4 de octubre de 2013
Boletín de Prensa No. 1310/29
Iniciativa de Ley de víctimas del Estado de Nuevo León no garantiza la participación ciudadana ni los derechos de las víctimas
El día de ayer las comisiones de justicia y seguridad pública, y derechos humanosy desarrollo social del Congreso del Estado de Nuevo León aprobaron el dictamen para la Ley de Víctimas.
Para CADHAC es preocupante que este documento sea el que finalmente se vaya a aprobar en el Pleno del Congreso, debido a serias deficiencias en la propuesta.
En primer lugar debemos mencionar que no contempla de forma real y autónoma el ingrediente básico para que las nuevas estructuras de gobierno funcionen de manera democrática, es decir la participación ciudadana. Si bien es cierto que se contempla para el ‘’Sistema Estatal de Víctimas’’ seis de los quince integrantes sean ciudadanos y no funcionarios públicos, lo cierto es que tres de ellos son designados por el Ejecutivo y tres por el Congreso del Estado, restándoles imparcialidad. Además, se debe contemplar que los integrantes ciudadanos serían minoría por lo que tendrían poco peso al momento de tomar las decisiones.
Por otro lado, en esta iniciativa se contempla una Comisión Ejecutiva como órgano operativo de las políticas, planes y programas que en torno a las víctimas se designen. Esta Comisión estará integrada por un solo comisionado, propuesto por el Gobernador.
En cuanto a la Asesoría Jurídica no se contempla una entidad específica que otorgue esos servicios, como sí lo contempla la Ley General de Víctimas aprobada hace unos meses por el Congreso de la Unión y además de que esta última obliga a que los Estados también cuenten con una. En efecto, se hace referencia a los asesores victimológicos, sin embargo estos no son todos abogados, hay muy pocos en el Estado y dependen de la Procuraduría, restándole una vez mas parcialidad a este sistema.
Por cuanto hace al fondo, hay una situación peculiar que nos inquieta, ya que cuando se habla de la Comisión Ejecutiva se dice que esta estará a cargo del Fondo, empero posteriormente en otro artículo se dice que el Fondo será operado y administrado por un Comité integrado por funcionarios públicos, lo que le resta autonomía de actuación a la Comisión.
Nos preocupa también que la Ley de atención y apoyo a Víctimas y Ofendidos de delitos del Estado de 2007 será abrogada una vez que entre en vigor esta Ley. Esta Ley contemplaba los derechos que hace efectivo el Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (COPAVIDE), por lo que ahora la Ley que marcará el paso para este organismo será la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, y los Centros de atención que marca esta última Ley terminarán siendo los COPAVIDE´s, que no solo atenderán a las víctimas del delito, si no también a las de violaciones a derechos humanos, lo que puede causar desconfianza, represalias o incluso que la víctima no quiera ejercer sus derechos como víctima por tener que acudir a la Procuraduría del Estado para hacerlos efectivos.
Además tenemos otras preocupaciones como por ejemplo, que no se contempla un comité para la protección de víctimas y testigos en riesgo; tampoco se especifica cómo se hará efectivo el derecho a la memoria histórica de las víctimas; contempla ciertos requerimientos para la inscripción de las víctimas en el registro que no son acordes a la Ley General; no se define la declaración de ausencia por desaparición; y por último no contempla como medida de emergencia el otorgamiento gratuito de la pastilla de anticoncepción o para la interrupción del embarazo en los casos en los que lo marca la Ley penal del Estado (derecho que sí contempla la Ley General).
Esperamos que antes de la aprobación de esta iniciativa, los diputados se aseguren de contar con la opinión de amplios sectores de la sociedad civil, así como de especialistas, y que al momento de hacer las modificaciones pertinentes garanticen la adecuada adaptación del Sistema Nacional de Víctimas a la estructura administrativa del Estado de Nuevo León, para que haya menos burocracia y más transparencia que redunden en una mejor atención y protección a las víctimas.
