Esperanza legislativa

26 de agosto de 2009

Comunicado No. 0809/025BP

Esperanza legislativa

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), desea compartir con la comunidad una breve reflexión sobre el trabajo desempeñado por los y las integrantes de la LXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, y las expectativas que recaen sobre la Legislatura entrante..

La legislación creada en los últimos tres años en materia de seguridad pública, nos permite identificar un serio retroceso en el respeto y vigencia de los derechos fundamentales de todo ciudadano, así como en el proceso democrático que toda sociedad merece.

En la Legislación saliente se identificó una clara tendencia al endurecimiento de las sanciones y la creación de más prohibiciones legales, especialmente a través de la creación de nuevos delitos, el aumento de sanciones y de delitos en el catálogo de delitos graves, tales como: Delito contra la seguridad de la comunidad, Ataque contra Servidores Públicos, Violencia en Espectáculos Deportivos, Daño en Propiedad Ajena en la modalidad de pintar inmuebles (graffiti), Obstrucción de la Vía Pública fueron delitos de nueva creación; el Pandillerismo, la Resistencia a las Autoridades, las Lesiones a Servidores Públicos, el Homicidio calificado, el Parricidio y el Secuestro, son algunos de los ilícitos o modalidades cuya pena fue agravada.

La mayoría de las reformas en materia penal que hemos visto en los últimos años no responden adecuadamente a las problemáticas sociales; debemos recordar que no existe una relación directa entre la gravedad de la pena y su efecto disuasorio. Las conductas criminales no disminuirán porque las penas sean mayores, sino porque se apliquen correcta y sin excepción a los culpables. Es decir que, no es con sanciones más aparatosas sino con autoridades más eficientes y menos corruptas, que la sociedad neolonesa podrá enfrentar adecuadamente a la delincuencia.

Por otra parte, la ampliación del catálogo de delitos graves en el Código Penal y, por remisión, en la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, ha dado lugar al incremento en la aplicación de la prisión preventiva y, en consecuencia, en el número de personas encarceladas, incluyendo menores de edad. La adopción del sistema penal acusatorio y la preeminencia del principio de presunción de inocencia requieren la reducción de los supuestos de prisión preventiva, ya que ésta constituye un obstáculo para el ejercicio de una defensa adecuada, viola el principio de presunción de inocencia, constituye una pesada carga para la hacienda pública y genera situaciones de privación arbitraria de la libertad, porque se aplica de forma automática sin que el juez de la causa pueda evaluar caso por caso si es justificado aplicar tal medida.

Consideramos que esta serie de acciones legislativas, redujo la esfera de libertades de los individuos, dañando las de por sí precarias condiciones democráticas en Nuevo León. Al no contar con instituciones de Estado que se apeguen estrictamente a los derechos fundamentales consagrados en las constituciones federal y local, así como en el derecho internacional de los derechos humanos, vemos que los anhelos por la vigencia de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, y por un mayor ejercicio público de deliberación en la toma de decisiones, se esfuman.

Exhortamos a los nuevos legisladores a no cometer los errores antes mencionados, a  asumir una actitud, asertiva y humilde, que les permita buscar y tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía y de expertos en los temas que les toque legislar, así como la obligación de cuidar y respetar los límites que las Constitución y los tratados internacionales les imponen y sin los cuales nos conduciríamos precipitadamente a un estado autoritario.

Mantenemos la esperanza y exhortamos a los recién electos Diputados y Diputadas que integrarán la LXXII Legislatura al Congreso del Estado a aprovechar la oportunidad de realizar su encomienda legislativa con dedicación, esmero, asumiendo el compromiso de restituir a la ciudadanía los derechos esenciales que le han sido afectados; es decir, esperamos que el órgano democrático y representativo de nuestra entidad federativa contribuya al fortalecimiento de un modelo de democracia constitucional, garante de las libertades y los derechos de todas las personas.

