La directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, (CADHAC), Consuelo Morales, invita a unirse a las brigadas de observación ciudadana, con el fin de disminuir los abusos policiales en el área metropolitana de Monterrey.
La directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, (CADHAC), Consuelo Morales, invita a unirse a las brigadas de observación ciudadana, con el fin de disminuir los abusos policiales en el área metropolitana de Monterrey.
OBSERVADORES JUVENILES DE DERECHOS HUMANOS
Los jóvenes y la seguridad municipal.
En los últimos años se ha detectado un crecimiento en las detenciones de jóvenes por parte de las autoridades municipales, en muchos casos simplemente por parecer sospechosos, lo que ha traído desconfianza ciudadana hacia las autoridades.
NUESTRA PROPUESTA:
OBJETIVOS:
Objetivo General:
Contribuir a la disminución de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad pública municipales a través de la participación activa de jóvenes como observadores de derechos humanos.
Objetivo Específico:
Promover la adopción de estándares, procedimientos y prácticas internacionalmente aceptados para el uso de la fuerza pública en situaciones de detención y retención administrativa.
Quiénes Lo Proponemos:
CADHAC es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro y apartidista, que desde 1993 busca la auténtica vigencia de los derechos humanos para todas las personas del Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 16 de enero de 2010
A 470 días secuestrados y seguimos contando
¿Dónde están los niños perdidos? ¿Dónde los responsables?
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación por el desdén con que las autoridades del Estado de Nuevo León han tratado el caso de las niñas y el niño desaparecidos mientras se encontraban bajo el supuesto cuidado de CAIFAC.
A 470 días de los hechos, Adriana, Diana y Julio César siguen sin ser localizados, los señalados como responsables directos, siguen sin ser llevados ante la justicia y los reclamos de sus familias y de la sociedad siguen sin ser escuchados.
Hemos acudido a las diferentes instancias gubernamentales implicadas en proporcionar la seguridad y el bienestar social de los niños, pero ellos siguen sin aparecer.
Antes de que desaparecieran Adriana, Diana y Julio, las autoridades, tenían datos que les permitían conocer que los niños estaban en riesgo. Según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente CEDH/129/2009, el 18 de diciembre de 2008 el Ministerio Público pidió a las autoridades del Sistema DIF que investigaran el riesgo en que podían estar Adriana, Diana y Julio César, sin embargo, dichos funcionarios fueron omisos y sólo realizaron una entrevista parcial, pese a que tenían los elementos técnicos y jurídicos para provisionalmente egresar de ese albergue a los niños e ingresarlos en otro, en lo que investigaban con más cuidado los hechos.
La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación derivada del expediente CEDH/129/2009, en la que afirmó que se violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos del niño y se incurrió en prestación indebida del servicio público. Sin embargo, la recomendación de la Comisión Estatal señala sólo a Dos delegadas del DIF que tuvieron contacto directo con los niños, consideramos que también son responsables los superiores de esas delegadas y las autoridades que por errores y omisiones han fallado en la localización de las niñas y el niño y han permitido que en este caso haya impunidad.
El día de ayer, estuvimos en reunión con el Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez, Secretario de Salud y se comprometió a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Presentación de Servicios de Atención Médica. La cual no fue aplicada en los albergues de CAIFAC y esto permitió que el lugar siguiera operando sin cumplir con asuntos básicos de la norma como, por ejemplo, tener un expediente por niño.
La sociedad necesita que el sistema de guarda y protección de la infancia sea transparente y eficaz, que se rija por el Derecho y busque siempre el interés superior de las niñas y los niños, y que cuando haya una irregularidad sea correctamente investigada y subsanada.
Exigimos que las autoridades den resultados puntuales en este caso: que las niñas y el niño sean localizados con vida y devueltos a sus respectivas madres, que los responsables sean llevados pronto ante la justicia y que se tomen medidas serias que eviten la repetición de estas violaciones.
Exigimos que basados en el reglamento del estado, la Procuraduría General De Justicia ofrezca una recompensa por información que lleve a la localización de Adriana, Diana y Julio.
Exigimos que el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, emita un pronunciamiento oficial respecto del caso.
