Con mucha alegría les compartimos algunas imágenes del evento en el que se entregó el Premio Alison Des Forges a la Hna. Consuelo Morales, Directora de CADHAC, por parte de la organización Human Rights Watch, el pasado 15 de noviembre.
México, D.F., a 11 de noviembre de 2011.
LA CDHDF SE SUMA AL LLAMADO DE HUMAN RIGHTS WATCH
POR EL CESE DE LA VIOLENCIA EN MEXICO
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce y comparte la preocupación y diagnóstico formulados por Human Rights Watch (HRW), en su informe “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México”, acerca de los impactos negativos de la estrategia de seguridad nacional para combatir la delincuencia organizada en relación con el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
HRW señala que la estrategia federal de combate frontal a las bandas de la delincuencia ha generado violaciones graves de derechos humanos, tales como tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abusos de autoridad por parte de los cuerpos militares y policiacos, particularmente contra mexicanas y mexicanos jóvenes, quienes han experimentado la vulnerabilidad estructural y la impunidad como víctimas inocentes de dicha estrategia.
En un contexto como éste, se ha incrementado el clima de incertidumbre y desconfianza respecto de la acción pública en materia de seguridad, así como la sensación de que se ha vulnerado el Estado de derecho y las garantías del debido proceso, sin que las instituciones de procuración e impartición de justicia militar y civil hayan sido sometidas a los controles ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas.
En este marco, tampoco ha sido posible hacer justicia a las a las víctimas, tanto de las redes criminales como de la estrategia de seguridad. La investigación de violaciones a derechos humanos realizada por Human Rights Watch evidencia la impunidad en que se encuentran las casi 35 mil muertes relacionadas con la delincuencia organizada, entre diciembre de 2006 y fines de 2010, según información del propio gobierno federal.
La CDHDF expresa su preocupación por la falsa disyuntiva que se ha planteado a propósito de este debate, polarizando por un lado la defensa y promoción de los derechos humanos y, por el otro, la garantía de seguridad para el conjunto de la ciudadanía. Efectivamente, lo que necesitamos son espacios seguros para todos y todas, y certidumbre jurídica respecto de la procuración e impartición de justicia; pero también que se garanticen todos los derechos para todas las personas, particularmente los que se refieren a la protección de la vida y la integridad en sentido amplio, así como al debido proceso.
El informe de Human Rights Watch viene a sumarse al reclamo generalizado de las y los defensores de derechos humanos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y ciudadanía en general, en el sentido de que cese inmediatamente el clima de violencia, la impunidad y se fortalezca la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades.
La CDHDF tiene la certeza de que estos objetivos deben lograrse por la vía del paradigma garantista, es decir, despejando el camino de obstáculos para que las y los mexicanos habiten espacios seguros y libres de violencia, al tiempo que ejercen todos sus derechos y libertades.
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Te inviamos a que asistas a la 10a. FERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, 4 de Diciembre Zócalo capitalino, a partir de las 10 hrs.
*DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS*
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
Organizaciones sociales brindan reconocimiento a la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC, por el premio internacional que recibirá en próximos días
Monterrey, N.L. 8 de noviembre 2011. Diversas organizaciones sociales de Monterrey se reunieron el día de hoy para ofrecer un reconocimiento público a la Hna. Consuelo Morales, Directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC, quien será galardonada por Human Rights Watch (HRW) con el Premio Alison Des Forges por Activismo Extraordinario, el más alto honor que otorga la organización internacional en cuanto su firme compromiso con los altos ideales de la defensa de los derechos humanos.
Este homenaje, señaló Consuelo Espinola de la Alianza de Usuarios, es entregado anualmente a personas que han puesto en riesgo su seguridad y vida en la defensa de los derechos humanos, y este año se otorga a: Hossam Bahgat, de Egipto; Sihem Bensedrine, de Túnez; Anis Hidayah, de Indonesia; Farai Maguwu, de Zimbawe; Elena Milashina, de Rusia; Sussan Tahmasebi, de Irán y a Consuelo Morales, de Monterrey, México.
