XIV reunión con la procuraduría

21 de junio de 2013

BP. No. 1306/14

Saliendo los manifestantes

“Cumplen dos años de estrategia para la localización de desaparecidos, hemos encontrado a 52 personas pero faltan cientos”.

Este mes de junio se cumplen dos años de la primera reunión entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, familiares de personas desaparecidas, el Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC).

En estos dos años se ha logrado:

  • Que la tragedia de las personas desaparecidas se reconozca  como parte indispensable de la agenda pública;
  •  Que se amplíe y modernice el equipo y los recursos de la Procuraduría destinados a esta problemática;
  •  Que se tipifique la desaparición forzada en el Código Penal del Estado de acuerdo con los más altos estándares en materia de derechos humanos;
  • Que de la totalidad de casos de desaparición documentados por CADHAC, se hayan encontrado 52 personas: 14   identificadas mediante ADN, y 38  con vida; y
  •  Que dentro de 10 averiguaciones previas haya 33 consignaciones con los siguientes resultados:

○ 47 órdenes de aprehensión otorgadas,

○ 43 órdenes de aprehensión ejecutadas,

○ 04 órdenes de aprehensión por ejecutar

○ y 39 en proceso judicial

 

Estos resultados nos animan a seguir en nuestro camino de acompañamiento a las víctimas y sus familiares.

No obstante, reconocemos las enormes carencias y la necesidad de fortalecer estrategias. Dicho reconocimiento nos está llevando a trabajar en la construcción de  un grupo experto de agentes investigadores de alto nivel, en un formato estatal de búsqueda urgente de personas desaparecidas, así como  en un protocolo para personas no localizadas y en la redacción, a partir de la Ley General de Víctimas, de una Ley Estatal de Víctimas que pueda servir como un sólido instrumento de justicia para todas las víctimas de nuestro estado.

Reconocemos que esta labor se  debe principalmente al trabajo de los familiares de las víctimas, que nunca han dejado de buscar a sus seres queridos. También al de muchas organizaciones hermanas y de expertos nacionales e internacionales que nos han acompañado y fortalecido. Finalmente, reconocemos que hemos encontrado en la autoridad la voluntad política que ha permitido sentarnos frente a frente a revisar expedientes, a contrastar ideas, a sensibilizarnos ante esta gran desolación y a construir nuevas estrategias de investigación a fin de disminuir la impunidad.

Desde 2009 a la fecha, CADHAC tiene registradas más de mil personas desaparecidas en nuestro Estado. Aunque su frecuencia ha disminuido, continúan sucediendo, muchas veces a manos de las propias autoridades.

Exigimos a las autoridades que refuercen sus estrategias para localizar a todas las personas desaparecidas y apliquen la reforma penal en materia de desaparición forzada de forma transparente y adecuada.

Las personas desaparecidas son una herida abierta en nuestra comunidad, las seguiremos buscando y seguiremos exigiendo verdad y justicia para todas las víctimas directas o indirectas.

Caminando hacia la procuraduría

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Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos en Nuevo León.

Rechazamos acciones anticonstitucionales de la alcaldesa de Monterrey y nos pronunciamos por un auténtico Estado laico

el 10 de junio de 2013,

Margarita Arellanes

•La acción de la alcaldesa es una afrenta al principio histórico de separación de las iglesias y el Estado, y es una violación directa a la Constitución.

•El H. Congreso del Estado de Nuevo León debe, además de vigilar la no repetición de estos actos, demandar a la alcaldesa se ciña al ordenamiento constitucional.
Zihuame Mochilla, A.C. y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifestamos nuestra alarma y profunda indignación por las acciones de la licenciada Margarita Alicia Arellanes Cervantes, alcaldesa de la ciudad de Monterrey, que en un acto público en que confundió su feligresía personal y su investidura como presidenta municipal de la ciudad, hizo entrega simbólica de la Ciudad a Jesucristo.

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento somos profundamente respetuosas tanto de la libertad religiosa como de la separación de las iglesias y el Estado, que es un principio fundamental sobre el que están construidas las libertades de los individuos y de los grupos.

