Mes: octubre 2012

17 de octubre de 1953

Conquista de la ciudadanía plena de las mujeres

En el aniversario del sufragio femenino en México, Organizaciones de Nuevo León demandan:

El colectivo La Trenza*, integrado por diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos de las nuevoleonesas, nos pronunciamos, en el marco del 59 aniversario de que las mexicanas conquistamos la ciudadanía plena, logrando dicho reconocimiento en forma expresa, en el artículo 34 de la Constitución Política que nos rige.

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia de la Mujer, celebrada en Beijing, 1995, se establece eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país y garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, del derecho a votar y ser elegibles para todos los cargos posibles.

Reafirmamos que las mujeres tienen el derecho de participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

Expresamos que, desde 1953 a la fecha, en Nuevo León, son pocas las mujeres que han tenido acceso a puestos de elección: incluyendo a las mujeres que recientemente resultaron electas, sólo 46 mujeres han llegado a ocupar el puesto de presidentas municipales en los 51 municipios del estado; y en este tiempo apenas contabilizamos 73 diputadas locales, 30 diputadas federales y 6 senadoras. Actualmente contamos con 7 diputadas locales (4 menos que en legislatura pasada), 5 diputadas federales (no por elección), 3 senadoras y 4 alcaldesas. En 59 años reconocemos los avances pero consideramos que los resultados son insuficientes.

Encontramos que las mujeres suelen estar escasamente representadas, a causa de la desigualdad imperante, a las prácticas discriminatorias y al desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, pese a los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados.

Estimamos que las mujeres que ocupan cargos públicos contribuyen a redefinir las prioridades políticas al incluir en los programas de gobierno temas que responden a las preocupaciones de género;

Consideramos que los estereotipos negativos respecto de las funciones que realizan las mujeres, fomentados por los medios de difusión, refuerzan la tendencia de que las decisiones políticas sigan siendo predominantemente una función que realizan los hombres.

Atribuimos a la escasa representación de las mujeres en puestos directivos en el campo de las artes, la cultura, los deportes, la educación, los medios de comunicación y el derecho, el impedimento para que las mujeres puedan ejercer influencia en muchas de las instituciones clave.

Consideramos que el reparto equitativo de las responsabilidades en los hogares proporciona una mejor calidad de vida para las mujeres y sus hijas, y les da oportunidad de configurar y elaborar políticas, prácticas y gastos públicos, de forma que sus intereses puedan ser reconocidos y tenidos en cuenta.

Creemos que los gobiernos, empresas, medios de comunicación, instituciones bancarias, académicas y científicas, no aprovechan plenamente las aptitudes que tienen las mujeres para la administración de alto nivel, la formulación de políticas y la negociación.

Por lo que, instamos a los diferentes poderes y niveles de gobierno a:

Asegurar, en la práctica, el principio de igualdad entre hombres y mujeres establecido en la Ley recientemente aprobada en Nuevo León.

Establecer el equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura;

Adoptar medidas afirmativas concretas para aumentar el número de mujeres en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública;

Desarrollar programas de adelanto profesional para mujeres de todas las edades mediante la preparación para funciones determinadas, la orientación profesional, el asesoramiento, la capacitación y el readiestramiento;

Capacitar y fomentar la autoestima a las mujeres y a las niñas, especialmente a las que tienen necesidades especiales, discapacidades  y a las que pertenecen a minorías raciales y étnicas, para alentarlas a ocupar puestos de adopción de decisiones;

Reestructurar los programas de contratación y desarrollo profesional, velar porque las mujeres, especialmente las jóvenes, tengan igualdad de acceso a la capacitación en asuntos de gestión, administración, conocimientos empresariales, técnicos y de jefatura;

Aplicar criterios transparentes para los puestos de adopción de decisiones y garantizar que los órganos de selección tengan una composición equilibrada entre mujeres y hombres;

Desarrollar estrategias de comunicación para fomentar el debate público sobre los nuevos papeles de las mujeres y los hombres en la sociedad;

Alentar una mayor participación de las mujeres indígenas en la adopción de decisiones a todos los niveles;

Reconocer que las responsabilidades compartidas entre las mujeres y los hombres en el ámbito laboral y en la familia fomentan una mayor participación de las mujeres en la vida pública;

Adoptar medidas encaminadas a hacer compatibles la vida familiar y la profesional;

Monterrey, N.L., 17 de octubre de 2012

*Organizaciones integrantes del colectivo La Trenza: Alternativas Pacíficas AC,  Arthemisas por la Equidad AC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC, Colectivo Plural de Mujeres, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León AC, Pro Salud Sexual y Reproductiva AC, Zihuame Mochilla AC.