24 de junio de 2009
Comunicado No. 0609/021BP
¿Necesidad real o creada?
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este conducto manifestamos nuestra preocupación por la posibilidad de que la Administración Pública estatal concrete el proyecto de edificar un nuevo centro penitenciario, sin contar con un estudio o diagnóstico que justifique la necesidad de construirlo.
Dicha preocupación deriva del hecho de que en el Estado ya existen tres centros de readaptación o reinserción social y sólo en uno de ellos, el Topo Chico, se reporta una pequeña sobrepoblación y en ninguno de ellos se reporta la prestación de servicios eficientes, apegados a las normas constitucionales vigentes y a los estándares internacionalmente aceptados.
Antes de realizar una obra suntuaria e innecesaria, deben adoptarse las medidas que, por lógica, son útiles para abatir la sobrepoblación que pudiera alegarse existe, como son:
- Crear y utilizar mecanismos que permitan privar de la libertad a las personas solamente después de que judicialmente se haya acreditado su responsabilidad en un hecho delictuoso; es decir, evitar lo más posible el uso de la prisión preventiva;
- Remitir a los reos inimputables a espacios de salud especializados, por tratarse de personas enfermas y no de delincuentes;
- Realizar una revisión puntual de la situación jurídica de cada uno de los internos, para identificar aquéllos que pueden obtener el beneficio de la libertad anticipada y proceder a otorgársela.
En el estudio denominado Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria publicado en este año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se aprecia que la calificación de Nuevo León con relación a la calidad de los servicios que se prestan en los penales ha descendido, ya que en el año 2006 fue de 7.27 y en el 2008 cayó a 6.69; fueron evaluados 56 indicadores, encontrándose 50 de ellos con calificación a la baja y sólo 6 a la alza, lo cual evidencia el detrimento de la calidad de dichos servicios en la actual Administración y obliga a revisar escrupulosamente si es o no necesario construir un nuevo penal.
Las reiteradas quejas presentadas por internos e internas y sus familiares con relación a actos de tortura, malos tratos, falta de oportunidades de empleo y de actividades deportivas y culturales, aplicación de castigos desmedidos e ilegales, deficiente alimentación e insuficiencia de servicios psicológicos y médicos, así como respecto a las indignantes revisiones corporales que se practican en la persona de los visitantes, ratifican que lo que sí se requiere urgentemente es la revisión y modificación de los procedimientos que se siguen en la prestación de los servicios penitenciarios, así como la verdadera profesionalización de los prestadores de los mismos, evitando la participación de personas carentes del perfil necesario, como lo
son algunos celadores señalados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como presuntos responsables de actos de tortura.[1]
El endurecimiento de las sanciones penales, el abuso de la prisión preventiva, la preeminencia de grupos de control al interior de los espacios penitenciarios en oposición a los representantes del orden, el probable tránsito o tráfico de drogas y de armas, la corrupción y la impunidad, son factores que deben ser analizados para proceder a su erradicación antes de gastar el dinero público en un rubro en el que las autoridades han demostrado ser negligentes.
De nada serviría realizar una millonaria inversión económica y contar con un moderno edificio si no se cuenta también con una política pública integral, que incluya personal debidamente calificado y probado en su honestidad, profesionalismo, capacidad y disponibilidad de trabajo en un área que es singularmente sensible y trascendente para toda la sociedad, como lo es la reinserción social.
Como Estado, debemos decidir conscientemente si nuestro proyecto social es seguir propiciando las condiciones que generan delincuencia y, por tanto, la necesidad de contar con más espacios penitenciarios, o si enfocamos nuestra determinación y recursos a lograr que mejoren las condiciones socioeconómicas de la población y los servicios de seguridad pública y procuración y administración de justicia, para lograr que prevalezca el Estado de Derecho sin necesidad de encarcelar a más gente y de gastar más dinero del erario en servicios que no cumplen el objetivo de lograr la reinserción social del delincuente.
Exhortamos nuevamente a las autoridades estatales a analizar amplia y públicamente la viabilidad de un nuevo penal y, con suma responsabilidad en el ejercicio de la función que les está encomendada, descartar su edificación.
Fraternalmente
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.
[1] Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos No. 42/99
