Reunión número once, entre familiares de personas desaparecidas, CADHAC y la Procuraduría

21 de Noviembre, 2012.

 Boletín No. 1211/024D.

 

Comunicado de Prensa

  • Se realiza la Reunión número once, entre familiares de personas desaparecidas, CADHAC y la Procuraduría de Justicia del estado de Nuevo León.
  • Se muestran avances en las investigaciones producto del trabajo conjunto.

 

Familiares de personas desaparecidas e integrantes de CADHAC y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad sostuvieron el día de hoy la Décimo Primera Reunión de Trabajo con la Procuraduría de Justicia del estado de Nuevo León, donde analizaron los procesos de investigación en cada uno de los 49 casos abordados.

A las 11 de la mañana salió de la Plaza de la Purísima un contingente de familiares hacia la Procuraduría. Entre gritos, mantas y playeras con la leyenda “¿Dónde están?” caminaron por Hidalgo, Pino Suárez y Ocampo. La reunión concluyó alrededor de las 5 de la tarde, hora en que el Subprocurador de Justicia, Javier Flores Saldívar, habló con los familiares para comentar puntos relevantes de la reunión sostenida.

Por su parte, la Hna. Consuelo Morales, Directora de CADHAC, señaló que se desprenden avances significativos del paradero de 43 víctimas de desaparición correspondientes a 6 de los 49 casos analizados dentro de la Reunión. “Vemos avances en las investigaciones, aunque desafortunadamente son resultados desalentadores”. Morales Elizondo señaló que si bien hay indicios de la ejecución de varias personas, aún se requiere agotar todos los elementos de investigación para que se corrobore con certeza el dato señalado.

Asimismo indicaron que hay 9 casos donde se identifica un agotamiento de las líneas de investigación. Aunado a ello se informó sobre tres casos que, de acuerdo a los hechos y a la propia investigación, han sido turnados a la Procuraduría de Tamaulipas. Mientras tanto en el resto de los casos se han podido consignar una treintena de personas dentro del proceso penal que terminaría con la sentencia de estos presuntos responsables.

De manera general existen avances en las investigaciones, pero se señala la importancia de corroborar los indicios que van surgiendo en los casos, así como continuar con el resto de la investigación para llegar al conocimiento del paradero de todas las víctimas de desaparición.

Finalmente la directora de CADHAC señaló que aún sigue pendiente la publicación de la Tipificación del Delito de Desaparición Forzada. Delito que fue aprobado la semana anterior en el Congreso, pero del que se espera la firma del Ejecutivo y su pronta publicación, a fin de que entre en vigor.

La ONU-DH saluda la reforma al Código Penal del estado de Nuevo León en materia de desaparición forzada de personas

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2012.- La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) celebra la aprobación el día de hoy de la reforma penal que tipifica el delito de desaparición forzada de personas en el estado de Nuevo León.

Dicha reforma incorpora los principales estándares internacionales en la materia, dotando a la ciudadanía de Nuevo León de una herramienta esencial para combatir este grave delito. Además, sirve como referente y estímulo para que otros Congresos adecuen sus códigos penales a los compromisos internacionales asumidos por México.

El Sr. Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo que: “el mérito compartido de este resultado está en todos los actores que hicieron parte del mismo, empezando por el infatigable y valiente papel de los familiares de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, hasta la genuina disposición del Congreso del Estado para favorecer un verdadero proceso participativo de diálogo y consulta. A su turno, la entrada en vigor de la ley reforzará la voluntad política y las acciones con las que el Gobierno del Estado venía ya abordando varios casos de presuntas desapariciones forzadas en Nuevo León”.

La ONU-DH México reitera su compromiso de continuar acompañando los esfuerzos participativos de convergencia en favor de una agenda de Derechos Humanos en Nuevo León y refrenda su plena disponibilidad para seguir brindando asesoría y cooperación técnicas al Estado mexicano, a sus diferentes ramas y sus distintos niveles de Gobierno, para seguir avanzando en la adecuación de la legislación interna a los contenidos de los tratados internacionales, de conformidad con la reforma de la Constitución mexicana en materia de derechos humanos del año 2011.

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CADHAC CELEBRA LA TIPIFICACIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA EN NL

13 de noviembre de 2012

Boletín de Prensa No. 1211/23

 

 

CADHAC CELEBRA QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN HAYA DECIDIDO TIPIFICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA COMO DELITO

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) celebra que, después de un largo proceso iniciado durante la pasada legislatura, el H. Congreso del Estado de Nuevo León haya tomado la decisión histórica de tipificar la Desaparición Forzada de Persona como delito en el Código Penal de nuestra entidad.

