Mes: enero 2013

Nada que celebrar en México

Por José Miguel Vivanco

A primera vista, parecía que se trataba de una broma de mal gusto. En el día internacional de los derechos humanos, el Embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, publicó un artículo “celebrando” los avances de México en derechos humanos. “Estados Unidos reconoce al gobierno de México”, señaló en el diario El Universal, “por los esfuerzos que ha hecho para promover la protección de los derechos humanos”.

Resulta difícil imaginar un momento menos oportuno para tan inmerecido elogio.

El Embajador Wayne expresó este reconocimiento a menos de dos semanas de las estremecedoras revelaciones del Washington Post, que indicaron que según la Procuraduría General de la República, cerca de 25.000 mexicanos desaparecieron durante los pasados seis años, a causa de la violencia vinculada con el narcotráfico. La cifra fue filtrada por un analista gubernamental que temió que ni el gobierno saliente de Felipe Calderón ni el entrante de Enrique Peña Nieto, estuvieran dispuestos a admitir que tantas personas pudieran simplemente desaparecer, ni mucho menos a investigar lo sucedido.

Las desapariciones son sólo una cara del nefasto legado que ha dejado la “guerra contra el narcotráfico” del Presidente Calderón. Durante su mandato, soldados y policías recurrieron en forma sistemática a la tortura para obtener confesiones en el marco de la lucha contra los carteles y cometieron numerosas ejecuciones. Prácticamente ninguno de los responsables ha sido sancionado. De las casi 5.000 investigaciones iniciadas por la justicia penal militar, entre diciembre de 2006 y abril de 2012, solo 38 soldados fueron condenados.

Durante gran parte de su gestión, Calderón sostuvo que no conocía ningún caso de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Cuando me reuní con él a fines de 2011, admitió finalmente que muchos de estos abusos habían ocurrido. Lamentablemente, las escasas medidas que luego adoptó fueron insuficientes y tardías.

Si bien Peña Nieto al menos ha reconocido el fracaso de la política de Calderón, Washington pareciera no haberse hecho eco de esta situación. Lo cierto es que los elogios del embajador actual en México están en sintonía con la postura del gobierno de Obama, que ha celebrado frecuentemente los esfuerzos de Calderón en su ofensiva contra los carteles, como cuando aplaudió la “valentía” de Calderón en conferencias de prensa en marzo de 2011 y abril de 2012. Obama en ningún momento ha manifestado públicamente preocupación por los terribles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de ese país.

Las acciones del gobierno de Obama han sido consistentes con su discurso. Desde 2007, Estados Unidos ha aportado ayuda por aproximadamente US$ 2 mil millones para combatir la delincuencia organizada en México. Parte de estos fondos se han destinado a programas valiosos, como la capacitación del Ministerio Público. Un porcentaje de la ayuda destinada a las fuerzas de seguridad supuestamente está supeditada al cumplimiento de requisitos en derechos humanos. A pesar de que tales requisitos nunca han sido cumplidos, Washington ha aprobado los fondos con regularidad.

El análisis más honesto que ha presentado el gobierno de Obama sobre la situación en México, provino del predecesor de Wayne –Embajador Carlos Pascual– quien envió varios cables a Washington advirtiendo sobre la corrupción, la incompetencia y los abusos de las fuerzas de seguridad. Cuando los memorandos fueron filtrados por WikiLeaks, Calderón exigió el retiro del Embajador Pascual. En vez de apoyar al embajador o abordar sus denuncias, Obama aceptó su renuncia y nombró a Anthony Wayne en su reemplazo.

El Presidente Peña Nieto ha expresado su intención de abandonar la frustrada “guerra contra el narcotráfico” y enfocarse en cambio en la reducción de la violencia. Pero no ha dicho cómo lo hará, ni cómo enfrentará los abusos cometidos. De hecho, su principal estrategia parece estar encaminada a desviar la atención del tema de seguridad y enfocarla en la economía. Hasta ahora, el gobierno de Obama se muestra más que satisfecho con seguir esta línea.

Esto sería un error. El Presidente Obama debería manifestarse en forma pública y contundente sobre la necesidad de abordar las prácticas abusivas de las fuerzas de seguridad mexicanas, no sólo porque corresponde, sino además porque contribuye a generar confianza pública en las fuerzas de seguridad, condición indispensable para enfrentar con eficacia a la delincuencia organizada. Obama debería exigir que se cumplan los requisitos de derechos humanos impuestos por el Congreso para la ayuda a México. Y debería instar al Presidente Peña Nieto a que impulse un plan concreto para juzgar abusos del pasado y evitar su repetición.

