adopción o no fueron implementadas plenamente por las autoridades locales. Debido a retardos en la ejecución del presupuesto operativo para el mecanismo, han faltado recursos que pudieran dedicarse al diseño y la disposición de medidas de seguridad a largo plazo, no se brindó asistencia de manera uniforme a periodistas y defensores de derechos humanos desplazados, y no hubo continuidad en la atención de los casos.
Es momento de adoptar un nuevo enfoque
La crisis de derechos humanos en México aún no ha terminado. A pesar de ello, en el primer año de su sexenio S.E. ofreció escasas evidencias de que esté dispuesto a avanzar más allá de compromisos retóricos y adoptar medidas concretas para poner freno a los abusos generalizados que distinguieron a la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por su predecesor, los cuales aún persisten y continúan impunes en la actualidad.
Cualquier argumento que sugiera que es posible relegar los esfuerzos por mejorar las condiciones de derechos humanos, a la atención de reformas políticas consideradas prioritarias por su gobierno —o peor aún, que las obligaciones en derechos humanos podrían ser subordinadas para lograr apoyo político en favor de las mencionadas reformas— no sólo evidenciaría la falta de compromiso con esta causa, sino que además representaría un grave incumplimiento de las obligaciones jurídicas de México conforme a su Constitución y los tratados internacionales.
Evitar que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos requiere investigar aquellas cometidas en el pasado. Con cinco años de mandato por delante, S.E. tendrá tiempo razonable para revertir el curso, fomentar la justicia por los abusos del pasado y demostrar un compromiso verdadero con la prevención de nuevos hechos. Cuanto más tiempo espere para abordar estos abusos, más arraigadas estarán esas prácticas y más difícil será erradicarlas.
Aprovecho la oportunidad para expresar a S.E. mis sentimientos de la más alta consideración y estima.
José Miguel Vivanco
Director
Human Rights Watch
25 de Noviembre del 2013
¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
– La violencia hacia las mujeres les afecta a ellas, a sus familias y a la comunidad en general, vulnerando el tejido social y el Estado de Derecho.
– En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones del país urgen a erradicar, sancionar y prevenir las formas de violencia feminicida y la desaparición de mujeres.
La agenda para erradicar la violencia hacia las mujeres convoca a personas y organizaciones de todas las regiones del planeta. En las entidades de nuestro país, la violencia feminicida y la desaparición de mujeres expresan los retos para el diseño de políticas de equidad, igualdad social, seguridad y protección judicial, hacia la plena vigencia de derechos humanos de las mujeres.
La violencia, problema de salud pública por las graves afectaciones al bienestar, tiene formas extremas en la victimización de mujeres; la discriminación de género y la impunidad son manifestaciones de la violencia feminicida. En algunas entidades se ha reconocido que a la violencia feminicida antecede casos de trata por motivos sexuales y que el detonador de esas victimizaciones fue la desaparición. Sin embargo, no hay cifras definitivas ni conclusiones finales en múltiples crímenes como los referidos, por lo que la sanción y la prevención de la violencia hacia las mujeres son una muy grande y grave asignatura pendiente para las autoridades de los poderes en México.
En México, se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de que el Estado mexicano ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW), así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Estos instrumentos de importancia crucial para la humanidad requieren ser atendidos cabalmente por los gobiernos de nuestro país.
En Nuevo León la violencia hacia las mujeres resulta de suma preocupación, ejerciéndose tanto en el ámbito familiar, como en el ámbito social. De acuerdo a datos hemerográficos han ocurrido 760 feminicidios del año 2000 a la fecha, de los cuales 81 corresponden al año 2013. Asimismo las desapariciones de mujeres no han cesado, vinculándose en ocasiones a otros delitos como la trata de mujeres o justamente el feminicidio. Tan solo en CADHAC tenemos un registro de 51 mujeres desaparecidas de 2010 a noviembre de 2013. Los feminicidios y desapariciones de mujeres en Nuevo León se asientan como un punto de profunda preocupación en las Observaciones al gobierno mexicano emitidas en 2012 por el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), sin que a la fecha haya sido atendido a cabalidad. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia es totalmente vulnerado.