 

En los últimos años, miles de personas han desaparecido en el Estado de Nuevo León, varias de ellas a manos de las autoridades que se supone están para proteger a la ciudadanía. En estos casos las autoridades han retenido a las personas, sin justificación alguna, han negado tal retención y han omitido dar información sobre su destino o paradero y de esa forma las han privado de la protección de la ley. Bajo derecho internacional, esta conducta se conoce como Desaparición forzada y México está obligado a tipificar esta conducta como delito en todas las entidades federativas.

 

En mayo de 2011 esta organización presentó al Congreso una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado e incluir la Desaparición Forzada de Personas como un delito autónomo. La iniciativa fue discutida y enriquecida en mesas de trabajo del Congreso, con apoyo de expertos de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

Este nuevo tipo penal envía un claro mensaje de que en el Estado de Nuevo León se ha asumido la gravedad del problema y que el mismo no puede ser tolerado. En el texto aprobado hoy por las legisladoras y los legisladores se establece el delito con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

 

CADHAC es consciente de que la ley por sí misma no transformará la realidad social ni servirá para disuadir la comisión de desapariciones forzadas. Esto será posible solamente si el nuevo tipo penal se aplica adecuadamente y se abate la impunidad en estos casos. Ante esto, CADHAC seguirá trabajando con las familias de las personas desaparecidas y con la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León para mantener una atenta vigilancia de la forma en que se aplica esta trascendente modificación legal.

 

CADHAC saluda nuevamente esta decisión del Congreso que, sin duda, brinda una herramienta más para luchar contra las desapariciones en nuestra comunidad, a la vez que recuerda a las autoridades que la mejor forma de proteger los derechos humanos es respetarlos desde un principio por lo que demanda a las autoridades públicas, especialmente a las policiales, que cesen en la práctica de desaparecer a hombres, mujeres y niños en nuestra comunidad.

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

 

Mandos militares en estructuras civiles contraviene a nuestro marco jurídico

2 de noviembre de 2012.

 Boletín No 022.

 

Comunicado de Prensa

 

  • Colocar mandos militares en estructuras civiles contraviene a nuestro marco jurídico y a las recomendaciones de la ONU.
  • La militarización en el municipio de Monterrey podría generar mayor violencia por consecuencia violaciones a derechos humanos.

La reciente designación del Contraalmirante Augusto Cruz Morales de la Marina Armada de México como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Monterrey, así como de los 18 marinos que se integrarán al frente de la nueva administración, y al menos 100 marinos involucrados en tareas de seguridad pública, implica una clara militarización estructural, que contraviene claramente a disposiciones constitucionalesasí como a recomendaciones que la Organización de Naciones Unidas hizo el año pasado en la materia.

Además, nuestra alcaldesa señaló que dicho funcionario, “tendrá bajo su responsabilidad labores de inteligencia y la depuración en los departamentos de seguridad, tránsito y alcoholes, para dejarlos “exentos del crimen organizado”.

Esta afirmación evidentemente, además de ir en contra de disposiciones internacionales, contraviene nuestro marco jurídico. Las funciones que pretende encomendarle la alcaldesa al contralmirante no están contempladas en la ley. Nuestras leyes orgánicas determinan otras atribuciones para la SEMAR (Secretaría de Marina), muy distintas. Ni el artículo dos de la Ley Orgánica de la Armada de México, ni en el artículo treinta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federalcontienen las atribuciones que la alcaldesa pretende otorgarles. Incluso, el único supuesto contemplado dentro de las atribuciones, en donde se tiene contacto con la sociedad y autoridades civiles es la de fomentar y participar con las autoridades civiles en actividades socio-culturales y cívicas en aspectos relacionados con el medio marítimo.

 

Asimismo, en ambas leyes se contempla el supuesto de que por órdenes del Mando Supremo (Presidente de la República), elementos de la SEMAR, podrá coadyuvar con dependencias del gobierno federal o municipales para actuar cuando así lo requiera la situación, y jurídicamente mediando decreto del ejecutivo federal. Se reitera que nunca se habla de ejercer funciones de vigilancia de tránsito,depuración o alcoholes.

