Policía Estatal restringe la libertad de expresión al reprimir manifestación pacífica

14 de diciembre de 2011

Comunicado No. 1112/039

 

Policía Estatal restringe la libertad de expresión

al reprimir manifestación pacífica.

 

CADHAC manifiesta su indignación ante el hecho ocurrido el dìa de hoy, en el que la  Policía Estatal detuvo a 4 ciudadanos ejerciendo su derecho a manifestarse pacíficamente por el desproporcionado aumento a las tarifas del transporte público, autorizadas por el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad.  Es muy grave que se pretenda nulificar estas acciones, ya que representan el control democrático por parte de la sociedad, fomentan la transaprecia de las actividades estatales y  promueven la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública; razón por la que, de ser estrictamente necesario, el margen de restricción debe ser muy reducido, especialmente tratandose de cuestiones de interés público.

 

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión tiene tres funciones primordiales dentro de cualquier Estado: La primera garantiza la libertad de compartir información y pensamientos propios y ajenos. La segunda, como herramienta de la democracia, y la tercera, como herramienta de los demás derechos. Por lo anteriormente mencionado es fundamental la protección de la libertad de expresión y manifestación, y debe tomar en cuenta, que violentando alguna de sus funciones se vulneran las demás.

 

Es decir, la libertad de expresión es sustento y efecto de toda sociedad democrática, instrumento para su ejercicio y garantía de su desempeño. Es innegable la relación entre el despliegue de la expresión y el goce de la libertad. El orden público democrático reclama, pues, la defensa de la libertad de expresión.

 

Por lo anterior, CADHAC considera inaceptable los hechos ocurridos el día de hoy en el Estado de Nuevo León,  por lo tanto condena:

a) la represión de 4 personas que esta mañana ejercían pacíficamente su derecho de manifestarse contra el aumento desmedido a las tarifas al transporte público,

b) la detención ilegal y arbitraria a la que fueron sometidos estos 4 ciudadanos.

c) el abuso de la fuerza pública al golpear a una de estas personas.

 

Por lo anterior exigimos: 1) su inmediata liberación, 2) la devolución de la multa, en caso que la hubieran pagado, y 3) el respeto irrestricto a cualquier manifestación ciudadana en ejercicio de la libertad de expresión.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

 

 

Aumenta el Número de Muertes en los Penales de Nuevo León, bajo la complacencia de las autoridades

13 de diciembre de 2011

Boletín No. 039/1211/BP

 

Aumenta el Número de Muertes en los Penales de Nuevo León, bajo la complacencia de las autoridades

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) deplora y condena las más de 60 muertes que durante este año han ocurrido en los tres centros penitenciarios de la entidad, vislumbrándose en ello una intolerable e injustificable complacencia por parte de las autoridades.

El más reciente de estos hechos corresponde a una joven de nombre Janeth de la Cerda Palacios de 23 años de edad, quien ingresó al Penal del Topo Chico el 4 de agosto de este año y fue encontrada muerta el día de ayer, 12 de diciembre. Las autoridades señalan que se suicidó ingiriendo insecticida. Sin embargo, la presunción de suicidios en muchas de las muertes ocurridas en 2011 genera suspicacias. Está fallando gravemente el sistema penitenciario. No es posible que en un lugar que se encuentra protegido y vigilado las 24 horas, y donde la seguridad debe ser garantizada por las autoridades, ocurran estos hechos que se han vuelto sistemáticos.

La privación de la libertad, de ninguna manera significa que las personas recluidas en centros penitenciarios puedan ser expuestas a tratos crueles inhumanos y denigrantes y mucho menos que puedan ser privadas de sus vidas.

Las autoridades muestran que no pueden o no quieren mantener un control legal y suficiente en un lugar especialmente vigilado, en el que las personas están confinadas. No es racional pensar que en un ambiente cerrado y extremadamente protegido puedan suceder en menos de 12 meses, mas de 60 muertes que hasta hoy han quedado en total impunidad. Es necesario que las autoridades replanten su estrategia de control y seguridad en las prisiones desde una visión de derechos humanos.