Espinola mencionó palabras textuales de Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch: “Cada uno de estos defensores y defensoras ha mostrado un coraje y una persistencia increíbles en beneficio de los demás (…) Honramos su coraje y sus esfuerzos, y esperamos que este premio fomente la sensibilización del público a nivel internacional sobre las condiciones abusivas que intentan cambiar”.
Leticia Hidalgo habló a nombre de la LUPA (Lucha por Verdad, Amor y Justicia) explicando que su grupo está conformado por familias de personas ejecutadas o desaparecidas, y que de conjunto agradecen el respaldo y trabajo que realizan con CADHAC; asimismo se escuchó la voz de organizaciones como el Colectivo Plural de Mujeres, el Movimiento Ambientalista Ciudadano y Resistencia Civil Pacífica.
Por su parte la Hna. Consuelo Morales agradeció el evento, señalando que el reconocimiento es para la gente que integra y ha integrado CADHAC a lo largo de los 18 años que esta organización tiene de trabajo. Asimismo hizo hincapié en que, si bien el reconocimiento es una bocanada de aire fresco, a la vez indica la gravedad del problema de violaciones a derechos humanos que existe en México, y en particular en Nuevo León. Este premio –dijo- está dando la oportunidad de visibilizar aún más lo que sucede en nuestro estado a nivel internacional.
Morales Elizondo saldrá en esta semana rumbo a Estados Unidos, donde en las ciudades de Santa Bárbara Ca, Los Ángeles Ca y San Francisco le será otorgado el señalado premio.
La impunidad de torturas, “desapariciones” y ejecuciones amenaza la seguridad pública
*** Imágenes sin editar de casos específicos de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en México se encuentran disponibles en:
http://hrwnews.org/distribute/mexico/spanish/preview_sp.html
(México D.F., 9 de noviembre de 2011) – En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 229 páginas, “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México. A través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.
“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Una delegación de Human Rights Watch presidida por Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, y por Vivanco presentó el informe al Presidente Calderón, a miembros del Congreso mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a organizaciones de la sociedad civil.
Poco tiempo después de asumir la presidencia en diciembre de 2006, Calderón declaró la “guerra” contra la delincuencia organizada y convocó al Ejército mexicano a participar en la lucha contra los carteles, a pesar de los extensos antecedentes de abuso e impunidad de esta institución. Más de 50.000 soldados fueron asignados a esta iniciativa, además de miles de miembros de la Marina, de la Policía Federal y de fuerzas de policía estatales y locales.
En los cinco estados relevados – Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco – Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los carteles. El informe también contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos.
Human Rights Watch analizó datos recabados a través de más de 200 entrevistas efectuadas a víctimas y autoridades, 60 pedidos de información pública y del examen de un amplio espectro de estadísticas oficiales. Si bien la incidencia de las violaciones graves de derechos humanos ha aumentado drásticamente en el contexto de las medidas adoptadas por México contra el narcotráfico, no sucedió lo mismo con la investigación y el juzgamiento de estos abusos, según comprobó Human Rights Watch.
Esto se debe, en parte, a que los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles continúan siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado en sus pronunciamientos que estos abusos deben ser investigados en la jurisdicción penal ordinaria, y que los tribunales militares carecen de la imparcialidad y la transparencia necesarias para juzgar a sus propios miembros. El resultado de esta práctica ha sido una impunidad casi total, afirmó Human Rights Watch. En los cinco estados relevados, entre 2007 y abril de 2011 los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1.615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles. Ni un sólo soldado ha sido condenado en estos casos.
Los agentes del Ministerio Público civil tampoco han adoptado medidas básicas – como entrevistar a testigos clave o visitar la escena del crimen – para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por policías y otros funcionarios civiles. Por ejemplo, según información solicitada al Ministerio Público estatal en los cinco estados relevados, se presentaron cientos de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes ante las comisiones de derechos humanos de los estados. No obstante, ningún funcionario ha sido acusado en estos estados por hechos de tortura.