 

Además de acuerdo con la información recibida por el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU (en adelante GTDFI)se dice que:

…las Fuerzas Armadas no se limitan a actuar como apoyo a las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a dichas autoridades civiles. Estas operaciones militarizadas consisten en el despliegue de miles de efectivos militares en las calles de las zonas urbanas, rurales o en puntos estratégicos en las carreteras donde registran casas, individuos y automóviles, en muchos casos sin contar con una orden judicial dictada por una autoridad civil competente…

Cabe señalar que, la estrategia federal y estatal de militarizar las calles no ha resuelto el problema de violencia en torno al desenvolvimiento de las redes de delincuencia organizada, sustentadas en la corrupción e impunidad de las propias instituciones. Prueba de ello es el grave aumento en homicidios en el país en los últimos años, que incluso puede reflejarse en datos proporcionados por el mismo gobierno federal a través de INEGI, quien señaló que en 2011 hubo 27,199 personas ejecutadas, cifra triplicada en relación a la del 2005. A su vez, datos proporcionados por organizaciones socialesestiman más de 60,000 personas ejecutadas en el último sexenio. La estrategia de militarización ha complejizado el problema, favoreciendo la comisión de un número mayor de abusos de autoridad contra la ciudadanía.

El GTDFI señaló en un documento emitido en 2011, después de su visita a nuestro país que “El personal militar está entrenado para enfrentar fuerzas extranjeras enemigas y no para realizar actividades propias de la policía o interactuar con civiles”. En su visita, el grupo de trabajo externó su preocupación por la presencia militar en operativos de diversas ciudades del país, así como por la integración de militares en las estructuras estatales y municipales. Sustento de ello son las 5 mil 176 recomendaciones emitidas en seis años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tratos crueles y degradantes a entidades como el Ejército, la Secretaría de Marina.

Lo que vemos ahora, en el municipio de Monterrey, es un nombramiento oficial de un almirante de la Secretaría de Marina en funciones quien ejercerá funciones que no le competen.

La Marina Armada de México, tiene como tarea fundamental “cuidar la soberanía en aguas territoriales, costas, vías navegables, islas y la zona económica exclusiva. Opera el servicio de aeronáutica naval militar, construye y conserva las obras portuarias, ejecuta los trabajos topo hidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, además de archivar las cartas marítimas, las estadísticas y toda la información oceanográfica nacional”. De donde claramente podemos desprender una vez más que NO está dentro de sus atribuciones desempeñar funciones de la policía municipal, estatal, ni depuración. 

Incluso podemos decir, que este nombramiento hace caso omiso a dos de las recomendaciones preliminarespor parte del GTDFI el 31 de marzo de 2011 después de su visita a México:

• Considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.

  • Establecer protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y legalidad, como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.

En conclusión, con preocupación nos pronunciamos enérgicamente en contra de este nombramiento y de la militarización que se favorece desde las estructuras gubernamentales en todos sus niveles. La delincuencia organizada terminará si se acaba con la corrupción e impunidad en el interior de las dependencias, mas no colocando a un marino al frente de las tareas de seguridad pública, corriéndose el riesgo, de acuerdo a casos documentados en contra de la marina, de que sea la ciudadanía la más afectada en la vulneración de sus derechos con la definición de estrategias militares en un espacio civil que, de por sí, se encuentra en un estado de grave vulnerabilidad.

 

 

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Comité Contra la Tortura de la ONU condena práctica de tortura en México

Comité Contra la Tortura de la ONU condena práctica de tortura en México

· Expresa su rechazo por el uso de la tortura en todo el país para obtener confesiones

· El arraigo: “una violación flagrante de derechos humanos” que carece de control judicial

· Condena impunidad y falta de investigación de actos de tortura

 

31 de octubre, Ginebra. Hoy el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura, abrió su evaluación al Estado mexicano, donde estuvo presente una delegación de mas de 30 funcionarios públicos del gobierno federal y de diversos estados.

 

El Comité expresó su profunda preocupación por la práctica de tortura en el país, en particular ante el contexto del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el “fenómeno de impunidad agravada” en el que permanece los actos de tortura. Tras escuchar la exposición inicial del Estado, los miembros del Comité -expertos independientes electos por su pericia en temas de tortura- formularon preguntas y observaciones a la delegación gubernamental acerca de algunas de las problemáticas más preocupantes en esta materia en México.

