Comunicado no. 1202/05
Traslados y violencia institucional, no solucionan la crisis del sistema penitenciario de Nuevo León
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) se encuentra extremadanamente preocupada y en estado de máxima alerta por los nuevos hechos violentos en el centro penitenciario en Apodaca, Estado de Nuevo León.
Los hechos de esta noche son una muestra más de la fragilidad del sistema penitenciario en el Estado que no puede garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. El sistema se encuentra en una profunda crisis que ha llevado a las recientes explosiones de violencia, pero que si recordamos, son recurrentes en la entidad. Cada año hay más motines, más asesinatos, más quejas y menos intervención preventiva o correctiva del Estado. Así, la actual situación hace imperante, en un marco de derechos humanos los siguientes puntos.
1. Las autoridades ahora no pueden pretender solucionar esta delicadísima situación con fuerza bruta, por ello exigimos se realice una intervención inteligente, transparente y acompañada en todo momento del sistema ombudsman (Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos, en uso de sus facultades constitucionales, así como de organizaciones civiles de derechos humanos que participen como observadoras del proceso. Es fundamental que las medidas de las autoridades no produzcan más violencia. Medidas como traslados irracionales y poco fundamentados de personas privadas de libertad, a otros centros penitenciarios no hacen más que alterar los ánimos de los internos que ya han sido testigos de múltiples brutalidades y muertes y no saben a qué destino los envían. No es necesario un mensaje de fuerza bruta del estado sino un mensaje contundente de su autoridad moral. En estos momentos es imprescindible que se restablezca la legalidad -lo que implica que las autoridades no cometan más abusos- y que se garantice la integridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad, sus familias y seres queridos, así como de todas las funcionarias y funcionarios públicos que laboran en el sistema penitenciario.
2. La crisis debe ser superada de forma pacífica, y posterior a ello, dar paso a un proceso auténtico de investigación en el que se trabaje de forma pronta, imparcial y profesional, apegándose a los más altos estándares internacionales en materia de sistemas penitenciarios y de derechos humanos. La investigación debe garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño para todas las personas involucradas y no limitarse a aspectos penales o administrativos sino dar con las causas profundas de las arbitrariedades y de la pavorosa corrupción que permea todo el sistema penitenciario.
Todas las personas involucradas en faltas y delitos deben ser llevadas a tribunales imparciales y ser juzgadas con el más estricto respeto a todos sus derechos procesales, incluida la presunción de inocencia, el respeto a su integridad, y la no aplicación del arraigo.
3. Finalmente, se deben abordar las graves fallas estructurales que han permitido que la situación llegue a este punto. El Estado debe replantearse sus estrategias para hacer frente a la corrupción y para manejar espacios tan delicados como los centros de privación de la libertad. También deben abordarse las políticas que han multiplicado el número de personas detenidas, muchos por delitos menores, o que aún no tienen una condena. Todas las medidas que se tomen para mejorar la situación penitenciaria deben inscribirse en un proceso de construcción de paz y de comunidad, y deben alejarse de los estándares de venganza social y de la violencia estereotipada y discriminatoria en contra de la población sujeta de sanciones penales. Toda acción debe estar puntualmente acompañada por la sociedad civil y enmarcarse en un auténtico esfuerzo de democratización de las políticas públicas de seguridad y de justicia.
CADHAC exige a las autoridades que cumplan con su función de garantizar la seguridad ciudadana a través de un respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. Resulta inadmisible que las autoridades hayan desoído las múltiples alertas sobre la inminencia de un estallido violento en las cárceles del Estado de Nuevo León. Es tiempo de que nuestros gobernantes cumplan con lo ordenado por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes; garantizando la integridad física y emocional de todas las personas privadas de su libertad recluidas en los penales estatales del Estado de Nuevo León.
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
21 de febrero de 2012.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., en una organización apartidista y sin fines de lucro que desde su creación en 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, México.