“Estos abusos casi nunca se investigan adecuadamente pero, a pesar de ello, es común que las autoridades se refieran a las víctimas como delincuentes y asuman que sus denuncias son falsas”, expresó Vivanco. “Como resultado, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción que impulsar sus propias investigaciones para reivindicar a sus seres queridos”.
En varias oportunidades, el Presidente Calderón ha declarado públicamente que el 90 por ciento de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico – que su gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011– eran delincuentes. No obstante, datos obtenidos por Human Rights Watch permiten dudar de la fiabilidad de estas afirmaciones. La Procuraduría General de la República, que cuenta con facultades constitucionales para investigar penalmente los homicidios vinculados con la delincuencia organizada, indicó a Human Rights Watch que solamente había iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007 y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Human Rights Watch comprobó que un amplio espectro de funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos. Entre ellos se incluyen jueces que admiten pruebas conseguidas posiblemente mediante tortura, agentes del Ministerio Público que obtienen “confesiones” de acusados que son mantenidos incomunicados en bases militares, y peritos médicos que omiten o minimizan lesiones cuando examinan a los detenidos.
El informe formula recomendaciones específicas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial destinadas a abordar los abusos documentados en el informe, incluidas las siguientes:
· El Congreso debería reformar el Código de Justicia Militar para impedir que las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a cabo en la jurisdicción militar; y los procuradores generales de justicia de la República y de los estados deberían tomar la iniciativa de investigar todos los casos de posibles violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas supuestamente cometidas por el Ejército.
· Los funcionarios públicos deberían abstenerse de efectuar declaraciones en las cuales desestimen las denuncias de abuso antes de que éstas hayan sido investigadas, así como de afirmar que las víctimas de abusos son delincuentes antes de que hayan sido condenadas por algún delito.
· Los jueces deberían hacer cumplir la prohibición de emplear pruebas obtenidas mediante tortura, y los legisladores deberían derogar las disposiciones legales – como el arraigo y otras normas excesivamente amplias que permiten la detención de personas in flagrante (mientras cometen un delito) – que facilitan el abuso de los detenidos.
“El gobierno mexicano se enfrenta a carteles que han cometido crímenes aberrantes contra oficiales y civiles por igual”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, en su respuesta, las fuerzas de seguridad deben actuar empleando un estándar diferente, no sólo porque el respeto de los derechos es lo correcto, sino porque además es indispensable para asegurar el éxito de cualquier estrategia para mejorar la seguridad pública”.
Para leer “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México’” visite: http://hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos
Para obtener más información, comuníquese con las siguientes personas:
En México D.F., José Miguel Vivanco (inglés, español): +52-1-55-3070-7866 (celular); vivancj@hrw.org
En México D.F., Nik Steinberg (inglés, español): +52-1-55-3397-8268 (celular); steinbn@hrw.org
En Nueva York, Daniel Wilkinson (inglés, español): +1-212-216-1284 (oficina); +1-646-552-8063 (celular);wilkind@hrw.org
En Berlín, Wenzel Michalski (inglés, alemán): +49-151-419-24256 (celular); michalw@hrw.org
En París, Jean-Marie Fardeau (francés, inglés, portugués): +33-6-45-85-24-87 (celular); fardeaj@hrw.org
En Bruselas, Reed Brody (inglés, francés, español, portugués): +32-498-62-57-86 (celular); brodyr@hrw.org
En Londres, David Mepham (inglés): +44-20-7713-2766; +44-7572-603995 (celular); mephamd@hrw.org
Para más información acerca del trabajo de Human Rights Watch sobre México, visite:http://www.hrw.org/es/americas/mexico
Difusión Cencos México D.F., 4 de noviembre de 2011
Boletín de prensa
Redim
Este 1 de noviembre la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) recuerda a los aproximadamente 1,373 niños y niñas que han muerto en el marco de la lucha contra el crimen organizado, víctimas inocentes de la violencia y las omisiones institucionales para garantizar su derecho a la vida.