Alternativas Pacíficas, A.C. | Arthemisas por la Equidad, A.C. | Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. |
Nota la Jornada:
http://www.jornada.unam.mx/2010/01/14/index.php?section=estados&article=031n1est
Nota CIMAC:
http://www.cimacnoticias.com/site/10011305-Exigen-a-las-autori.40773.0.html
Nota milenio:
http://www.milenio.com/node/359307
12 de enero 2010 Comunicado número: 1001/02/BP
La exhibición de detenidos ante la prensa viola derechos humanos
Esta organización manifiesta su preocupación por la práctica constante de nuestras autoridades de exhibir a personas detenidas ante los medios de comunicación, en violación de sus derechos humanos a la privacidad, a la honra y la presunción de inocencia.
El 10 de enero del presente año, autoridades del municipio de San Pedro Garza García autorizaron la exhibición pública de diversas personas detenidas por supuestamente participar en juegos de azar en establecimientos que al parecer no contaban con los permisos correspondientes. Esta acción de exhibición de detenidos es una conducta común en nuestras autoridades y es violatoria de derechos humanos. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó recientemente que la toma de fotografías es un acto de molestia que de no ser necesario en un proceso legal o de hacerse públicas las imágenes viola la Constitución, violación que continúa mientras las imágenes existan. La Primera Sala de la Corte determinó:
[L]a obtención de fotografías por parte de la autoridad a cualquier persona sin importar su situación jurídica, efectivamente representa un menoscabo y un deterioro en los derechos de ésta. Dicho menoscabo y deterioro resulta de naturaleza continuado, pues hasta que el resultado del acto (las fotografías) no sean eliminadas, el acto de molestia continua. Más aun, si este acto de molestia no cumple con los requisitos constitucionales, internacionales y legales debidos, lo cual resulta contrario a derecho y violatorio de derechos fundamentales.1
Exhortamos a las autoridades a apegar su conducta a los más altos estándares que en materia de derechos humanos rigen en nuestro país y, en consecuencia, terminar con la práctica de exhibir detenidos y procesados.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
1 Amparo directo 9/2008 (Versión pública del engrose). 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. pp. 451. Disponible en WWW http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/ (Consultado el 11 de enero de 2010).
Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N.L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org
07 de enero de 2010
Comunicado número: 1001/01/BP
Injusticia de la prisión preventiva: aplica a ciudadanos, pero no a autoridades
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su indignación por la desigualdad legal que impera en el Estado de Nuevo León en cuyas leyes los abusos de la autoridad no son considerados delito grave, pero la resistencia de los particulares sí.
Los hechos de violencia en la Colonia Los Altos tuvieron como consecuencia la privación de la libertad tanto de policías municipales como de ciudadanos. Sin embargo, los policías podrán seguir el juicio en libertad mientras que los ciudadanos tendrán que hacerlo encarcelados, debido a que el artículo 16 BIS del Código Penal para el Estado de Nuevo León establece que el delito de Resistencia de particulares es grave, pero el delito de abuso de autoridad no lo es, y toda persona acusada de un delito grave es sometida a prisión preventiva.
Esta organización ha sostenido que el sistema de remisión automática a prisión preventiva por estar acusado de un delito considerado grave en la ley es incorrecto y poco eficaz, porque impide que los jueces valoren en cada caso si la situación de los inculpados es tal que sería un riesgo dejar que enfrentaran su proceso penal en libertad. Este sistema lleva a abusos e injusticias, como la manifestada en este caso en el que personas procesadas por los mismos hechos reciben tratos sumamente desiguales.
Exhortamos a nuestros legisladores a ajustar el sistema de prisión preventiva a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de tal forma que ésta se aplique sólo en casos excepcionales cuando se ha demostrado al juez de la causa que de la libertad provisional del acusado se seguirían graves perjuicios a la sociedad.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Te deseo lo mejor para este comienzo de año 2010, que trae tantos retos en
materia de derechos humanos como posibilidades de acción.
El año comienza con la lamentable noticia del asesinato de Josefina Reyes,
activista juarense que se opuso activamente a los abusos cometidos por
integrantes del Ejército en la región. Amnistía Internacional siente
preocupación por la seguridad de Cipriana Jurado, defensora de derechos
humanos cercana a Josefina y quien ha colaborado cercanamente con nuestro
movimiento.
En AI hemos sido testigos de cómo la presión que se ejerce a través de
firmas y cartas puede cambiar la situación de vulnerabilidad en que laboran
defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país.
¡Súmate a nuestra petición! http://alzatuvoz.org/cipriana/