La acción de la alcaldesa consistió en acudir a un acto a “entregar la ciudad a Jesucristo”, lo que es un hecho profundamente antidemocrático y antirrepublicano, que olvida que la ciudad es de todas y todos, de aquellas personas que comparten su fe, de aquellas que tienen otras creencias y de aquellas que son ateas. Con su actuar, además de insultar los ideales en los que se fundó la República, desconoce la enorme diversidad de ideas y creencias que enriquece a nuestra comunidad.

En el evento, la alcaldesa citó el acta de la fundación de la ciudad, que data de 1596, al hacerlo, la política regiomontana olvidó que han pasado más de cuatrocientos años en los que hubo luchas muy duras y sangrientas que culminaron con el entendimiento de que es la tolerancia de todas las creencias -o de la ausencia de ellas- lo que permite una convivencia pacífica, productiva y creativa, y que eso solamente es posible en el marco de un Estado absolutamente laico.

Las acciones de la alcaldesa no son solamente impropias, sino que son inconstitucionales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proclama en su artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal. Por su parte, el artículo 130 constitucional garantiza la separación entre las iglesias y el Estado.
Por lo tanto, rechazamos firmemente esta injerencia de las creencias religiosas en la vida política de la comunidad y solicitamos al H. Congreso del Estado de Nuevo León a que, en aplicación de la Constitución federal y de la Constitución de nuestra entidad, demande a la alcaldesa se ciña al ordenamiento constitucional que ella tan vehementemente ha perturbado.

REDIM y CADHAC expresan su rechazo ante el maltrato de la corporación policiaca “Fuerza Civil”en contra de niños y jóvenes en Monterrey

05 de junio de 2013

Las OSC exigen a autoridades investigar, sancionar a las personas responsables y reparar la integridad de las víctimas

  • Las acciones por parte de agentes del Estado constituyen serias violaciones a los derechos de la infancia y la adolescencia
  • Demandan a las autoridades reconocer públicamente la gravedad de sus actos y su carácter de violaciones a los derechos humanos

 

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) condenan enérgicamente la detención arbitraria y malos tratos a los que fueron sujetos niños y jóvenes mientras jugaban futbol cerca de sus hogares.Las acciones por parte de agentes del Estado constituyen serias violaciones a la libertad, al juego y el esparcimiento, a la integridad física y psicológica, honra y dignidad; derechos humanos que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar al haber firmado la Convención sobre los Derechos del Niño.

 

La semana pasada elementos de la corporación Fuerza Civil que viajaban a bordo de la patrulla 793, realizaron detenciones arbitrarias y actos vejatorios en contra de un grupo de niños y jóvenes de entre 8 y 20 años, por jugar fútbol en la vía pública en el centro de la ciudad de Monterrey [1]. Los maltratos de que fueron víctimas niños y jóvenes incluyeron amenazas, burlas y humillaciones, golpes, pisotones en las manos y revisiones arbitrarias e ilegales, además, fueron obligados a realizar lagartijas e ilegalmente retenidos en el lugar hasta que sus familiares exigieron a las autoridades que los liberaran.

 

Estos actos resultan irracionales e inaceptables. La sociedad requiere de cuerpos de policía que auténticamente se dediquen a protegerla, no a lastimar y humillar a niños que jueguen en la calle. Es inadmisible que los cuerpos armados, en vez de dedicarse a solucionar los gravísimos problemas de seguridad de la ciudad, se dediquen a cometer delitos y abusar de las personas.

 

Lo ocurrido además da cuenta del desdén de las autoridades por la dignidad de uno de los grupos etarios situados en mayor grado de vulnerabilidad en nuestro país. Por lo anterior, exigimos a las autoridades del Estado de Nuevo León:

  • En cumplimiento de sus obligaciones legales lleven a cabo una investigación pronta, imparcial y profesional de los hechos para determinar las responsabilidades correspondientes,
  • En su caso sancionen, conforme a derecho, a los agresores,
  • Que las autoridades responsables reconozcan públicamente la gravedad de estos actos y su carácter de violaciones a los derechos humanos y
  • Tomen todas las medidas necesarias tanto para reparar la integridad de las víctimas como para asegurar que no se vuelvan a cometer actos similares a los aquí señalados

 

Atentamente

Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México

Hna. Consuelo Morales E.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.


[1] Reporte Índigo, 4 de junio de 2013, Fuerza Civil. “Utilizan fuerza vil y lastiman a menores que juegan futbol”

 

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