Es importante recordar que el Estado Mexicano al ratificar la Convención sobre los derechos del Niño (CND, 1989) hace ya dos décadas, tiene la responsabilidad de reconocer, respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así mismo los distintos niveles de gobierno están obligados a cumplir con la reciente modificación del Artículo 4 de Constitución Mexicana que establece que “En todas las decisiones y actuaciones del estado se velara y cumplirá con el principio del interés superior del niño garantizando de manera plena sus derecho […] Este principio guiará el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
REDIM manifiesta su profunda preocupación porque el actual contexto de violencia generalizada, en parte desencadenada por la forma en que se combate al crimen organizado, se expresa en un mayor número de homicidios de la población de 15 a 17 años de edad que aumento de 5.3 en 2007, a 10.7 en 2009 (por cada 100 mil habitantes)[1]; y en miles de niñas y niños que han quedado sin cuidados parentales “huérfanos”, ya sea sin padre, madre o ambos, de los más de 40 mil homicidios ocurrido en los último cuatro años.
En este sentido exhortamos al Estado Mexicano a cumplir con las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño (CRC-CDN) emitió el pasado 4 de febrero del presente año, entre las cuales destacamos:
30. El Comité insta al Estado Parte a que:
a. Recopile datos sobre el número de niños detenidos, heridos o asesinados en la lucha del Ejército y las fuerzas policiacas contra los grupos armados no estatales;
b. Investigue todos los delitos cometidos contra los niños y se asegure que las cortes civiles tengan jurisdicción sobre los delitos contra los niños cometidos por el Ejército;
c. Evite la impunidad, asegurándose que los responsables sean procesados y sancionados;
d. Adopte medidas adecuadas para proteger a los niños de las acciones militares y policiacas en el contexto de las medidas para mantener la seguridad pública, así como de la violencia armada por los grupos armados no estatales;
e. Establezca los mecanismos formales y los marcos legales correspondientes que garanticen los derechos humanos y la protección de los niños, en particular de las niñas, de la violencia de las fuerzas armadas y los grupos armados no estatales; y
f. Establezca reglas específicas y protocolos para las fuerzas armadas a fin de garantizar la integridad de los niños durante la investigación y los operativos contra los grupos armados no estatales.
32. El Comité alienta al Estado Parte a crear un mecanismo de identificación de los niños que puedan haber sido reclutados o utilizados en hostilidades y a tomar las medidas necesarias para su recuperación física, psicológica y su reintegración social. Dichas medidas deberían comprender la evaluación pormenorizada de su situación, el refuerzo de los servicios de asesoría jurídica de que disponen y la prestación de asistencia inmediata, respetuosa de su cultura, que tenga en cuenta sus necesidades y que sea multidisciplinaria para su recuperación física, psicológica y su reintegración social, de conformidad con el Protocolo Facultativo. (CRC/C/OPAC/MEX/CO/4 Febrero 2011)
En este contexto exhortamos al Estado (en sus diferentes niveles federal, estatal y municipal) a:
Dar cumplimiento a las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU hizo al Estado mexicano desde 2006 con referencia al sistema de justicia para adolescentes.
Incorporar en el Código Penal Federal y en otras leyes estatales la prohibición explícita al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados, tal y como lo solicitó el Comité de los Derechos del Niño el pasado 4 de febrero de 2011.
Designar presupuesto para el desarrollo de un Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia como parte de las estrategias de prevención y protección especial para las y los adolescentes en conflicto con la ley.