 

Los expertos señalaron que sigue vigente en todo el territorio mexicano el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las víctimas en los procesos penales. Señalaron que la reforma penal que pretende cambiar esta práctica mediante la transición a un sistema oral y acusatorio no está siendo eficaz ya que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público siguen utilizando las declaraciones coaccionadas como prueba de cargo en los procesos penales. Ejemplo de ello, señalado por diversos expertos del Comité fue el caso de Israel Arzate, joven juarense víctima de detención arbitraria y tortura para obligarlo a autoinculparse falsamente por la masacre de Villas de Salvárcar. El Comité consideró “muy importante” este caso que se encuentra actualmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el precedente que puede sentar en el sentido de prohibir la admisión de pruebas obtenidas mediante la tortura en el nuevo sistema penal.

 

Por otra parte se señaló que no es admisible que la PGR “monopolice” la aplicación del Protocolo de Estambul y se expresó profunda preocupación porque los peritos que aplican dicho instrumento para detectar casos de tortura, carecen de independencia al depender de la misma PGR, institución muchas veces señalada por incurrir en violaciones a derechos humanos. Los expertos también cuestionaron al Estado sobre la falta casi absoluta de sentencias firmes por tortura frente al número elevado de quejas por este delito registradas por la CNDH.

 

Un tema de particular preocupación fue la figura del arraigo, la cual permite la práctica de la tortura en una situación de ausencia de garantías judiciales. La Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos Ruth Villanueva, defendió ante el Comité su aplicación y la denominó como una medida constitucional, excepcional y temporal; además justificó que en algunos casos las detenciones no se realicen en el Centro Nacional de Arraigos.

Al respecto, los expertos haciendo referencia a la información presentada por ONGs, expresaron su preocupación por la aplicación del arraigo en instalaciones militares y el uso de confesiones obtenidas bajo arraigo las cuales pueden ser obtenidas mediante tratos inhumanos o tortura. Igualmente sobre la falta de protección judicial en casos de arraigo, el Relator del Comité para México, Fernando Mariño, manifestó, “las estadísticas son abrumadoras” al evidenciar que de 6102 juicios de amparo interpuestos contra órdenes de arraigo, en sólo 188 fue concedida la protección de la justicia federal. En palabras de la experta Essadia Belmir, “es una violación flagrante de derechos humanos… ¿Qué pasa con una persona que va a estar en manos de las autoridades, quienes pueden conseguir una confesión por las buenas o por las malas?”

 

El Comité planteó asimismo su preocupación por la tortura, incluyendo la violencia sexual, cometida contra mujeres tanto por agentes estatales (planteando el caso de las mujeres sobrevivientes de San Salvador Atenco) como por actores privados. En este sentido el Comité constató que había “demasiadas lagunas de información” en el informe presentado por el Estado y pidió información sobre los resultados concretos de los programas y acciones dirigidas a combatir las desapariciones de mujeres, los feminicidios y la tortura cometida por razones discriminatorias en contra de las mujeres. Igualmente expresó su preocupación por la situación de “gran vulnerabilidad” por la que atraviesan las personas migrantes en su tránsito por México, así como por los ataques y actos de represalia en contra de las personas defensoras de derechos humanos.

 

Los expertos también hicieron hincapié en la obligación del Estado de tipificar el delito de tortura en el Estado de Guerrero, donde actualmente no se encuentra contemplado en el Código Penal sino sólo en una ley secundaria, lo cual constituye un obstáculo para que tal delito sea investigado; y expresó preocupación porque la utilización del Protocolo de Estambul se desconoce en Guerrero, permitiendo que se sigan cometiendo actos de torturas con impunidad. Por otro lado, expresaron que es urgente informar sobre los avances de la investigación sobre los hechos ocurridos en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, en diciembre de 2011.

Las organizaciones mexicanas e internacionales firmantes recordamos que el Estado debe dar cabal cumplimiento a las recomendaciones finales del Comité, mismas que serán publicadas en las próximas semanas, con el fin de empezar a prevenir y erradicar la tortura en el país.

 

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) – Francia

Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)

Católicas por el Derecho a Decidir

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República:

Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los

Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo

a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la

Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.);

Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir,

A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y

Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador,

A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las

Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos

Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de

Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos

“Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos

Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray

Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de

la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos

de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” ,

A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd.

Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.);

Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro

de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos

Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante

(DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD)

(Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF)

(Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral

(CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los

Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro

Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal

de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental

(Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de

Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro

Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.);

Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía

Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.);

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL);

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San

Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad

(Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos

Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión

de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua,

Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C.

(CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz

y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos

“Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos

Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa

Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa

de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos

Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo

de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos

“Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos

Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de

Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité

de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de

Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos

Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.);

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC

(Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico

Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación,

A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría

del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la

Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos

Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos

Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el

Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa

Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de

Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal),

Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla,

Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.);

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal);

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación

(Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de

Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.);

Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios

de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de

Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

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