Fraternalmente,

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS

Del abuso de autoridad. . . ni los Diputados se escapan

24 de agosto de 2009

Comunicado No. 0809/024BP

Del abuso de autoridad. . . ni los Diputados se escapan

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este medio nos permitimos reiterar nuestra indignación y preocupación por una más de las arbitrarias detenciones efectuadas en Nuevo León; en esta ocasión por agentes de la policía municipal de García, Nuevo León, el día de ayer, en perjuicio de varios diputados integrantes de la LXXI Legislatura al Congreso del Estado.

Las detenciones arbitrarias -sin orden de autoridad competente, sin fundamentación ni motivación o sin conducta flagrante- son comunes y cotidianas en nuestra entidad federativa y los representantes de la autoridad que las realizan generalmente las pretenden justificar bajo el falso argumento de que la persona detenida es o parece sospechosa; o bien, aducen que se trata de una revisión de rutina.

Ninguna de ellas constituye causa justificada para violentar los derechos al libre tránsito y a la legalidad, constitucionalmente reconocidos en beneficio de la ciudadanía[1]; más bien han sido hasta ahora el pretexto para cometer abusos en contra de gente inocente, robos, golpes, lesiones, desapariciones e, incluso, homicidio, conductas que en la inmensa mayoría de las veces han quedado impunes, gracias al contubernio que priva en los cuerpos policíacos y en el sistema de justicia.

Es muy grave que los elementos policíacos, con su actuar, demuestren con inusitada frecuencia una actitud de indiferencia con relación a los más elementales derechos  humanos de los ciudadanos ¿o será conducta, además de común, dolosa?, pero más grave aún lo es la actitud permisiva de los altos mandos.

Esperamos que la injusta detención y molestia vivida en carne propia por los Legisladores les sirva como experiencia para tomar urgentemente  las medidas legislativas necesarias  para evitar la repetición de las mismas, así como para que quienes incurran en ellas reciban las sanciones pertinentes para desalentar su práctica y sean obligados a reparar el daño que causen a las víctimas.

¡Demandamos un alto urgente a los abusos policíacos!

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.


[1] Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes: artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento: artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Es juego o es burla?

18 de agosto de 2009

Comunicado No. 0809/023BP

¿Es juego o es burla?

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este medio nos permitimos expresar nuestra indignación por la carencia de seriedad en el ejercicio de la función pública por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado, mostrada en sus contradictorias decisiones con relación a la aplicación de los operativos antialcohol.

Es increíble y muy lamentable que casi al finalizar la presente administración pública uno de los servidores públicos con mayor responsabilidad se conduzca en forma errática, inestable, respecto de un tema altamente sensible para la ciudadanía, como lo es un espacio de actuación gubernamental municipal sujeto al debate por representar una acción inconstitucional y, al mismo tiempo, una oportunidad para el abuso y la extorsión por parte de algunos elementos integrantes de los cuerpos de seguridad pública, tránsito y vialidad.

Es contradictorio que, por un lado, el Secretario de Seguridad Pública aduzca que los elementos que integran el cuerpo de policía bajo su responsabilidad tienen que ser vigilados por el ejército por no ser confiables y, por otro lado, ahora pretenda hacernos creer que si dichos elementos participan en operativos antialcohol éstos serán realizados en forma adecuada.

La población de Nuevo León merece que las tareas gubernamentales sean efectuadas con profesionalismo y eficacia y no como si el quehacer público fuese un juego o motivo de burla.

Exigimos que el Secretario de Seguridad Pública ajuste su actuar al marco jurídico en vigor y respete puntualmente la esfera de derechos inviolable de la ciudadanía: las garantías individuales, particularmente el derecho al libre tránsito, mismo que se violenta a través de la aplicación de los operativos antialcohol.

Fraternalmente,

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS

Comunicado conjunto sobre la resolución de la SCJN en torno al caso Acteal

Comunicado conjunto sobre la resolución
de la SCJN en torno al caso Acteal

México, D.F., 14 de agosto de 2009

  • SCJN dio su aval a la impunidad con su decisión sobre el caso Acteal.
  • La resolución confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país.
  • Levantamos la voz para exigir justicia por los 45 asesinados en Acteal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval nuevamente a la impunidad con su decisión de amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenar la liberación inmediata de 20 de ellos, todos los cuales habían sido sentenciados por su participación en la masacre de Acteal. Los ministros de la Primera Sala de la SCJN justificaron su decisión en el hecho de que las sentencias se basaron en pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR). De igual manera resolvieron que ésta, junto con jueces y magistrados violaron gravemente las garantías procesales de los sentenciados.

