Testimonios de señoras que luchan por recuperar a sus hijos, que se encuentran en instalaciones del DIF, fueron dados en adopción o concedieron la tutela temporalmente a otras gentes.
Testimonios de señoras que luchan por recuperar a sus hijos, que se encuentran en instalaciones del DIF, fueron dados en adopción o concedieron la tutela temporalmente a otras gentes.
18 de diciembre de 2009 Comunicado No. 0912/33
Las fotografías de Arturo Beltrán Leyva, una muestra de que la lucha contra la delincuencia organizada debe partir del respeto a la dignidad de todas las personas
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., se manifiesta profundamente preocupada por la forma en que elementos del Estado mexicano mancillaron y fotografiaron el cuerpo inerte de quien ha sido provisionalmente identificado como el conocido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, imágenes que fueron hechas públicas en varios medios de comunicación. Esta organización rechaza este tipo de acciones gubernamentales que atentan contra los derechos a la intimidad y a la honra y que demuestran la poca estimación en que las autoridades tienen la dignidad inherente de todas las personas.
Si bien es cierto que la situación de seguridad ciudadana en el país es grave, también lo es que las respuestas institucionales a tal fenómeno deben partir del respeto a los derechos humanos y de la aplicación estricta e imparcial de la ley. Las fotografías tomadas por las autoridades, en las que el cuerpo ensangrentado y con los pantalones abajo fue cubierto billetes y otros objetos personales de la persona fallecida, en nada ayudan al combate al narcotráfico y son una muestra tanto de la impericia de nuestras autoridades como de la ausencia de métodos científicos en la investigación y procesamiento de escenas y pruebas relacionadas con la comisión de delitos.
Esta organización exhorta a las autoridades a respetar todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito y a ajustar su actuar a los más modernos y eficaces métodos de investigación de delitos. Los ciudadanos y ciudadanas esperamos que nuestras autoridades sean eficientes y honradas y que lleven a los delincuentes ante la justicia, no que los acribillen y los vituperen públicamente.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N. L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org
Re16 de diciembre de 2009
Oficio Número: 1209/060D
C. LIC. OMAR ORLANDO PÉREZ ORTEGA
Diputado Local por el 10° Distrito del Estado
Estimado señor diputado,
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) agradece su amable atención de solicitar nuestros comentarios sobre el proyecto de reforma constitucional que busca imponer cadena perpetua por una serie de delitos.
Esta organización aprecia todos los esfuerzos por solucionar el creciente problema de inseguridad pública relacionada con delitos de delincuencia organizada que afecta de manera dolorosa y preocupante a la ciudadanía en general. Sin embargo, consideramos que la propuesta por usted realizada desatiende importantes consideraciones de derechos humanos.
En primer lugar, la pena de cadena perpetua imposibilita la eficacia del principio constitucional que busca la reinserción del delincuente en la sociedad, una pena del tipo propuesto, es una pena máxima que impediría la rehabilitación personal de los condenados, la resocialización y reintegración familiar en el que se basa el sistema penal mexicano.
La Constitución federal no es el texto normativo adecuado para establecer sanciones penales, éstas derivan de análisis de las condiciones sociales imperantes en un momento dado y que deben ser revaloradas constantemente, esa actividad sólo puede estar a cargo del legislador ordinario y no del Poder constituyente. Adicionalmente, la creación de una pena a nivel constitucional dejaría a los juzgadores sin la posibilidad de valorar caso por caso las condiciones de la persona que cometió el delito, para verificar si por alguna razón la pena debe ser menor, un tal sistema es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales firmados y ratificados por México, porque provocaría afectaciones serias a la libertad personal que no estarían en proporción a los hechos del caso.