Continuar celebrando políticas que han fracasado no contribuirá en absoluto a que México pueda salir de este espiral de caos y violencia que ya ha cobrado demasiadas vidas.

José Miguel Vivanco es Director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Este artículo fue publicado originalmente en inglés por The Washington Post.

http://www.washingtonpost.com/opinions/jose-vivanco-mexicos-human-rights-failures/2013/01/24/cf40db22-6413-11e2-9e1b-07db1d2ccd5b_story.html#

Dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra,

Presidente de la Cámara de Diputados

Diputadas y diputados

LXII Legislatura

Señoras y señores diputados:

Como es de su conocimiento, el pasado 3 de enero del año en curso se publicó  en la gaceta parlamentaria una iniciativa de reforma que busca modificar el segundo párrafo del artículo 1° constitucional para quedar como sigue:

Artículo 1.  (…)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133.

(…)

(…)

Al respecto, nos permitimos manifestarles que la propuesta de reforma en cita, además de carecer de una finalidad concreta manifiesta, va en contra del propio artículo 1° al incumplir la obligación constitucional que el Poder Legislativo tiene, en el ámbito de sus competencias, de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad.

En efecto, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el día 10 de junio de 2011, conocidas como “reforma en materia de derechos humanos” representan un cambio de enorme relevancia para el sistema de protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país. No es una exageración cuando se dice que el nuevo texto del artículo 1° implica un “cambio de paradigma” sobre el entendimiento de los derechos humanos como límite y obligación al poder público pues incorpora al texto constitucional una serie de reglas y criterios de interpretación que deberán atender todas las autoridades en sus relaciones con los particulares.

La reforma al artículo 1° refuerza el carácter garantista de nuestra Constitución y amplía de forma importante el catálogo de derechos humanos vinculantes directamente ante nuestras autoridades, logrando la sistematización jurídica de todas aquellas normas que tienen carácter fundamental por tratarse de derechos humanos y que no se encuentran en el texto fundamental.

Ello implica que los derechos humanos reconocidos vía tratados y que ya forman parte del orden jurídico mexicano, adquieren protección y reconocimiento a nivel constitucional. Es decir, los derechos humanos de carácter convencional se vuelven vigentes y directamente vinculantes para todas las autoridades, desapareciendo cualquier jerarquía entre éstos y la norma constitucional, pues gracias al criterio de interpretación conocido como “principio pro personae” se debe realizar una interpretación armónica de los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales y en consecuencia se debe siempre preferir la norma que contenga una protección más amplia cuando se trate de reconocer derechos y la menos restrictiva, cuando se trate de limitarlos.

El hecho de que no exista una jerarquía entre normas de derechos humanos contenidas textualmente en la Constitución y las contenidas en los tratados internacionales implica una garantía frente a cambios constitucionales potencialmente arbitrarios, así como normas ordinarias o actos de autoridad que puedan limitar injustificadamente derechos.

Sin embargo, debe aclararse que ello no implica que la Constitución pierda su supremacía, ni tampoco que los derechos se conviertan en absolutos.

No hay pérdida de la supremacía constitucional pues el artículo 133 establece las reglas para que los tratados sean incorporados al sistema jurídico nacional, de manera que la Constitución mexicana permanece como “el filtro” de  ingreso al sistema. Sin embargo, una vez ratificado el tratado, al formar parte del sistema jurídico mexicano, la norma internacional de derechos humanos –cuya compatibilidad con la Constitución ya fue revisada por el Senado- funciona a la par de la Constitución como parámetro de validez para controlar la coherencia del sistema.

Por lo anterior, consideramos que la presentada el pasado 3 de enero es una reforma regresiva en atención a que:

1)    Establece una jerarquía normativa para la interpretación, con lo cual retrocede en el avance normativo al dejar de garantizar la protección más amplia para la persona y deja sin sentido el reconocimiento constitucional del “principio pro personae” y la interpretación conforme a tratados, pues al establecer que el texto constitucional es el que debe prevalecer, desnaturaliza y nulifica dichos criterios constitucionales de interpretación.

2)    Retrocede en el número y la amplitud de la protección de derechos humanos reconocidos, ya que con dicha reforma sólo existirán para todos fines prácticos los que estén reconocidos textualmente en la Constitución.