Atentamente
Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México
56.04.24.66
Mail / Messenger
Twt: @derechoinfancia
@juanmartinmx
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Difusión Cencos México D.F., 4 de noviembre de 2011
Boletín de prensa
AI México
Las sentencias dictadas a 14 integrantes del ejército mexicano por el asesinato de cinco civiles en 2007 es un importante avance hacia la justicia. Sin embargo, estos casos deben ser juzgados en tribunales civiles y no militares, afirmó hoy Amnistía Internacional.
La secretaría de la defensa (SEDENA) anunció ayer que una corte marcial había impuesto sentencias de entre 16 a 40 años de prisión a integrantes del ejército con relación al asesinato de dos mujeres y tres niños, quienes no se detuvieron en un retén militar en el estado de Sinaloa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 6,000 quejas de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas desde finales de 2006. Sin embargo, son infrecuentes los juicios y sentencias a militares.
“Es positivo que los responsables de este crimen en particular hayan sido identificados y procesados. Sin embargo, serias dudas continúan con respecto a los pormenores de sus sentencias” ha dicho hoy Susan Lee, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Por ejemplo, dada la naturaleza poco transparente del sistema de justicia militar en México, no sabemos mayores detalles del caso o por cuánto tiempo estos hombres realmente permaneceránen prisión”
De acuerdo a autoridades militares, previamente a estas sentencias tan solo dos funcionarios del ejército han sido sentenciados por abusos contra civiles desde que el presidente Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006. Hasta el momento, todos los casos relacionados con presuntos abusos por parte de las fuerzas armadas han sido procesados a través del sistema de justicia militar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha emitido una serie de sentencias en contra de México ordenando que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas en instancias civiles. A principios de año, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) determinó que los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas deberían estar fuera de la jurisdicción militar. Hasta el momento no hay evidencia de que esto esté sucediendo.
La administración del presidente Felipe Calderón ha dependido de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, incluyendo a los fuertemente armados carteles. Desde 2006 ha habido un alarmante incremento en el número de reportes de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de estas fuerzas.
“Con la única excepción de estos pocos casos, el sistema de justicia militar ha fallado consistentemente en brindar justicia a las víctimas de estos abusos y hacer rendir cuentas a los responsables, conduciendo esto a un clima de impunidad”, dijo Susan Lee. “Es tiempo de que las autoridades mexicanas den cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia trasladando las investigaciones y procesos judiciales de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas a instancias civiles” agregó.
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
· Legislaciones nacionales y estatales deben incorporar los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos de las mujeres.
· Acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva es indispensable para la realización de los objetivos de desarrollo.
(Naciones Unidas, México).- El Sistema de Naciones Unidas en México (SNU) ha seguido con atención y respeto el debate nacional sobre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en particular el producido en las últimas semanas con motivo de las discusiones al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desestimó la acción de inconstitucionalidad de las reformas de Baja California y San Luis de Potosí para proteger la vida desde la concepción. El SNU reconoce como, en ambos casos, la mayoría de quienes integran a la SCJN se pronunciaron a favor de los derechos humanos de las mujeres al señalar que las reformas de los Estados que establecen la protección de la vida desde la concepción no deben limitar los derechos de las mujeres reconocidos en la normativa mexicana y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte.
Asimismo, en junio pasado, el SNU reconoció y celebró la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la reforma en materia de derechos humanos a su Constitución, la que establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cual representa un avance sustantivo en favor del respeto y la garantía de los derechos y libertades. En tanto, responde positivamente a los compromisos internacionales asumidos por México.
En este sentido, el SNU en México reitera la importancia de asegurar la plena incorporación, en la legislación local y las políticas públicas de los países, de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos reconocidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, incluyendo la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la incorporación de las observaciones emitidas por los Comités que emanan de estos tratados y que representan importantes precedentes vinculantes para México.
Los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en estos instrumentos, incluyen el derecho a controlar y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, que comprenden la salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia; el acceso universal a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, a disponer de una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, el acceso efectivo a servicios seguros para la interrupción voluntaria del embarazo, en las circunstancias previstas en la ley, que deben cumplir con las condiciones de seguridad, calidad y calidez, así como promover campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres dirigidas en particular al personal sanitario y también al público en general.
La restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente y la expansión del VIH/SIDA. Asimismo, pone en riesgo la realización del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5, referente a la reducción de la mortalidad materna y el acceso universal a salud reproductiva. En consonancia con lo anterior, diferentes Comités y Relatorías de Naciones Unidas han recomendado al Estado Mexicano eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y armonizar la legislación sobre salud sexual y reproductiva con los tratados internacionales.
Por último, el SNU en México reitera su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado Mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.
01 de noviembre de 2011
Boletín de Prensa No. 1111/035
Las muertes en las cárceles necesitan una respuesta inteligente e integral
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., se encuentra extremadamente preocupada por las constantes muertes en los centros de privación de la libertad en el Estado de Nuevo León.
Mes con mes hay personas privadas de la libertad que pierden la vida en condiciones violentas, ante esta terrible realidad las autoridades estatales no han implementado una política pública clara y racional que desaliente las ejecuciones dentro de los penales, mejore la seguridad de las y los internos, de sus visitas y de todas las personas que trabajan en los centros penitenciarios y que garantice el acceso a la justicia y el castigo efectivo y apegado a derecho por estas muertes.
Rechazamos la militarización de los penales, porque no se trata de tener más fuerza o más seguridad altamente armada en las entradas, no de realizar revisiones indignantes e ilegales a las visitas, sino que el problema de fondo sólo se puede afrontar desarrollando una política penitenciaria integral e inteligente, que cumpla con los objetivos constitucionales de reinserción social.
Las autoridades parecen no saber que las drogas y demás mercancía de contrabando no entran a los penales a través de las visitas, sino a través de la porosidad de un sistema corrupto e impune que no controla eficientemente a sus subordinados y que no ofrece ni incentivos ni garantías para el trabajo correcto, profesional y honesto. Mientras el Estado se niegue a reconocer la dimensión de corrupción del problema y mientras las muertes y otros abusos queden en la impunidad, no se logrará avanzar en el control efectivo de los penales, pero tampoco se logrará que nuestro sistema penitenciario coadyuve a tener una sociedad más pacífica y más sana.
CADHAC exige a las autoridades que cumplan sus obligaciones legales y en ese sentido garanticen la seguridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad en la entidad. Es necesario recordar que la sujeción a proceso penal o el cumplimiento de una sentencia privativa de la libertad no conllevan más restricciones a los derechos fundamentales que las ordenadas legalmente por el juez respectivo. Por lo tanto, las autoridades estatales tienen la obligación de garantizar todos los demás derechos humanos de los internos e internas. La pérdida de la vida de las personas recluidas en penales estatales, sujetas a proceso o durante el cumplimiento de su sanción es una grave responsabilidad de la autoridad estatal, la que debe garantizar en todo momento el derecho a la vida de todas las personas privadas de la libertad.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
BOLETIN DE PRENSA
De acuerdo con la información pública que han dado las autoridades al respecto, hasta el día de hoy, son 161 reos federales, los que han sido trasladados de diferentes centros penitenciarios, como lo son de Santa María Ixcotel y Tehuantepec en el estado hacia la colonia penitenciaria de las Islas Marías, en el Estado de Nayarit, en varios operativos realizados a partir del día lunes 10 de octubre de este año, donde han participado conjuntamente tanto Policía Federal, como Ejercito Mexicano y Policía del estado, entre otros puntos.
De acuerdo con el testimonio de familiares de los presos, los operativos se han realizado sin importar que en el momento de los mismos hubiere convivencia con los reos y sus familiares al interior de los penales, donde los cuerpos policiacos han ingresado violentamente, lanzando gases lacrimógenos y golpeando a algunos internos, resultando lesionados varios de ellos, inclusive mujeres y niños que se encontraban en ese momento con sus familiares.