Reiteramos que es indispensable que el Gobierno de México cumpla con todos los resolutivos de las Sentencias “Campo Algodonero” y “Fernández Ortega y otra”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asimismo que atienda las Observaciones emitidas por el Comité de la CEDAW en 2012, y que se transite con celeridad a un sistema de protección judicial que proteja los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y sin discriminación por razones de género, clase, etnia o edad.
En este día que abogamos por la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, organizaciones sociales de Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas y la Comarca Lagunera urgimos por la vigencia de leyes y tratados sobre derechos de las mujeres a la no violencia, demandando su inmediata y real protección, y exigiendo el cese de las violaciones a estos derechos, así como la localización con vida de todas las mujeres víctimas de desaparición en el territorio nacional.
Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
¡No más desapariciones!
¡Juicio y castigo a los responsables!
Monterrey, N.L. a 25 de noviembre, 2013.
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Organizaciones que emiten comunicado en diversos estados:
Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, A.C. (Baja California), CADHAC (Nuevo León), CEDIMAC (Chihuahua), Cofaddem Alzando Voces (Michoacán), Colectivo por la Paz Región Xalapa (Veracruz), Grupo VI.D.A (Comarca Lagunera), H.I.J.O.S. México (Distrito Federal), Laguneros por la Paz (Comarca Lagunera), Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuahua) y Zacatecanos por la Paz (Zacatecas).
20 de Noviembre del 2013
Desapariciones de personas vulneran derechos de la niñez
• La desaparición de personas en México impacta gravemente a niñas y niños.
• En el marco del aniversario de la aprobación de la Convención sobre los derechos de la niñez, organizaciones de diversos estados del país se pronuncian por la grave situación que enfrenta este sector.
La preocupación por la situación de los derechos de niñas y niños ha sido una constante alrededor del mundo, donde, a pesar de los avances en el marco legal, los derechos son vejados de manera cotidiana y creciente.
En nuestro país el impacto de la violencia genera graves estragos en la niñez, siendo un sector altamente vulnerable a los abusos de poder y a la negligencia en su protección, tanto en el ámbito familiar, como en el ámbito social. La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC, estima, de acuerdo a su experiencia profesional, que en México 4 de cada 5 niñas/os sufren violencia sexual, lo cual afecta su vida y pleno desarrollo; por su parte la Red por los Derechos de la Infancia, REDIM, ha alertado recientemente sobre las ejecuciones a menores de edad, señalando que de diciembre de 2006 a octubre de 2013 han ocurrido 1,837 muertes de niñas/os por asesinatos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. La situación se presenta igualmente atroz en las desapariciones de personas, siendo los propios niños y niñas las víctimas, ya sea por ser desaparecidos, o por el impacto sufrido ante la ausencia de un ser querido privado de su libertad.
La cifra de niñas y niños desaparecidos en México es imprecisa, pues a la ausencia de un registro general de personas desaparecidas, se suma la invisibilidad de las niñas y niños en la problemática que estamos viviendo en el país, y por ende en la planeación de políticas para su atención. Asimismo son preocupantes las consecuencias que acarrea en niñas y niños la desaparición de un ser querido, presentándose una afectación psicoemocional que deriva en estrés postraumático, así como toda la afectación social donde el impacto en los ámbitos escolar, de salud y económico se hace presente.
El Estado mexicano ratificó en 1990 la Convención Internacional sobre Derechos de la Niñez, la cual fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 en la sede de la Organización de Naciones Unidas. Tres décadas antes, un 20 de noviembre también, se había aprobado la Declaración de los Derechos de la Niñez en ese mismo órgano, sin embargo, a pesar de contar con este relevante marco internacional, la situación de los derechos de la infancia sigue siendo deplorable.
Los derechos a la vida, a la dignidad, a la familia, a la recreación, a la educación, a la salud, a un nombre, a la justicia, a la protección, al desarrollo, a ser cuidado por sus progenitores, están siendo permanentemente vulnerados en el marco de las desapariciones. El bien superior de niñas y niños se trastoca en esta guerra sin sentido donde el gobierno tiene una clara responsabilidad, debiendo ser garante de protegerlo.
