Más detenciones arbitrarias

27 de octubre de 2009

Comunicado No. 1009/28BP

Más detenciones arbitrarias

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) expresa su más profunda preocupación e indignación por la reiterada conducta arbitraria desplegada por algunos agentes de policía en perjuicio de jóvenes y migrantes integrantes de grupos vulnerables, reportada en diversas notas periodísticas publicadas en el “El Norte” durante el pasado fin de semana y denunciadas a esta organización por varios afectados.

Las detenciones arbitrarias y los robos por parte de elementos policíacos a ciudadanos que no han incurrido en conductas ilegales son una constante en nuestra comunidad.  Este sensible tema es tratado con indiferencia o complacencia de los superiores jerárquicos quienes siguen evidenciando su incapacidad para establecer un control real y efectivo sobre los comportamientos de sus subalternos.

Las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos son una preocupación real de todo gobierno democrático. Resutla inaceptable que sean los propios funcionarios de encargados de hacer cumplir la ley quienes incurran en conductas delictivas en agravio de aquellos a quienes deben proteger.

Consideramos que las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los robos y otras violaciones a los derechos de los ciudadanos, son toleradas, cuando no fomentadas, por altas autoridades gubernamentales, tanto municipales como estatales, quienes tienen la obligación de controlar a sus subordinados y de responder por estas fallas que son sistemáticas en el sistema de seguridad de la entidad.

A la delicuencia común y organizada se suma, con terrible vehemencia, la delincuencia policial.  Los ciudadanos tenemos ahora que cuidarnos por todos lados, especialmente de quienes están contratados para protegernos. Esta situación es vergonsoza e intolerable, para solucionarla no bastará que se simulen procedimientos administrativos para sancionar a los responsables, los elementos reponsables deben responder penalmente por sus conductas antisociales y los administradores dar una solución efectiva o dejar su cargo.

Recordamos que la seguridad pública no puede alcanzarse sin la correcta protección de los derechos humanos. No es a través de atracos y humillaciones por parte de nuestras autoridades que lograremos una sociedad más justa.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.

Acción Urgente: Migrantes y defensores en riesgo en Saltillo, Coahuila

El 30 de septiembre del presente año, un joven de origen hondureño, de nombre Reyes Gustavo Ardón Alfaro, presuntamente asesinó a acuchilladas a Perla Judith Quintero Caballero, mujer saltillense de veintiséis años de edad e hirió de gravedad a Leslie Flores, quien era la empleada doméstica de la hoy occisa. El joven hondureño aparentemente se desempeñaba como pintor del negocio, propiedad de Perla Judith.

A partir de este lamentable caso, las personas migrantes han sido sujetos continuos de actitudes xenofóbicasdiscriminatorias; al mismo tiempo, el equipo de trabajo de Belén, Posada del Migrante ha sufrido el hostigamiento de cierto sector de la sociedad y de medios de comunicación. Lea el comunicado completo en el sitio de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Abuso Indignante

02 de octubre de 2009

Comunicado No. 1009/027BP

Abuso indignante

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) expresa su completa indignación por la tortura y el abuso de autoridad cometidos por agentes de la policía municipal de Apodaca en contra de un ciudadano cuya identidad se desconoce, según video difundido el día de hoy en el noticiero televisivo Milenio Diario del Canal 12.

Los actos que se aprecian en el mencionado video, consistentes en inferir tablazos a un hombre hasta hacerlo caer, constituyen claramente un caso de tortura y abuso de autoridad, previstos como delitos en el Código Penal vigente en el Estado[1].

Una vez más constatamos que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son acciones comunes de los integrantes de los cuerpos policíacos, lo que es indicativo de una grave la falta de control de los superiores jerárquicos sobre los actos de sus subordinados, o bien su complicidad y tolerancia.

Dicho proceder evidencia la persistencia de prácticas policiales ilegales, retrógradas y autoritarias y la ineficacia de las acciones de selección y capacitación emprendidas por los gobiernos municipales. También, constituye una flagrante violación a los derechos humanos y una prueba de que la política pública municipal en materia de seguridad ciudadana se niega a reconocer a los ciudadanos como personas con derechos.

Exigimos a las autoridades responsables de la procuración de justicia en la entidad que:

1.     Realicen de inmediato una investigación imparcial sobre la tortura cometida por agentes adscritos a la Policía Municipal de Apodaca, que incluya la aplicación del Protocolo de Estambul[2] a la víctima.

2.     Los responsables sean sometidos a un juicio justo en que se determine las sanciones penales y administrativas correspondientes a su reprobable conducta.

3.     Se repare el daño físico y psicológico a la víctima y se otorguen garantías de no repetición.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.


[1] Artículo 321 Bis CPNL: Comete el delito de tortura el servidor público que por sí o por interpósita persona y con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella, o de otra, información o una confesión; o castigarla por un hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o para que se realice o deje de realizar una conducta determinada por el torturado o por otra persona.

Artículo 209 CPNL: Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público: II.- Que ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare. . .

[2] Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; presentado por la Asamblea General de la ONU el 9 de agosto de 1999 y aceptado por Nuevo León el 10 de junio de 2005.

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