Asimismo CADHAC se manifiesta profundamente preocupada por la inactividad que ante estos hechos ha mostrado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Como institución pretendidamente protectora de derechos humanos, la Comisión debió iniciar quejas de oficio y tomar todas las medidas administrativas necesarias para proteger a las personas privadas de la libertad. La inactividad de este organismo ha comprometido la integridad de las y los presos.

CADHAC hace un llamado enérgico a las autoridades para que cumplan con sus funciones legales y constitucionales de brindar un servicio penitenciario acorde con los más altos estándares internacionales.

Es necesario detener la muerte de personas privadas de la libertad, así como investigar de manera pronta y expedita las muertes ocurridas en lo que va del año, para que se sancione a los responsables. Se debe  garantizar que las prisiones sean un auténtico espacio de reinserción social, no un lugar de abusos, extorsiones, tortura y de riesgo para la vida de las personas ahí recluidas.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Se realiza la quinta reunión de seguimiento entre sociedad civil y Procuraduría de N.L. sobre casos de personas desaparecidas

18 de diciembre de 2011.

Boletín No. 037

 

–        Se realiza la quinta reunión de seguimiento entre sociedad civil y Procuraduría de N.L., sobre casos de personas desaparecidas

–        Si bien hay avances, aún no es localizada ninguna persona desaparecida.

El día de ayer, miércoles 7 de diciembre, se realizó la quinta reunión que familiares de personas desaparecidas quienes integran la LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia), CADHAC y el Movimiento por la Paz, sostuvieron con la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.

Alrededor de 100 personas partieron de la Plaza de la Purísima hacia las instalaciones de la Procuraduría, con mantas y cartelones donde se colocaron las fotos de personas desaparecidas, resaltando la pregunta “¿Dónde están?”

Con la presencia del poeta Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza del Movimiento por la Paz, así como de integrantes de CADHAC, familiares de personas desaparecidas participaron en Mesas donde se abordaron los avances de sus casos.

Tras seis horas de reunión se concluyó la revisión de 29 expedientes. La Hna. Consuelo Morales, Directora de CADHAC, señaló que el 50% de ellos presentan avances cualitativamente importantes, mientras que el 40% muestra avances menores, siendo que el 10% restante presenta un avance nulo. Estos avances –dijo- significan arrancar pedazos a la impunidad.

Asimismo señaló que entre los Acuerdos de la Reunión se encuentra trabajar, durante el mes de enero, en Protocolos para protección de testigos/as e investigación de casos, mientras que la siguiente reunión de revisión de expedientes será en febrero de 2012.

Por su parte Javier Sicilia del Movimiento por la Paz, al igual que la directora de CADHAC, señaló que si bien se vieron ciertos avances, no se ha encontrado a ninguna de las personas desaparecidas. “No es posible que el gobierno no sepa dónde está una cantidad tan alta de desaparecidos, más de 10,000 en el país”, señaló el poeta.

“¿Dónde están, nuestros hijos dónde están?” gritaban las familias de personas desaparecidas luego de las conclusiones de la reunión.

ALERTA URGENTE: DETIENEN A COMUNICADOR COMUNITARIO

ALERTA URGENTE: DETIENEN A COMUNICADOR COMUNITARIO:

MÉXICO INCUMPLE RECOMENDACIONES DE ORGANISMO INTERNACIONALES

 

  • Criminalización y persecución penal de comunicadores comunitarios, grave agravio a la libertad de expresión.
  • Poder Judicial insiste en emitir sentencias discriminatorias y desproporcionales.