3)    Va en contravía del principio constitucional de progresividad en la interpretación de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar los derechos, que prohíbe interpretaciones que restringen la efectividad de los derechos ya reconocidos, así como de sus garantías ya adoptadas.

4)    Excluye a nuestra Constitución del grupo de constituciones de avanzada en América, regresándola al lado de constituciones propias de Estados con democracias débiles o en proceso de consolidación.

Por todo lo dicho en esta carta, las personas e instituciones suscritos solicitamos atentamente se deseche dicha iniciativa que pone en peligro los avances logrados con la reforma de derechos humanos de 2011 y se reorienten los esfuerzos legislativos en la materia para profundizar y ampliar los derechos que nuestro bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos reconoce a todas las personas en México. Pueden tener la confianza que, bajo ese espíritu acompañaremos los trabajos de la Legislatura en todo lo pertinente.

ATENTAMENTE,

Geraldina González de la Vega

Karlos Castilla

Silvano Cantú 

Mariclaire Acosta Urquidi

Pedro Salazar Ugarte

Tatiana Clouthier

Eliana García Laguna

José Antonio Guevara Bermúdez

Santiago Corcuera Cabezut

Miguel Sarre Ìguiniz

Miguel Carbonell

Miguel Concha Malo

José Luis Caballero Ochoa

Claudio X. González

Marcos Celis Quintal

Armando Ríos Píter

Clara Jusidman

Rolando Cordera Campos Cuauhtémoc de Dienheim

Pbro. Wilfrido Mayrén Peláez

Ricardo Sepúlveda Íguiniz

Julio Hernández Barros

Brisa Solis

Iván Pedroza

Carlos Vital Punzo

David Calderón Martín del Campo 

Minerva Nora Martínez Lázaro

Édgar Cortez

Enrique González Ruiz

Alicia Mesa

Claudia Campero

Imelda Marrufo

Adriana Muro

Juan Martín Pérez García

David Peña Rodríguez

Adolfo Sánchez Rebolledo

Luis Emilio Giménez Cacho

Ximena Medellín Urquiaga

Gloria Ramirez

Héctor Díaz Polanco

Guadalupe Barrena

Miguel Elizalde Carranza

Aleida Tovar

José Luis Gutiérrez Román

Gabriela Delgado Ballesteros

Enrique Contreras Montiel

Gabriela Mendoza Correa

Alonso González de la Vega

Iván García Gárate

Paulina Gutiérrez Jiménez

Karla Micheel Salas Ramírez

Agustín Castilla Marroquín

Ernesto Villanueva

Consuelo Morales Elizondo

Alberto Serdán Rosales

Rocío Culebro

Juan Carlos Arjona Estevez

Teresa Incháustegui

Luis Daniel Vázquez Valencia 

Mario Hernández Martínez

Claudia Torres

Daniel Antonio García Huerta

Anamaris Gomis

Enrique Barber González de la Vega

Leopoldo Gama

Raúl Zepeda Gil

Roberto Mancilla

Olga Salazar Camacho

José Manuel Ruiz Ramírez

Hortensia Santiago

Palmira Silva Culebro

Graciela Rodríguez Manzo

Luis Miguel Cano López

Francisco Miguel Mora Sifuentes

Amalia Suárez Cid

Teresa Aguilar Álvarez Castro

Claudia Verónica Torres Patiño

Daniel Gershenson

Rodrigo Santisteban Maza

Alex Alí Méndez Díaz

Elizabeth Valderrama

Mila Paspalanova

Luis Sánchez Barbosa

Saúl López Noriega

Edgar S. Caballero González

John C. Ackerman

Daniel Joloy Amkie

Regina Tames

Claudia Aguilar

Nashieli Ramírez

Sergio Ramírez Caloca

Elsa Cadena González

Paloma Mora

Alexandra Zenzes

Octavio Amezcua

Arturo Balderas

Federico Novello

Carlos Alberto Zetina Antonio

Luis Enrique Cordero Aguilar

Rosaura Cadena

Elsa Herrera Bautista

Siria Oliva Ruiz

Clara Gabriela Meyra Segura

José de Jesús Palacios Serrato

Areli Caballero Santiago

Alma Rosa Bahena Villalobos

Francisco Rubio

Alfredo Nateras Domínguez

Ricardo Lagunes Gasca

Carlos Ariel Olvera Atondo

Víctor Hugo Domínguez Loera

Itztia Miravete Veraza

Ma Esther Rodríguez de la Rosa

Alejandra Rojas Pérez

René Sánchez Juárez

Pablo A. de la Vega

César Madrigal Martínez

Raúl Ramírez Baena

Raymundo Gil Rendón

Marisol Aguilar

Jorge Lavalle

Aurora Loyo Brambila

Maurilio Santiago Reyes

Natalia Saltalamacchia

Cristina Reyes Ortiz

Lilia Hernández Albarrán

Paula Sofía Vázquez Sánchez

Ernesto Cárdenas

José Luis Cabeza Escobar

Diana López Santiago

Diana Elizabeth López Pérez

María Luisa Escobar Hernández

Martha Molina

Marco Antonio Ayala Alipio

Arantza Vargas Rubio

Ma. Eugenia Linares Pontón

José Arturo Yáñez

René Sánchez Galindo

Edith López Hernández

Javier Huicab Poot

Dolores Soto

Diana Fabiola Miranda Medina

Agustín Castilla Marroquín

ORGANIZACIONES

 

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL)

 

Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD)

 

Casa y Ciudad, A.C.

Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

 

Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh)

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. 

 

Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C.

 

Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH)

Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS)

Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C.

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

 

Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina

Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos, A.C. (COMDH)

 

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

 

Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Arquidiócesis de Oaxaca

 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

 

Coordinación Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Documenta, A.C.

 

Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.

 

Evolución Mexicana, A.C.

 

Freedom House Mexico

 

Fundación JUCONI  AC

Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.

Hacia una Cultura Democrática A.C. (ACUDE)

Humaniza, Grupo Académico, A.C.

I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.

Incluye, AC

Iniciativa Ciudadana Oaxaca A.C.

 

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social, A.C.)

 

Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia, A.C. (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE)

 

Interculturalidad, Salud y Derechos, A.C. (INSADE)

Litiga OLE

Mexicanos Primero, A.C.

 

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez

 

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

 

Ririki Intervención Social

Results the Power to End Poverty, A.C.

Tendiendo Puentes, A.C.

Sí hay mujeres en Durango, A.C.

RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” (RED TDTT)

Conformada actualmente por 73 organizaciones en 21 estados de la República:

Agenda LGBT (Estado de México)

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal)

Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.)

Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.)

Casa del Migrante Saltillo (Coahuila)

Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal)

Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.)

Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.)

Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis)

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal)

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.  (Distrito Federal)

Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.)

Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua)

Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A.  C. (Torreón, Coah.)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez)

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.)

Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.)

Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz)

Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.)

Centro de los Derechos del Migrante (DF)

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.)

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal)

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.)

Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco)

Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal)

Centro Mujeres (La Paz, BC.)

Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.)

Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.)

Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.)

Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL)

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.)

Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal)

Comité Cerezo (Distrito Federal)

Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.)

Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal)

Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.)

Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C)

Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.)

Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal)

Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.)

Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.)

Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.)

Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.)

Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab)

Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab)

Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.)

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.)

Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.)

El Caracol (DF)

Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.)

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal)

Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.)

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.)

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue)

Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.)

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales  (Distrito Federal)

Promoción de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México)

PODER (Distrito Federal)

Respuesta Alternativa, A. C.

Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.);

Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.);

Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo);

Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), integrado por 17 organizaciones:

Casa y Ciudad (Distrito Federal)

Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh (Distrito Federal)

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos – CAM (Distrito Federal)

Centro de Investigación y Promoción Social – CIPROSOC (Distrito Federal)

Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo – CEREAL (Distrito Federal)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – CMDPDH (Distrito Federal)

Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC – CEJUDESC (Querétaro)

Defensoría del Derecho a la Salud (Chiapas)

Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo – DECA Equipo Pueblo (Distrito Federal)

Food First Information and Action Network México – FIAN Sección México (Distrito Federal)

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ – IDHIE (Puebla)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia – IMDHD (Distrito Federal)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – IMDEC (Jalisco)

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – LIMEDDH (Distrito Federal)

Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat – HIC AL (Distrito Federal)

Radar-Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (Distrito Federal).

c.c.p.   Enrique Peña Nieto. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

Integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Presidentes de los organismos públicos de protección de los derechos humanos del país

Nota:   Esta carta está permanentemente abierta a firmas de apoyo adicionales consultables en la página web: https://www.change.org/es/peticiones/dip-francisco-agust%C3%ADn-arroyo-vieyra-presidente-de-la-c%C3%A1mara-de-diputados-se-retire-la-iniciativa-de-reforma-al-art%C3%ADculo-1-constitucional-2