La Suprema Corte no se pronunció con respecto a la culpabilidad o inocencia de los indígenas amparados, sino que se limitó a señalar que hubo actuaciones contrarias al orden constitucional por parte de la PGR, así como de los jueces y magistrados que intervinieron en el proceso. Sin embargo, su decisión supone un grave riesgo para los derechos humanos, debido a que por negligencias cometidas por agentes del Estado mexicano durante el crimen cometido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, así como en su proceso de investigación, éste quedará en impunidad. Cabe destacar que al momento actual, los familiares de los sobrevivientes no han encontrado acceso a la justicia: ni sanción a responsables, ni reparación integral del daño.

La resolución adoptada por la Primera Sala del Máximo Tribunal confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país. Su decisión la convierte en factor de impunidad, pero también pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias de procuración y administración de justicia, lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación.

Frente a esta realidad levantamos la voz para exigir justicia por los 45 niños, mujeres y hombres asesinados en Acteal. Confiamos para ello en el compromiso decidido de los sobrevivientes y sus familiares. Mientras estos crímenes no sean esclarecidos, ni los responsables –tanto materiales como intelectuales– sean debidamente procesados y sentenciados, cualquier acción gubernamental carecerá de credibilidad.

Nos solidarizamos con quienes en Acteal sufrieron la injusticia y la siguen sufriendo y avalamos la coadyuvancia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en el caso Acteal. Por lo tanto también expresamos nuestro compromiso para evitar que en la región vuelvan a imponerse las condiciones para el resurgimiento de la violencia.  De ello serían responsables tanto el gobierno del Estado de Chiapas como el gobierno federal, que en 12 años han sido manifiestamente incapaces para proponer soluciones reales y se han empeñado en seguir vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.

ORGANIZACIONES:

  • Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.
  • Centro de Derechos Humanos
    “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” A.C.
  • Centro de Derechos Humanos
    Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
  • Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
  • Centro de Derechos Humanos
    ”Fray Francisco de Vitoria O.P.”A.C.
  • Centro de Investigación y Promoción Social A.C. (CIPROSOC)
  • Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS)
  • Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
  • Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
  • Colectivo Garrapathos; Querétaro
  • Comisión de Religiosos de Justicia, Paz y Vida
  • Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.
  • Comité de América Latina y el Caribe
    para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM JALISCO)
  • Comité Monseñor Romero
  • Contraimpunidad (Uruguay)
  • Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.
  • Equipo Indignación A.C. , Mérida, Yucatán
  • Fuga A.C., Espacio Alternativo
  • Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
  • La Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C.
  • Mujeres Sin Miedo
  • Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.
  • Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
  • Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
  • Paz con Democracia
  • Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
  • Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
  • Red de Solidaridad con Chiapas
  • Red Guerrerense de Organizaciones Civiles y de Derechos Humanos
  • Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
  • Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
  • Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

  • Sistema Universitario Jesuita: Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Universidad Iberoamericana Torreón, Universidad Iberoamericana León, Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Iberoamericana Tijuana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara (ITESO), Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk, Oaxaca, Universidad Loyola del Pacífico.
  • Tinku – Dinamarca

PERSONALIDADES:

  • Carlos Morfín Otero SJ,
    Provincial de la Compañía de Jesús en México
  • Gonzalo Ituarte Verduzco,
    Provincial de la orden de predicadores
    (Dominicos) en México.
  • Fray Miguel Concha Malo, O.P.,
    Promotor Regional de Justicia y Paz
    de los Dominicos en América Latina y El Caribe
  • Pablo González Casanova
  • Carlos Fazio
  • Julieta Egurrola
  • Humberto Robles
  • Carmen Huete
  • Enrique González Ruiz
  • Ofelia Medina
  • Begoña Lecumberri
  • Ana Esther Ceceña
  • Giovanna Cabazola
  • Teresa Zacarías
  • Claudia Santiago
  • Rodolfo Stavenhagen
  • Juan Brom
  • Francesca Guillén
  • Guillermo Briseño
  • Juan Bañuelos
  • Dolores González
  • Miguel Alvarez
  • Pablo Romo
  • Magdalena Gómez
  • Bruno Bichir
  • Guadalupe Bringas
  • Angélica Araceli Reveles Soto
  • Denise Ramirez
  • Vicente López
  • Adolfo Gilly
  • Luciano Concheiro
  • Patricia Rodríguez Jurado, Argentina
  • Oscar Rivera
  • Malcom Aquiles
  • Gilberto López y Rivas
  • Alicia Castellanos
  • Victor Flores Olea
  • Paulina Fernández

Para mayor información comunicarse a:

Área de Comunicación y Análisis del Centro Prodh

Quetzalcoatl g. Fontanot (04455 3917 5068)

Teléfono: (0155) 55468217, extensión 110

Correo electrónico: analisis@centroprodh.org.mx

¿Avance o retroceso?

13 de agosto de 2009

Comunicado No. 0809/022BP

¿Avance o retroceso?

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este conducto manifestamos nuestro beneplácito por la anunciada prohibición de instalar retenes municipales de policía y tránsito, incluidos los antialcohol, en el área metropolitana de Monterrey; al mismo tiempo lamentamos que dicha medida no derive de la intención de las autoridades de respetar los derechos de todo ciudadano al libre tránsito, a la presunción de inocencia y las garantías de legalidad en el actuar de las autoridades. La medida anunciada por las autoridades parte de su aparatosa ineficiencia para crear y mantener cuerpos de policía y tránsito confiables y honestos, comprometidos con la seguridad de la ciudadanía y con el bien público del Estado.

Expresamos nuestra preocupación por la posibilidad e intención, expresada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, de instalar en un futuro retenes en los que participe la Federación; ello confirma que las autoridades no pretenden dar un paso hacia el reconocimiento de los derechos ciudadanos, sino solamente asumen la medida como una respuesta urgente a la infiltración del narco en los cuerpos de policía y tránsito, a la corrupción de los elementos que integran dichos cuerpos.

La participación del ejército o de la policía federal no es garantía de que no se cometerán abusos en contra de la ciudadanía; hay múltiples registros de hechos ilícitos inferidos por elementos integrantes de dichos cuerpos en perjuicio de civiles y que han quedado impunes. La indefensión del ciudadano común es mucha ante un policía y lo es más ante un miembro del ejército

Consideramos preocupante la mención relativa a que futuros operativos, en los que intervendrá la policía federal, serán dirigidos a pandillas y en bares y antros,  puesto que implica una precriminalización de quienes frecuenten dichos lugares.

Todo reten u operativo de ese tipo constituye una violación a los derechos humanos y es además un espacio propicio para la extorsión y el abuso, mismos que no podemos descartar se presentarán sólo porque participen autoridades federales, puesto que éstas también son susceptibles de corrupción e ineficiencia.

Apreciamos como un retroceso y no como un avance el anuncio hecho por el Secretario de Seguridad Pública, puesto que prohibir la instalación de retenes y operativos a las policías municipales pero mantener la autorización para que los realicen cuerpos federales sigue constituyendo un atentado a los derechos humanos de quienes habitamos Nuevo León. La autoridad está indicando que los derechos ciudadanos ahora serán violados, con su autorización, por fuerzas federales, difícilmente esto puede constituir un avance en el respeto de los derechos humanos

Ratificamos nuestra opinión relativa a la inconstitucionalidad de la participación del ejército en tareas de investigación y persecución de delitos y nuestra preocupación por el hecho de que cada vez se abre más el espacio de ilegal intervención del mismo en la vida civil.

Exhortamos al Gobierno del Estado a ajustarse a la recomendación número 13 realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visible en el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México 2003, así como a las recomendaciones emitidas en el Examen Periódico Universal a nuestro país.

Fraternalmente,

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS

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