En Nuevo León, como en todo el país, hay niñas y niños desaparecidos. Tan solo en CADHAC tenemos el registro de 21 niñas/os desaparecidos, cuyas edades, al momento de la desaparición, oscilan entre los tres y diecisiete años. Sus derechos han sido dolorosamente vejados al ser privados de su libertad. Asimismo, en las más de mil desapariciones registradas en la organización, está presente el impacto en niñas y niños cuyo familiar ha sido desaparecido, reflejándose en deserción escolar –ya sea por la afectación económica o por el temor que queda en la familia-; daños a la salud física y emocional; e implicaciones económicas que derivan en la afectación de los derechos a la vivienda, a la alimentación, al vestido. La protección a la niñez está evidentemente resquebrajada con estos hechos. Adicionalmente, la ruptura del tejido social y el nivel de violencia que se vive en la entidad promueven que la niñez se vea más vulnerable a otros delitos, incluyendo seria violencia.
Por ello en este día que se conmemora la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, organizaciones sociales de Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas y la Comarca Lagunera urgimos por la vigencia de leyes y tratados relacionados con los derechos de niños y niñas, demandando su inmediata y real protección, y exigiendo el cese de las violaciones a estos derechos, ya que si no logramos contrarrestar los daños generados por la violencia, la vida presente y futura de niñas y niños, y de la sociedad en general, está en serio riesgo.
¡Vivos/as se los llevaron, vivos/as los queremos!
¡No más desapariciones!
¡Juicio y castigo a los responsables!
¡Porque las niñas y niños desaparecidos nos faltan a todos/as!
Monterrey, N.L. a 20 de noviembre, 2013.
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Organizaciones que emiten comunicado en diversos estados:
Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, A.C. (Baja California), CADHAC (Nuevo León), CEDIMAC (Chihuahua), Cofaddem Alzando Voces (Michoacán), Colectivo por la Paz Región Xalapa (Veracruz), Grupo VI.D.A (Comarca Lagunera), H.I.J.O.S. México (Distrito Federal), Laguneros por la Paz (Comarca Lagunera), Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuahua) y Zacatecanos por la Paz (Zacatecas).
14 de noviembre de 2013
Boletín de Prensa No. 1311/35
Human Rights Watch, organización de prestigio internacional dedicada a la defensa, investigación y promoción de los derechos humanos, reconoció nuevamente a la Hermana Consuelo Morales y sus 20 años de labor al frente de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., con la invitación al evento “Voces por la Justicia”, que se llevó a cabo ayer 13 de noviembre en el Museo Metropolitano de Nueva York.
“Voces por la Justicia”, es una cena en donde se homenajea a personas defensoras de derechos humanos de todo el mundo, se lleva a cabo en 21 ciudades diferentes, unas se celebrarán en noviembre de este año y otras hasta el 2014.
Los activistas elegidos cada año por Human Rights Watch son personas que ponen en riesgo sus vidas para proteger los derechos y la dignidad de los demás y que se han hecho merecedores de su mayor tributo, el Premio Alison Des Forges al Activismo Extraordinario, en reconocimiento a su compromiso con el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos.
Los ganadores del Premio Alison Des Forges del 2013 son: Hassan al-Amin, de Libia, Alina Diaz, de Estados Unidos, Jacqueline Moudeina, de Chad, y Natalia Taubina, de Rusia. Junto a ellos, fueron invitados dos receptores de este premio en años anteriores: Abbe Benoit Kinalegu, de Congo, y la Hermana Consuelo Morales, de México.
Este año fue la tercera ocasión en la que la Hermana Consuelo Morales, que recibió el Alison Des Forge en el 2011, acudió a uno de estos eventos para pronunciar un discurso sobre la defensa de los derechos humanos.
Para la Hermana Consuelo Morales, esta invitación representa una buena oportunidad para visibilizar en un foro internacional la problemática de violencia en México, ya que en el evento ella hablará sobre este tema ante invitados especiales.