 

México, D.F.,  a 1º de diciembre de 2011.-  Aproximadamente a las 14 horas del día de hoy, 1º de diciembre, fue detenido Juan José Hernández, Director de la radio comunitaria Radio Diversidad, ubicada en el Estado de Veracruz en cumplimiento a una sentencia que lo acusa de usar, aprovechar y explotar un bien propiedad de la Nación sin permiso o concesión del Estado, según lo establecido en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.

 

Esta es la segunda detención contra un integrante de Radio Diversidad, estación que fue cerrada el 11 de marzo de 2009 mediante un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) respondiendo a una orden de cateo librada por un juez penal federal. De acuerdo con el expediente, la denuncia inicial fue interpuesta por la Unidad Jurídica de la Secretaría de Gobernación (Segob) en enero de 2009.

 

La libertad de expresión es uno de los valores fundamentales de la democracia y es inherente al respeto de los demás derechos humanos[1], en este sentido la labor que desempeñan las radios comunitarias atendiendo a las voces menos favorecidas de la sociedad, llevando información acorde con sus necesidades, las convierte en una herramienta por excelencia para que las comunidades pueden ejercer ampliamente la libre expresión.

 

La radio comunitaria Diversidad surgió por la inquietud de los jóvenes del Municipio Paso el Macho, en el estado de Veracruz, para acercar información acorde a necesidades de las personas de la comunidad, difundir los derechos de las personas que trabajan en la zafra de la caña de azúcar, lograr vínculos de solidaridad y apoyo mutuo con otros grupos que realizan un trabajo social, como el grupo de mujeres de Las Patronas, y en especial mejorar las condiciones de vida de otros jóvenes y de los habitantes de su municipio y aledaños.

 

Es importante resaltar que los integrantes de la radio solicitaron, desde el año 2008, por múltiples canales, un permiso de transmisión para operar una estación de radio, sin que hubiera respuesta alguna por parte de las autoridades, ante lo cual y en vista de las necesidades de comunicación se atrevieron a transmitir de manera alegal.

 

Como señaló la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH en su último informe es necesaria una legislación acorde a la sentencia de la Suprema Corte y a los estándares internacionales, de manera tal que las emisoras comunitarias obtengan autorización para operar, así como que se establezca un marco jurídico claro sobre su funcionamiento. El Estado Mexicano falla al negar un mecanismo fiable de acceso a las frecuencias, sin embargo, enjuicia diligentemente a quienes transmiten sin licencia[2].

 

Este caso se suma al de otras radios comunitarias que han sufrido persecuciones penales similares. La persistencia por parte de las autoridades en utilizar figuras penales en contra de periodistas que abordan asuntos de interés público, de personas que trabajan en radios comunitarias y de activistas sociales en el marco de actos de protesta social se traduce en presiones directas o indirectas encaminadas a silenciar la labor informativa de los periodistas y son incompatibles con la libertad de expresión e interfiere con el flujo de información, necesario para la construcción de la democracia mexicana[3].

 

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC-Mx) condena enérgicamente la detención de José Hernández, así como la criminalización y represión de la que son víctimas las y los comunicadores comunitarios a través del inicio de procesos penales injustos y desproporcionados por hacer uso de la voz.

 

Amarc-Mx le recuerda al Estado Mexicano que tanto las relatorías para la Libertad de Expresión de Naciones Unidad, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la UNESCO, el Banco Mundial y el PEN Canadá, entre otros, han emitido diversos informes donde se llama al reconocimiento de las características especiales de la radiodifusión comunitaria en ley, la creación de un marco normativo claro, preestablecido, preciso y razonable que establezca procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias.

 

Amarc-Mx agradece de manera muy especial el acompañamiento realizado por la Casa de los Derechos de Periodistas.

 

 

[1] ONU Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión Frank La Rue, A/HRC/17/27/Add.3 Párr. 49

[2] GIBBONS Cara y SPRATT Beth Corrupción, Impunidad, Silencio: La Guerra contra los Periodistas mexicanos. PEN Canadá/IHRP, Canadá, 2011, pág 47

[3] supra 1, párr. 84

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