En la aplicación de una reforma como la propuesta, se puede esperar que el número de ilícitos no disminuya, esto es así debido a que aumentar las sanciones no detiene a la delincuencia. En los años recientes hemos visto un endurecimiento de las sanciones por un sinnúmero delitos, a la par que la delincuencia ha crecido de forma desproporcionada. El efecto inhibidor de una sanción sólo surte efecto cuando ésta es aplicada de forma correcta, imparcial y sistemática, lo que no sucede en nuestro ineficaz sistema de procuración e impartición de justicia. En México los criminales delinquen no porque consideren que 30, 50 o hasta 70 años en prisión es poco tiempo, sino porque saben que es muy poco probable que las sanciones les sean aplicadas.
En este contexto, la reforma sólo provocaría que aquellos que no tengan acceso a un servicio de defensa adecuada, por ser pobres, pasen el resto de su vida en prisión, sean culpables o no. Esta situación enrarecería aún más el clima social, no solucionaría el problema de la delincuencia y dispararía los costos de la administración de los centros penitenciarios.
Consideramos que para el contexto mexicano la solución no puede ser de endurecimiento de las penas o de creación de nuevos tipos penales, sino se deben plantear soluciones integrales que resuelvan de fondo el problema de la inseguridad pública, a través de medios alternos y del fortalecimiento y la profesionalización de los sistemas de impartición y procuración de justicia.
Sin más por el momento, quedamos de Usted para cualquier comentario o aclaración al respecto.
Fraternalmente,
Hna. Consuelo Morales Elizondo
Directora
10 de diciembre de 2009
Día Internacional de los Derechos Humanos… nada que celebrar en Nuevo León
Con motivo del día internacional de los derechos humanos, CADHAC manifiesta su más profunda preocupación por la terrible situación de los derechos y libertades fundamentales que impera en el Estado de Nuevo León, México. De los informes recibidos por esta organización y del monitoreo puntual de la situación en la entidad, se desprende que este año la crisis de los derechos humanos lejos de amainar se recrudeció, por lo que los neoloneses no tenemos nada que celebrar.
En materia de seguridad pública, las políticas implementadas por las administraciones federal, estatal y municipal no sólo han resultado ineficaces, sino perjudiciales, ya que los abusos de los distintos cuerpos policiacos han puesto a la comunidad en una situación aún más delicada. Esta organización ha documentado abusos, extorciones, detenciones ilegales y arbitrarias e incluso desapariciones forzadas y tortura, por parte de distintas policias, incluyendo las policías municipales del área metropolitana de la Ciudad de Monterrey. Todos estos abusos, pese a las denuncias interpuestas, permanecen en la impunidad.
CADHAC ha detectado que la impunidad y la corrupción penetran cada vez más en las distintas áreas de gobierno, especial preocupación provocan los terribles abusos que se están cometiendo en contra de poblaciones típicamente en situación de vulnerabilidad, entre ellas la población LGBTTT, migrantes, la comunidad indígena, jóvenes y la infancia, quienes se enfrentan de forma cotidiana a detenciones ilegales y arbitrarias y a un serio hostigamiento y discriminación por parte de distintas autoridades.
En el caso de la infancia destacan además los abusos cotidianos cometidos por el Sistema DIF de Nuevo León; nuestra organización ha podido documentar las malas prácticas y los abusos de los funcionarios públicos adscritos a dicha entidad, que incluyen la separación ilegal de familias, engaños a las madres para arrebatarles la custodia de sus hijos e hijas, discriminación, privaciones ilegales de la libertad y otras tantas arbitrariedades.
La idea fundacional de todo el sistema de derechos humanos es que todas y todos poseemos una dignidad intrínseca que debe ser respetada por las autoridades y por los demás miembros de la sociedad. Mientras esta idea no sea aceptada y honrada por nuestras autoridades estaremos lejos de vivir en una sociedad armónica que disfrute de un verdadero Estado Democrático y Constitucional de Derecho. Exhortamos a la comunidad a participar activa y pacíficamente, a través de los canales demorcráticos, para volver una realidad el respeto a los derechos humanos en nuestro estado.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León.