“De alguna manera esto sirve de inspiración, como hombres y mujeres, ciudadanos ordinarios, podemos hacer un trabajo en el que nuestra vida esté al servicio de víctimas de violaciones a derechos humanos, de las poblaciones más desprotegidas”, comentó al respecto la Hermana Consuelo Morales.
Más información disponible en:
http://www.hrw.org/es/node/118329
https://www.hrw.org/voices-for-justice
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que, desde su fundación en 1993, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos.
Padre Mier 617 Pte. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 Tel. (81) 83435058 y (81) 83436618 cadhac@cadhac.org / www.cadhac
Compartimos el informe que entregamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con otras organizaciones en el marco del 149 Período de Sesiones.
1 de noviembre de 2013
Boletín de Prensa No. 1311/34
CADHAC participa en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En el marco del 149 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, participó en dos audiencias: la primera, “Situación de las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario de Islas Marías, México”; y la segunda, “Situación de la desaparición de personas en México”, en donde CADHAC tuvo una intervención directa. La delegación del Estado mexicano estuvo encabezada, en ambas audiencias, por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo y por la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la maestra Lía Limón.
Ana Luna Serrano, integrante del equipo jurídico de CADHAC, afirmó durante la audiencia sobre las desapariciones en México, que los esfuerzos del gobierno mexicano no son suficientes, pues la situación de impunidad y falta de acceso a la justicia que viven muchas familias sigue siendo igual que hace algunos años, aunque las autoridades mexicanas hayan cambiado su discurso.
“Se darán cuenta del cambio de discurso que tiene este nuevo gobierno y notarán en el video (que se transmitió durante la audiencia) que el discurso de los familiares continua siendo el mismo. Esto no se debe a que el Estado esté evolucionando y las familias se queden estancadas. Se debe a que todos estos nuevos esfuerzos del gobierno federal, que, por cierto, han sido impulsados desde la sociedad civil y grupos de familiares, todavía no reflejan un beneficio completo para los familiares, ellos siguen estando en las mismas situaciones”, dijo Serrano.
Por su parte, el relator para México de la CIDH, Rodrigo Escobar dijo respecto a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas aprobada a finales de junio por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto: “Es urgente que el mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas sea implementado y que funcione real y efectivamente”.
El principal logro de ambas audiencias fue hacer del conocimiento a la CIDH la grave situación de sistemáticas violaciones a los derechos humanos que actualmente prevalece en el país. En este sentido, la CIDH solicitó al Estado mexicano que presente información sobre las acciones concretas que está llevando a cabo para cumplir con sus compromisos de proteger y garantizar el respeto y observancia los derechos humanos de las personas en México.
Como parte de las conclusiones y solicitudes de las organizaciones peticionarias, solicitamos atentamente a la CIDH que realice nuevamente una visita in loco para conocer de primera mano la situación de las desapariciones en el país entre otras graves violaciones a los derechos humanos para actualizar su informe anterior. También solicitamos se explore la posibilidad de crear una relatoría especial en la materia, dada la magnitud de la práctica de la desaparición forzada e involuntaria de personas en las Américas. Por último solicitamos a la CIDH la creación de un mecanismo regional, que a la vez inste a los países a contar con mecanismos nacionales, con la participación de la sociedad civil, que faciliten el intercambio de información sobre restos no identificados y personas desaparecidas a nivel nacional, así como de migrantes no localizados.
De igual modo, en el caso de la audiencia sobre el complejo penitenciario de las Islas Marías, las organizaciones peticionarias, entre ellas CADHAC, solicitaron a la CIDH que se realice una visita in loco a las instalaciones de este centro para observar las condiciones en las que se encuentran tanto los y las internas, como las instalaciones. Ante esta solicitud, representantes del Estado mexicano hicieron una invitación a la CIDH para que realice esta visita al complejo de las Islas Marías. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado mexicano que informe sobre las condiciones de salud, higiene, alimentación y agua potable del complejo, y que además informe sobre las posibilidades reales de que las familias puedan visitar a los internos e internas.
Esperamos que como resultado de estas audiencias, el Estado mexicano atienda a cabalidad las solicitudes tanto de la Comisión Interamericana como de las organizaciones peticionarias con miras a lograr el auténtico disfrute de los derechos humanos en México.