De igual forma, a los reos les fue tapado el rostro y fueron conducidos hacia el exterior para abordar autobuses aparentemente de uso particular, que tenían las ventanas tapadas con periódicos y bolsas negras para llevárselos con uso desconocido, así mismo, los familiares han denunciado maltrató , amenazas y chantajes en su contra, por parte de autoridades penitenciarias del Gobierno del Estado, pues refieren que una persona del sexo femenino que sin identificarse se ostento como Subdirectora del penal de Santa María Ixcotel y les dijo textualmente de manera irrespetuosa y sarcástica que “no se preocuparan por sus presos porque ellos iban a estar bien calientitos a donde los iban a llevar”, sin informales hasta este momento sobre el paradero de sus familiares presos. De igual forma, mencionan los familiares de los reos que el personal de seguridad y custodia del penal de Santa María Ixcotel los han amenazado diciéndoles que mejor no la hagan de pedo, porque si le siguen moviendo, se van a desquitar con sus familiares presos, diciéndoles que les va a ir peor, además de que la mayoría de los presos trasladados, a decir sus familiares se encontraban recibiendo educación y desempeñando algún oficio como trabajo o practicando algún deporte al interior de los penales; como parte fundamental del proceso de reinserción a la sociedad y a la que tienen derecho por mandato constitucional.
Por lo que, por su proceder las autoridades responsables, que incluyen a las federales y locales, vulneraron los derechos humanos de los reos; el derecho que tienen estos a ser notificados de la determinación de su trasladado; se les viola su derecho de audiencia, en el que se le reciban pruebas y argumentos tendientes a demostrar que el reo de que se trata no está en los supuestos que alude la ley para ser trasladados injustificadamente a otro centro o colonia penitenciaria, como es el caso, con el fin de garantizar su reinserción a la sociedad.
Situación que también regula la ley que establece las norma mínimas sobre la readaptación social de sentenciados, que otorga facultades en su Artículo 3º., para que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurgen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los gobiernos estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del ejecutivo federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso sea posible, a criterio de la Secretaria de Seguridad Pública.
Por ello hacemos un llamado a las autoridades del gobierno del Estado, al Secretario de Seguridad Pública y al Director General de Reinserción Social, para que en uso de sus facultades y atribuciones que les confiera la ley, dentro de un marco de legalidad y pleno respecto a los derechos humanos, realicen lo siguiente:
1.- Inicien los procedimientos administrativos pertinentes a afecto de sancionar y corregir las faltas y abusos en que hayan incurrido sus subordinados en el desempeño de su encargo, de acuerdo con los hechos aquí expuestos, en perjuicio de los presos trasladados a la colonia penitenciaria de las Islas Marías del Estado de Nayarit.
2.- De acuerdo a las atribuciones que la propia ley les confiere, realicen las gestiones pertinentes necesarias, a efecto de regresar a los centros penitenciarios del estado de Oaxaca, más cercanas al domicilio de los reos trasladados a la colonia penitenciaria de las Islas Marías con el efecto de restituirlos en el goce de sus garantías y los derechos humanos violados, por no reunirse los requisitos que claramente prevée la ley para su traslado justificado con la finalidad de garantizar su reinserción a la sociedad, de acuerdo con lo que mandata la constitución federal.
3.- En el ámbito y sus respectivas competencias y de acuerdo a sus retribuciones que la propia ley les confiere revisar y hacer eficientes los modelos y herramientas de comunicación social, con el objeto de garantizar el derecho de la sociedad a la información pública, con apego a los principios de veracidad y objetividad en el manejo de la información.
Oaxaca de Juárez, 30 de Octubre de 2011.
FAMILIARES DE LOS REOS TRASLADADOS A LA COLONIA DE LAS ISLAS MARIAS
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE DERECHOS HUMANOS DE OAXACA.
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “BARTOLOME CARASCO BRISEÑO” A.C.
INICIATIVA CIUDADANA OAXACA.
